Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Nacionales
Entre logros y fracasos llegan los100 años de la JCE.
Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Fundada el 12 de abril del 1923, su competencia nace en la Constitución, que en el artículo 212 la define como un “órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”.
Su mayor responsabilidad es organizar y dirigir las asambleas electorales, siendo ahora los comicios del 2024 el principal desafío del Pleno que asumió en el 2020, que preside Román Jáquez Liranzo y completan Samir Chami Isa, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo Santelises.
Este proceso se desarrollará tras una reforma legal, que impactó no solo el aspecto electoral, sino también el registro civil, porque, además de la organización de las elecciones, tiene a su cargo el registro civil y la cédula de identidad y electoral.
El 18 de enero fue promulgada la ley 4-23, orgánica de los actos del estado civil, y el 17 de febrero, la ley 20-23, orgánica de régimen electoral.
Suspensión de elecciones
El más reciente tropiezo de la JCE ocurrió en el 2020, con la suspensión de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero, debido al fallo de los equipos del voto automatizado que pretendía estrenar. Los comicios fueron celebrados el 15 de marzo.
Ese mismo año tuvo otro contratiempo, con la posposición de las elecciones del nivel presidencial y congresual, del 18 de mayo, a causa de fuerza mayor, por la pandemia de Covid 19. Fueron realizadas el 5 de julio.
Crisis electorales
Antes, la JCE fue escenario de crisis que obligaron a la firma de pactos y a la creación de comisiones de seguimiento y de veedurías para solucionar los impasses.
La designación de los jueces de la JCE, para el período 1998-2002, fue motivo de crisis, debido a la inconformidad del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la designación realizada por el Senado, al considerar que escogió a una mayoría de miembros adeptos al opositor Partido Revolucionario Dominicano.
Esto afectó en el ámbito económico la gestión de la JCE, ya que el gobierno le retuvo la partida presupuestaria.
Para buscar una solución,fue creada una comisión de seguimiento a las labores de la Junta, se designaron asesores informáticos, y la matrícula de la JCE fue ampliada a 7, con dos jueces más propuestos por el PRSC y por el PLD.
En el 1994, hubo una crisis postelectoral, a raíz de que la JCE declarara como ganador de las elecciones a Joaquín Balaguer, cuyos resultados fueron objetados por el PRD, que postuló al fenecido líder de la oposición, José Francisco Peña Gómez, y denunció un fraude.
El tranque fue resuelto con la firma del denominado pacto por la democracia, que entre otros aspectos, incluyó la reducción a dos años del mandato de Balaguer (1994-1996), la convocatoria a elecciones en el 1996 y la aprobación de la segunda vuelta electoral.
En el 1990, los cuestionamientos provinieron del PLD y su candidato presidencial, el profesor Juan Bosch, que alegó un fraude en su perjuicio.
Ocho años antes, la detonación de una granada en la sede de la JCE provocó momentos de tensión, lo cual se conoce como el “Granadazo”. Ocurrió el 18 de junio de 1982.
En 1978 hubo varios percances. Se produjo una crisis por la suspensión del conteo de los votos y la decisión de la JCE de desconocerle varios senadores y diputados al PRD, ocurriendo lo que se llamó el “fallo histórico.”
Ese mismo año, previo a las elecciones tuvo lugar “El Juntazo”, por la entrada de militares al centro de cómputos de la JCE.
Otra crisis fue provocada por el llamado “Gacetazo”, que surgió con la denuncia de varios juristas de la alteración de una ley para facultar a la Junta a celebrar comicios complementarios como demandaba el Partido Reformista.
Retos del 2024
A partir del 2000 se han logrado avances, aunque no han faltado denuncias de irregularidades por parte de los partidos políticos.
En el 2002, hubo una reforma de la ley electoral, que incluyó la división de la JCE en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa, elevando la matrícula del Pleno a 9 miembros.
Ese sistema imperó hasta la modificación constitucional del 2010, que creó el Tribunal Superior Electoral (TSE), para juzgar los asuntos contenciosos electorales y los conflictos en los partidos.
La JCE quedó compuesta por 5 miembros titulares
Garantizar la transparencia de los resultados de los comicios del 18 de febrero y 19 de mayo del 2024 es el desafío del Pleno de la JCE, evitando cuestionamientos que afecten la democracia y la estabilidad del país.
En el acto de toma de posesión, Jáquez Liranzo aseguró que a partir de ese momento la Junta “es la casa de la democracia, donde los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidaturas independientes y sectores de la vida nacional tendrán las puertas abiertas para un diálogo franco, permanente y plural, en el espíritu de buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes”. La institución ha priorizado el consenso con los partidos.
Votaciones manuales
Antes de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 99 de la ley 15-19, que estableció el voto automatizado (TC-0084-22), la JCE había aprobado una resolución que dispuso la votación manual.
Candidatos
La JCE otorgó un plazo hasta el 14 de abril a los partidos, para que definan el método en que seleccionarán los candidatos.
Plazo JCE
El jueves, 2 de marzo, la JCE otorgó un plazo a los partidos hasta el 14 de abril para que comuniquen el método en que escogerán a sus candidatos.
Colegios
La JCE estima que se necesitarán más de 100 mil personas para trabajar en los colegios, pero aspira a contar con un banco de elegible superior a los 200,000.
El 10 de marzo la JCE inició la campaña “Únete a los Colegios Electorales”, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a laborar en las mesas de votación
Reconocimiento de partidos
El órgano electoral evalúa las solicitudes de reconocimiento que hicieron varias organizaciones y movimientos políticos.
Juntas Electorales
Mediante diplomado impartido por la Escuela de Formación Electoral y Civil (EFEC), se están capacitando los miembros de las juntas electorales.
Voto en el exterior
El 26 de septiembre de 2022, la JCE inició la campaña “empadrónate por la patria que llevas dentro”, para motivar la participación de la diáspora.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.