EXPLICA PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Investigación. Temístocles Montás dijo al salir de la Procuraduría General que le preguntaron sobre el proceso de financiamiento de obras.
Santo Domingo.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, explicó ayer a la Procuraduría General de la República el procedimiento para el financiamiento de las obras construidas por la constructora Odebrecht.
Montás, quien es ministro de Industria y Comercio, dijo que su interrogatorio fue sobre todo lo relacionado a los procesos que se desarrollan en la administración pública con los financiamientos públicos, tomando como referencia los 12 años que estuvo frente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Al salir de la entrevista con el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Montás expresó que “ustedes saben que durante 12 años fui ministro de Economía Planificación y Desarrollo y ellos (la Procuraduría) necesitaban saber todos los procesos que se desarrollan en la administración pública en lo que tiene que ver con los financiamientos públicos. Eso fue lo que se me preguntó a mí”.
“El tema mencionado, fundamentalmente financiamiento, y obviamente sí se habló de financiamiento, se habló de los financiamientos de Odebrecht y lo que se hizo fue explicarle los procesos y cómo se montaban esos financiamientos”, acotó.
Sostuvo que el Procurador lo invitó a tener una entrevista por ante su despacho, la cual calificó de cordial y amena.
“Quiero reiterar que fue una invitación del Procurador a sostener una entrevista, que le reitero fue cordial, amena, entre amigos”, acotó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, a su llegada a la Procuraduría en horas de la mañana, Montás había declarado que acudió a un requerimiento que le había hecho al jefe del ministerio público.
Los interrogados
Sobre el caso Odebrecht han sido interrogados hasta la fecha Rubén J. Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas; Horacio Mazara, director de INAPA; Alejandro Montás, director de la CAASD; Olgo Fernández, director del INDRHI; Francisco Pagán, director de OISOE; Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en RD; Ángel Rondón, empresario y lobbista; Radhamés Segura, exvicepresidente de la CDEEE; Freddy Pérez, extitular de Obras Públicas, Inapa y CAASD; Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; Mariano Germán, exdirector de Inapa; Alberto Holguín, exdirector de Inapa; Víctor Díaz Rúa, extitular de Obras Públicas y del Inapa; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Andrés Bautista, expresidente del Senado; Jesús Vásquez, expresidente del Senado; Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados; Frank Rodríguez, exdirector del Indrhi; Rafael Suero, exadministrador de la Egehid; Leonardo Guzmán, yerno del exministro Víctor Díaz Rúa; Conrad Pittaluga, abogado; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado; Tommy Galán, senador; Cristina Lizardo, expresidenta del Senado.
Además, el senador Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados; Larry Shell, Stanley Consultants.
LA LISTA ES UN “RUMOR”
Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio, y quien ocupó por doce años el ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, llegó a la sede de la Procuraduría a las 10:00 de la mañana en compañía de sus abogados José de Jesús Bergés y Manuel Alejandro Rodríguez, y salió a las 4:40 de la tarde, una 6 horas y 30 minutos después.
A su salida también dijo que es un “rumor” la presunta lista en la que figura su nombre, como uno de los supuestos implicados en el caso de los sobornos otorgados en el país por la empresa brasileña Odebrecht, y aseguró estar sorprendido de que su nombre figure en esa lista.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
