Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Nacionales
Entre logros y fracasos llegan los100 años de la JCE.
Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Fundada el 12 de abril del 1923, su competencia nace en la Constitución, que en el artículo 212 la define como un “órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”.
Su mayor responsabilidad es organizar y dirigir las asambleas electorales, siendo ahora los comicios del 2024 el principal desafío del Pleno que asumió en el 2020, que preside Román Jáquez Liranzo y completan Samir Chami Isa, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo Santelises.
Este proceso se desarrollará tras una reforma legal, que impactó no solo el aspecto electoral, sino también el registro civil, porque, además de la organización de las elecciones, tiene a su cargo el registro civil y la cédula de identidad y electoral.
El 18 de enero fue promulgada la ley 4-23, orgánica de los actos del estado civil, y el 17 de febrero, la ley 20-23, orgánica de régimen electoral.
Suspensión de elecciones
El más reciente tropiezo de la JCE ocurrió en el 2020, con la suspensión de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero, debido al fallo de los equipos del voto automatizado que pretendía estrenar. Los comicios fueron celebrados el 15 de marzo.
Ese mismo año tuvo otro contratiempo, con la posposición de las elecciones del nivel presidencial y congresual, del 18 de mayo, a causa de fuerza mayor, por la pandemia de Covid 19. Fueron realizadas el 5 de julio.
Crisis electorales
Antes, la JCE fue escenario de crisis que obligaron a la firma de pactos y a la creación de comisiones de seguimiento y de veedurías para solucionar los impasses.
La designación de los jueces de la JCE, para el período 1998-2002, fue motivo de crisis, debido a la inconformidad del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la designación realizada por el Senado, al considerar que escogió a una mayoría de miembros adeptos al opositor Partido Revolucionario Dominicano.
Esto afectó en el ámbito económico la gestión de la JCE, ya que el gobierno le retuvo la partida presupuestaria.
Para buscar una solución,fue creada una comisión de seguimiento a las labores de la Junta, se designaron asesores informáticos, y la matrícula de la JCE fue ampliada a 7, con dos jueces más propuestos por el PRSC y por el PLD.
En el 1994, hubo una crisis postelectoral, a raíz de que la JCE declarara como ganador de las elecciones a Joaquín Balaguer, cuyos resultados fueron objetados por el PRD, que postuló al fenecido líder de la oposición, José Francisco Peña Gómez, y denunció un fraude.
El tranque fue resuelto con la firma del denominado pacto por la democracia, que entre otros aspectos, incluyó la reducción a dos años del mandato de Balaguer (1994-1996), la convocatoria a elecciones en el 1996 y la aprobación de la segunda vuelta electoral.
En el 1990, los cuestionamientos provinieron del PLD y su candidato presidencial, el profesor Juan Bosch, que alegó un fraude en su perjuicio.
Ocho años antes, la detonación de una granada en la sede de la JCE provocó momentos de tensión, lo cual se conoce como el “Granadazo”. Ocurrió el 18 de junio de 1982.
En 1978 hubo varios percances. Se produjo una crisis por la suspensión del conteo de los votos y la decisión de la JCE de desconocerle varios senadores y diputados al PRD, ocurriendo lo que se llamó el “fallo histórico.”
Ese mismo año, previo a las elecciones tuvo lugar “El Juntazo”, por la entrada de militares al centro de cómputos de la JCE.
Otra crisis fue provocada por el llamado “Gacetazo”, que surgió con la denuncia de varios juristas de la alteración de una ley para facultar a la Junta a celebrar comicios complementarios como demandaba el Partido Reformista.
Retos del 2024
A partir del 2000 se han logrado avances, aunque no han faltado denuncias de irregularidades por parte de los partidos políticos.
En el 2002, hubo una reforma de la ley electoral, que incluyó la división de la JCE en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa, elevando la matrícula del Pleno a 9 miembros.
Ese sistema imperó hasta la modificación constitucional del 2010, que creó el Tribunal Superior Electoral (TSE), para juzgar los asuntos contenciosos electorales y los conflictos en los partidos.
La JCE quedó compuesta por 5 miembros titulares
Garantizar la transparencia de los resultados de los comicios del 18 de febrero y 19 de mayo del 2024 es el desafío del Pleno de la JCE, evitando cuestionamientos que afecten la democracia y la estabilidad del país.
En el acto de toma de posesión, Jáquez Liranzo aseguró que a partir de ese momento la Junta “es la casa de la democracia, donde los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidaturas independientes y sectores de la vida nacional tendrán las puertas abiertas para un diálogo franco, permanente y plural, en el espíritu de buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes”. La institución ha priorizado el consenso con los partidos.
Votaciones manuales
Antes de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 99 de la ley 15-19, que estableció el voto automatizado (TC-0084-22), la JCE había aprobado una resolución que dispuso la votación manual.
Candidatos
La JCE otorgó un plazo hasta el 14 de abril a los partidos, para que definan el método en que seleccionarán los candidatos.
Plazo JCE
El jueves, 2 de marzo, la JCE otorgó un plazo a los partidos hasta el 14 de abril para que comuniquen el método en que escogerán a sus candidatos.
Colegios
La JCE estima que se necesitarán más de 100 mil personas para trabajar en los colegios, pero aspira a contar con un banco de elegible superior a los 200,000.
El 10 de marzo la JCE inició la campaña “Únete a los Colegios Electorales”, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a laborar en las mesas de votación
Reconocimiento de partidos
El órgano electoral evalúa las solicitudes de reconocimiento que hicieron varias organizaciones y movimientos políticos.
Juntas Electorales
Mediante diplomado impartido por la Escuela de Formación Electoral y Civil (EFEC), se están capacitando los miembros de las juntas electorales.
Voto en el exterior
El 26 de septiembre de 2022, la JCE inició la campaña “empadrónate por la patria que llevas dentro”, para motivar la participación de la diáspora.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.