EXPLICA PROCEDIMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Investigación. Temístocles Montás dijo al salir de la Procuraduría General que le preguntaron sobre el proceso de financiamiento de obras.
Santo Domingo.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, explicó ayer a la Procuraduría General de la República el procedimiento para el financiamiento de las obras construidas por la constructora Odebrecht.
Montás, quien es ministro de Industria y Comercio, dijo que su interrogatorio fue sobre todo lo relacionado a los procesos que se desarrollan en la administración pública con los financiamientos públicos, tomando como referencia los 12 años que estuvo frente al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Al salir de la entrevista con el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Montás expresó que “ustedes saben que durante 12 años fui ministro de Economía Planificación y Desarrollo y ellos (la Procuraduría) necesitaban saber todos los procesos que se desarrollan en la administración pública en lo que tiene que ver con los financiamientos públicos. Eso fue lo que se me preguntó a mí”.
“El tema mencionado, fundamentalmente financiamiento, y obviamente sí se habló de financiamiento, se habló de los financiamientos de Odebrecht y lo que se hizo fue explicarle los procesos y cómo se montaban esos financiamientos”, acotó.
Sostuvo que el Procurador lo invitó a tener una entrevista por ante su despacho, la cual calificó de cordial y amena.
“Quiero reiterar que fue una invitación del Procurador a sostener una entrevista, que le reitero fue cordial, amena, entre amigos”, acotó el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, a su llegada a la Procuraduría en horas de la mañana, Montás había declarado que acudió a un requerimiento que le había hecho al jefe del ministerio público.
Los interrogados
Sobre el caso Odebrecht han sido interrogados hasta la fecha Rubén J. Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE; Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas; Horacio Mazara, director de INAPA; Alejandro Montás, director de la CAASD; Olgo Fernández, director del INDRHI; Francisco Pagán, director de OISOE; Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en RD; Ángel Rondón, empresario y lobbista; Radhamés Segura, exvicepresidente de la CDEEE; Freddy Pérez, extitular de Obras Públicas, Inapa y CAASD; Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa; Mariano Germán, exdirector de Inapa; Alberto Holguín, exdirector de Inapa; Víctor Díaz Rúa, extitular de Obras Públicas y del Inapa; César Sánchez, exadministrador de la CDEEE; Andrés Bautista, expresidente del Senado; Jesús Vásquez, expresidente del Senado; Alfredo Pacheco, expresidente de la Cámara de Diputados; Frank Rodríguez, exdirector del Indrhi; Rafael Suero, exadministrador de la Egehid; Leonardo Guzmán, yerno del exministro Víctor Díaz Rúa; Conrad Pittaluga, abogado; Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado; Tommy Galán, senador; Cristina Lizardo, expresidenta del Senado.
Además, el senador Julio César Valentín, expresidente de la Cámara de Diputados; Larry Shell, Stanley Consultants.
LA LISTA ES UN “RUMOR”
Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio, y quien ocupó por doce años el ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, llegó a la sede de la Procuraduría a las 10:00 de la mañana en compañía de sus abogados José de Jesús Bergés y Manuel Alejandro Rodríguez, y salió a las 4:40 de la tarde, una 6 horas y 30 minutos después.
A su salida también dijo que es un “rumor” la presunta lista en la que figura su nombre, como uno de los supuestos implicados en el caso de los sobornos otorgados en el país por la empresa brasileña Odebrecht, y aseguró estar sorprendido de que su nombre figure en esa lista.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.
