Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de que las alcaldias tengan un rol más activo en la gestion del tránsito, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, propuso incluirlas en la colocación de multas y el uso de policías municipales para apoyar la fiscalización en las calles, lo cual en vez de corregir el problema podria complicarlo por los altos niveles de corrupcion en los gobiernos locales.
El funcionario explicó que la gestión del tránsito no puede recaer únicamente en las autoridades nacionales, sino que debe contar con la participación directa de los gobiernos locales.
En ese sentido, consideró que las autoridades municipales están en una posición clave para contribuir con el ordenamiento del tránsito dentro de sus territorios.
Morrison señaló que los municipios cuentan con cuerpos de policía municipal que podrían recibir capacitación y orientación para colaborar en tareas de fiscalización, como evitar el estacionamiento indebido, controlar el desorden en las paradas de transporte y prevenir infracciones que afectan la movilidad urbana.
Destacó que, para que las alcaldías puedan asumir ese rol de manera efectiva, es necesario revisar la distribución de los recursos provenientes de las multas de tránsito. La Ley 176-07 establece, en su artículo 120, la autoridad de las alcaldías para imponer multas de tránsito en sus territorios.
Actualmente, la mayor parte de esos fondos se destinan a otras instituciones, por lo que propuso una distribución más equilibrada que les permita disponer de recursos para invertir en señalización, semaforización y control del tránsito.
Explicó que, en la actualidad, el 75 % de los recursos recaudados por concepto de multas de tránsito van a parar a la Procuraduría General de la República y el restante 25 % al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Morrison plantea que, para que las alcaldías tengan un papel más importante en el tema del tránsito, se modifique la Ley 63-17 y se distribuya el cobro de las multas de la siguiente manera: 25 % para la Procuraduría, igual cantidad para el Intrant, 25 % para las alcaldías y el restante 25 % para la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó a su homólogo dominicano, Luis Abinader, por la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que concluyen este sábado en la capital dominicana.
Durante un encuentro celebrado en Cali, Colombia, Asfura explicó que dirigentes deportivos hondureños que participan en los Juegos le manifestaron estar gratamente impresionados con la organización, las instalaciones deportivas, la villa destinada a los atletas y el trato recibido.
Ambos gobernantes se reunieron en un hotel de la ciudad colombiana, donde asistieron a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella.
Honduras solicita colaboración para los Juegos de 2029
Durante la conversación, el mandatario hondureño solicitó el respaldo y la colaboración de República Dominicana para organizar los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos para celebrarse en Honduras en 2029.
Asfura afirmó que Santo Domingo 2026 ha representado un ejemplo para la región por la calidad organizativa de un evento que reúne a más de 6,200 atletas y representantes de organizaciones deportivas.
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Abinader prometió compartir la experiencia dominicana en todo lo relacionado con la organización y el montaje de la competencia.
Asimismo, puso en contacto al mandatario hondureño con el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, para iniciar un proceso de colaboración con las autoridades deportivas de Honduras.
Abinader invita a Asfura a visitar República Dominicana
En otra parte del encuentro, el presidente dominicano invitó a Asfura a visitar República Dominicana para continuar profundizando las relaciones comerciales, empresariales y culturales entre ambos países. La fecha de la visita será informada posteriormente.
En la reunión participaron también los cancilleres Roberto Álvarez, de República Dominicana, y Mireya Agüero, de Honduras, así como Jaqueline Foglia Sandoval, embajadora hondureña en Colombia, y Félix Aracena, embajador dominicano en ese país.
Santo Domingo, R.D.-El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dispuso la reprogramación de la lectura íntegra de la Sentencia núm. 249-02-2026-SSEN-00040 para el 23 de septiembre de 2026, a las 2:00 de la tarde, en el proceso seguido contra Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, entre otros coacusados de corrupción y lavado de activos.
La decisión, contenida en el Auto núm. 249-02-2026-TFIJ-00052, busca concluir adecuadamente la redacción y revisión de la decisión motivada correspondiente al proceso núm. 062-2022-EPEN-00201, tras ponderar la complejidad del proceso y la amplitud del debate del juicio oral que se extendió por aproximadamente 658 días calendario.
En el proceso fueron juzgados 36 acusados, de los cuales 29 son personas físicas y 7 personas jurídicas, además de la participación de 18 intervinientes voluntarios.
La dimensión del juicio se refleja en el volumen probatorio producido durante los debates, que incluyó 319 testimonios, 4,081 pruebas documentales, 146 pruebas periciales y 114 pruebas materiales, elementos cuya valoración individualizada debe quedar debidamente plasmada en la sentencia escrita.
El órgano jurisdiccional destacó que la explicación oral ofrecida al momento de pronunciar el dispositivo de la sentencia tuvo una duración aproximada de 11 horas, mientras que la parte dispositiva comprende 41 ordinales distribuidos en 88 páginas.
Aunque el tribunal informó que ha mantenido un trabajo constante en la redacción de la sentencia desde la emisión del dispositivo, indicó que aún restan aspectos cuya fundamentación demanda un análisis detallado.
Además, una vez concluidos esos apartados, resulta necesario integrar el documento completo y realizar una revisión conjunta destinada a garantizar la coherencia interna, la congruencia y la suficiencia de la motivación judicial.
La decisión también enfatiza que la motivación de las sentencias constituye una garantía esencial del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
Al evaluar el cronograma procesal, el tribunal explicó que el plazo legal para la redacción de la sentencia concluía el 8 de septiembre de 2026. Sin embargo, consideró razonable otorgar una extensión adicional de 10 días hábiles, fijando la lectura íntegra para el 23 de septiembre de 2026.
Finalmente, el tribunal ordenó la notificación de esta decisión a todas las partes involucradas y reiteró que la lectura íntegra de la sentencia constituye el acto formal de notificación previsto por la normativa procesal penal.
BARAHONA.- La Dirección Regional Sur de la Policía Nacional informó que ha ocupado 109 armas de fuego de diferentes marcas y calibres, además de municiones, drogas y otros objetos vinculados a actividades delictivas en las provincias de la región Enriquillo.
Las autoridades indicaron que, como resultado de las labores de prevención, inteligencia e investigación, decenas de personas han sido apresadas en flagrante delito por su presunta vinculación con distintas infracciones.
Entre las armas ocupadas figuran ocho de alto calibre, incluidos cuatro fusiles, lo que, según la institución, representa un golpe a la circulación ilegal de armamentos y contribuye a reducir los riesgos asociados a hechos violentos en la zona.
La Policía informó que demás de las armas de fuego, durante operativos preventivos realizados desde el 21 de febrero hasta la fecha, también fueron incautadas sustancias narcóticas, armas cortopunzantes, balanzas, dinero en efectivo y otros artículos relacionados con actividades ilícitas.
OPERATIVOS COORDINADOS
La Policía atribuyó los resultados a las acciones estratégicas desplegadas por la Dirección Regional Sur en coordinación con sus departamentos operativos e investigativos, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos.
La institución aseguró que continuará ejecutando operativos focalizados y acciones conjuntas con el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado para combatir el porte ilegal de armas, el microtráfico de drogas y otras manifestaciones delictivas que afectan a las comunidades de la región Enriquillo.
Asimismo, exhortó a los ciudadanos a colaborar con las autoridades mediante denuncias oportunas y garantizó la confidencialidad de las informaciones suministradas, como parte del esfuerzo para preservar el orden, la paz y la seguridad en la zona.