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Internet ya no es un oasis seguro para los activistas en Egipto
Agencia Efe
EL CAIRO.- Internet ofrecía a los activistas egipcios prodemocracia y derechos humanos una plataforma para expresarse y organizarse lejos de las restricciones impuestas por las autoridades, pero ese espacio es cada vez más estrecho y no está exento de persecución.
Después de las limitadas e inusuales protestas contra el presidente Abdelfatah al Sisi, que tuvieron lugar a finales de septiembre, cientos de cuentas de Twitter egipcias fueron suspendidas momentáneamente -algo por lo que luego se disculpó la compañía- y se produjeron ataques contra usuarios en otras redes sociales.
Check Point, una compañía de seguridad cibernética, documentó una campaña organizada de ataque a activistas egipcios en internet y en las calles de El Cairo se produjeron arrestos por el supuesto “mal uso” de las redes en un país en que ese comportamiento constituye un delito tipificado en la ley.
LOS ACTIVISTAS, EN EL PUNTO DE MIRA
El activista, bloguero y escritor egipcio Wael Eskandar ha documentado la “suspensión masiva” de cuentas de Twitter que ocurrió a finales de septiembre, incluida la de la novelista Ahdaf Soueif.
La oficina en Oriente Medio de Twtiter emitió una disculpa, asegurando que fue “por error” en el marco de “medidas contra actividades molestas” y “la aplicación de otras normas” de la compañía.
“No podemos saberlo con certeza, pero hay una gran posibilidad de que las suspensiones fueron políticamente motivadas”, dice a Efe Eskandar.
Un reciente informe de la empresa de software Check Point, compañía con sedes en San Francisco (EE. UU.) y Tel Aviv (Israel), revela que activistas egipcios han sido vigilados en la red al menos desde 2016, cuando las autoridades egipcias endurecieron su postura respecto a cualquier voz crítica en las calles o en la prensa del país.
Según el informe publicado este mes, decenas de usuarios, entre ellos “destacados” activistas y periodistas han sido víctimas de ataques cibernéticos que continúan a día de hoy, y son cada vez más sofisticados.
La analista de programas maliciosos de esta empresa Aseel Kayal asegura a Efe que han podido identificar a unos 30 blancos, pero creen que pueden ser más ya que estos son sólo los que han sido víctimas de una campaña.
La investigación ha documentado una amplia campaña en la cual “los atacantes han desplegado múltiples instrumentos simultáneamente, expandiendo su infraestructura con nuevas páginas web”.
Según destaca Kayal, esta campaña requiere de “recursos financieros y humanos”.
En 2016, los ataques empleaban “webs de phishing tradicional”, para acceder a las cuentas personales de las víctimas, pero con el paso de los años se desarrollaron otros métodos, como “aplicaciones maliciosas”, explica la experta.
Esas aplicaciones, algunas de las cuales estabas disponibles en Play Store de Google hasta que Check Point pidió a la compañía que las eliminara el pasado julio, pueden acceder al correo personal y a los documentos de las víctimas, que son engañadas para descargarlas en sus aparatos.
¿ESTÁ EL GOBIERNO EGIPCIO DETRÁS?
Kayal afirma que “algunas de las web relacionadas con esta actividad estaban registradas por individuos egipcios”, y una de ellas llevaba las siglas de lo que podría ser el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Egipto (MCIT).
“Además, algunas coordenadas que encontramos en el servidor de los atacantes apuntaban a la sede de los Servicios de Inteligencia Generales en El Cairo”, agrega.
La analista aclara que esas “evidencias” pueden ser fácilmente falsificadas por cualquier actor, pero los ataques “están alineados con los objetivos políticos de las autoridades egipcias”.
Efe solicitó al Gobierno egipcio una respuesta oficial respecto al informe de Check Point, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
EL ACOSO
Un activista egipcio que participó en la revuelta de 2011 contra el entonces dictador Hosni Mubarak relató a Efe que en los últimos años han intentado acceder a su cuenta en Facebook en varias ocasiones, por lo que tuvo que reforzar sus contraseñas.
En pasado julio, coincidiendo con su colaboración con un movimiento político izquierdista egipcio, la red social le envió siete correos electrónicos de advertencia en un plazo de 40 minutos de que estaban intentando acceder a su cuenta.
Asimismo, su web personal ha sido bloqueada recientemente y el activista cree que está siendo observado porque algunas informaciones personales que publicó “online” han sido empleadas para atacarle a través de esta red social y para “meterle miedo”.
“Si pasa esto conmigo que no soy uno de los activistas más conocidos ni tengo tantos seguidores en las redes sociales, no quiero imaginarme a qué están expuestos los más influyentes”, dice el joven.
La ONG Amnistía Internacional (AI) denunció el pasado marzo una serie de ataques cibernéticos, asegurando que ponían en peligro a los activistas “en medio de la creciente represión contra la disidencia por parte del Gobierno de Al Sisi”.
AI analizó correos electrónicos sospechosos enviados a principios de 2019 a defensores de derechos humanos, periodistas y ONG egipcias con el método conocido como “OAuth Phishing” que a través de aplicaciones maliciosas permite acceso a cuentas privadas.
La organización destacó que esos ataques se intensificaron en “momentos políticos clave” en Egipto, cuando la tensión estaba más elevada, y consideró que existían “fuertes indicadores de que las autoridades egipcias están detrás” de ellos.
“La represión del Gobierno de Al Sisi a la libertad de expresión está aumentando cada día y es más importante que los defensores de derechos humanos puedan comunicar ‘online’ sin miedo a represalias”, destacó entonces AI.
Imagen: Fuente Externa
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.