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Suscriben contrato sobre auditoría forense a Sistema de Voto Automatizado
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), suscribió este jueves con la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., un Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Forense al Sistema de Voto automatizado que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos políticos el pasado 6 de octubre.
El valor del contrato asciende a doscientos noventa y nueve mil ochocientos dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica (299,800.00 USD), lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado, sin impuestos. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto y 50% al finalizar el proyecto.
De acuerdo con el contrato, los servicios que debe prestar la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A. incluyen evaluar y concluir sobre los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral; sobre los controles de seguridad física en la administración de cadena de suministro de equipos hacia los centros de votación; sobre los controles del proceso de identificación, autenticación y autorización del votante; sobre los controles que mantienen la integridad de las urnas de votación electrónica; así como sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados; y los controles de seguridad de los diferentes componentes de la plataforma.
Dicha descripción corresponde al alcance que establece el Acta No. 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE celebrada este 14 de octubre de 2019, en la cual se dispuso que dicha Auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral, a fin de verificar en dicho sistema de votación el secreto del voto y no trazabilidad; integridad de los datos y objetos de la Base de Datos; trabajo fuera de línea (no online); análisis programa fuente (código fuente) vs programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y de evaluar la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad.
Asimismo, el Contrato indica que el proveedor deberá entregar por cada ítem evaluado un informe de avance sobre la revisión ejecutada durante la ejecución del proyecto y un informe final que contenga la evaluación de todos los puntos antes citados.
Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente Contrato y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, fueron nombrados como administradores del Contrato MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, Dirección de Informática de la JCE; y ANDRÉS CASAS, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., quienes fungirán como tales durante toda la vigencia de este Contrato.
Finalmente, el contrato indica que la referida prestación de servicios tendrá una vigencia de tres meses, contados a partir de su firma. Igualmente, podrá ser prorrogable hasta por dos periodos iguales, sin embargo, las partes deberán pactar mediante una Adenda las condiciones, precio y alcance de esta prórroga, es decir, no aplican prórrogas automáticas.
El Contrato fue suscrito por el Presidente de la JCE, Magistrado Julio César Castaños Guzmán; y Andrés Casas, Socio líder de la empresa DELOITTE & TOUCHE S.A., acompañados de Miguel Ángel García, Director Nacional de Informática de la JCE.
Ha llegado a su fin la presente campaña electoral, cuyos candidatos han logrado promover sus propuestas por diferentes plataformas comunicacionales, pese a que la política parece no generar el mismo entusiasmo de hace algunas años atrás.
En lo que parece ser un aspecto positivo y una muestra de avance, aunque de manera simultánea, se repitieron situaciones negativas, en algunos casos, agravadas.
Es decir, se nota un avance por un lado, y un retroceso por otro. Si se quiere ver el vaso medio lleno, procede destacar que ha sido una campaña esencialmente propositiva, en la que incluso se realizaron varios debates públicos de candidatos, incluido el de los aspirantes a la presidencia, que marcó un hito y crea las condiciones para que el debate se establezca como práctica en cada proceso.
Desde hace tiempo, gran parte de la sociedad ha estado reclamando campañas más cortas y menos costosas y ruidosas. Lo de los tiempos del proselitismo es una tarea pendiente, pero en la campaña que concluye hubo un poco menos de caravaneo y concentraciones. Esta vez, por ejemplo, no se hicieron los famosos mítines de cierre. Los partidos y sus candidatos realizaron movilizaciones en distintos puntos del país, pero a nadie se le ocurrió volver al modelo de las concentraciones nacionales, las que eran realizadas por todos, al menos los principales, en la última semana de proselitismo. En el 2020 no se hicieron por la pandemia, y ahora, como si se hubieran puesto de acuerdo, dejaron fuera de su agenda ese recurso, que sin dudas era uno de los componentes más costosos de las campañas.
Las denuncias
Las denuncias de uso de recursos del Estado en campaña han estado presentes, como siempre, porque en cada proceso lo que cambian son los denunciantes y los denunciados. Las nuevas legislaciones permiten regular, o prohibir situaciones determinadas, pero el tema es de cultura política, y las leyes ayudan, pero no constituyen la solución.
Santo Domingo.- La sociedad dominicana se aboca a la elección este domingo 19 de mayo de las autoridades nacionales, incluidos los miembros del Congreso Nacional, cuyo acontecimiento ha sido ponderado positivamente por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) l (FINJUS).
El voto es un derecho y deber ciudadano consagrado en el art. 208 de la Constitución, indicando que debe ser libre, directo y secreto. Con su participación en los comicios, el pueblo dominicano reafirma ante el mundo su decisión de vivir en democracia y su confianza en que la Junta Central Electoral mantenga su labor de proveer seguridad y transparencia a este proceso.
Como en otras áreas de la vida institucional dominicana, en el ámbito electoral persisten situaciones de debilidad que arrastramos desde hace décadas, que podrían afectar el ejercicio de la voluntad popular y el predominio de los valores democráticos. Es una tarea conjunta entre los órganos electorales, los partidos políticos, el Estado y la ciudadanía que en estas elecciones los sufragios se realicen con un ánimo pacífico y consciente, respetando nuestras instituciones, así como los marcos legales existentes.
Desde FINJUS reiteramos nuestra gran valoración por el empeño y trabajo que la JCE ha venido desarrollando en este camino, y le exhortamos a cumplir con su mandato legal para que sea la garante de que los resultados de los escrutinios del 19 de mayo estén revestidos de justicia, legalidad y transparencia, actuando con serenidad, firmeza y responsabilidad.
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Partido oficial solicita sanción de 200 salarios mínimos para Fuerza del Pueblo por publicar encuesta
Santo Domingo, R.D.-Sigmund Freud, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) sancionar con doscientos (200) salarios mínimos al partido Fuerza del Pueblo por violación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral 2023, al publicar este jueves 16 de mayo una encuesta en espacio pagado.
La comisión, integrada además por la vicepresidenta del PRM, Milagros Ortiz Bosch; el representante del candidato presidencial Luis Abinader, Manuel Conde; el delegado técnico Robert Arias y el delegado suplente, Dionisio De los Santos, llevó la denuncia a la JCE, donde se señala que “se trata de la última encuesta realizada por el consultor Dick Morris, «siendo esta publicación una clara violación a las reglas establecidas en el Art. 216 de la ley 2023, a 3 días para la celebración de los comicios».
“Solicitamos que se inicie los procedimientos sancionadores establecidos y se condene al Partido Fuerza del Pueblo al pago correspondiente establecido en el Art.308: La sanción administrativa máxima de doscientos (200) salarios mínimos, por las violaciones a la Ley num. 20-23”, indica el documento.
“El señalamiento que realiza en esta encuesta es incitador y busca de algún modo movilizar a la población dominicana a votar por su partido, nos parece una práctica desleal que viola principios constitucionales tales como el voto deben ser libre y fuera de toda táctica de coerción o incitación, y / o condicionamiento. Puesto que en tales comunicados públicos se rezan los siguientes lemas: 1- En la cuenta de redes sociales Instagram y Facebook: “El mejor camino para vencer a Abinader”; 2- El 19 de mayo, votar por la esperanza es fácil; 3- La Fuerza del pueblo y de la esperanza con Leonel Presidente”, expresa.
También indica que se podrán publicar todas las encuestas realizadas, siempre cumpliendo con los estándares generalmente aceptados sobre la materia.
“Y que las firmas encuestadoras debidamente certificadas, podrán realizar encuestas o sondeos a boca de urna, siempre que las mismas sean depositadas en la Junta Central Electoral en sobres cerrados y sellados o lacrados, y hayan cumplido con los requisitos exigidos por la Junta Central Electoral, cuyos resultados no podrán ser divulgados hasta tres horas después del cierre de las votaciones», concluyen.