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JCE adelanta que presentará presupuesto complementario esta semana
Román Jáquez, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), informó que esta semana la institución estará presentando un presupuesto complementario, solicitud que se fundamenta en las necesidades del órgano comicial que inició los trabajos de cara a las elecciones del 2024.
Destacó que las instituciones lo que deben hacer valer es el principio de legalidad, al explicar que “un monto presupuestario que por ley se establece, nunca ha sido dado en la dimensión que lo amerita”, al recordar que incluso, el pasado Pleno solicitó un monto que se redujo en un 60 %, hecho al que se suma que con la pandemia y su recrudecimiento, las tasas que recibe el órgano electoral se redujeron, pero que pese a esta situación “se está trabajando”.
“La Junta Central Electoral necesita un presupuesto complementario y ¿por qué?, y me permito profundizar… la organización y el ciclo electoral ya inició el 17 de agosto del 2020, entonces, en ese sentido, nosotros ya en este año 2021 lo estamos trabajando como un año preelectoral”, explicó el presidente de la JCE.
Argumentó que para la institución los años 2021, 2022 y 2023, los tres, en materia de trabajos y de proyectos, “son para nosotros presupuestariamente años preelectorales”.
Manifestó que otra explicación válida para someter la solicitud del presupuesto complementario, descansa en las Juntas Electorales, al precisar que este año se está llevando a cabo un diagnóstico regional en este sentido.
“Convocamos a las Juntas Electorales por regiones para hacer un diagnóstico de las necesidades materiales, de las necesidades de infraestructura, de las necesidades de recursos humanos y haciendo también un balance de las debilidades y fortalezas del proceso anterior desde el punto de vista de la administración electoral y de la justicia electoral”, explicó Jáquez Liranzo.
Resaltó que hay que tomar en cuenta que las Juntas Electorales tienen doble función: juzgan y administran el proceso.
Sobre los encuentros que se están llevando a cabo a nivel nacional, dijo que precisamente el pasado viernes proseguían en San Juan, pero que por el repunte en algunas provincias de los casos del covid-19 y el reforzamiento de las medidas de restricciones, se vieron en la necesidad de posponerlo.
El presidente de la Junta Central Electoral adelantó que para agosto inicia el proceso de reestructuración de las Juntas Electorales, punto en el que se detuvo para explicar, que esto no estaba pautado en el presupuesto, porque normalmente estos procesos ocurren un año o 9 meses antes de las elecciones.
Dijo que el Pleno ha decidido empezar la reestructuración de las Juntas Electorales en esta etapa por varias razones: por la capacitación y formación.
“¿Qué ocurre, en este último semestre la idea es reestructurar todas las Juntas Electorales a nivel nacional e internacional, porque están las OCLEE, por ejemplo en Nueva York y hasta en Holanda, que es el voto en el exterior, entonces, una vez estén ratificadas todas estas Juntas Electorales, o con ratificados o nuevas designaciones (presidente, presidenta, primera vocal y sus respectivos suplentes) entonces viene un proceso de capacitación en el 2022”, explicó Jáquez Liranzo.
El magistrado presidente de la JCE adelantó además, que el Pleno pretende convertir la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), en un instituto especializado en Educación Superior como la Escuela Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.
“Para el 2022 pretendemos que todos los miembros de las Juntas Electorales que tengan una profesión… según las condiciones, que a principios del 2023 todos tengan una maestría virtual o semipresencial en administración electoral actualizada a la República Dominicana, así como dos diplomados en el 2022: uno de fundamentos y uno de reforzamientos”, explicó Jáquez Liranzo.
Observó que esa reestructuración a partir de agosto será con la convocatoria de los partidos políticos, movimientos, agrupaciones, sociedad civil, integrantes de las academias, así como empresarios, para que todos en cada Junta Electoral hagan sus propuestas. “Y la JCE va a buscar un perfil, que ya lo tiene definido en base a esas condiciones que se ameritan”.
Destacó que la capacitación también contempla una formación en justicia electoral, valores democráticos y en ética gubernamental.
“Tienen que entender que un miembro de una Junta Electoral, y usted dirá, pero por qué tanta preocupación, porque es la espina dorsal del proceso, son los que organizan las elecciones a un nivel tal, que son los que designan los miembros de los colegios y mesas electorales”, señaló Jáquez Liranzo.
El presidente de la Junta Central apuntó que para el 2022 la meta de la institución es tener a todos los miembros de las Juntas electorales capacitados para el 2023, iniciar ese proceso de inducción y de talleres para los que van a conformar las mesas y colegios electorales para las elecciones de febrero y de mayo del 2024.
“Hacer ese registro de legibles desde temprano con una convocatoria y sensibilización a jóvenes, profesionales, a universitarios, con la intención, no es que la ley prohíbe que sean miembros de partidos políticos, pero lo ideal es que esos miembros sean personas desvinculadas a los partidos”, observó el presidente del órgano comicial.
Ante la pregunta de ¿cómo hacerlo?, Jáquez Liranzo señaló que contemplan un plan de sensibilización vía el EFEC, capacitación y formación, así como publicaciones e investigaciones.
“La sensibilización tiene tres ejes: competencia de la JCE, los valores democráticos y la participación ciudadana en los procesos democráticos que empieza con conferencias en las universidades”, explicó el también expresidente del Tribunal Superior Electoral.
Adelantó también que hay un proyecto de jóvenes que la JCE está valorando, que contempla su integración de cara a los comicios del 2024.
Al hablar de la democracia electoral y de recuperar la confianza sobre la misma en el país, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, reflexionó que ciertamente en febrero del 2020 hubo unas elecciones que iniciaron y tuvieron que ser suspendidas, posteriormente las elecciones de mayo por la pandemia del covid, también fueron más que suspendidas, pospuestas.
En ese sentido, dijo que no solamente en República Dominicana los órganos electorales de la región viven esos ataques a la integridad electoral como al proceso, ya que inmediatamente se ataca a la imparcialidad de los órganos o a quienes los integran, ya a la misma independencia.
“Nosotros claramente vemos tres aspectos que hay que trabajarlos y por eso estamos enfocados en ellos: el aspecto de la independencia, confianza y legitimidad”, dijo.
Razonó que la independencia ya no desde el punto de vista del órgano, “porque uno tiene una independencia constitucional por separación de poderes, ahora bien, la independencia per se como ser humano: ¡Uno es independiente! Siempre lo he dicho, por el carácter. Quien te va a permitir a ti ser o no ser imparcial es tu carácter, tu convicción y tus principios y valores democráticos”.
Con relación a la legitimidad, explicó que esta se va construyendo. “Hay una legitimidad de entrada… nosotros fuimos elegido por el órgano constitucionalmente competente, que fue el Senado de la República. Sin embargo, hay una legitimidad que se va construyendo y la confianza se gana”.
“Hay una expresión que quisiera usar: ´una cadena de confianza´. No es que yo voy a ser confiable porque yo lo diga, es una cadena de acciones y de hechos que me van a permitir a mí que la ciudadanía y el sistema de partidos políticos, movimientos y agrupaciones vayan confiando en la institucionalidad y en las personas que gestionan el proceso electoral y el Registro Civil también, porque es el día a día de la JCE”, manifestó Jáquez Liranzo.
Dijo que “son acciones y comportamientos de nosotros los miembros titulares de la JCE y de los suplentes, las que van a hacer que esa cadena de confianza, que al final, y lo hemos dicho, van a convertir ese voto de confianza que se nos ha dado en válido y que no sea anulado el 24… y que nosotros podamos seguir mirando hacia la Plaza de la Bandera las banderas y que la plaza esté vacía porque es un proceso apegado a la integridad. ¡Ese es nuestro compromiso con la sociedad dominicana!”.
Sobre la independencia de la JCE, el magistrado Román Jáquez Liranzo, dijo que el país vive un modelo latinoamericano, pero que hay otra frase que es muy fuerte constitucionalmente: “que somos autónomos” y que además, esa independencia es incluso presupuestaria.
Sobre la fiscalización y el control de los gastos de los partidos y los candidatos, precisó que la ley habla de una unidad que está ahí.
“Lo primero que hicimos fue, que le dimos la condición de dirección a esa unidad; segundo, determinamos que la fiscalización y control de los recursos de los partidos deben ser fiscalizados cada año y no solo en el año electoral”, dijo.
Adelantó también que están trabajando con la propuesta de modificación a las dos leyes: la Régimen Electoral y de Partidos Políticos, estableciendo mecanismos que permitan que el cumplimiento a la misma no sea benigno, sino que realmente haya temor al incumplimiento de la norma.
“En el próximo mes ya la empezaremos a socializar esa propuesta con los partidos, la sociedad civil, academias, movimientos que luchan por la estabilidad democrática, medios de comunicación, líderes religiosos, empresarios y los partidos”, informó el presidente de la JCE, quien agregó que lo primero, es que “esta unidad debe estar fortalecida con auditores, contadores, software, etc.”.
En lo concerniente a crímenes y delitos electorales, puntualizó que la JCE no tiene competencia para juzgarlos, pero sí puede tramitarlos, ya que eso es competencia del Fiscal Electoral.
En ese contexto, señaló que “esa unidad especializada depende del director de Persecución que a su vez depende de la procuradora, porque el Ministerio Público lo que tiene es una unidad”.
“No hay real y efectivamente un Fiscal Electoral que tiene una estructura independiente del MP, es una unidad especializada que depende, y esta supervisada y dirigida”, reiteró.
A propósito de los gastos en campañas electorales, Román Jáquez Liranzo señaló que el Pleno de la JCE está muy preocupado por el gasto excesivo en las mismas.
“Creemos que es exagerado, clientelista y preocupante, que para usted ser vocal o regidor haya que buscar millones y millones de pesos a veces sin controles”, puntualizó.
Sobre todos los procesos que lleva y llevará a cabo la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo apuntó que siempre dentro de la facultad de la ley, estará presente el consensuar con los partidos y demás sectores sociales.
“Consensuar hasta donde la ley me lo permita. Este Pleno, tenga la certeza, lo que sí va a hacer es que va a aplicar la ley”, dijo.
Al cerrar la entrevista concedida a Pablo Mckinney, dijo que el Pleno de la JCE hará respetar la Constitución y las leyes, y aprovechó para reiterar que desde este órgano se quiere la paridad en este país: “Ninguna proporción de un 60-40, eso es un chantaje, ojalá el poder político lo acoja”.
Dirección de Comunicaciones
13 de junio 2021
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Testigo dice en juicio Coral que de nómina del Cestur se desviaron RD$25 MM para las elecciones de 2020
Santo Domingo, R.D.-El capitán Miguel Cancú Ramírez, testigo del Ministerio Público, reveló este jueves que por lo menos 25 millones de pesos fueron desviados de la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) para ser usados en las elecciones del 2020.
Las declaraciones se produjeron durante el juicio de fondo de los casos Coral y Coral 5G ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Cancú Ramírez detalló al tribunal «cómo se estructuraron maniobras fraudulentas que incluyeron el desvío del dinero».
Este monto, según dijo, fue solicitado bajo la justificación de apoyo logístico para actividades turísticas en Las Terrenas, pero posteriormente transferido y retirado en efectivo para ser devueltos, de manera líquida al Ministerio Administrativo de la Presidencia, en el último gobierno del expresidente Danilo Medina, supuestamente con fines electorales.
El capitán Miguel Cancú Ramírez durante su testimonio ante el tribunal.
El testigo explicó que los fondos de inteligencia de Cestur eran retirados en la sucursal del Banreservas de la avenida Venezuela, en Santo Domingo Este, «entidad bancaria que también era manipulada».
Manifestó que, solo un 10 % de los recursos se destinaba a actividades reales, como supervisión en puntos estratégicos, el resto era utilizado para otros fines. Entre las operaciones irregulares destacó la creación de operativos ficticios, como actividades de cruceros y carnavales, para justificar el gasto de viáticos. Mensualmente, estos montos ascendían a 204 mil pesos, los cuales eran entregados al coronel Rafael Núñez de Aza tras pagar una cantidad mínima a personal ficticio.
Otro esquema denunciado por Cancú involucró la manipulación de la nómina de Cestur. Según sus declaraciones, cada año se solicitaban fondos para incluir nuevos miembros en Politur, pero muchas de estas inclusiones eran ficticias. Dijo que el coronel Jeudy Guzmán y el coronel Rafael Núñez de Aza, con la mediación del mayor Raúl Girón, supervisaban estas operaciones, asegura el testigo.
Indicó que el coronel Guzmán, al descubrir las irregularidades, exigió ser beneficiado, lo que le permitió adquirir una Ford Explorer blanca con los fondos sustraídos.
Cancú Ramírez detalló además que, como director financiero de Politur, recibía un salario de 90 mil pesos, pero debía entregar 20 mil a Núñez de Aza a través de Girón, quedándose únicamente con 70 mil.
El testimonio incluyó supuestas irregularidades en los procesos de compras y contrataciones. El exdirector financiero de Politur mencionó que empresas como Santo Domingo Motors y Viamar «otorgaron comisiones de hasta un 10 % a favor del general Torres Robiou y el coronel Núñez de Aza». También se destacó que Optimus, una empresa vinculada directamente al coronel Núñez de Aza, manejaba cuentas utilizadas en estos esquemas.
Asimismo, explicó que el monto destinado a seguros de vehículos, gestionado por Quilvio Rodríguez, incrementó significativamente debido a la adquisición masiva de vehículos bajo contratos irregulares.
Ministerio Público incorporó evidencias
Con el testigo, el Ministerio Público incorporó la acta de entrega voluntaria de un disco duro, dos celulares, junto a dichas pruebas materiales que había entregado previamente al órgano acusador.
De igual modo, la memoria que contiene los cinco cheques que fueron emitidos por Presidencia, libramientos de las empresas que respondían a Rafael Núñez de Aza, cuentas por pagar de Cestur y una guía descriptiva de las carpetas que fueron incluidas en la memoria.
El acta de entrega voluntaria y la memoria fueron incorporadas como pruebas documentales y materiales, respectivamente.
Las informaciones entregadas en los dispositivos electrónicos le fue suministrada por el entonces Cestur.
«Procedimos a borrar la mayoría de las informaciones del Cestur a requerimiento del coronel Rafael Núñez de Aza. Sin embargo del Departamento de Contabilidad no se llegaron a borrar las informaciones y luego fueron conseguidas», destaca.
Defensa del coronel
Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, negó que su defendido sea la cabeza financiera del supuesto entramado desmantelado mediante la operación Coral.
El abogado Félix Portes defiende al coronel Rafael Núñez de Aza.
«Todo lo que hizo nuestro representado está documentado y firmado y a partir del martes se sabrá que el testigo no ha dicho la verdad», objetó Portes.
Se cuestionó, además, sobre el porqué el testigo, si sabía todo este entramado, no está imputado en el caso.
«Hay que ver cuántos millones él manejó, para él ahora venir a limpiarse las manos», puntualizó el abogado.
Próximo juicio
El juicio continuará el próximo martes 14 de enero, a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Tocará a la defensa de los imputados contrainterrogar al testigo presentado por el órgano acusador.
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Tremendismo de legisladores oficialistas que cambian nombre de Juan Bosch por Peña Gómez a la Circunvalación Santo Domingo
Santo Domingo, R.D.-En un tremendismo que no tiene perdón de toda persona sensata, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que designa con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez la autopista Circunvalación Profesor Juan Bosch, también conocida como Circunvalación de Santo Domingo.
El nombre Circunvalación Profesor Juan Bosch fue colocado por el entonces presidente de la República, Danilo Medina.
Fue el 30 de junio de 2015 cuando el expresidente Medina inauguró la primera fase del segundo tramo de esta Circunvalación.
Castillo Liriano es el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Senado.
Para designar el nombre de José Francisco Peña Gómez se tomó en consideración que este dejó un legado a favor de los residentes de la capital y sectores periféricos durante su carrera política.
Además, se consideró que Peña Gómez fue un gran defensor y promotor de la democracia, «una persona excepcional, avanzada en su tiempo y con un pensamiento como un gran intelectual, político de fuste; su impresionante oratoria poder de convocatoria les sirvieron de zapata para consolidar su presencia en organismos políticos internacionales»:
«Es deber del Estado reconocer y promover a aquellos hombres y mujeres que han trascendido en la sociedad, han trasmitido valores auténticos y sirven de ejemplo para el fortalecimiento de las presentes y las futuras generaciones» explica.
Esta ley será aplicada en las provincias San Cristóbal y Santo Domingo.
Sobre la autopista Circunvalación Profesor Juan Bosch
Esta autopista fue construida por un monto superior a los US$130 millones y abarcó 16.5 kilómetros.
El segundo tramo de esta circunvalación fue inaugurado el 17 de junio de 2020, que actualmente conecta directamente las autopistas Duarte, Sánchez y Las Américas.
Con una longitud de 20.20 kilómetros, este segundo tramo posee dos carriles de 3.60 metros de ancho en ambas direcciones, 6 puentes, 6 distribuidores, 4 pasos vehiculares inferiores, 3 pasos peatonales/motores inferiores, y 1 estación de peaje.
Juan Emilio Bosch Gaviño nació en la provincia de La Vega el 30 de junio de 1909. Fue escritor, presidente de la República y fundador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Murió el 1 de noviembre de 2001 en Santo Domingo.
Bosch llegó al poder luego de la dictadura de los 31 años de Rafael Leónidas Trujillo. Su gobierno fue el primer democrático, pero solo duró siete meses, hasta en septiembre de 1963, cuando fue derrocado por un golpe de estado.
Francisco Peña Gómez
José Francisco Antonio Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la provincia Valverde.
Peña Gómez fue profesor, alcalde y político. Luego del golpe de estado que derrocó a Bosch, se convirtió en el líder principal del PRD en el país.
Intentó buscar varias veces la presidencia del país, pero nunca llegó al poder.
Santo Domingo, R.D.-Novecientos treinta kilogramos de drogas fueron incinerados este jueves por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), las cuales fueron ocupadas en operativos realizados por las autoridades en diferentes zonas del pais.
La quema incluyó una variedad de sustancias controladas y no controladas.
De acuerdo con el informe oficial del Inacif, entre las sustancias destruidas se encuentran 821.825 kilogramos de cocaína clorhidratada, 106.865 kilogramos de marihuana, 603.598 gramos de crack, 27.750 gramos de éxtasis y 15.980 gramos de fentermina, además de 1.502 kilogramos de sustancias no controladas.
El informe especificó que el peso total de las drogas quemadas alcanzó 930.840 kilogramos, que corresponden a un total de 554 casos.
En cuanto a las incautaciones más recientes, las provincias con mayores cantidades de drogas ocupadas en 2025 han sido Pedernales con 793 kilos, Elías Piña con 93.35 kilos, Santo Domingo con 13.59 kilos y La Altagracia con 12.66 kilos.
Desde el inicio de la gestión, el Inacif ha destruido un total de 237,437.16 kilos de drogas, destacando que 175,327.720 kilos son de cocaína y 60,879.374 kilos de marihuana.
La quema de las sustancias se realiza semanalmente siguiendo lo estipulado en los artículos 33 y 92 de la Ley 50-88 sobre drogas y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El procedimiento se lleva a cabo en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.