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El alto número de víctimas complica el proceso judicial del Jet Set.

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Santo Domingo, R.D.-La gran cantidad de afectados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, muchos de los cuales aún no han sido localizados o evaluados, representa un desafío significativo para el proceso judicial.

En la instancia de solicitud de medida de coerción, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y los fiscales Héctor García, Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria, entienden que el elevado número de víctimas en la tragedia del Jet Set es más que evidente, con un total de 235 personas fallecidas y más de 180 heridas.

El Ministerio Público señala que parte de las víctimas han denunciado y querellado contra los imputados, lo que aumenta significativamente el trabajo de investigación. Esta gran cantidad de afectados implica realizar varias diligencias, como entrevistas y otras que pudieran resultar de las mismas.

Ministerio Público deposita medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat por caso Jet Set.JORGE MARTÍNEZ/LD

Además, se debe tomar en cuenta que existen personas afectadas que no han tenido acercamiento directo con el Ministerio Público, lo cual implica realizar distintos esfuerzos para su localización. De igual manera, hay personas afectadas que no han podido presentarse ante el Ministerio Público para colocar denuncias querellas, ni han podido ser evaluadas por médicos legistas que avalen legalmente su situación de salud, resultante del desplome del techo del Jet Set Club.

Sumado a lo anterior, al contar con un gran número de denuncias y querellas, el Ministerio Público debe verificar la veracidad de lo expuesto en las mismas, así como constatar que estas personas estuvieron presentes el día del hecho y resultaron con afectaciones por el desplome, o que tuvieron vinculación con algunas personas que sufrieron daños.

Ante esa situación, el Ministerio Público solicita al Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional que declare la complejidad del caso y que imponga prisión preventiva Antonio Espaillat y arresto domiciliario a su hermana Maribel Espaillat, quien se encuentra interna aquejada de salud.

El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como los golpes y heridas involuntarias.

El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado la vida por encima del dinero”.

Además, se ha señalado que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas que comprometen su responsabilidad penal”.

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«La Torita» con garantía de un millón de pesos por acusación de difamación al procurador Iván Féliz

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SANTO DOMINGO. – Ongrid Jorge, la comunicadora mejor conocida como  «La Torita» fue detenida este miércoles luego de conocerse la medida de coerción en su contra por una querella de difamación interpuesta por el procurador Iván Feliz, quien permanecerá en custodia hasta que se deposite la garantía económica impuesta por el tribunal.

Así lo explicó su abogado, Enrique Santelises, quien señaló que, inicialmente, su defendida fue declarada en rebeldía por llegar tarde a la audiencia, pero dicha medida fue anulada rápidamente. “Automáticamente llegamos, yo la presenté a la Secretaría del Tribunal y la rebeldía fue levantada de oficio, como lo establece el artículo 100 del Código Procesal Penal”, indicó.

Posteriormente, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y le impuso como medida de coerción la presentación periódica los primeros días de cada mes, el impedimento de salida del país y una garantía económica de un millón de pesos. “¿Por qué la dejan en la cárcel? Es un protocolo hasta que se cumpla con el pago de la fianza o garantía económica”, explicó Santelises.

El abogado también informó que, una vez se presente el contrato correspondiente a la garantía económica, Jorge será liberada. “Tan pronto la presentemos, ella quedará en libertad y el proceso continuará su curso.

La medida de coerción, la presentación periódica, es por un tiempo de seis meses”, precisó.

Santelises calificó como desproporcionada la medida adoptada por el tribunal, alegando que su clienta atraviesa dificultades económicas.

“No había necesidad de presentarle a ella o imponerle una garantía económica de un millón de pesos cuando todo el mundo sabe que Ingrid Jorge está pasando por una situación económica insuficiente”, declaró.

Agregó además que “la sanción a un ciudadano debe ser proporcional” y sostuvo que “todavía la supuesta víctima, en este caso Iván Feliz, no ha demostrado que está afectado”.

Mientras tanto, el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para presentar la acusación formal y concluir con la investigación.

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Detectan graves irregularidades en licitación del INABIE para mochilas y útiles escolares

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Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), reveló mediante un informe preliminar, múltiples irregularidades en el proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para la adquisición de mochilas y kits escolares correspondientes a los períodos 2025-2026 y 2026-2027.

La investigación, identificada con el número DGCP44-2025-002328, señala siete fallas graves que comprometen la legalidad y transparencia del proceso, entre ellas indicios de colusión, conflictos de interés y errores sustanciales en la evaluación técnica de las ofertas presentadas por 103 proveedores.

Estos hallazgos respaldan las denuncias realizadas previamente en el programa«El Informe con Alicia Ortega», que puso en evidencia las irregularidades en esta contratación pública.

El informe detalla que se habilitaron ofertas que no subsanaron observaciones requeridas, lo que violó los protocolos de evaluación establecidos. Además, peritos que no fueron designados oficialmente por el Comité de Compras del INABIE participaron en evaluaciones clave, comprometiendo la imparcialidad del proceso.

Entre los hallazgos, se incluyen errores y omisiones en las verificaciones técnicas, lo que habría permitido la aprobación de empresas sin cumplir con los requisitos. Asimismo, se detectaron fallas materiales y sustanciales en las garantías de seriedad de las ofertas, documentos esenciales para asegurar el compromiso de los oferentes.

La DGCP, también señaló opacidad en el cálculo de puntajes, falta de publicidad en los actos de evaluación técnica y posibles vínculos entre evaluadores y empresas, lo que plantea un posible escenario de conflicto de interés y prácticas anticompetitivas.

Como parte del proceso, la DGCP otorgó un plazo de cinco días hábiles a los proveedores implicados y al INABIE para presentar sus descargos. De no justificarse las irregularidades, el órgano rector podría anular las adjudicaciones y ordenar un replanteamiento total del proceso.

“Una vez vencido el referido plazo, se emitirá la Resolución con los resultados definitivos de la investigación”, indica el documento, citando lo establecido en el artículo 224 del Reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones.

Este nuevo episodio vuelve a poner en el foco público al INABIE, una institución clave para el bienestar estudiantil, y refuerza el rol de la prensa en la fiscalización de los fondos públicos, como lo evidenció el reportaje de «El Informe con Alicia Ortega», que precedió esta intervención de la DGCP.

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Decomisan más de 8,000 municiones encontradas en el interior de un motor de vehículo

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Santo Domingo.- 8,396 cápsulas de municiones calibre 9 mm, procedentes de Brooklyn, Nueva York, fueron decomisados por la Dirección General de Aduanas (DGA), las cuales llegaron al pais en un motor de vehículo y para su detección las autoridades tuvieron que hacer un riguroso escaneo con tecnología de rayos x.

Mediante el uso de tecnología no intrusiva, como los escáneres de rayos X, Escáner Móvil, Bodycams y Bodyscans han sido clave para la detección con precisión de múltiples decomisos de cargamentos ilícitos en territorio nacional por parte de las autoridades.

El director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, ha reiterado que estos hallazgos muestran la efectividad de los protocolos de inspección, contribuyendo directamente a proteger a la ciudadanía, reforzar la seguridad nacional y reducir el contrabando.

“La DGA no solo detecta y reporta los hallazgos de armas y municiones, sino que, también, ejecuta con firmeza las consecuencias derivadas de estos actos ilícitos. En la actualidad, se han registrado más de 100 casos sometidos entre la República Dominicana y los Estados Unidos”, sostuvo el director de la entidad recaudadora.

En una nota informativa la DGA destaca que la implementación de estas estrategias permite la identificación y neutralización de nuevas formas de ocultamiento utilizadas en el tráfico ilícito. Este caso demuestra la necesidad de mantener una vigilancia constante y el uso de las tecnologías para anticiparse a cualquier intento de vulnerar los controles aduaneros.

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