SANTO DOMINGO.– Una acción directa de inconstitucionalidad fue presentada ante el Tribunal Constitucional en contra de la  Ley 61-24 que declara la necesidad de la reforma de la carta magna, la cual proviene a través de un grupo de abogados del ciudadano Luis Ventura Sánchez.

Los accionantes, encabezados por Ramón Emilio Hernández y Máximo Ynoa Jaime, argumentan que la legislación vulnera disposiciones esenciales de la Carta Magna, ya que omite el referendo aprobatorio que exige la Constitución para ciertos cambios fundamentales. 

«El Artículo 267 establece que cualquier reforma constitucional debe seguir los procedimientos indicados en la misma Constitución, mientras que el Artículo 272 especifica que los cambios en temas como los derechos fundamentales o el régimen electoral requieren la aprobación popular a través de un referendo», indica el documento.

Además, cita el artículo 73  que establece que cualquier acto emanado de los poderes públicos que subvierta el orden constitucional es nulo de pleno derecho.

De manera paralela, los accionantes han solicitado que el Tribunal Constitucional adopte medidas cautelares, suspendiendo la entrada en vigor de la referida ley y las deliberaciones de la Asamblea Nacional Revisora, hasta que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la legislación.

Esta medida, según ellos, es necesaria para evitar que el proceso de reforma avance sin cumplir con los requisitos establecidos por la Constitución.

La acción de inconstitucionalidad cita precedentes del propio TC, como la sentencia TC/0224/17, que reafirma la obligatoriedad del referendo para ciertas reformas constitucionales.

Asimismo, han solicitado al Tribunal la convocatoria de una audiencia extraordinaria, con el fin de que esta cuestión se resuelva antes de que la Asamblea Nacional Revisora proclame y publique las reformas propuestas, evitando así posibles violaciones constitucionales.

El Tribunal Constitucional deberá decidir si admite la acción y si procede con las medidas cautelares solicitadas.

an-am

Santo Domingo, R.D.-Por lo menos tres jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional figuran en la pagina 118 de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Publico en contra de la red del caso Camaleón, quienes se consideran victimas en el proceso y que fueron identificados como Keyla Pérez, Elías Santini y Arisleydi Méndez Batista.

El MP relata en la medida de coerción que la lista con los nombres de los jueces fue encontrada en una requisa a uno de los vehículos de Gómez, junto a una pistola y una escopeta modificada con apariencia de fusil.

El Ministerio Público califica esto, en el documento, como una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por el imputado José Ángel Gómez Canaán (Jochi), a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público y la defensa de los siete imputados en el caso Camaleón entrarán al proceso de réplicas y contrarréplicas durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de la red.

Tras terminar la exposición de los abogados de Jochi Gómez Canaán y Carlos Vargas Lorenzo, la jueza del Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, otorgará a los representantes del Ministerio Público la oportunidad de replicar ante las defensas realizadas por los implicados; luego, los acusados podrán contrarreplicar ante lo dicho por la barra de las autoridades, que están encabezada por Wilson Camacho y Mirna Ortíz.

Durante los 10 minutos de receso otorgados por el tribunal, Ingrid Hidalgo, abogada de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), indicó que existen los argumentos suficientes para que su cliente no sea enviado a prisión preventiva como medida de coerción.

«(Baquero) Es un ciudadano español, cuyo pasaporte siempre mantuvo en sus manos; inclusive salió del país, retornó y entrega el pasaporte el día del allanamiento. Es decir, que en todo momento pudo sustraerse del proceso; él está dispuesto y tiene los suficientes arraigos para presentarse en todo acto del proceso como lo ha hecho», expresó Hidalgo.

La jurista indicó que contrario a lo solicitado por el Ministerio Público, quienes pidieron 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, estos manifestaron al tribunal que le impongan a su cliente la presentación periódica cómo medida cautelar.

«Debemos saber que no porque no exista un preso, no hay un proceso y parece que a eso es que estamos acostumbrados. A qué todo el mundo tenga que estar en una cárcel, para que puedan decir que hay un caso», exclamó Hidalgo, quien recalcó que su cliente había entrado al Intrant antes de la llegada de Hugo Beras, uno de los principales implicados en el caso y que renunció de la misma hace poco más de un año.

El Ministerio Público sostiene en su acusación que como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del gran Santo Domingo, Gregorio Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude; además de señalarlo como la persona que facilitó el control de los sistemas a la empresa Transcore Latam S.R.L., la cual no cumplía con los requisitos legales ni técnicos para ejercer esas funciones.

Las autoridades indican que este adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas Aurix, Transcore Latam e Inprosol.

Mientras, falsificó el contenido de una certificación en donde declaraba que el Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam, esto con el propósito de que le desembolsaran el pago.

Baquero es imputado por participar en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos, siendo coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación, se lee en el documento depositado.

«Un expediente vacío»

De su lado, la defensa de Carlos José Peguero manifestó a los medios de comunicación que se encuentran positivos de que su cliente saldrá bien parado de este proceso cautelar.

«Nosotros estamos positivos porque ciertamente, como hemos venido diciendo desde el inicio, esas 304 páginas del Ministerio Público es un expediente vacío; para nadie es un secreto que estos imputados tienen buenos presupuestos, tienen buenas garantías, no se van a sustraer del proceso, mas que ustedes saben que esto es un show más mediático que otra cosa», manifestó el abogado Ricardo Alcántara.

A este se le imputa por los cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.

Al grupo de siete implicados se le acusa de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas esas empresas