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Suscriben contrato sobre auditoría forense a Sistema de Voto Automatizado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), suscribió este jueves con la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., un Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Forense al Sistema de Voto automatizado que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre.
El valor del contrato asciende a doscientos noventa y nueve mil ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica (299,800.00 USD), lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado, sin impuestos. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.
De acuerdo con el contrato, los servicios que debe prestar la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A. incluyen evaluar y concluir sobre los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral; sobre los controles de seguridad física en la administración de cadena de suministro de equipos hacia los centros de votación; sobre los controles del proceso de identificación, autenticación y autorización del votante; sobre los controles que mantienen la integridad de las urnas de votación electrónica; así como sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados; y los controles de seguridad de los diferentes componentes de la plataforma.
Dicha descripción corresponde al alcance que establece el Acta No. 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE celebrada este 14 de octubre de 2019, en la cual se dispuso que dicha Auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral, a fin de verificar en dicho sistema de votación el secreto del voto y no trazabilidad; integridad de los datos y objetos de la Base de Datos; trabajo fuera de línea (no online); análisis programa fuente (código fuente) vs programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y de evaluar la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad.
Asimismo, el Contrato indica que el proveedor deberá entregar por cada ítem evaluado un informe de avance sobre la revisión ejecutada durante la ejecución del proyecto y un informe final que contenga la evaluación de todos los puntos antes citados.
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente Contrato y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, fueron nombrados como administradores del Contrato MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, Dirección de Informática de la JCE; y ANDRÉS CASAS, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., quienes fungirán como tales durante toda la vigencia de este Contrato.
Finalmente, el contrato indica que la referida prestación de servicios tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir de su firma. Igualmente, podrá ser prorrogable hasta por dos periodos iguales, sin embargo, las partes deberán pactar mediante una Adenda las condiciones, precio y alcance de esta prórroga, es decir, no aplican prórrogas automáticas.
El Contrato fue suscrito por el Presidente de la JCE, Magistrado Julio César Castaños Guzmán; y Andrés Casas, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., acompañados de Miguel Ángel García, Director Nacional de Informática de la JCE.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.