Nacionales
Invertir en los niños de cero a 5 años puede revertir la pobreza
Autoridades del sector salud y educación, junto a la directora del BID en el país, Flora Montealegre durante la presentación. –
Los niños con deficiencias en nutrición, desarrollo cognitivo, del lenguaje, motor y socioemocional en una edad temprana tienen menos probabilidades de aprender en la escuela. Según la evidencia científica disponible, estos niños tienen más probabilidades de participar en conductas de riesgo que resultan en embarazos precoces, abandono escolar y violencia en la adolescencia, y al mismo tiempo, en menos probabilidades de convertirse en adultos productivos.
Samuel Berlinski.
Así lo desvela el libro “Los primeros años. El bienestar infantil y el papel de las políticas públicas”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y presentado ayer en el país por Samuel Berlinski, quien junto a Norbert Schady, analizan la experiencia latinoamericana en materia de inversión pública centrada en niños de cero a cinco años.
De acuerdo a la investigación, los niños pobres sufren un retraso importante en relación con sus contrapartes de hogares más favorecidos, especialmente en las dos dimensiones del desarrollo asociadas con el rendimiento escolar temprano que son el lenguaje y la cognición.
Números rojos
Agrega que el escaso progreso educativo es el resultado de las deficiencias que arrastran los infantes al ingresar a la escuela y de la mala calidad de la enseñanza. El estudio, pone bajo la lupa a la República Dominicana, que obtuvo las puntuaciones generales más bajas en una reciente evaluación de matemáticas para alumnos de tercer grado en 14 países de América Latina, con el 75% de sus estudiantes incapaz de resolver problemas sencillos de suma o multiplicación.
Berlinski resalta que a las autoridades educativas suelen preocuparle las malas puntuaciones obtenidas por los alumnos de 15 años en las pruebas internacionales Pisa, “sin embargo, las semillas de las que brotan estos frutos se siembran a edades muy tempranas, y esto se puede constatar en los deficientes resultados de desarrollo y aprendizaje que muestran numerosos niños de la región en etapas precoces”.
Edificios y computadoras sirven poco.
Los autores son tajantes cuando plantean que aumentar el gasto en infraestructura no necesariamente contribuirá a solucionar el problema del desarrollo deficiente de la primera infancia. “Concretamente, lo fundamental es la calidad de los servicios destinados a los más pequeños (programas dirigidos a los padres, jardines de cuidado infantil, escolarización temprana)”.
En ese sentido, pone énfasis en los programas de crianza, los cuales son relativamente más económicos, no requieren infraestructura y descansan en visitadores domiciliarios bien capacitados y rigurosamente supervisados que establecen una relación de confianza con las familias para cambiar patrones de nutrición o estimulación temprana.
“Construir edificios de óptima calidad para jardines de cuidado infantil nada aporta al desarrollo infantil si los niños no participan de forma activa, y si no se les motiva y estimula. Reducir el número de alumnos en las clases o entregar computadoras portátiles a los maestros o a los niños no modificará los resultados del aprendizaje si no cambian las experiencias cotidianas que los pequeños tienen en el aula. Extender el acceso es fácil, pero mejorar la calidad no lo es”, insisten los autores.
La calidad es la clave
Afirma que muchos de los servicios que reciben los infantes en la región son de tan mala calidad que incluso pueden perjudicar en lugar de ayudar a los niños que los utilizan.
Dijo que si se desea elevar la calidad de estos servicios, los responsables de políticas públicas deben adoptar una visión de largo plazo con programas de capacitación práctica y personalizada del personal de las estancias infantiles, con evaluaciones rigurosas, orientaciones y asesoría, así como la recompensa del rendimiento de los docentes.
Sostuvo que “los responsables de las políticas de América Latina y el Caribe tienen que identificar la mejor manera de invertir en lo que seguramente es su recurso más preciado: sus niños”.
Invertir en los primeros años es más rentable
Los autores insisten en que las inversiones en la primera infancia, especialmente en niños de estratos vulnerables, a través de programas de nutrición infantil, estimulación temprana o calidad escolar, aumentan los retornos de todas las inversiones realizadas más tarde en el ciclo de vida.Ponen como ejemplo, un estudio llevado a cabo en la década de los 80 en Jamaica, cuyos niños durante los dos primeros años de vida se beneficiaron de una intervención dirigida a los padres, los que en la edad adulta lograron percibir salarios un 25% más altos que los de sus contrapartes. El economista argentino aboga por que estos programas cuenten con un financiamiento adecuado y sostenible y ajustado en una arquitectura institucional que cuente con un monitoreo y una evaluación rigurosa.
En la senda
El experto dijo que el país va por buen camino con la implementación del programa Quisqueya Empieza Contigo.
/www.elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.