Nacionales
Favorecen partidos reciban fondos para completar el dinero establecido en la ley.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud hecha por los partidos políticos de la oposición para que que se les entregue el medio por ciento del presupuesto nacional para utilizarlo en las elecciones de este 2024 en función de lo que establece la legislación actual fue apoyada por la Junta Central Electoral (JCE)
El órgano electoral informó, a través de un comunicado, que remitió la demanda realizada por las organizaciones políticas opositoras el pasado 6 de febrero con su opinión favorable al despacho del presidente de la República, Luis Abinader; al viceministro de Presupuesto, contabilidad y contrataciones y Director General de Presupuesto (Digepres), José Rijo Presbot, así como al ministro de Hacienda, Jochy Vicente.
Además, la JCE acogió como positivo la entrega de los recursos económicos a las entidades políticas, contemplando la posibilidad de una “eventual segunda vuelta”.
“Emitir opinión favorable en cuanto a lo solicitado por las organizaciones políticas antes citadas y por el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), en el sentido de que, el monto que se le debe asignar para ser distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado, es el equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales para el presente año 2024 en el que serán celebradas elecciones generales ordinarias el 18 de febrero y el 19 de mayo respectivamente, incluida la posibilidad de una eventual segunda vuelta el 30 de junio de 2024, razón por la cual tenemos a bien informar el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y demás autoridades competentes, a los fines correspondientes», indicó la JCE el pasado 6 de febrero, cosa que es recogida nuevamente en esta comunicación.
Esta solicitud se encuentran dentro del pliego depositado el pasado lunes por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP), Partido Revolucionario Dominicana (PRD), donde también reclamaron implementar mejoras en los protocolos de seguridad durante las próximas elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.
Así como también pidieron la destitución del jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez.
La JCE aseguró que ha entregado en su totalidad a las entidades políticas RD$2,520,800,00, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80-23 del Presupuesto General del Estado, donde aprueba el ejercicio presupuestario de este año.
RECOMENDACIONES DE LA OEA
Por otro lado, el órgano electoral valoró como positivas las recomendaciones que compartió la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de analizar la celebración de las pasadas elecciones ordinarias municipales del 18 de febrero.
En el informe preliminar de la OEA publicado el 20 de febrero, los espectadores internacionales motivaron a la JCE explorar mecanismos institucionales que permitan a las organizaciones políticas contar con recursos públicos para el desarrollo de las campañas presidenciales y legislativas venideras, en un marco de transparencia y equidad.
También, exhortaron al órgano electoral dotar de mayor certeza el marco jurídico relacionado con la asignación de recursos públicos para el financiamiento político de los partidos.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.