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Inauguran Unidad de Declaraciones Tardías en Santiago Oeste
Santiago. -Una nueva unidad móvil de declaraciones tardías fue inaugurada por la Junta Central Electoral en el distrito municipal Santiago Oeste, con el objetivo de disminuir el subregistro, acercar los servicios y facilitar el proceso a las familias del lugar y zonas aledañas.
La actividad inaugural estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, y los miembros del Pleno Rafael Armando Vallejo Santelises y Dolores Fernández, quienes respaldaron la premisa que ha destacado esta gestión: “No vayas a la Junta, la Junta va hacia ti”.
Durante el desarrollo del acto, el presidente del órgano comicial invitó en Cienfuegos a constatar que para la Junta Central Electoral no existen distancias ni estatus sociales, cuando de acercar los servicios a la ciudadanía se trata.
“La Junta Central Electoral lo que mira es derechos, lo que mira es un servicio cercano debajo de árboles, en el aire acondicionado de una plaza… Donde esté el problema de la identidad, allá estará la Junta para solucionarlo, porque este Pleno, esta JCE es la que va hacia ustedes donde estén”, señaló, y agregó que el Pleno está consciente de que la identidad es soberanía y la democracia es paz.
Subrayó que esta Unidad Móvil de Declaraciones Tardías va a impactar la oficialía de la Segunda Circunscripción de Santiago y la Quinta, ubicada en Santiago Oeste, al destacar que, a seis meses de la inauguración de la oficialía en Cienfuegos, se han prestado 9,036 servicios de manera positiva a personas de esta localidad.
Jáquez Liranzo sostuvo que las unidades móviles se encuentran dotadas de equipos y plataformas tecnológicas que permiten integrar a la inscripción del acta de nacimiento levantada, los datos biométricos mediante la captura de foto, firma y huellas, lo que garantiza un servicio ágil, transparente y sobre todo seguro de la identidad y de la dominicanidad.
El presidente de la JCE informó que, en lo que va de año, los operativos de declaraciones tardías realizados a nivel nacional, incluyendo a Cienfuegos, han impactado a 446 comunidades de la República Dominicana en 18 operativos, llegando a más de siete mil personas (941 menores de edad y 788 mayores de 16 años) declaradas de manera satisfactoria.
Destacó, que algunas de estas unidades móviles, en la actualidad, se encuentran instaladas en diferentes centros de salud con altas demandas de registros de nacimientos, lo que permite la declaración oportuna, representando una progresiva disminución del subregistro, en procura de cumplir con lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución dominicana, que establece que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo, así como también lo estipulado por la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, sobre los objetivos y metas para evitar el subregistro.
Jáquez Liranzo, resaltó que descentralizar los servicios que prestan las oficialías del Estado Civil es una contundente política de la JCE, que se traduce en la descongestión y eficientización de los mismos.
Expresó que esta inauguración fue concebida en cumplimiento a uno de los pilares plasmados en el Plan Estratégico 2020-2024 de la JCE, como es garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las personas, mediante el registro de su nacimiento.
Explicó que a esto se añade ofrecer servicios de calidad apegados a la normativa vigente y a los valores democráticos y sobre todo eliminar o reducir a su mínima expresión los subregistros de nacimientos.
Explicó que esos subregistros “son aquellos casos en los que nacen niños y niñas y el plazo otorgado por ley para hacer la declaración se vence y se reversa el proceso y que de eso se trata el servicio que quieren ofrecer desde esta unidad.
A la actividad se dieron cita, además, funcionarios y colaboradores de la JCE, representantes de las diferentes entidades que trabajan los derechos de la niñez y la adolescencia, miembros de la sociedad civil y autoridades del distrito municipal Santiago Oeste, entre ellos el director Distrital Eddy Báez, la vicealcaldesa Arisleyda Lantigua y el sacerdote Williams Arias, vicario de la Arquidiócesis de Santiago, quien tuvo a cargo las palabras de bendición del acto
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Contratistas del Estado favorecidos con proyecto de ley aprobado por el Senado de la República que autoriza pago.
Santo Domingo. – Fue aprobado este martes en primera lectura un proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y que crea una comision para la revision de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal.
Esta normativa fue remitida por la Cámara de Diputados e incluida en el orden del día a solicitud del senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
La propuesta de ley tiene por objeto autorizar, de manera excepcional y por única vez, el reconocimiento, validación y pago de las deudas derivadas de obras públicas ejecutadas sin contar con un contrato formal o sujeto a reformulación presupuestaria, a fin de regularizar las obligaciones pendientes y salvaguardar la transparencia, la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
Los legisladores aprobaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para oficinas gubernamentales de la provincia Sánchez Ramírez, con el propósito de honrar la memoria del servidor público, líder y político, fallecido recientemente.
La iniciativa presentada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destaca la trayectoria política del exsenador por su provincia natal, Sánchez Ramírez; también el rol que desempeñó como presidente y secretario de organización del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
La pieza señala que Sánchez Baret, además, fue cofundador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), consolidándose como una figura determinante y de referencia en la historia política contemporánea de la República Dominicana, cuyo liderazgo y visión contribuyeron al fortalecimiento de la democracia y de las instituciones del país.
Detalla también las funciones desempeñadas durante su carrera política, entre estas: alcalde de Cotuí (1961), senador por la provincia Sánchez Ramírez en el periodo legislativo 1982-1986, secretario de Interior y Policía (1978); secretario de Deportes (1982-1986); así como director general de Aduanas (2000-2004).
El Pleno del Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 13 de la Ley 118-21, sobre terminación de obras viales, escuelas, hospitales y presas que se encuentran suspendidas, modificada por la Ley 83-24; propuesta del senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao.
Además, el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, presentada por el senador de la provincia El Seibo, Santiago José Zorrilla.
En primera lectura
El Pleno sancionó en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctor Mario Mignolio Pujols Colón el Palacio de Justicia del distrito judicial de la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.
También fue sancionado el proyecto de ley que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del Palacio de Justicia del distrito judicial de Samaná, presentada por el senador de esa demarcación, Pedro Catrain.
En única discusión, los senadores aprobaron el proyecto de resolución que solicita al presidente Luis Abinader que se realicen los estudios correspondientes para la instalación de un parque industrial de zonas francas en el municipio de Azua, provincia de Azua; propuesta de la senadora Lía Ynocencia Díaz Santana.
También sancionaron favorablemente el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por otra, suscrito en Samoa. Esta pieza fue presentada por el Poder Ejecutivo.
El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de las cinco víctimas de las recientes lluvias en San Cristóbal, a solicitud del senador Gustavo Lara, así como por el chofer Deivi Carlos Abreu Quezada, asesinado en circunstancias lamentables, según propuso el senador Pedro Catrain.
Asimismo, el Pleno honró la memoria de Domingo Batista, chofer de Fenatrado, y extendió sus condolencias por los fallecimientos de Ana Dolores Diplan, madre de Nelson Guzmán (encargado de Gabinete del Senado), y de Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos; estas últimas solicitudes fueron realizadas por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo jueves a las 2:00 de la tarde.
Santo Domingo, (EFE).- Un grupo de 72 dominicanos fue deportado este martes desde Estados Unidos tras cumplir en su mayoría condenas por diferentes delitos, elevando a más de 400 los repatriados este año a República Dominicana.Los dominicanos arribaron al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), que sirve a Santo Domingo, a bordo de un avión fletado por el Gobierno estadounidense, según adelantó el periódico local Listín Diario y confirmó a EFE una fuente de la Dirección General de Migración (DGM).De acuerdo a la fuente, la mayoría de los repatriados cumplió condenas por narcotráfico, así como por robos, atracos y tráfico de armas.
Aunque cumplieron condenas en diferentes ciudades estadounidenses, los repatriados fueron concentrados en lugares de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), organismo que se encarga de su deportación.
También arribaron varios dominicanos que permanecían indocumentados en Estados Unidos, aunque estos eran minoría.
Las autoridades de la Dirección de Migración y otras agencias investigan a los deportados, por si tienen asuntos pendientes con la Justicia dominicana. De no ser así, son liberados.
Este tipo de vuelos desde Estados Unidos se repite todos los martes.
En los primeros tres meses del año han sido repatriados más de 400 dominicanos, según cifras de Migración, frente a 3,986 de todo 2025 y 3,880 de 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Interior y Policia destruyó este martes un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.
La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.
«La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia», afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.
Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.
La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.
«Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles», dijo el ministerio. 
Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.
En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.
También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.