Análisis Noticiosos
Invertir en la institucionalidad democrática
Por Juan Bolívar Díaz
El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.
No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.
El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.
Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.
La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.
Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.
Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.
Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.
El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.