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Miembros de Junta Central Electoral con reto sobre distribución de recursos entre los partidos políticos.
Es un verdadero reto para la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) la distribución de recursos y orden de los partidos, ya que sus decisiones al respecto han sido rechazadas por 17 de 26 organizaciones partidarias.
El recién instalado árbitro de las elecciones del 2024 esta ahora obligada a dar una respuesta a las organizaciones que se han unificado para pedir una reconsideración a la resolución 01/2021 de la JCE sobre la distribución de los recursos que otorga el Estado que deja en manos solo del PLD y del PRM el 80 % y el 12 % en 5 organizaciones políticas.
De la JCE mantener la decisión, los partidos quedarán impactados con la reducción de los recursos durante cuatro años con el agravante que recibirán menos en el año preelectoral por el criterio que implementó el órgano para distribuir esos recursos.
El movimiento contra la resolución de la JCE lo encabezan Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), que alegan que la decisión de la JCE los excluye del acceso al 80 % de los fondos públicos y sostienen que el organismo no primó el criterio de razonabilidad y favorabilidad, sino lo contrario.
Entre los cuestionamientos que hacen esas organizaciones a la JCE figuran que violó el procedimiento porque no sometió a la consideración de los partidos su propuesta para la distribución de esos fondos y que por eso la decisión sería nula de pleno derecho. El órgano comicial que preside Román Jáquez, no presentó ante las organizaciones políticas su planteamiento antes de aprobarlo, a pesar de que no coincidía con lo propuesto por la mayoría de los partidos políticos.
Más en el fondo, el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, ha señalado que el artículo 61 de la ley 33/18 no manda a la JCE a hacer un promedio de operaciones matemáticas para aplicar los porcentajes para el acceso a los recursos.
Desde su punto de vista, es más justo que la JCE aplique un criterio en función de la votación obtenida por nivel por cada partido, sin embargo, ha dicho que es partidario de que se tome en cuenta el nivel presidencial porque permite a los partidos recoger la simpatía que tiene a nivel nacional, lo que no ocurre en lo congresual y municipal.
Las organizaciones que han cuestionado la resolución del órgano electoral son Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido de Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Moda, Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Humanista Dominicano (PHD, Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). La resolución también ha sido atacada por dos movimientos locales: Águila y Pa´Cuando. Ayer venció el plazo de la JCE, a los partidos para que opinen sobre las observaciones que se han hecho y el PLD y Dominicanos por el Cambio pidieron a la JCE que rechace la solicitud de reconsideración. Aunque hay partidos que no han sometido recursos de reconsideración a la decisión de la JCE como el Frente Amplio y Alianza por la Democracia, todos están afectados negativamente con la decisión. Esos partidos son aliados al PRM y sus representantes tienen cargos en el gobierno.
¿Podría el tema impactar la gobernabilidad más allá de la JCE?
El tema del financiamiento a los partidos políticos vinculado a la contribución que reciben del Estado se instaló en la opinión pública con el presidente Luis Abinader, que en un discurso al país anunció que este año le reduciría el 50 % de los fondos a los partidos para usar el dinero restante para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que provocó el rechazo de los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
El gobernante anunció el sometimiento de una ley para esos fines, lo que no ha ocurrido, por lo que a los partidos les aprobaron mil 230 millones de pesos que son entregados a través de la JCE.
Sin embargo, se ha dicho que el gobierno persiste en reducir el 50 % de ese dinero, a lo que salieron el frente varios partidos, advirtiendo que la acción sería ilegal y que podría ser sometida ante los tribunales. En ese mismo sentido se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El partido FP, a través de figuras como Roberto Rosario, ha insinuado que la decisión de la JCE estuvo motorizada por el PRM, según dice, con el objetivo de debilitar la organización que dirige Leonel Fernández para competir con el PLD en el 2024, según afirma, porque esa agrupación está afectada0 en su imagen y no tiene posibilidad de éxito electoral.
Si la FP fortalece la creencia de que el PRM pudo influir en la decisión, entonces el tema del financiamiento a los partidos podría no solo afectar la gobernabilidad de la JCE, por mantener inconformes durante cuatro años a 23 partidos, sino en el gobierno, ya que el partido FP ha sido un aliado estratégico del PRM desde la oposición y no se observa una relación hostil ahora que ese partido está en el gobierno.
No hubo unanimidad en primera decisión JCE
La primera decisión de la nueva JCE vinculada a los partidos políticos no fue por voto unánime pues la miembro titular Dolores Fernández, emitió un voto disidente en el que recomienda al pleno que el criterio que se use para la distribución de los recursos sea en función del nivel de votación donde los partidos alcanzaron mayor porcentaje y no en función del promedio como aprobó el pleno. La propuesta de Fernández permitía a cuatro partidos beneficiarse del financiamiento del 80%; a ocho del 12% y los restantes 13 del 8% del dinero. Fernández argumenta que como la ley no establece sobre cuál base se debe interpretar el artículo 61 de la ley 33/18, el pleno debió tomar en cuenta además que las organizaciones participaron en las elecciones en medio de situaciones adversas por la pandemia de la COVID-19 y que la votación registró además una abstención histórica del 45% en la jornada de votación de las elecciones del 5 de julio.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.