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Miembros de Junta Central Electoral con reto sobre distribución de recursos entre los partidos políticos.
Es un verdadero reto para la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) la distribución de recursos y orden de los partidos, ya que sus decisiones al respecto han sido rechazadas por 17 de 26 organizaciones partidarias.
El recién instalado árbitro de las elecciones del 2024 esta ahora obligada a dar una respuesta a las organizaciones que se han unificado para pedir una reconsideración a la resolución 01/2021 de la JCE sobre la distribución de los recursos que otorga el Estado que deja en manos solo del PLD y del PRM el 80 % y el 12 % en 5 organizaciones políticas.
De la JCE mantener la decisión, los partidos quedarán impactados con la reducción de los recursos durante cuatro años con el agravante que recibirán menos en el año preelectoral por el criterio que implementó el órgano para distribuir esos recursos.
El movimiento contra la resolución de la JCE lo encabezan Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), que alegan que la decisión de la JCE los excluye del acceso al 80 % de los fondos públicos y sostienen que el organismo no primó el criterio de razonabilidad y favorabilidad, sino lo contrario.
Entre los cuestionamientos que hacen esas organizaciones a la JCE figuran que violó el procedimiento porque no sometió a la consideración de los partidos su propuesta para la distribución de esos fondos y que por eso la decisión sería nula de pleno derecho. El órgano comicial que preside Román Jáquez, no presentó ante las organizaciones políticas su planteamiento antes de aprobarlo, a pesar de que no coincidía con lo propuesto por la mayoría de los partidos políticos.
Más en el fondo, el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, ha señalado que el artículo 61 de la ley 33/18 no manda a la JCE a hacer un promedio de operaciones matemáticas para aplicar los porcentajes para el acceso a los recursos.
Desde su punto de vista, es más justo que la JCE aplique un criterio en función de la votación obtenida por nivel por cada partido, sin embargo, ha dicho que es partidario de que se tome en cuenta el nivel presidencial porque permite a los partidos recoger la simpatía que tiene a nivel nacional, lo que no ocurre en lo congresual y municipal.
Las organizaciones que han cuestionado la resolución del órgano electoral son Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido de Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Moda, Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Humanista Dominicano (PHD, Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). La resolución también ha sido atacada por dos movimientos locales: Águila y Pa´Cuando. Ayer venció el plazo de la JCE, a los partidos para que opinen sobre las observaciones que se han hecho y el PLD y Dominicanos por el Cambio pidieron a la JCE que rechace la solicitud de reconsideración. Aunque hay partidos que no han sometido recursos de reconsideración a la decisión de la JCE como el Frente Amplio y Alianza por la Democracia, todos están afectados negativamente con la decisión. Esos partidos son aliados al PRM y sus representantes tienen cargos en el gobierno.
¿Podría el tema impactar la gobernabilidad más allá de la JCE?
El tema del financiamiento a los partidos políticos vinculado a la contribución que reciben del Estado se instaló en la opinión pública con el presidente Luis Abinader, que en un discurso al país anunció que este año le reduciría el 50 % de los fondos a los partidos para usar el dinero restante para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que provocó el rechazo de los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
El gobernante anunció el sometimiento de una ley para esos fines, lo que no ha ocurrido, por lo que a los partidos les aprobaron mil 230 millones de pesos que son entregados a través de la JCE.
Sin embargo, se ha dicho que el gobierno persiste en reducir el 50 % de ese dinero, a lo que salieron el frente varios partidos, advirtiendo que la acción sería ilegal y que podría ser sometida ante los tribunales. En ese mismo sentido se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El partido FP, a través de figuras como Roberto Rosario, ha insinuado que la decisión de la JCE estuvo motorizada por el PRM, según dice, con el objetivo de debilitar la organización que dirige Leonel Fernández para competir con el PLD en el 2024, según afirma, porque esa agrupación está afectada0 en su imagen y no tiene posibilidad de éxito electoral.
Si la FP fortalece la creencia de que el PRM pudo influir en la decisión, entonces el tema del financiamiento a los partidos podría no solo afectar la gobernabilidad de la JCE, por mantener inconformes durante cuatro años a 23 partidos, sino en el gobierno, ya que el partido FP ha sido un aliado estratégico del PRM desde la oposición y no se observa una relación hostil ahora que ese partido está en el gobierno.
No hubo unanimidad en primera decisión JCE
La primera decisión de la nueva JCE vinculada a los partidos políticos no fue por voto unánime pues la miembro titular Dolores Fernández, emitió un voto disidente en el que recomienda al pleno que el criterio que se use para la distribución de los recursos sea en función del nivel de votación donde los partidos alcanzaron mayor porcentaje y no en función del promedio como aprobó el pleno. La propuesta de Fernández permitía a cuatro partidos beneficiarse del financiamiento del 80%; a ocho del 12% y los restantes 13 del 8% del dinero. Fernández argumenta que como la ley no establece sobre cuál base se debe interpretar el artículo 61 de la ley 33/18, el pleno debió tomar en cuenta además que las organizaciones participaron en las elecciones en medio de situaciones adversas por la pandemia de la COVID-19 y que la votación registró además una abstención histórica del 45% en la jornada de votación de las elecciones del 5 de julio.
Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.
El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.
Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.
Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.
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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.
Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.
Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.
El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.
El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.
Prohibiciones que propone proyecto de ley
- El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
- También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
- Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
- El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
- Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.
Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).
El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.
En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.
«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.
El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.
Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.
No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.