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Miembros de Junta Central Electoral con reto sobre distribución de recursos entre los partidos políticos.
Es un verdadero reto para la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) la distribución de recursos y orden de los partidos, ya que sus decisiones al respecto han sido rechazadas por 17 de 26 organizaciones partidarias.
El recién instalado árbitro de las elecciones del 2024 esta ahora obligada a dar una respuesta a las organizaciones que se han unificado para pedir una reconsideración a la resolución 01/2021 de la JCE sobre la distribución de los recursos que otorga el Estado que deja en manos solo del PLD y del PRM el 80 % y el 12 % en 5 organizaciones políticas.
De la JCE mantener la decisión, los partidos quedarán impactados con la reducción de los recursos durante cuatro años con el agravante que recibirán menos en el año preelectoral por el criterio que implementó el órgano para distribuir esos recursos.
El movimiento contra la resolución de la JCE lo encabezan Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), que alegan que la decisión de la JCE los excluye del acceso al 80 % de los fondos públicos y sostienen que el organismo no primó el criterio de razonabilidad y favorabilidad, sino lo contrario.
Entre los cuestionamientos que hacen esas organizaciones a la JCE figuran que violó el procedimiento porque no sometió a la consideración de los partidos su propuesta para la distribución de esos fondos y que por eso la decisión sería nula de pleno derecho. El órgano comicial que preside Román Jáquez, no presentó ante las organizaciones políticas su planteamiento antes de aprobarlo, a pesar de que no coincidía con lo propuesto por la mayoría de los partidos políticos.
Más en el fondo, el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, ha señalado que el artículo 61 de la ley 33/18 no manda a la JCE a hacer un promedio de operaciones matemáticas para aplicar los porcentajes para el acceso a los recursos.
Desde su punto de vista, es más justo que la JCE aplique un criterio en función de la votación obtenida por nivel por cada partido, sin embargo, ha dicho que es partidario de que se tome en cuenta el nivel presidencial porque permite a los partidos recoger la simpatía que tiene a nivel nacional, lo que no ocurre en lo congresual y municipal.
Las organizaciones que han cuestionado la resolución del órgano electoral son Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido de Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Moda, Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Humanista Dominicano (PHD, Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). La resolución también ha sido atacada por dos movimientos locales: Águila y Pa´Cuando. Ayer venció el plazo de la JCE, a los partidos para que opinen sobre las observaciones que se han hecho y el PLD y Dominicanos por el Cambio pidieron a la JCE que rechace la solicitud de reconsideración. Aunque hay partidos que no han sometido recursos de reconsideración a la decisión de la JCE como el Frente Amplio y Alianza por la Democracia, todos están afectados negativamente con la decisión. Esos partidos son aliados al PRM y sus representantes tienen cargos en el gobierno.
¿Podría el tema impactar la gobernabilidad más allá de la JCE?
El tema del financiamiento a los partidos políticos vinculado a la contribución que reciben del Estado se instaló en la opinión pública con el presidente Luis Abinader, que en un discurso al país anunció que este año le reduciría el 50 % de los fondos a los partidos para usar el dinero restante para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que provocó el rechazo de los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
El gobernante anunció el sometimiento de una ley para esos fines, lo que no ha ocurrido, por lo que a los partidos les aprobaron mil 230 millones de pesos que son entregados a través de la JCE.
Sin embargo, se ha dicho que el gobierno persiste en reducir el 50 % de ese dinero, a lo que salieron el frente varios partidos, advirtiendo que la acción sería ilegal y que podría ser sometida ante los tribunales. En ese mismo sentido se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El partido FP, a través de figuras como Roberto Rosario, ha insinuado que la decisión de la JCE estuvo motorizada por el PRM, según dice, con el objetivo de debilitar la organización que dirige Leonel Fernández para competir con el PLD en el 2024, según afirma, porque esa agrupación está afectada0 en su imagen y no tiene posibilidad de éxito electoral.
Si la FP fortalece la creencia de que el PRM pudo influir en la decisión, entonces el tema del financiamiento a los partidos podría no solo afectar la gobernabilidad de la JCE, por mantener inconformes durante cuatro años a 23 partidos, sino en el gobierno, ya que el partido FP ha sido un aliado estratégico del PRM desde la oposición y no se observa una relación hostil ahora que ese partido está en el gobierno.
No hubo unanimidad en primera decisión JCE
La primera decisión de la nueva JCE vinculada a los partidos políticos no fue por voto unánime pues la miembro titular Dolores Fernández, emitió un voto disidente en el que recomienda al pleno que el criterio que se use para la distribución de los recursos sea en función del nivel de votación donde los partidos alcanzaron mayor porcentaje y no en función del promedio como aprobó el pleno. La propuesta de Fernández permitía a cuatro partidos beneficiarse del financiamiento del 80%; a ocho del 12% y los restantes 13 del 8% del dinero. Fernández argumenta que como la ley no establece sobre cuál base se debe interpretar el artículo 61 de la ley 33/18, el pleno debió tomar en cuenta además que las organizaciones participaron en las elecciones en medio de situaciones adversas por la pandemia de la COVID-19 y que la votación registró además una abstención histórica del 45% en la jornada de votación de las elecciones del 5 de julio.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am