Nacionales
En 30 minutos la JCE computó 90% de los votos.
El simulacro del de voto automatizado se realizó exitosamente en 158 municipios con la participación de 163,680 ciudadanos, según lo informó el pleno de la Junta Central Electoral y explicó que la transmisión de un 90% de los resultados en tan sólo 30 minutos. El simulacro fue apoyado por los principales partidos políticos.
El Simulacro Nacional del Voto Automatizado contó con el apoyo de los principales partidos políticos, siempre segun lo informado por la JCE, que explico que media hora después del cierre de las mesas de votación, obtuvo el 90% de los resultados, representando el sufragio de unos 163,680 ciudadanos a nivel nacional.
Julio César Castaños Guzmán, presidente del organo electoral, consideró que esta prueba de cara a las elecciones primarias del próximo 6 de octubre de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) “salió como se estimaba”.
Para este simulacro la JCE instaló 5,401 mesas de votación con su respectivo módulo de votación automatizado en 3,890 recintos electorales de todo el país. Asimismo, el personal que trabajó en dicho simulacro estuvo integrado por 26,000 miembros de mesas, 4,600 técnicos, 2,500 titulares, suplentes, secretarios y auxiliares de las 158 Juntas Electorales y 8,700 militares de la Policía Militar Electoral.
En cuanto a la participación de los ciudadanos por edades, el presidente de la JCE destacó que 30,865 corresponde a personas de 46 a 55 años; 29,928 a personas de 56 a 65 años; 24,232 a personas de 36 a 45 años; 24,079 a personas mayores de 66 años; 19,225 con edades de 26 a 35 años; y 15,227 a personas de 18 a 25 años.
Durante una rueda de prensa el magistrado sostuvo que entre los puntos a mejorar están la organización de rutas para un transporte más fluido; reforzar la capacitación del personal; apuntalar el compromiso con los técnicos y tener un personal de respaldo disponible; y que la dieta del personal fluya en tiempo oportuno.
Castaños Guzmán anunció que la Junta aprovechará la noche del viernes 4 de octubre a fin de integrarla para la logística que se desplazará el sábado 5 y domingo 6 de octubre.
Igualmente, explicó que la institución se enfocará en mejorar la hora del inicio de instalación de los equipos y de votación, debido a que aunque en gran parte de los colegios electorales se comenzaron a las 8:00 de la mañana, como se tenía previsto, hubo otros que se integraron pasadas las 9 de la mañana e incluso a las 10:00 a.m.
Citó el caso del Estebanía, municipio de Azua, donde los equipos estuvieron a punto de ser arrastrados por una riada al momento de ser traslados hasta el centro de votación.
Además, explicó que en el caso de los municipios de Higüey y Pedro Santana se presentaron algunos problemas de señal y conectividad que no permitían registrar que ya las mesas iniciaron su trabajo educativo.
Procurarán igualmente hacer más eficiente la atención a los envejecientes y personas con discapacidad que lo necesiten. Esto debido a que en algunos centros de votación, de acuerdo con reportes, hubo personas que no entendían el procedimiento y ralentizaron la prueba.
Además, la Junta hará un levantamiento por municipio de la conectividad de las mesas y la respuesta a las contingencias que se presenten. El problema de la conectividad dijo que se solucionará sirviéndoles a las compañías prestadoras de servicios telefónicos lo que han encontrado, y consideran la posibilidad de que al momento de imprimir el acta tomar el código QR que está en la misma, pasarlo a un celular acreditado y que el resultado se transmita a la sede.
“Hemos obtenido los resultados que esperábamos, a pesar de todos los inconvenientes que se produjeron”, manifestó.
Un hombre vota durante el simulacro realizado ayer por la Junta Central Electoral. Woodley Valdez
El presidente de la JCE dijo que hoy sostendrá una reunión con los miembros titulares de la Junta y directivos para analizar todo lo sucedido en el Simulacro. Anunció que el día de las primarias internas del PLD y el PRM 20% de las mesas tendrán una auditoría física de la JCE. Expresó que aunque muchas personas entienden que un esfuerzo de tal magnitud ameritaba mayor participación de la población, “hay que entender que es un simulacro, en el que no estuvo presente la motivación de ir a votar por un precandidato específico”. También, apuntó que se mantendrán llevando ese tipo de pruebas al mayor número de personas. Actualmente, informó, están en 26 plazas comerciales de toda la República Dominicana y próximamente instalarán equipos en las estaciones más concurridas del Metro de Santo Domingo. La Junta Central instaló el pasado sábado 3,890 módulos de votación automatizada en igual número de recintos electorales de 158 municipios del país, a los fines de llevar a cabo el proceso de ayer. Junto a Castaños Guzmán, participaron en la supervisión de esta prueba nacional los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, así como Mario Núñez, Director Nacional de Elecciones; y Miguel Ángel García, Dirección Nacional de Informática.
elcaribe.com.do
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.