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Inician primer taller en materia de registro civil e identidad para periodistas y comunicadores
Santo Domingo.– El curso Especializado sobre la Ley 4-23, Orgánica del Registro Civil y su Reglamento de Aplicación fue iniciado este sábado 6 de septiembre por la Junta Central Electoral (JCE), a través de su Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (IESPEC) y bajo la coordinación de la Dirección de Comunicaciones, dio inicio el sábado 6 de septiembre al «Curso especializado sobre la Ley 4-23, Orgánica del Registro Civil y su reglamento de aplicación».
El curso es impartido en Santo Domingo y Santiago, dirigido a periodistas y profesionales de la comunicación.
El acto formal de inauguración de este curso, que tendrá una duración de cuatro sábados (de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.), fue encabezado por la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, en Santiago; y por la directora de Comunicaciones, Suedi León, en Santo Domingo.
Fernández Guzmán, al ofrecer las palabras de bienvenida en Santiago, destacó que la Ley 4-23 es esencial para la ciudadanía y que su comprensión es crucial para que puedan transmitir de manera precisa, ética y responsable, información sobre los actos que definen la identidad legal de cada individuo.
«Este curso les brindará las herramientas necesarias para entender las implicaciones legales, pero también les permitirá reflexionar sobre cómo comunicar con sensibilidad y precisión temas tan delicados», expresó.
Dijo que los comunicadores tienen el desafío de ser guardianes de la verdad, respetuosos de los derechos de las personas y siempre comprometidos con la justicia social.
«Cada vez que ustedes cubran una historia relacionada con el estado civil, estarán manejando información que forma parte de la vida y los derechos de las personas.
La precisión en sus mensajes, el respeto hacia las personas involucradas y la responsabilidad con la que transmiten la información son vitales para garantizar que el público reciba un mensaje claro, veraz y respetuoso», señaló Fernández.
Curso busca edificar sobre la ley y enfrentar la desinformación
En tanto que la directora de Comunicaciones destacó que la entrada en vigencia de la Ley Núm. 4-23, Orgánica del Registro Civil y que regula el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil, marca un punto de inflexión en la modernización institucional de la República Dominicana.
Resaltó que con este curso se busca no solo capacitar en el área señalada, sino también enfrentar la desinformación ante un tema tan complejo y tan delicado como la identidad.
«Vivimos tiempos en que la desinformación amenaza con distorsionar la realidad. Casos imprecisos o narrativas incompletas sobre el Registro Civil y la identidad dominicana han generado confusión en la ciudadanía.
Señaló que el periodismo responsable, sustentado en la verificación rigurosa y en el compromiso ético, es el primer escudo frente a la desinformación.
Capacitación se impartirá en dos fases
Este curso se impartirá en dos fases: la primera, que inició este 6 de septiembre, será en Santo Domingo y Santiago; y la segunda, se impartirá en enero de 2026 en las regiones este, sur y nordeste, garantizando que la formación llegue a todo el país y que los periodistas puedan contribuir a la legitimidad de los procesos electorales.
Esta iniciativa busca capacitar a 98 profesionales de la comunicación y cuenta con 76 participantes inscritos en Santo Domingo y 22 en Santiago.
La institución enfatizó que para aprobar satisfactoriamente el curso y obtener la certificación, los participantes deberán cumplir con un mínimo del 80 % de asistencia y participación activa.
El objetivo principal del curso es fortalecer los conocimientos de los comunicadores sobre la Ley 4-23, que regula el Sistema Nacional de Registro del Estado Civil.
Además, de manera específica, el curso analizará el origen, la evolución y la función actual del Registro Civil dominicano, incluyendo sus servicios, estructura y los documentos que expide.
El cuerpo docente del curso especializado está integrado por profesionales dominicanos con una amplia trayectoria en materia de Registro Civil. Su experiencia aporta una visión completa que abarca tanto la teoría como la práctica.
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Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.