INNOVACIÓN. A PRINCIPIO DE 2018 INICIARÁ NUEVO SISTEMA DE TRANSPORTE
Encuentro en Palacio. Momento de la reunión entre el presidente Danilo Medina y el componente de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17.
Santo Domingo.-El Gobierno garantizó ayer que antes de 60 días el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), comenzará a funcionar y que a más tardar el próximo mes serán seleccionados los funcionarios de la nueva entidad.
El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tras una reunión de la Comisión Técnica que trabaja en la implementación de la Ley No. 63-17, con el presidente Danilo Medina, a quien presentaron los avances en aplicar el nuevo marco legal de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
“El anuncio más importante que ha salido de esta reunión es que en un plazo no mayor de 60 días estará operando el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)”, indicó.
Explicó que el INTRANT “será el órgano rector del sistema de transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana”, tal como lo anunció el presidente Danilo Medina, el pasado 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.
Sustituirá y absorberá las funciones de cinco instituciones, en las que están el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONDET); la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), además del Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). La Caja de Pensiones y Jubilaciones de choferes del transporte público es otra de las instituciones que sustituirá. “Como paso previo a la disolución de estas instituciones, hemos iniciado un proceso de identificación del personal”. Se trabaja junto al Ministerio de Administración Pública, para reubicarlos de acuerdo a las experiencias y perfiles.
Agregó que también trabajan en la fusión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), entidad que será unida a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Santiago (AMETRASAN) en una nueva institución. El resultado será la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), tal y como lo establece la ley. La estructura organizacional de esa entidad será sometida a aprobación en los próximos días.
Elaboración de reglamentos
Montalvo explicó que la Ley 63-17 contempla la elaboración de 44 reglamentos y regulaciones, al tiempo que agregó que el propósito es asegurar su plena y efectiva aplicación.
“Para redactar estos reglamentos contamos con expertos internacionales y locales. Someteremos los borradores a consulta pública”. Así se podrán recibir las observaciones de organizaciones públicas y privadas y demás interesados”, argumentó.
El ministro de la Presidencia dijo que de manera simultánea, se están reuniendo con los operadores de las rutas de transporte.
“El plan de movilidad, incorpora cinco (5) terminales interurbanas que permitirán el intercambio de pasajeros al Sistema Integrado de Transporte Público. Estas estarán ubicadas en los portales de acceso a la ciudad de Santo Domingo, conectando las rutas provenientes de las distintas provincias del país, en una red Nacional de Movilidad colectiva. Es decir, que el peatón será prioridad en el acceso a la ciudad interconectado a través de un intercambiador, eficiente, seguro y con condiciones dignas para los usuarios”, agregó.
Dijo que la primera fase de implementación del nuevo modelo de gestión será el proyecto Transporte Rápido en Bus, en la Avenida 27 de Febrero de Santo Domingo, cuya primera etapa entrará en funcionamiento a principio del 2018.
El ministro Montalvo precisó que el objetivo es buscar el mayor consenso posible para regular el sector, esto en función del Plan de Movilidad Urbana y del marco legal vigente.
“Queremos que el nuevo sistema integrado de transporte público beneficie tanto a usuarios como a operadores. Para ello estamos evaluando la mejor manera de financiar el conjunto del sistema de forma equilibrada y sostenible”, dijo.
Agregó que todo se hará bajo la supervisión del INTRANT, mediante indicadores de calidad que garanticen buen servicio al usuario. El proyecto incorporará, asimismo, las rutas alimentadoras, dará acceso a los usuarios al sistema de cobro unificado de metro, bus y teleférico. Cuando entre en funcionamiento el INTRANT se aplicará, bajo su supervisión, el Plan de Seguridad Vial 2017-2020, según informó Montalvo.
Observatorio permanente
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial.
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NUEVOS ÓRGANOS DE SEGURIDAD VIAL
La Ley establece la puesta en marcha del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el cual estará encargado de recolectar información objetiva y confiable que servirá de base para mejorar la seguridad vial y la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), que regirá la formación y capacitación en materia de transporte, tránsito terrestre y seguridad vial, así como de coordinar con las entidades que, desde el ámbito privado, tengan los mismos fines.
“Estamos reorganizando nuestras instituciones y nuestro marco legal. Esto solo es el primer paso hacia el objetivo real: reordenar nuestro transporte público”.
Reunión con el Presidente
A la reunión asistieron, además, los viceministros de la Presidencia, Zoraima Cuello, Juan Ariel Jiménez y Sina Del Rosario, junto a ellos, la viceministra de Obras Públicas, Claudia de Los Santos.
El director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, Héctor Mojica, también participó. Asimismo, los asesores del Ministerio de la Presidencia en materia de transporte, Jhael Isa, Raymundo Haché y José Holguín.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.
