Internacionales
Israel bajo presión internacional por posible incursión terrestre en Gaza
AGENCIA AFP
La Franja de Gaza está en una situación humanitaria crítica y sus hospitales se enfrentan a un «colapso total».
FRANJA DE GAZA.-Israel se encontraba este miércoles bajo presión internacional para sopesar los riesgos de invadir Gaza sin asegurar la protección de la población del enclave palestino, hostigada por bombardeos desde el letal ataque llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre.
La Franja de Gaza está en una situación humanitaria crítica y sus hospitales se enfrentan a un «colapso total», alertaron médicos palestinos, que denuncian la falta de combustibles y la escasez de medicamentos.
Israel mantiene además el territorio de 362 km2 y 2,3 millones de habitantes bajo estricto asedio y desplegó frente a él decenas de miles de soldados, con vistas a una posible invasión para «aniquilar» el movimiento islamista Hamás.
Los milicianos también capturaron a más de 200 personas, que fueron llevadas a Gaza como rehenes. Cuatro de ellas han sido liberadas en los últimos días.
Según Hamás, más de 6.500 personas murieron en los bombardeos israelíes.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que Israel debe hacer «todo lo posible» para proteger a los civiles, aunque aseguró que no exigió en ningún momento al gobierno de Netanyahu retrasar una incursión.
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió desde El Cairo, junto a su par egipcio Abdel Fatah al Sisi, que una operación terrestre «masiva» en Gaza sería un «error» porque pondría «en peligro la vida» de civiles «sin proteger a Israel a largo plazo».
Macron, que subraya el derecho de Israel a defenderse, cree igualmente que una invasión terrestre «sería incompatible (…) con el derecho internacional e incluso con las leyes de la guerra».
Sisi advirtió igualmente que una «invasión terrestre» de Gaza provocaría «muchas, muchas víctimas civiles».
«Colapso total»
En el enclave se están agotando igualmente las reservas de agua, electricidad y comida.
La ONU calcula que más de un tercio de los 35 hospitales de la Franja están fuera de servicio por los daños sufridos en los bombardeos o por la falta de combustible.
«Los hospitales están en un estado de colapso total», alertó Mohammed Abu Selmeya, director del hospital Shifa, el mayor de Gaza.
«Más del 90% de los medicamentos y productos se han agotado», advirtió a AFP, subrayando la urgencia de conseguir combustible para los generadores, claves para el funcionamiento del establecimiento.
La ayuda humanitaria empezó a entrar a cuentagotas a Gaza, aunque no incluye el preciado carburante. Desde el sábado, apenas 70 camiones cruzaron el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. Según la ONU, se necesitarían al menos 100 por día.
Israel se niega a permitir la entrada de combustible, alegando que beneficiaría a Hamás.
Una vez que los generadores dejen de funcionar, los hospitales «se convertirán en morgues», advirtió la Cruz Roja.
Ahmad Abdul Hadi, cirujano ortopédico del hospital Nasser, dijo a AFP que debió operar a varios heridos sin anestesia. «No hay suficientes productos anestésicos», pero «los heridos están sufriendo mucho, por lo que no podemos esperar para operarlos», explicó.
«Incursión terrestre»
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, admitió por primera vez que deberá dar «respuestas» por las fallas de seguridad evidenciadas en el letal ataque de Hamás, pero que eso «ocurrirá más tarde».
De momento, «estamos preparando una incursión terrestre», subrayó en un mensaje televisivo. «No puedo decir cuándo, cómo ni cuántos [efectivos] habrá ni las consideraciones que estamos tomando en cuenta» para lanzar la invasión, agregó.
La incursión terrestre se demora, a pesar de haber sido anunciada como inminente. Medios y expertos atribuyen esta tardanza a presiones internacionales y desacuerdos entre políticos y militares. La cuestión de los rehenes también influye.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a Hamás a dar pruebas de vida de los rehenes y a liberarlos «por razones humanitarias y de salud».
Tensiones regionales en aumento
El ejército israelí informó que había golpeado «varias infraestructuras terroristas» del movimiento islamista el miércoles. Hamás indicó por su parte que al menos 700 personas habían muerto en un día en Gaza.
El conflicto provoca tensiones en Cisjordania ocupada, donde más de cien palestinos murieron en operaciones del ejército israelí desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud con sede en Ramala.
También se registró un aumento de ataques de colonos israelíes contra palestinos. Esos ataques deben «parar ahora», clamó Biden.
Las tensiones se extendieron también a la frontera con Líbano, donde hay cruces diarios de artillería entre el ejército israelí y el movimiento islamista Hezbolá.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Turquía y Catar, así como la reina Rania de Jordania, acusaron el miércoles a la comunidad internacional de aplicar un «doble rasero» en su reacción al conflicto.
«El hecho de que algunos países americanos y del norte de Europa no condenen ni impidan la destrucción y el desastre en Gaza constituye un doble rasero muy grave», denunció el canciller turco, Hakan Fidan.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció que anulaba sus planes de viajar a Israel. Israel, por su parte, lo criticó por haber calificado a los milicianos islamistas de «liberadores que protegen su tierra».
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.