Latinoamericanas
Iván Márquez: necesitamos reconstruir el país entre todos
La delegación del grupo insurgente manifestó que tras la firma del acuerdo del cese al fuego se está cerca de la reconciliación.
El jefe negociador dijo que se debe cumplir lo pactado en la hoja de ruta. | Foto: AP
El jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), Iván Márquez, destacó que con la firma del acuerdo del cese al fuego se rindió tributo a la paz y constituye el más grande y significativo paso que permitirá hacer realidad el deseo nacional de terminar la guerra.
Márquez indicó que este logro habrá de conducir al Gobierno y el grupo insurgente al Acuerdo Final si se cumple la hoja de ruta que se estableció.
«Luego de 50 años de una confrontación política pareciera que estamos a la puerta del proceso para dar fin al conflicto (…) Necesitamos reconstruir el país aun con quienes han sido reacios a reconocer que estamos en el albor de una enorme posibilidad de cambio «, dijo.
>> Humberto de la Calle elogió los nuevos acuerdos de La Habana
Precisó que además del armisticio está el acuerdo de dejación de armas que para las FARC-EP significa la proscripción del uso de las mismas para hacer política.
En este sentido, afirmó que para ello se necesita sembrar en los campos y ciudades la justicia social, la democracia verdadera, la soberanía y la inclusión.
Otro de los deberes es encaminarse hacia la superación de la marginalidad, la desigualdad y la pobreza para lograr el bienestar general y la defensa anticipada de los derechos de los que estás por nacer, acotó.
No más falsos positivos
El jefe negociador de las FARC-EP aclaró que además del silenciamiento de las armas no debe haber más guerra sucia, falsos positivos, amenazas ni asesinatos contra dirigentes populares y defensores de los Derechos Humanos ni más criminalización de quienes han trabajado por la paz.
Precisó que la dejación de armas es un proceso de mutuas responsabilidades de la más amplia amnistía como lo contemplan las Convenciones de Ginebra y se espera que abra los caminos para la reincorporación de la insurgencia a la vida legal.
«La no repetición debe ser un compromiso cierto y una obligación moral», expresó.
Las FARC-EP aspiran llegar pronto a un acuerdo sobre refrendación que permita la máxima participación popular en la definición de los destinos del país, aseveró.
>> Adiós a la guerra: firmado cese al fuego en Colombia
También, advirtió que la hoja de ruta no puede quedar atrapada en enredaderas jurídicas «inventadas por gente muy inteligente que no ha logrado entender que la paz es el bien superior».
«Estamos cerca de nuestra reconciliación, debemos aferrarnos con toda nuestra fuerza a la esperanza que destelló ayer en La Habana. No podemos dejar pasar esta oportunidad», sostuvo.
Liberación de Simón Trinidad
Marquéz reiteró la propuesta que hizo el grupo insurgente en el mes de abril de que sea el jefe guerrillero Juvenal Ricardo Palmera alias «Simón Trinidad», preso en Estados Unidos, el encargado de coordinar el proceso de dejación de armas.
Mencionó que por esta razón se ha solicitado su liberación y ante esta petición el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, dio esperanza.
>> FARC propone que Simón Trinidad coordine la dejación de armas
Señaló que la FARC-EP desea que el tema de la Amnistía esté resuelto antes de la firma del Acuerdo Final.
Por su parte, Pablo Catatumbo subrayó que la paz no está herida sino fortalecida.«Lo que está herida es la guerra y esa tendencia a querer resolver todo por medio de la guerra», manifestó.
Agencia AP
Bogotá, Colombia.-El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez llegó el martes a su fin y en adelante la jueza deberá decidir si lo absuelve o lo declara culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, un hecho sin precedentes al ser el primer exmandatario en afrontar un juicio en Colombia.
Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para, con ayuda de terceros, manipular testigos en busca de cambiar sus versiones o para que declarasen que no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
La jueza citó para el 28 de julio para dar sentido del fallo. De ser hallado culpable, Uribe Vélez se expone a una pena de hasta 12 años de prisión.
El expresidente, último en intervenir durante el juicio, pidió a la juez ser absuelto: “Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón, yo le pido a usted que me absuelva». Aseguró que nunca ordenó buscar a personas presas para que cambiaran su versión, sino que solicitó verificar informes que le llegaban sobre «manipulaciones de políticos para afectar mi reputación”.
“Le he dado la cara a la justicia colombiana”, resaltó Uribe, quien aseguró que no está en sus planes salir del país ni pedir asilo político.
La jueza tiene bajo sus hombros la responsabilidad de decidir el futuro judicial de uno de los políticos más influyentes en Colombia. Uribe lidera el Centro Democrático, principal partido de oposición a Gustavo Petro, primer presidente de tendencia izquierdista en el país sudamericano.
¿Cómo inició el proceso?
El proceso judicial empezó en 2012 cuando Uribe Vélez denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por buscar en las cárceles testimonios de paramilitares que declarasen en su contra y lo vincularan con el paramilitarismo, una facción armada que combatía a las guerrillas de izquierda.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia cerró la causa contra Cepeda al no hallar méritos y abrió una contra Uribe Vélez para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos. Dos años después, el entonces senador Uribe Vélez fue detenido dos meses en una hacienda de su propiedad.
Sin embargo, salió libre al renunciar a su escaño en el Congreso, por lo que la corte perdió competencia y el caso pasó a la fiscalía. Sólo fue en 2024 cuando la fiscalía decidió acusar formalmente a Uribe y llevarlo a juicio.
Las claves del juicio
La jueza deberá ahora determinar si Uribe, a través de un abogado, buscó cambiar la versión que había dado en su contra Juan Guillermo Monsalve, preso por secuestro extorsivo, quien ha declarado que en una hacienda que perteneció a la familia de Uribe Vélez se creó en la década de 1990 un grupo paramilitar al que perteneció.
La defensa de Uribe asegura que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse que quería retractarse de sus dichos. La fiscalía sostiene que el abogado Diego Cadena, actuando en nombre de Uribe, buscó su retractación con sobornos.
La fiscalía también dice que Cadena buscó, en nombre de Uribe, al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor” para que declarara a favor de Uribe supuestamente a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
La jueza también deberá determinar si Uribe buscó o no al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
Entre las pruebas del juicio, estuvieron las grabaciones de las llamadas interceptadas que sostuvo Uribe con el abogado Cadena. La fiscalía asegura que en ellas se prueba que Uribe le daba instrucciones al abogado para sobornar testigos.
La defensa aseguró que Uribe no dio instrucciones en ese sentido en las llamadas y pidió que no fueran tomadas como pruebas, alegando que fueron obtenidas por error cuando la justicia investigaba a otro congresista.
Agencia EFE
La Habana.- Doce personas heridas, una de ellas de gravedad, fue el saldo de un accidente de tránsito ocurrido este jueves por el choque entre un auto y un tractor en la localidad de Santa Martha, de la provincia cubana provincia de Matanzas (oeste), informaron medios estatales.
La persona herida de gravedad es una adolescente de 15 años que fue trasladada a un hospital provincial.
Un informe del Ministerio del Transporte, divulgado en mayo pasado, refirió que en el primer trimestre de 2025 las muertes por accidentes de tránsito en Cuba aumentaron un 18 % (un total de 173) en comparación con igual periodo del año anterior.
Además, indicó que entre enero y marzo hubo una disminución de lesionados por accidentes de tráfico en su comparación interanual, al pasar de 1,601 en el ejercicio pasado a 1,514 en el presente.
En 2024, en la isla se registraron 7,507 accidentes de tráfico, un 12 % menos que en 2023, según la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Las autoridades citaron la falta de atención al control del vehículo -en el 30 % de los casos- y no conceder el derecho de vía (29,9 %) como las principales causas de la accidentalidad en las vías cubanas.
El Gobierno cubano también ha reconocido que el mal estado de las calles y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre 40 y 70 años de circulación- son otros factores que han provocado accidentes en las vías.
Puerto Príncipe.- La embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe exhortó a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Haití y, si ya se encuentran allí, abandonar el país lo antes posible.
«No viajen a Haití. Si es usted ciudadano estadounidense en Haití: abandone Haití lo antes posible mediante medios de transporte comerciales o privados», escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
La legación pide también a sus ciudadanos que eviten las multitudes y sigan los medios de comunicación para obtener información actualizada, y que eviten las zonas en las que se hayan registrado actos violentos, manifestaciones o disturbios.
VUELOS REANUDADOS
La embajada recordó que se han reanudado los vuelos comerciales regulares entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien (norte) y el aeropuerto Antoine Simon de Les Cayes (sur), así como entre el aeropuerto internacional de Cap-Haitien y la terminal nacional Guy Malary de Puerto Príncipe (oeste).
«Los ciudadanos estadounidenses en Haití deben abandonar el país por medios de transporte comerciales o privados cuando consideren que es posible hacerlo con total seguridad», se lee en la nota.
RIESGOS HELICOPTEROS
La embajada destacó que tiene conocimiento de ciudadanos estadounidenses que se desplazan a Cap-Haitien en helicóptero desde lugares que no son aeropuertos comerciales.
«Estos vuelos conllevan riesgos potenciales que los ciudadanos deben tener en cuenta antes de subir al avión», consideró la embajada.
Recordó que el personal del Gobierno estadounidense no está autorizado a viajar en vuelos comerciales con destino u origen en Puerto Príncipe debido a las restricciones de la Administración Federal de Aviación (FDA) y a los riesgos potenciales para el tráfico aéreo.
«El Gobierno estadounidense no respalda a las compañías privadas o comerciales», advirtió la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
BANDAS SIEMBRAN EL TERROR
Desde hace años, en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y en ciudades de otros departamentos como Artibonite y Centro los grupos armados siembran el terror con ataques, asesinatos, secuestros y violaciones.
Según los datos más recientes del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, al menos 2.680 personas murieron a causa de la violencia armada interna entre enero y mayo pasados en un país con en torno a 1,3 millones de desplazados, de ellos más de la mitad menores.
jt/am