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Miembros de Junta Central Electoral con reto sobre distribución de recursos entre los partidos políticos.
Es un verdadero reto para la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) la distribución de recursos y orden de los partidos, ya que sus decisiones al respecto han sido rechazadas por 17 de 26 organizaciones partidarias.
El recién instalado árbitro de las elecciones del 2024 esta ahora obligada a dar una respuesta a las organizaciones que se han unificado para pedir una reconsideración a la resolución 01/2021 de la JCE sobre la distribución de los recursos que otorga el Estado que deja en manos solo del PLD y del PRM el 80 % y el 12 % en 5 organizaciones políticas.
De la JCE mantener la decisión, los partidos quedarán impactados con la reducción de los recursos durante cuatro años con el agravante que recibirán menos en el año preelectoral por el criterio que implementó el órgano para distribuir esos recursos.
El movimiento contra la resolución de la JCE lo encabezan Leonel Fernández y su partido, Fuerza del Pueblo (FP), que alegan que la decisión de la JCE los excluye del acceso al 80 % de los fondos públicos y sostienen que el organismo no primó el criterio de razonabilidad y favorabilidad, sino lo contrario.
Entre los cuestionamientos que hacen esas organizaciones a la JCE figuran que violó el procedimiento porque no sometió a la consideración de los partidos su propuesta para la distribución de esos fondos y que por eso la decisión sería nula de pleno derecho. El órgano comicial que preside Román Jáquez, no presentó ante las organizaciones políticas su planteamiento antes de aprobarlo, a pesar de que no coincidía con lo propuesto por la mayoría de los partidos políticos.
Más en el fondo, el expresidente de la JCE y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, ha señalado que el artículo 61 de la ley 33/18 no manda a la JCE a hacer un promedio de operaciones matemáticas para aplicar los porcentajes para el acceso a los recursos.
Desde su punto de vista, es más justo que la JCE aplique un criterio en función de la votación obtenida por nivel por cada partido, sin embargo, ha dicho que es partidario de que se tome en cuenta el nivel presidencial porque permite a los partidos recoger la simpatía que tiene a nivel nacional, lo que no ocurre en lo congresual y municipal.
Las organizaciones que han cuestionado la resolución del órgano electoral son Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido de Unidad Nacional (PUN), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de Acción Liberal (PAL), Partido Liberal Reformista (PLR), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Partido Moda, Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Humanista Dominicano (PHD, Partido Popular Cristiano (PPC) y el Partido Revolucionario Independiente (PRI). La resolución también ha sido atacada por dos movimientos locales: Águila y Pa´Cuando. Ayer venció el plazo de la JCE, a los partidos para que opinen sobre las observaciones que se han hecho y el PLD y Dominicanos por el Cambio pidieron a la JCE que rechace la solicitud de reconsideración. Aunque hay partidos que no han sometido recursos de reconsideración a la decisión de la JCE como el Frente Amplio y Alianza por la Democracia, todos están afectados negativamente con la decisión. Esos partidos son aliados al PRM y sus representantes tienen cargos en el gobierno.
¿Podría el tema impactar la gobernabilidad más allá de la JCE?
El tema del financiamiento a los partidos políticos vinculado a la contribución que reciben del Estado se instaló en la opinión pública con el presidente Luis Abinader, que en un discurso al país anunció que este año le reduciría el 50 % de los fondos a los partidos para usar el dinero restante para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), lo que provocó el rechazo de los partidos políticos, entre ellos el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP).
El gobernante anunció el sometimiento de una ley para esos fines, lo que no ha ocurrido, por lo que a los partidos les aprobaron mil 230 millones de pesos que son entregados a través de la JCE.
Sin embargo, se ha dicho que el gobierno persiste en reducir el 50 % de ese dinero, a lo que salieron el frente varios partidos, advirtiendo que la acción sería ilegal y que podría ser sometida ante los tribunales. En ese mismo sentido se pronunció la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
El partido FP, a través de figuras como Roberto Rosario, ha insinuado que la decisión de la JCE estuvo motorizada por el PRM, según dice, con el objetivo de debilitar la organización que dirige Leonel Fernández para competir con el PLD en el 2024, según afirma, porque esa agrupación está afectada0 en su imagen y no tiene posibilidad de éxito electoral.
Si la FP fortalece la creencia de que el PRM pudo influir en la decisión, entonces el tema del financiamiento a los partidos podría no solo afectar la gobernabilidad de la JCE, por mantener inconformes durante cuatro años a 23 partidos, sino en el gobierno, ya que el partido FP ha sido un aliado estratégico del PRM desde la oposición y no se observa una relación hostil ahora que ese partido está en el gobierno.
No hubo unanimidad en primera decisión JCE
La primera decisión de la nueva JCE vinculada a los partidos políticos no fue por voto unánime pues la miembro titular Dolores Fernández, emitió un voto disidente en el que recomienda al pleno que el criterio que se use para la distribución de los recursos sea en función del nivel de votación donde los partidos alcanzaron mayor porcentaje y no en función del promedio como aprobó el pleno. La propuesta de Fernández permitía a cuatro partidos beneficiarse del financiamiento del 80%; a ocho del 12% y los restantes 13 del 8% del dinero. Fernández argumenta que como la ley no establece sobre cuál base se debe interpretar el artículo 61 de la ley 33/18, el pleno debió tomar en cuenta además que las organizaciones participaron en las elecciones en medio de situaciones adversas por la pandemia de la COVID-19 y que la votación registró además una abstención histórica del 45% en la jornada de votación de las elecciones del 5 de julio.
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.