Santo Domingo, R.D.-La solicitud hecha por los partidos políticos de la oposición para que que se les entregue el medio por ciento del presupuesto nacional para utilizarlo en las elecciones de este 2024 en función de lo que establece la legislación actual fue apoyada por la Junta Central Electoral (JCE)
El órgano electoral informó, a través de un comunicado, que remitió la demanda realizada por las organizaciones políticas opositoras el pasado 6 de febrero con su opinión favorable al despacho del presidente de la República, Luis Abinader; al viceministro de Presupuesto, contabilidad y contrataciones y Director General de Presupuesto (Digepres), José Rijo Presbot, así como al ministro de Hacienda, Jochy Vicente.
Además, la JCE acogió como positivo la entrega de los recursos económicos a las entidades políticas, contemplando la posibilidad de una “eventual segunda vuelta”.
“Finalmente, y aunado a lo recomendado por la Organización de Estados Americanos (OEA), este órgano reitera su posición favorable para que sea asignado y posteriormente distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, a los fines de preservar la equidad en la contienda electoral, la cantidad de RD$2,520,800,00, con lo cual se completaría el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales que establece la ley para el año electoral, y en coherencia con los términos indicados en la comunicación No. PRES- JCE-176-2024 de fecha 6 de febrero de 2024, cursada por este órgano a las autoridades correspondientes”, señala la carta firmada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo y que es dirigida a los candidatos presidenciales Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado. En copia están el presidente de la República, Luis Abinader; el ministro de Hacienda, Jochi Vicente y el viceministro de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Emitir opinión favorable en cuanto a lo solicitado por las organizaciones políticas antes citadas y por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), en el sentido de que, el monto que se le debe asignar para ser distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, es el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales para el presente año 2024 en el que serán celebradas elecciones generales ordinarias el 18 de febrero y el 19 de mayo respectivamente, incluida la posibilidad de una eventual segunda vuelta el 30 de junio de 2024, razón por la cual tenemos a bien informar el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y demás autoridades competentes, a los fines correspondientes», indicó la JCE el pasado 6 de febrero, cosa que es recogida nuevamente en esta comunicación.
Esta solicitud se encuentran dentro del pliego depositado el pasado lunes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicana (PRD), donde también reclamaron implementar mejoras en los protocolos de seguridad durante las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.
Así como también pidieron la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez.
La JCE aseguró que ha entregado en su totalidad a las entidades políticas RD$2,520,800,00, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado, donde aprueba el ejercicio presupuestario de este año.
RECOMENDACIONES DE LA OEA
Por otro lado, el órgano electoral valoró como positivas las recomendaciones que compartió la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de analizar la celebración de las pasadas elecciones ordinarias municipales del 18 de febrero.
En el informe preliminar de la OEA publicado el 20 de febrero, los espectadores internacionales motivaron a la JCE explorar mecanismos institucionales que permitan a las organizaciones políticas contar con recursos públicos para el desarrollo de las campañas presidenciales y legislativas venideras, en un marco de transparencia y equidad.
También, exhortaron al órgano electoral dotar de mayor certeza el marco jurídico relacionado con la asignación de recursos públicos para el financiamiento político de los partidos.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.