EXPLICA PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Investigación. Temístocles Montás dijo al salir de la Procuraduría General que le preguntaron sobre el proceso de financiamiento de obras.
Santo Domingo.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, explicó ayer a la Procuraduría General de la República el procedimiento para el financiamiento de las obras construidas por la constructora Odebrecht.
Montás, quien es ministro de Industria y Comercio, dijo que su interrogatorio fue sobre todo lo relacionado a los procesos que se desarrollan en la administración pública con los financiamientos públicos, tomando como referencia los 12 años que estuvo frente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Al salir de la entrevista con el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Montás expresó que “ustedes saben que durante 12 años fui ministro de Economía Planificación y Desarrollo y ellos (la Procuraduría) necesitaban saber todos los procesos que se desarrollan en la administración pública en lo que tiene que ver con los financiamientos públicos. Eso fue lo que se me preguntó a mí”.
“El tema mencionado, fundamentalmente financiamiento, y obviamente sí se habló de financiamiento, se habló de los financiamientos de Odebrecht y lo que se hizo fue explicarle los procesos y cómo se montaban esos financiamientos”, acotó.
Sostuvo que el Procurador lo invitó a tener una entrevista por ante su despacho, la cual calificó de cordial y amena.
“Quiero reiterar que fue una invitación del Procurador a sostener una entrevista, que le reitero fue cordial, amena, entre amigos”, acotó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, a su llegada a la Procuraduría en horas de la mañana, Montás había declarado que acudió a un requerimiento que le había hecho al jefe del ministerio público.
Los interrogados
Sobre el caso Odebrecht han sido interrogados hasta la fecha Rubén J. Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas; Horacio Mazara, director de INAPA; Alejandro Montás, director de la CAASD; Olgo Fernández, director del INDRHI; Francisco Pagán, director de OISOE; Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en RD; Ángel Rondón, empresario y lobbista; Radhamés Segura, exvicepresidente de la CDEEE; Freddy Pérez, extitular de Obras Públicas, Inapa y CAASD; Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; Mariano Germán, exdirector de Inapa; Alberto Holguín, exdirector de Inapa; Víctor Díaz Rúa, extitular de Obras Públicas y del Inapa; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Andrés Bautista, expresidente del Senado; Jesús Vásquez, expresidente del Senado; Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados; Frank Rodríguez, exdirector del Indrhi; Rafael Suero, exadministrador de la Egehid; Leonardo Guzmán, yerno del exministro Víctor Díaz Rúa; Conrad Pittaluga, abogado; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado; Tommy Galán, senador; Cristina Lizardo, expresidenta del Senado.
Además, el senador Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados; Larry Shell, Stanley Consultants.
LA LISTA ES UN “RUMOR”
Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio, y quien ocupó por doce años el ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, llegó a la sede de la Procuraduría a las 10:00 de la mañana en compañía de sus abogados José de Jesús Bergés y Manuel Alejandro Rodríguez, y salió a las 4:40 de la tarde, una 6 horas y 30 minutos después.
A su salida también dijo que es un “rumor” la presunta lista en la que figura su nombre, como uno de los supuestos implicados en el caso de los sobornos otorgados en el país por la empresa brasileña Odebrecht, y aseguró estar sorprendido de que su nombre figure en esa lista.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.
