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Compra de equipos es impugnada y rechazada por el Pleno de la JCE.
Fue rechazada por la Comisión Especial designada por el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) las impugnaciones por la compra de 10 mil unidades de UPS a la empresa Critical Power, cuyas unidades serán empleadas en los procesos electorales del año 2024.
No obstante, estos cuestionamientos interpuestos por las compañías suplidoras Sonol, Wisnet y Digiworld, deberán ser presentados al pleno del organismo electoral para su decisión.
Las empresas mencionadas aseguran que el equipo suministrado por la compañía adjudicada no cumple con los requisitos necesarios para el servicio requerido en los próximos procesos electorales.
Las impugnaciones fueron rechazadas el pasado miércoles por la Comisión Especial, compuesta por el presidente de la JCE, Román Jáquez, y los miembros Rafael Vallejo Santelises y Patricia Lorenzo.
La empresa Sonol afirma que el equipo seleccionado no cumple con las especificaciones técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos, en caso de interrupciones de la energía eléctricas.
La compañía WISNET, por su parte, afirma ser la ganadora de la licitación, ya que su oferta técnica cumple con los requerimientos y es la más económica entre todas las empresas habilitadas para concurrir al acto de apertura de la oferta económica.
Sin embargo, la empresa Digiworld, que previamente había enviado una comunicación al Comité de Compras y Contrataciones y al Pleno de la JCE (el 8 de septiembre), informando sobre serios reparos a la calificación técnica de la mayoría de las empresas habilitadas, considera que los equipos presentados por la empresa Crítica Power no cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la licitación.
Por esta razón, los representantes de la empresa indicada presentaron un recurso de reconsideración el viernes pasado ante el Pleno de la Junta Central Electoral.
En su recurso de impugnación del 19 de septiembre, Digiworld afirmó que, según la información proporcionada por el fabricante del equipo ofertado por la empresa ganadora, el mismo no cumple con las funciones de un UPS profesional. Este argumento se reitera en su instancia de reconsideración.
La empresa Digiworld advierte que el equipo elegido por la JCE podría colapsar si se utiliza en condiciones de alta temperatura y de uso constante, tal como se indica en el manual de usuario disponible en la página web del fabricante del equipo cuestionado, donde se detalla lo siguiente:
“Si la temperatura es demasiado alta, puede producirse un incendio o una explosión; si la temperatura es demasiado baja, el rendimiento del producto puede verse gravemente reducido o el producto puede dejar de funcionar”.
También se señala la entidad la dificultad para el uso de estos equipos en caso de una eventual segunda vuelta electoral en el mes de junio del 2024, en razón de que el manual de usuario del fabricante (Ecoflow) establece como requisito de la garantía no sólo que los equipos se mantengan en un nivel de temperatura de 20 a 40 grados Celsius, sino que deben ser cargados y descargados cada seis meses y guardados con un nivel de carga de un 30 a 60 por ciento, lo que implica una gran dificultad para la eficacia de su uso en todas las fases del proceso electoral.
Otro aspecto que se señala es el inconveniente para el transporte de los equipos adjudicados a la empresa Critical Power, porque no tiene las dimensiones que le permitan ajustarse al espacio disponible en la maleta del kit electoral.
En su recurso de reconsideración, Digiworld solicita ser invitada por el Pleno de la Junta Central Electoral para que escuche sus argumentos técnicos antes de tomar una decisión definitiva sobre la adjudicación, debido a que esto permitiría una mayor edificación de la institución para tomar su decisión, en base a los principios de transparencia, debido proceso y tutela administrativa efectiva.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.