Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Nacionales
Entre logros y fracasos llegan los100 años de la JCE.
Santo Domingo, RD.-Con grandes problemas de credibilidad, componendas, pero también de logros en avances administrativos, reformas legales, tropiezos y crisis, han transcurrido los primeros 100 años de vida de la Junta Central Electoral (JCE).Fundada el 12 de abril del 1923, su competencia nace en la Constitución, que en el artículo 212 la define como un “órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera”.
Su mayor responsabilidad es organizar y dirigir las asambleas electorales, siendo ahora los comicios del 2024 el principal desafío del Pleno que asumió en el 2020, que preside Román Jáquez Liranzo y completan Samir Chami Isa, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo y Rafael Vallejo Santelises.
Este proceso se desarrollará tras una reforma legal, que impactó no solo el aspecto electoral, sino también el registro civil, porque, además de la organización de las elecciones, tiene a su cargo el registro civil y la cédula de identidad y electoral.
El 18 de enero fue promulgada la ley 4-23, orgánica de los actos del estado civil, y el 17 de febrero, la ley 20-23, orgánica de régimen electoral.
Suspensión de elecciones
El más reciente tropiezo de la JCE ocurrió en el 2020, con la suspensión de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero, debido al fallo de los equipos del voto automatizado que pretendía estrenar. Los comicios fueron celebrados el 15 de marzo.
Ese mismo año tuvo otro contratiempo, con la posposición de las elecciones del nivel presidencial y congresual, del 18 de mayo, a causa de fuerza mayor, por la pandemia de Covid 19. Fueron realizadas el 5 de julio.
Crisis electorales
Antes, la JCE fue escenario de crisis que obligaron a la firma de pactos y a la creación de comisiones de seguimiento y de veedurías para solucionar los impasses.
La designación de los jueces de la JCE, para el período 1998-2002, fue motivo de crisis, debido a la inconformidad del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con la designación realizada por el Senado, al considerar que escogió a una mayoría de miembros adeptos al opositor Partido Revolucionario Dominicano.
Esto afectó en el ámbito económico la gestión de la JCE, ya que el gobierno le retuvo la partida presupuestaria.
Para buscar una solución,fue creada una comisión de seguimiento a las labores de la Junta, se designaron asesores informáticos, y la matrícula de la JCE fue ampliada a 7, con dos jueces más propuestos por el PRSC y por el PLD.
En el 1994, hubo una crisis postelectoral, a raíz de que la JCE declarara como ganador de las elecciones a Joaquín Balaguer, cuyos resultados fueron objetados por el PRD, que postuló al fenecido líder de la oposición, José Francisco Peña Gómez, y denunció un fraude.
El tranque fue resuelto con la firma del denominado pacto por la democracia, que entre otros aspectos, incluyó la reducción a dos años del mandato de Balaguer (1994-1996), la convocatoria a elecciones en el 1996 y la aprobación de la segunda vuelta electoral.
En el 1990, los cuestionamientos provinieron del PLD y su candidato presidencial, el profesor Juan Bosch, que alegó un fraude en su perjuicio.
Ocho años antes, la detonación de una granada en la sede de la JCE provocó momentos de tensión, lo cual se conoce como el “Granadazo”. Ocurrió el 18 de junio de 1982.
En 1978 hubo varios percances. Se produjo una crisis por la suspensión del conteo de los votos y la decisión de la JCE de desconocerle varios senadores y diputados al PRD, ocurriendo lo que se llamó el “fallo histórico.”
Ese mismo año, previo a las elecciones tuvo lugar “El Juntazo”, por la entrada de militares al centro de cómputos de la JCE.
Otra crisis fue provocada por el llamado “Gacetazo”, que surgió con la denuncia de varios juristas de la alteración de una ley para facultar a la Junta a celebrar comicios complementarios como demandaba el Partido Reformista.
Retos del 2024
A partir del 2000 se han logrado avances, aunque no han faltado denuncias de irregularidades por parte de los partidos políticos.
En el 2002, hubo una reforma de la ley electoral, que incluyó la división de la JCE en dos cámaras, una administrativa y otra contenciosa, elevando la matrícula del Pleno a 9 miembros.
Ese sistema imperó hasta la modificación constitucional del 2010, que creó el Tribunal Superior Electoral (TSE), para juzgar los asuntos contenciosos electorales y los conflictos en los partidos.
La JCE quedó compuesta por 5 miembros titulares
Garantizar la transparencia de los resultados de los comicios del 18 de febrero y 19 de mayo del 2024 es el desafío del Pleno de la JCE, evitando cuestionamientos que afecten la democracia y la estabilidad del país.
En el acto de toma de posesión, Jáquez Liranzo aseguró que a partir de ese momento la Junta “es la casa de la democracia, donde los partidos, agrupaciones, movimientos políticos, candidaturas independientes y sectores de la vida nacional tendrán las puertas abiertas para un diálogo franco, permanente y plural, en el espíritu de buscar soluciones conjuntas a desafíos comunes”. La institución ha priorizado el consenso con los partidos.
Votaciones manuales
Antes de que el Tribunal Constitucional anulara el artículo 99 de la ley 15-19, que estableció el voto automatizado (TC-0084-22), la JCE había aprobado una resolución que dispuso la votación manual.
Candidatos
La JCE otorgó un plazo hasta el 14 de abril a los partidos, para que definan el método en que seleccionarán los candidatos.
Plazo JCE
El jueves, 2 de marzo, la JCE otorgó un plazo a los partidos hasta el 14 de abril para que comuniquen el método en que escogerán a sus candidatos.
Colegios
La JCE estima que se necesitarán más de 100 mil personas para trabajar en los colegios, pero aspira a contar con un banco de elegible superior a los 200,000.
El 10 de marzo la JCE inició la campaña “Únete a los Colegios Electorales”, con el objetivo de motivar a los ciudadanos a laborar en las mesas de votación
Reconocimiento de partidos
El órgano electoral evalúa las solicitudes de reconocimiento que hicieron varias organizaciones y movimientos políticos.
Juntas Electorales
Mediante diplomado impartido por la Escuela de Formación Electoral y Civil (EFEC), se están capacitando los miembros de las juntas electorales.
Voto en el exterior
El 26 de septiembre de 2022, la JCE inició la campaña “empadrónate por la patria que llevas dentro”, para motivar la participación de la diáspora.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Puede leer
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La destitución de Cordero se conoció horas más tarde ese mismo día. Medios estadounidenses confirmaron, citando fuentes vinculadas al gobierno norteamericano, que Cordero había sido arrestado como parte de una investigación sobre el presunto abuso de un programa de visas estadounidense para informantes confidenciales.
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
La menor murió en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, durante una actividad recreativa organizada por el centro educativo.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
“Ni siquiera se incluyó al presidente del colegio Leonardo Da Vinci ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil”, expresó.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
En medio del dolor, la madre de la menor fallecida, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y entre lágrimas expresó que lo único que desea es que se haga justicia por la muerte de su hija.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
La jurista explicó que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida de coerción.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.