Opinión
Interpretación de lo que está pasando
Por Andrés L. Mateo
Después del golpe de estado del 25 de septiembre de 1963, Juan Bosch tronó contra el democratismo que falsificaba la democracia, y descubrió una aterradora verdad: el espectáculo de la democracia importa más que la democracia. Entonces escribió ese libro de ruptura que se llama “Crisis de la democracia en América”, y alertó para que no nos resignáramos a consumir fantasías, porque el juego de los intereses en la política práctica manipula la conciencia y oculta la realidad. Nunca como ahora, consumada ya la división del PLD, esa realidad nos aplasta.
Juan Bosch tuvo mucha conciencia del poder de los medios de comunicación, y pese a que era un hombre proveniente de ese ciclo que Marshall MacLuhan llamó “La galaxia de gutemberg”, su empleo de los medios masivos de comunicación de la época para difundir sus ideas políticas ha quedado como un modelo diáfano de denuncia y esperanzas. Cualquier charla de Juan Bosch, esos discursos didácticos que producía por la radio todos los días a partir de la una de la tarde, estaba siempre destinada a coincidir con las necesidades colectivas de conquista de la libertad. Todas las apelaciones simbólicas, la imaginación creadora que desplegaba para ilustrar los temas que trataba, las palabras de estirpe clasista (tutumpotes, hijos de machepas, carros pescuezos largos, etc), confluían en la explicación de lo que estaba pasando. Era un intérprete del presente, y todo cuanto extraía del pasado servía para explicar la naturaleza de los hechos políticos y sociales frente a los cuáles estaba.
Ahora parece como si estuviéramos bloqueados por las reglas de juego en la que actuamos. Los medios de comunicación tienen la capacidad de construir el olvido. Incluso pueden esfumar lo que parece más concreto. Uno siente que hay algo que no puede asirse respecto de la realidad, y que el discurso oculta. Por ejemplo, ¿un PLD escindido, con enormes posibilidades de perder el poder, a cuáles recursos acudirá ? Es claro que a la saturación repugnante de la propaganda, a emplear los fondos presupuestarios, a desparramar el derroche clientelar, la cooptación de la voluntad popular a través del soborno, al fraude. Si algo ha demostrado el PLD es su falta de escrúpulos. Expertos en la manipulación de la ignorancia y el hambre, porque se han demostrado así mismos que todo puede ser comprado dentro de una sociedad presa.
¿Pero qué es lo que está pasando?
Lo que pasa es que para el Partido oficial y hegemónico todo ha cambiado. Construyeron un poder desmesurado, que desde los órganos del Estado ha tenido el privilegio de ir instalando un dispositivo de control social que lo ha reagrupado todo (dádivas de beneficencia, bonos estudiantiles, bono-gas, bono-combustible, tarjetas solidaridad, nóminas secretas con fondos públicos, bono-luz, barrilito para senadores y diputados, enriquecimiento de la estructura de dirección del partido oficial, reformas de la constitución y dominio absoluto de todos sus órganos, control de los medios de comunicación y de los comunicadores por la vía del dinero, práctica desvergonzada del transfuguismo pagado, rentismo, corrupción e impunidad generalizada, cooptación de intelectuales, artistas e historiadores, y empobrecimiento inconmensurable de la vida espiritual del país). Es una retícula de poder que tiene presencia en todas las esferas de la vida nacional. La nación está ahora organizada de tal manera que la corrupción actúa como el cemento invisible que une todas las piezas del tablero. Es lo que no se quiere perder, es lo que está amenazado, y resquebrajado.
La República Dominicana es un país secuestrado por una pequeña burguesía golosa que no tiene límites para exhibir el disfrute de los bienes terrenales. Y que han perdido todo freno ético, porque han descubierto que el dinero otorga personalidad, y puede dar felicidad o éxito. No hay historia post factual, pero si Juan Bosch viviera no fuera peledeísta, lo hubiera abrumado la falsificación de la democracia, y el esplendor de tantas fortunas obscenas que la codicia y la soberbia han acumulado en el PLD. Si la oposición no tiene claro lo que está pasando, no tendrá una idea cabal de la dimensión de la batalla. Esa cúpula de palacio no es una abstracción sino un referente concreto. Usarán el poder para quedarse, violarán las leyes, distribuirán las cargas presupuestarias con visión clientelar, amenazarán y usarán la fuerza. El segmento de la oposición que crea otra cosa, que se prepare. Lo que está pasando pasa por desmontar todo un sistema de corrupción violento, indolente, agresivo.
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.