Nacionales
Organo competente busca como aplicar ley prohíbe el activismo.
La definición de las actividades político-partidistas prohibidas por la ley es una responsabilidad de la Junta Central Electoral ante la realidad de que los aspirantes presidenciales se promueven a casi dos años de que se oficialice la precampaña electoral, sin que se lesione la libertad de expresión y difusión del pensamiento.
El presidente de la JCE, Román Jáquez, informó que ese emitirá un documento que definirá lo que está permitido y lo que no para los aspirantes a la presidencia de la República.
También está planteado un problema político. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha explicado que sus dirigentes seguirán activando porque sus competidores, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP), ya tienen candidatos presidenciales definidos mientras ellos no y que eso los coloca en desventaja para la competencia para el 2024.
De hecho, el PLD convocó para 30 de este mes al Comité Central para oficializar las precandidaturas, según dijo esa organización en función de lo establecido por sus estatutos. Para esos fines, una comisión de ese partido integrada por el secretario general, Charlie Mariotti, el delegado político, José Ramón (Monchy) Fadul y el titular de la secretaría de asuntos jurídicos del PLD, José Dantés, fue a la JCE a explicar que sus dirigentes no violan la ley y seguirán las actividades.
Adicionalmente, la JCE recibe presión social para que aplique la ley de manera literal y prohíba las actividades políticas. Ese es un viejo anhelo que siempre se ha estado en el debate de la opinión pública y precisamente eso provocó que se reunificaran las elecciones congresuales y presidenciales que se hacían con dos años de diferencia hasta el 2016. Igualmente por esa razón se limitó el tiempo de la campaña y precampaña en la Ley 33/18 y la 15/19.
El problema es que el mandato de la Ley de Partidos es casi imposible de aplicar de manera literal por parte de la JCE, tanto porque no cuenta con capacidad logística para evitar y supervisar el cumplimiento riguroso de las prohibiciones, pero sobre todo porque choca con derechos fundamentales. Es probable que si la JCE intenta ir más allá de lo razonable, el tema termine en el Tribunal Constitucional que ya ha anulado más de doce artículos de la ley 33/18.
Para el politólogo Engel Villanueva hay una cuestión conceptual que hay que delimitar sobre el alcance y límites tiene el término proselitismo. “Los partidos políticos son entes institucionales y sociales vivos, que para poder identificarse con las demandas agregadas de la sociedad implica tener contacto con los diversos estratos sociales todo el tiempo. Es la libertad de asociación, que como derecho fundamental no puede ser jamás objeto de limitación, sobre todo si afecta lo que en el Derecho Constitucional se denomina su núcleo esencial”, explicó.
Sostuvo que existe una línea muy fina entre las posibles interpretaciones y las posibles sanciones que pudiera aplicar la JCE porque en el plano fáctico podría ser o no objeto de prohibición. “Creo que la JCE y los partidos deben de establecer claramente los límites de este tipo de derechos, porque lo que ocurrirá es que este debate -de no consensuarse- se podría judicializar y el órgano electoral no puede caer en la vocación de ser constantemente susceptibles de decisiones judiciales sobre respecto de temas cuya naturaleza podrían ser aclarados con los partidos políticos en el marco de los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, observó.
Sobre el impacto político de las limitaciones que tiene la Ley y el enfoque de aplicación que le de la JCE, sostuvo que no sería saludable para el organismo empujar hacia la desventaja a la oposición. “El mismo gobierno ha convocado un Diálogo Nacional y existe la percepción en gran parte de estos partidos, de que el presidente, cuya presencia mediática asciende cada día más podría optar por intentar reelegirse, por tanto, coloca a la oposición en desventaja”, comentó.
Lo que dice la Ley
El artículo 41 de la ley 33/18 establece que la precampaña es el período en el cual los partidos deberán celebrar sus procesos internos para la escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular, y será iniciado el primer domingo del mes de julio y concluirá con la escogencia de los candidatos”. El numeral 8 del artículo 78 manda a la JCE a declarar inamisibles las candidaturas de los aspirantes que violen esa disposición. “Los aspirantes que inicien su campaña antes del tiempo oficial de campaña o precampaña serán sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura”.
Lo que prohíbe la ley de partidos
La ley prohíbe pintura de calles, aceras, contenes, postes del tendido eléctrico, árboles, así como de cualquier propiedad pública, con los colores, emblemas o símbolos del candidato o el partido, agrupación o movimiento político que lo sustenta.
También la colocación de afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlante (disco light) y cualquier otro medio de publicidad partidaria. Además, el uso de pintura o afiches no removibles, así como toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad.
Las actividades permitidas están limitadas al interno de los partidos políticos, en sus locales y lugarres privados cerrados.
Nacionales
Rodríguez García pone la persecución de prófugos entre las prioridades de la Policía Nacional
El director policial afirma que busca cambiar la percepción de inseguridad y sostiene que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia deben entregarse; insiste en que la actuación policial debe respetar los derechos ciudadanos
Por Alberto Rodríguez
SANTO DOMINGO.– El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, colocó la persecución de personas prófugas entre las prioridades de su gestión y aseguró que la institución intensificará las acciones para localizar a quienes tienen órdenes de arresto pendientes por homicidios, robos, agresiones y otros hechos delictivos.
Rodríguez García sostuvo este lunes que procura revertir una realidad que, a su juicio, afecta la tranquilidad de la población: que sean los ciudadanos quienes sientan temor frente a la delincuencia. Su planteamiento es que la autoridad debe garantizar condiciones para que las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas con mayor seguridad. El Día
El mayor general asumió la Dirección General de la Policía Nacional en agosto pasado y durante sus primeras semanas ha desarrollado recorridos, cambios operativos y encuentros con diferentes estructuras de la institución. La Policía ha presentado esa agenda como parte de un esfuerzo dirigido a fortalecer su presencia territorial, supervisión y capacidad de respuesta. Policía Nacional Dominicana
Una lista de prófugos bajo seguimiento
Durante sus declaraciones, Rodríguez García reveló que mantiene en su despacho una relación de personas que llevan años prófugas de la justicia y aseguró que el personal policial tiene instrucciones de trabajar en su localización.
Según explicó, entre los buscados figuran personas señaladas por homicidios, robos y agresiones, incluyendo hechos cometidos contra menores y otras personas vulnerables.
La propia Policía Nacional mantiene públicamente un listado de prófugos buscados por las autoridades, que incluye personas requeridas por distintos procesos. Policía Nacional Dominicana
El director policial exhortó a quienes tengan órdenes de arresto pendientes a entregarse voluntariamente y aseguró que serán recibidos y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes.
Actuación policial y derechos humanos
Las declaraciones se producen en momentos en que las actuaciones de agentes durante determinados operativos han provocado cuestionamientos, particularmente en casos reportados como intercambios de disparos.
Interrogado sobre esas críticas, Rodríguez García defendió el derecho de los policías a proteger sus vidas cuando sean atacados, pero afirmó al mismo tiempo que la institución debe actuar respetando los derechos humanos. El Día
Esa posición coincide con orientaciones ofrecidas recientemente por el propio director a miembros de la Dirección Regional Noreste, donde pidió a los agentes preservar vidas, actuar con prudencia y mantener un trato digno hacia la ciudadanía, sin renunciar a la firmeza frente al delito. También insistió en que el uso de la fuerza debe ajustarse a la Constitución, las leyes y los protocolos establecidos. Policía Nacional Dominicana
Agentes suspendidos por incidente en Villa Vásquez
Rodríguez García se refirió además a un video divulgado sobre una intervención policial en Villa Vásquez, en el que se observa a un hombre detenerse y levantar las manos durante una actuación de agentes.
El director informó que los policías involucrados fueron suspendidos y que el caso quedó bajo investigación del Ministerio Público, órgano al que corresponde establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades relacionadas con el hecho. El Día
El jefe policial señaló que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de una actuación irregular de agentes puede recurrir al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.
Seguridad sin apartarse de la legalidad
El discurso de Rodríguez García plantea dos líneas que deberán coexistir durante su gestión: incrementar la capacidad de persecución contra personas requeridas por la justicia y, simultáneamente, procurar que las intervenciones policiales se mantengan dentro de los límites legales.
La institución atraviesa además un proceso de reforma que incluye cambios en formación, tecnología y despliegue territorial. El Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial informó el 24 de septiembre que se han incorporado 11,001 nuevos agentes, instalado más de 8,000 cámaras corporales y ampliado de tres meses a un año el período de formación de los nuevos policías. Policía Nacional Dominicana
El desafío será que el fortalecimiento operativo produzca mayor seguridad ciudadana sin debilitar las garantías que corresponden a toda persona sometida a una investigación o persecución penal.
La persecución del delito y el respeto al debido proceso no constituyen objetivos incompatibles: forman parte de las responsabilidades que debe asumir una institución policial en un Estado de derecho.
Rodríguez García reiteró que la función de la Policía es proteger a la sociedad, preservar la paz y llevar ante las autoridades competentes a quienes tengan cuentas pendientes con la justicia.
El movimiento ocurrió a las 5:49 de la tarde y fue sentido en Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras localidades; hasta el momento no se reportan daños
Santo Domingo, República Dominicana.– Un fuerte temblor de tierra volvió a sentirse este domingo en distintos puntos de República Dominicana, provocando alarma entre residentes y la evacuación preventiva de algunos edificios y actividades públicas.
El movimiento ocurrió aproximadamente a las 5:49 de la tarde y fue percibido en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y otras zonas del país.
Los primeros reportes situaron la magnitud en 5.5, aunque las mediciones fueron ajustadas posteriormente por diferentes organismos especializados.
El Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo informó más tarde una magnitud de 5.6, con una profundidad estimada de 113 kilómetros y localización a unos 8.5 kilómetros al este-noreste de Ramón Santana, en San Pedro de Macorís.
Otros registros internacionales actualizaron el evento con valores distintos, algo habitual mientras se revisan los parámetros de un sismo.
Movimiento fue sentido a gran distancia
La profundidad del temblor contribuyó a que fuera percibido en una amplia parte del territorio nacional.
En Santo Domingo, algunas personas abandonaron temporalmente edificios y establecimientos comerciales como medida de precaución.
También fueron evacuados momentáneamente visitantes y participantes de la Feria del Libro, en la Plaza de la Cultura.
Hasta las últimas informaciones disponibles, no se habían reportado personas heridas ni daños estructurales de consideración.
Fue el segundo sismo sentido este domingo
Horas antes, alrededor de las 6:06 de la mañana, otro movimiento telúrico había sido registrado en territorio dominicano.
Ese primer evento fue reportado con magnitud aproximada de 4.1 y una profundidad cercana a los 10 kilómetros.
El director del Instituto Sismológico de la UASD explicó que durante la jornada se habían registrado varios eventos y relacionó esa actividad con la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.
Autoridades mantienen vigilancia
Los organismos especializados continúan revisando los parámetros del movimiento y monitoreando cualquier actividad sísmica posterior.
Las diferencias entre las magnitudes divulgadas inicialmente responden a los ajustes que realizan las redes sismológicas a medida que reciben y procesan información procedente de más estaciones.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades recomiendan a la población mantener la calma, revisar las condiciones de sus viviendas y seguir únicamente las informaciones emitidas por organismos oficiales ante cualquier nuevo movimiento.
Nacionales
Ministerio Público sostiene que asalto contra Julián Oro Duro fue preparado con un mes de anticipación
La acusación asegura que hubo reuniones previas, información interna sobre la vivienda y posterior distribución del dinero y las prendas sustraídas
Por Carlos Baret
Santo Domingo, República Dominicana.– El asalto ocurrido en la residencia del artista Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, no habría sido improvisado. Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, los cuatro imputados habrían organizado el hecho aproximadamente un mes antes de ejecutarlo.
El expediente atribuye participación en la planificación y ejecución a Kevin Dariel Germán Troncoso, alias Yandel; Lawrence Mark Liranzo Marcos, conocido como Chiquito; Juan Carlos Hernández García, alias Juan Carlos Peña, y Phillips Michael Tejada Vásquez.
El caso está relacionado con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, las lesiones sufridas por Julián Oro Duro y la sustracción de dinero, joyas y otras pertenencias de la residencia.
Para sustentar su teoría, el órgano acusador señala que cuenta con grabaciones de cámaras de vigilancia, recuperación de bienes sustraídos, evidencias materiales, movimientos posteriores del dinero y registros de reuniones que presuntamente se produjeron antes del asalto.
Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta participación de Phillips Michael Tejada Vásquez, a quien el Ministerio Público atribuye haber proporcionado información sobre la vivienda y sus ocupantes.
Las autoridades consideran que esos elementos permiten sostener, en esta fase inicial del proceso, que existió una planificación previa entre los involucrados.
Declaración de “Yandel” forma parte del expediente
La solicitud de coerción también recoge declaraciones atribuidas a Kevin Dariel Germán Troncoso luego de entregarse a las autoridades.
Según el Ministerio Público, Yandel identificó a Lawrence Mark Liranzo Marcos como la persona que lo acompañó y habría señalado que el hecho había sido coordinado previamente con Tejada Vásquez y Juan Carlos Hernández García.
Esa declaración forma parte de los elementos utilizados por la acusación para vincular a los cuatro hombres, aunque deberá ser debatida junto a las demás pruebas durante el proceso judicial.
Madre de la víctima habría sido llevada a una habitación
El expediente reconstruye además parte de lo que, según los investigadores, ocurrió dentro de la vivienda.
La acusación sostiene que Yandel condujo a Sara Castillo Martínez, de 97 años y madre de Zeneida Socorro Castillo, hacia una de las habitaciones, mientras Chiquito habría recorrido diferentes áreas de la residencia buscando dinero, joyas y otros objetos de valor.
El Ministerio Público atribuye a los asaltantes la sustracción de US$50,000 en efectivo, además de prendas de oro y otros bienes.
Según la investigación, Julián Oro Duro llegó a la vivienda aproximadamente a las 11:50 de la noche.
La acusación sostiene que, al entrar, fue atacado con una escultura de madera y un jarrón, recibiendo varios golpes en la cabeza y el rostro.
Luego habría sido despojado de una cadena de oro con una medalla de Jesucristo, además de dinero y otras pertenencias.
Dinero y prendas aparecen entre evidencias ocupadas
Parte importante del expediente está sustentada en dinero y objetos que las autoridades dicen haber recuperado durante arrestos y allanamientos.
A Phillips Michael Tejada Vásquez le fueron ocupados, según el Ministerio Público, 98 billetes de US$100, equivalentes a US$9,800, así como una cadena amarilla con una medalla de Cristo que la acusación identifica como propiedad de Julián Oro Duro.
También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante reuniones previas captadas por cámaras de seguridad.
En el caso de Kevin Dariel Germán Troncoso, el expediente refiere la ocupación de RD$30,000 y, en otra mochila localizada en una habitación de la vivienda de su suegra, US$3,750 y RD$88,000.
Respecto a Juan Carlos Hernández García, el documento presentado por el Ministerio Público señala la ocupación de US$240 y RD$500, aunque una información anterior de la Policía Nacional había situado la cantidad en US$240 y RD$32,000.
La diferencia entre ambos reportes deberá ser aclarada dentro de la investigación.
Allanamiento relacionado con “Chiquito”
Las autoridades también informaron sobre la recuperación de dinero y prendas durante una intervención vinculada a Lawrence Mark Liranzo Marcos.
Según el expediente, en poder de su madre fueron encontrados US$19,900 y RD$78,000, además de dos relojes, una cadena, una medalla, un guillo y un broche de mujer que el Ministerio Público relaciona con los bienes sustraídos durante el asalto.
La procedencia de estos objetos y su conexión con cada uno de los imputados deberán ser establecidas judicialmente.
Acusación deberá ser probada ante el tribunal
El Ministerio Público utiliza estos elementos para sostener que existió una actuación coordinada antes, durante y después del hecho.
Sin embargo, la descripción contenida en la solicitud de coerción representa la teoría inicial de la acusación y no una declaración definitiva de culpabilidad.
Corresponderá al tribunal valorar las evidencias, las declaraciones de los imputados y los argumentos de sus defensas para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados en el proceso.