Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de que las alcaldias tengan un rol más activo en la gestion del tránsito, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, propuso incluirlas en la colocación de multas y el uso de policías municipales para apoyar la fiscalización en las calles, lo cual en vez de corregir el problema podria complicarlo por los altos niveles de corrupcion en los gobiernos locales.
El funcionario explicó que la gestión del tránsito no puede recaer únicamente en las autoridades nacionales, sino que debe contar con la participación directa de los gobiernos locales.
En ese sentido, consideró que las autoridades municipales están en una posición clave para contribuir con el ordenamiento del tránsito dentro de sus territorios.
Morrison señaló que los municipios cuentan con cuerpos de policía municipal que podrían recibir capacitación y orientación para colaborar en tareas de fiscalización, como evitar el estacionamiento indebido, controlar el desorden en las paradas de transporte y prevenir infracciones que afectan la movilidad urbana.
Destacó que, para que las alcaldías puedan asumir ese rol de manera efectiva, es necesario revisar la distribución de los recursos provenientes de las multas de tránsito. La Ley 176-07 establece, en su artículo 120, la autoridad de las alcaldías para imponer multas de tránsito en sus territorios.
Actualmente, la mayor parte de esos fondos se destinan a otras instituciones, por lo que propuso una distribución más equilibrada que les permita disponer de recursos para invertir en señalización, semaforización y control del tránsito.
Explicó que, en la actualidad, el 75 % de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito van a parar a la Procuraduría General de la República y el restante 25 % al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Morrison plantea que, para que las alcaldías tengan un papel más importante en el tema del tránsito, se modifique la Ley 63-17 y se distribuya el cobro de las multas de la siguiente manera: 25 % para la Procuraduría, igual cantidad para el Intrant, 25 % para las alcaldías y el restante 25 % para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Santo Domingo, R.D.-La autopsia del INACIF practicada a la bebé de ocho meses que murió la madrugada del 19 de abril en la provincia San Cristóbal revela fractura craneal, hemorragia cerebral y huellas de mordedura humana en distintas partes del cuerpo.
El informe forense, presentado por el Ministerio Público, determinó que la menor, Lauren Bonilla, falleció a causa del «Síndrome del Niño Maltratado«, tras sufrir una muerte violenta y rápida de etiología médico legal homicida.
Por el hecho, el órgano acusador solicitóprisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la hija de su pareja.
De acuerdo con el documento, el cadáver mostraba «deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello», compatibles con la dentición del imputado.
La autopsia también reveló que la infante sufrió fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar.
Joel Carmona Pinales, acusado por el Ministerio Público de la muerte de su hijastra de ocho meses en un hecho ocurrido en San Cristóbal.
En un comunicado, el Ministerio Público indica que el hecho ocurrió en una vivienda del sector Jeringa, en la referida provincia, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la niña, Laudry Bonilla, de 22 años.
Según el expediente, Carmona Pinales habría levantado a la bebé por el cuello mientras dormía y posteriormente la colocó nuevamente en la cama al notar que era observado por la madre. Minutos después, la mujer detectó que la pequeña se encontraba mal de salud y la trasladó a un centro médico, donde se confirmó su fallecimiento.
Lamañana del 23 de abril, mientras Bonilla se disponía a interponer una querella contra Carmona Pinales en la FiscalíadeSanCristóbal por la muerte de su hija, relató ante las cámaras de Diario Libre que a pesar de que mantenía una relación reciente con el acusado y nunca imaginó que pudiera agredir a su hija, al tiempo que pidió justicia por la muerte.
Asimismo, contó que el día del hecho, la menor se encontraba durmiendo y que, mientras ella se disponía a bañarse, encontró en la habitación a su pareja sosteniendo a la bebé por el cuello.
«La puso en la cama para que yo viera que a mi bebé no le había pasado nada», recordó.
Sin embargo, al tomar a la niña, notó que algo no estaba bien. En medio de la desesperación, afirmó que el hombre le quitó a la bebé y salió de la habitación, y le echó agua en la cabeza.
La madre explicó que en ese momento buscaron ayuda y que, cuando llegaron al hospital, la bebé ya no tenía signos vitales.
Bonilla también denunció que el acusado intentó que ella declarara en el hospital que la niña se había caído de la cama, versión que ella negó.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra Carmona Pinales fue fijada para mañana, 15 de mayo, a las 9:00 de la mañana.
Santo Domingo, R.D.-El Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) implementará con el Gabinete de Transporte, junto a la Asociación de Colegios Privados, un plan en el sector para mitigar los taponamientos en las principales vías.
Durante el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio, el director de la Institución Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, dio a conocer este acuerdo con los colegios privados como una de las medidas para disminuir los tapones en el Distrito Nacional.
“Estamos viendo cómo incluimos a los colegios privados en un piloto para el tema del transporte escolar, porque se ha detectado que uno de los elementos que más contribuye al congestionamiento del tránsito en la mañana es la cantidad de colegios que tenemos en puntos estratégicos”, manifestó.
Morrison destacó que realizó el acercamiento con la Asociación de Colegios Privados, ya que parte de las mediciones en el tránsito realizadas por el Intrant arrojaron que los centros, al estar ubicados en localidades con mayor recurrencia, producen taponamientos.
El TRAE es el servicio de transporte escolar diseñado e implementado por el presidente Luis Abinader, para garantizar la llegada y salida de los estudiantes a los centros educativos y así estos estén resguardados de manera segura.
Los recorridos de este transporte inician desde las 6:00 a 8:00 de la mañana. De 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 6:00 de la tarde.
Este servicio no solo cumple con la función de acompañar al estudiante desde su vivienda hacia la escuela y viceversa, sino que ha sido uno de los aportes para disminuir el tránsito en zonas de mayor flujo.
Santo Domingo, R.D.-A diez años de prisión condenó el Cuarto Tribunal de Santiago a tres hombres tras ser encontrados culpables de tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos en un hecho ocurrido en enero de 2023 en el municipio San José de las Matas.
El tribunal dispuso que Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia (Dany) cumplan la pena impuesta en la cárcel de Rafey de esa jurisdicción.
El grupo fue hallado culpable de asociarse para intentar transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluyendo a dos niños.
El tribunal tomó la decisión, tras acoger el dictamen del ministerio público, representado por la fiscal Jenniffer Rodríguez, quien demostró en la audiencia la culpabilidad de los procesados.
En la audiencia, la fiscal había pedido al tribunal declarar culpable a los imputados de incurrir en violación de los artículos 1 letra F y 2 párrafo de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en perjuicio del Estado dominicano.
La acusación del Ministerio Público explica que los hechos ocurrieron el 19 de enero del año 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas, cuando una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que fue ignorada por los malhechores, quienes emprendiendo la huida, lo que originó una persecución que terminó con la captura de ambos.
Tras la detención de los procesados, al inspeccionar el vehículo, las autoridades descubrieron a los 16 indocumentados, apiñados en el interior del mismo, donde también encontraron 15 bultos, en los cuales había pertenencias personales de los inmigrantes.
Al profundizar en su investigación, el Ministerio Público identificó y arrestó a José Luis Familia, quien lideraba la estructura criminal, teniendo a su cargo cobrar el dinero a los inmigrantes y coordinar el transporte ilegal de los mismos en territorio dominicano.