INNOVACIÓN. A PRINCIPIO DE 2018 INICIARÁ NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE
Encuentro en Palacio. Momento de la reunión entre el presidente Danilo Medina y el componente de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17.
Santo Domingo.-El Gobierno garantizó ayer que antes de 60 días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), comenzará a funcionar y que a más tardar el próximo mes serán seleccionados los funcionarios de la nueva entidad.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17, con el presidente Danilo Medina, a quien presentaron los avances en aplicar el nuevo marco legal de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“El anuncio más importante que ha salido de esta reunión es que en un plazo no mayor de 60 días estará operando el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, indicó.
Explicó que el INTRANT “será el órgano rector del sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.
Sustituirá y absorberá las funciones de cinco instituciones, en las que están el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), además del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). La Caja de Pensiones y Jubilaciones de choferes del transporte público es otra de las instituciones que sustituirá. “Como paso previo a la disolución de estas instituciones, hemos iniciado un proceso de identificación del personal”. Se trabaja junto al Ministerio de Administración Pública, para reubicarlos de acuerdo a las experiencias y perfiles.
Agregó que también trabajan en la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entidad que será unida a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en una nueva institución. El resultado será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), tal y como lo establece la ley. La estructura organizacional de esa entidad será sometida a aprobación en los próximos días.
Elaboración de reglamentos
Montalvo explicó que la Ley 63-17 contempla la elaboración de 44 reglamentos y regulaciones, al tiempo que agregó que el propósito es asegurar su plena y efectiva aplicación.
“Para redactar estos reglamentos contamos con expertos internacionales y locales. Someteremos los borradores a consulta pública”. Así se podrán recibir las observaciones de organizaciones públicas y privadas y demás interesados”, argumentó.
El ministro de la Presidencia dijo que de manera simultánea, se están reuniendo con los operadores de las rutas de transporte.
“El plan de movilidad, incorpora cinco (5) terminales interurbanas que permitirán el intercambio de pasajeros al Sistema Integrado de Transporte Público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país, en una red Nacional de Movilidad colectiva. Es decir, que el peatón será prioridad en el acceso a la ciudad interconectado a través de un intercambiador, eficiente, seguro y con condiciones dignas para los usuarios”, agregó.
Dijo que la primera fase de implementación del nuevo modelo de gestión será el proyecto Transporte Rápido en Bus, en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo, cuya primera etapa entrará en funcionamiento a principio del 2018.
El ministro Montalvo precisó que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para regular el sector, esto en función del Plan de Movilidad Urbana y del marco legal vigente.
“Queremos que el nuevo sistema integrado de transporte público beneficie tanto a usuarios como a operadores. Para ello estamos evaluando la mejor manera de financiar el conjunto del sistema de forma equilibrada y sostenible”, dijo.
Agregó que todo se hará bajo la supervisión del INTRANT, mediante indicadores de calidad que garanticen buen servicio al usuario. El proyecto incorporará, asimismo, las rutas alimentadoras, dará acceso a los usuarios al sistema de cobro unificado de metro, bus y teleférico. Cuando entre en funcionamiento el INTRANT se aplicará, bajo su supervisión, el Plan de Seguridad Vial 2017-2020, según informó Montalvo.
Observatorio permanente
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial.
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NUEVOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD VIAL
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que regirá la formación y capacitación en materia de transporte, tránsito terrestre y seguridad vial, así como de coordinar con las entidades que, desde el ámbito privado, tengan los mismos fines.
“Estamos reorganizando nuestras instituciones y nuestro marco legal. Esto solo es el primer paso hacia el objetivo real: reordenar nuestro transporte público”.
Reunión con el Presidente
A la reunión asistieron, además, los viceministros de la Presidencia, Zoraima Cuello, Juan Ariel Jiménez y Sina Del Rosario, junto a ellos, la viceministra de Obras Públicas, Claudia de Los Santos.
El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mojica, también participó. Asimismo, los asesores del Ministerio de la Presidencia en materia de transporte, Jhael Isa, Raymundo Haché y José Holguín.
listindiario.com
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.
