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Miembros de Junta Central Electoral con reto sobre distribución de recursos entre los partidos políticos.
Es un verdadero reto para la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) la distribución de recursos y orden de los partidos, ya que sus decisiones al respecto han sido rechazadas por 17 de 26 organizaciones partidarias.
El recién instalado árbitro de las elecciones del 2024 esta ahora obligada a dar una respuesta a las organizaciones que se han unificado para pedir una reconsideración a la resolución 01/2021 de la JCE sobre la distribución de los recursos que otorga el Estado que deja en manos solo del PLD y del PRM el 80 % y el 12 % en 5 organizaciones políticas.
De la JCE mantener la decisión, los partidos quedarán impactados con la reducción de los recursos durante cuatro años con el agravante que recibirán menos en el año preelectoral por el criterio que implementó el órgano para distribuir esos recursos.
El movimiento contra la resolución de la JCE lo encabezan Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), que alegan que la decisión de la JCE los excluye del acceso al 80 % de los fondos públicos y sostienen que el organismo no primó el criterio de razonabilidad y favorabilidad, sino lo contrario.
Entre los cuestionamientos que hacen esas organizaciones a la JCE figuran que violó el procedimiento porque no sometió a la consideración de los partidos su propuesta para la distribución de esos fondos y que por eso la decisión sería nula de pleno derecho. El órgano comicial que preside Román Jáquez, no presentó ante las organizaciones políticas su planteamiento antes de aprobarlo, a pesar de que no coincidía con lo propuesto por la mayoría de los partidos políticos.
Más en el fondo, el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, ha señalado que el artículo 61 de la ley 33/18 no manda a la JCE a hacer un promedio de operaciones matemáticas para aplicar los porcentajes para el acceso a los recursos.
Desde su punto de vista, es más justo que la JCE aplique un criterio en función de la votación obtenida por nivel por cada partido, sin embargo, ha dicho que es partidario de que se tome en cuenta el nivel presidencial porque permite a los partidos recoger la simpatía que tiene a nivel nacional, lo que no ocurre en lo congresual y municipal.
Las organizaciones que han cuestionado la resolución del órgano electoral son Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido de Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Moda, Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Humanista Dominicano (PHD, Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). La resolución también ha sido atacada por dos movimientos locales: Águila y Pa´Cuando. Ayer venció el plazo de la JCE, a los partidos para que opinen sobre las observaciones que se han hecho y el PLD y Dominicanos por el Cambio pidieron a la JCE que rechace la solicitud de reconsideración. Aunque hay partidos que no han sometido recursos de reconsideración a la decisión de la JCE como el Frente Amplio y Alianza por la Democracia, todos están afectados negativamente con la decisión. Esos partidos son aliados al PRM y sus representantes tienen cargos en el gobierno.
¿Podría el tema impactar la gobernabilidad más allá de la JCE?
El tema del financiamiento a los partidos políticos vinculado a la contribución que reciben del Estado se instaló en la opinión pública con el presidente Luis Abinader, que en un discurso al país anunció que este año le reduciría el 50 % de los fondos a los partidos para usar el dinero restante para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que provocó el rechazo de los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
El gobernante anunció el sometimiento de una ley para esos fines, lo que no ha ocurrido, por lo que a los partidos les aprobaron mil 230 millones de pesos que son entregados a través de la JCE.
Sin embargo, se ha dicho que el gobierno persiste en reducir el 50 % de ese dinero, a lo que salieron el frente varios partidos, advirtiendo que la acción sería ilegal y que podría ser sometida ante los tribunales. En ese mismo sentido se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El partido FP, a través de figuras como Roberto Rosario, ha insinuado que la decisión de la JCE estuvo motorizada por el PRM, según dice, con el objetivo de debilitar la organización que dirige Leonel Fernández para competir con el PLD en el 2024, según afirma, porque esa agrupación está afectada0 en su imagen y no tiene posibilidad de éxito electoral.
Si la FP fortalece la creencia de que el PRM pudo influir en la decisión, entonces el tema del financiamiento a los partidos podría no solo afectar la gobernabilidad de la JCE, por mantener inconformes durante cuatro años a 23 partidos, sino en el gobierno, ya que el partido FP ha sido un aliado estratégico del PRM desde la oposición y no se observa una relación hostil ahora que ese partido está en el gobierno.
No hubo unanimidad en primera decisión JCE
La primera decisión de la nueva JCE vinculada a los partidos políticos no fue por voto unánime pues la miembro titular Dolores Fernández, emitió un voto disidente en el que recomienda al pleno que el criterio que se use para la distribución de los recursos sea en función del nivel de votación donde los partidos alcanzaron mayor porcentaje y no en función del promedio como aprobó el pleno. La propuesta de Fernández permitía a cuatro partidos beneficiarse del financiamiento del 80%; a ocho del 12% y los restantes 13 del 8% del dinero. Fernández argumenta que como la ley no establece sobre cuál base se debe interpretar el artículo 61 de la ley 33/18, el pleno debió tomar en cuenta además que las organizaciones participaron en las elecciones en medio de situaciones adversas por la pandemia de la COVID-19 y que la votación registró además una abstención histórica del 45% en la jornada de votación de las elecciones del 5 de julio.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
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Joven que fue golpeada por el coronel Madé en Los Mina se querella en su contra y la Policía
Santo Domingo, R.D.-La joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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PN inicia distribución de agentes para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional realizó este miércoles el acto de distribución de cientos de agentes que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.