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Partidos políticos y la JCE firman pacto por «integridad electoral»

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SANTO DOMINGO.-Los partidos políticos y el  Pleno de la Junta Central Electoral firmaron un compromiso por la integridad electoral de cara a garantizar un proceso electoral íntegro, justo y transparente en el 2024.

El presidente de la JCE, Román Jáquez, señaló que la misma  tiene el compromiso de cumplir y hacer cumplir las normas electorales y que la ley es clara cuando prohíbe las precampañas y campañas a destiempo.

“Es un compromiso del más alto nivel para con sus afiliados, afiliadas y con la ciudadanía. En la medida que las organizaciones se comportan así se comportan sus afiliados”, indicó Jáquez.

LOS PUNTOS DEL COMPROMISO FIRMADO

El compromiso por la integridad electoral señala que en este período previo al de la precampaña solo está permitida la realización de actividades exclusivamente institucionales a lo interno de las organizaciones políticas y, según el artículo 8 de la Resolución No. 28/2021 del 13 de octubre de 2021, están prohibidas actividades como las siguientes:

  1. Realización de Mítines, caravanas y concentraciones de personas en lugares públicos.
  1. La colocación de vallas, afiches o cruza calles en las cuales se pueda verificar la propuesta de precandidatura o el cargo al que se pretende aspirar, a menos que las mismas sean colocadas y utilizadas en el interior de los locales partidarios, y que no sean visibles al exterior del mismo.
  1. La colocación de mensajes o promociones pagadas de índole política en los medios radiales, televisivos, medios de mensajería instantánea, entre otros.
  1. La promoción y reconocimiento por parte de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a los y las aspirantes como precandidatos/as o candidatos/as para ninguno de los niveles de elección previstos en la ley.
  1. La utilización de altoparlantes, bocinas y disco light promocionando a los aspirantes ante la población.
  1. La producción y uso de propaganda alusiva a los aspirantes, en grupo de personas, como son camisetas, gorras, banderas, cintillos promocionales, salvo que los mismos sean utilizados de manera exclusiva en el interior de los locales de las organizaciones políticas a propósito de una actividad interna.
  1. Contratación para la difusión de publicidad o propaganda a través de los medios de comunicación televisivos, radial y redes sociales, y que tengan como propósito promocionar a los aspirantes.
  1. La realización de marchas, mítines o propaganda de cualquier tipo en los actos públicos realizados por entidades estatales, que promuevan un determinado aspirante y que afecte la solemnidad institucional que debe caracterizar a estos eventos; entre otras establecidas en la indicada resolución.

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Ministerio Público cuestiona actitud de jueces conocen casos corrupción

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SANTO DOMINGO (República Dominicana).-Mirna Ortiz,  procuradora de corte,  cuestionó la actitud de jueces que conocen casos de corrupción, los cuales a su juicio siguen «sin asumir la magnitud” de los mismos. 

Dijo, sin embargo, que el Ministerio Público «se mantiene confiado en los procesos.

Ortiz,  coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), opinó que los tribunales continúan emitiendo decisiones «bajo un pensamiento ortodoxo”.

A manera de ejemplo citó la del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de varíar la prisión preventiva a Alfredo Alexander Solano. uno de los imputado por corrupción administrativa del Caso Medusa.

Opinó que los jueces siguen «sin asumir la magnitud de los casos de corrupción», pero dijo que el Ministerio Público «se mantiene confiado en el proceso», pese a la decisión del Tercer Juzgado. 

“El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

DENUNCIA SE NIEGAN A HACER EXAMEN DE LA LEY

Al ser consultada por los periodistas sobre la decisión el juez Amauri Martínez de disponer el cese de la prisión preventiva a favor del imputado Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público,  indicó que “los tribunales se niegan a hacer un examen de la Ley conforme a las nuevas tendencias».

Sostuvo que frente a los casos de corrupción que maneja el Ministerio Público se hace necesario «sin dilaciones y conforme lo establecido por el Tribunal Constitucional, extender los plazos».

Resaltó que hay una gran  cantidad de imputados y de pruebas, y  complejidad de la obtención de estas últimas, lo cual no se había visto con otros procesos, por lo menos en la historia de la justicia penal dominicana.

“Los jueces se niegan a entender esa realidad y, en este caso, incluso, el Juez tampoco escuchó el llamado y el clamor de una víctima que le dijo a la justicia dominicana a través de una denuncia que su vida se sentía amenazada con la libertad del ciudadano Solano, y esa persona es nada más y nada menos que la exesposa del imputado”, añadió.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

Al variar la prisión preventiva al acusado Solano, el juez Martínez le dispuso arresto domiciliario, el pago de una garantía económica de RD$10 millones a través de una compañía aseguradora e impedimento de salida del país.

La procuradora Ortiz resaltó que al tribunal se le explicó que la exesposa de Solano presentó, el día 26 de enero, una denuncia por sentirse violentada de manera persistente a través de llamadas telefónicas amenazantes, realizadas por el imputado desde la cárcel, desde dónde le advertía incluso, que la cárcel no era eterna, o sea, «poniendo fecha y hora para que a su salida resolvieran conflictos y situaciones de pareja”.

“El Juez entendió que esto tampoco era motivo suficiente para mantenerlo en prisión y que eso era un caso distinto al caso que estábamos conociendo”, dijo.

Por razones de espacio la audiencia fue celebrada en la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público además de Ortiz estuvo representado por los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.

Ortiz recordó que el Ministerio Público se mantiene confiado en el proceso pese a la decisión del tribunal. “El Ministerio Público continúa como siempre a pie de batalla y seguiremos presentando la acusación donde inequívocamente serán enviados todos a juicio”, subrayó.

OTROS ACUSADOS

Además de Alfredo Alexander Solano, el proceso también se sigue en contra del ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien es acusado de dirigir el entramado de corrupción administrativa cuando estuvo al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.

También, contra el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra, y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert.

Igualmente, contra Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como de Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y el exasesor Miguel José Moya.

LOS CARGOS

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un voluminoso expediente de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

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Ley prohibe ponerles nombres confusos a sus hijos ni denigrantes.

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Santo Domingo, RD.-Queda prohibido en la la nueva ley que regula los actos del estado civil que los padres asignen a sus hijos nombres que atenten contra la dignidad, que generen confusión sobre el sexo de la persona, y que ya posea uno de los hermanos.

La Ley 4-23 autoriza a los oficiales del estado civil a negar la asignación de los nombres que están restringidos, al momento de registrar la declaración del nacimiento.

“Los nombres que se le otorguen a una persona no podrán atentar contra la dignidad ni objetivamente perjudicar ni crear confusión en cuanto a la identificación del sexto de la persona”, establece el artículo 74 a ley 4-23.

Señala que en caso de que surjan conflictos en lo relativo al nombre, el oficial del estado civil queda facultado a negar la asignación de nombres que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados.

 La legislación dispone que cuando se presenten ese tipo de casos, el oficial civil debe poner en conocimiento la situación a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil para dirimir y resolver el conflicto.

“No podrá imponerse al nacido nombre que ostente uno de sus hermanos con idénticos apellidos, a no ser que hubiera fallecido”, señala el párrafo II del artículo  74.

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Asaltantes de joyería «La Baticueva» mueren en enfrentamiento con la Policía

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Santo Domingo, RD.-Agentes de la Policía Nacional dieron muerte a dos presuntos delincuentes y otros dos fueron apresados  tras un enfrentamiento a tiros en la avenida Las Américas, Santo Domingo Este.

Las cuatro personas, aún no identificados, salieron huyendo tras asaltar la joyería “La Baticueva” y fueron sorprendidos en una persecución por los uniformados.

Según narran testigos del hecho a periodistas de Listín Diario, el vehículo en el que se desplazaban los individuos, un Jeep Grand Cherokee, intervino en vía contraria, produciéndose un choque con otro vehículo que los acorraló y obligó a los cuatro a “echarse a correr”.

De acuerdo con un agente policial presente, el primero de los abatidos se autopropinó un disparo para evitar caer preso, el otro fue muerto en el intercambio de disparos al intentar escapar entre unos matorrales.

Los otros dos fueron apresados.

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