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Los presos podrán votar en las elecciones del 2024, según acuerdo de la JCE y MP.

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Santo Domingo.-Un acuerdo interinstitucional que permitirá que los presos puedan ejercer el derecho al voto fue firmado por  la Junta Central Electoral (JCE) y la Procuraduría General de la República (PGR) .

Mediante el convenio, el órgano electoral y del registro civil proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y reclusos. La PGR tendrá acceso a los mecanismos de consultas en la base de datos de la JCE.

El acuerdo fue firmado en la sede de la JCE por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo, y por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en presencia de los miembros titulares del Pleno, Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa y el secretario general, Sonne Beltré Ramírez, además del director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio.

Jáquez Liranzo destacó la importancia del apoyo para la identificación de la identidad a través del mecanismo de biometría porque permitirá que los reclusos de manera preventiva, que no tienen la pérdida de ningún tipo de derecho fundamental salvo lo propio que señala el proceso penal, puedan ejercer el sufragio activo para las elecciones de 2024 como existe en otros países.

Agregó que el acuerdo también permitirá depurar el padrón del sistema carcelario excluyendo a todas las personas juzgadas ya de manera definitiva e irrevocable.

De su lado, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, destacó la importancia del convenio, considerando que reconoce derechos consagrados en la Constitución en favor de personas desfavorecidas de la sociedad que no podían ejercer el derecho al voto por no estar registradas ni tener manera de que constaran sus datos.

«La cuestión del derecho al voto tiene una larga historia de exclusión… Esto es importante porque esas personas sienten que pueden hacer valer su opinión, su esperanza en favor de tal o cual candidato que creen que responde mejor o tiene mayor preocupación por su situación», manifestó.

Colaboración interinstitucional

En el convenio, el Ministerio Público establece que requiere de la implementación de un sistema multibiométrico que facilite la gestión, resguardo y consulta, para fortalecer la identificación de personas e imputados, además del control de los reclusos, en los procesos de investigación, judicialización o de privación de libertad, permitiendo incrementar la capacidad y calidad persecutora limitando las acciones de los delincuentes y criminales que traten de ocultar su verdadera identidad al ser detenidos o investigados.

En el acuerdo, la JCE se comprometió a apoyar y colaborar con equipos y sistemas informáticos al Ministerio Público.

Para el funcionamiento de la modalidad del acceso a la información, tanto la JCE como la PGR acordaron desarrollar una interfaz de consulta para que el órgano judicial pueda acceder al Archivo Maestro de Cedulados vía web, a través de una aplicación creada para consultar en línea durante procesos de empadronamiento, identificación o actualización de identificación de personas de manera que pueda tener acceso a cualquier registro de la base de datos, incluyendo información biométrica en modalidad de consulta.

De su lado, el Ministerio Público se comprometió a disponer de las facilidades, personal y medios tecnológicos y logísticos necesarios para la lectura, registro y proceso de información biométrica procurando el aprovechamiento máximo, tanto de los equipos como de los mecanismos provistos por la JCE para procurar la identificación e individualización de personas, imputados y privados de libertad.

No es la primera vez

En 2014, el presidente de la JCE de entonces, Roberto Rosario, y el procurador Francisco Domínguez Brito, firmaron un acuerdo con los mismos fines, permitir que los presos preventivos pudieran votar en las elecciones de 2016.

De hecho, se empadronaron 2,027 internos entre mujeres y hombres, pero al final no se implementó.

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Suspencion de docencia por alerta roja este jueves en Puerto Plata y Espaillat.

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Santo Domingo, R.D.-Fue suspendida este jueves la docencia por el Ministerio de Educación (Minerd)  en las provincias de Puerto Plata y Espaillat tras ser declaradas la tarde de estge miércoles en alerta roja por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las condiciones meteorológicas actuales.

La cartera educativa instruyó, además, a los directores regionales, distritales y de centros educativos a adoptar medidas preventivas en las siete provincias en alerta amarilla que cuentan con zonas vulnerables, en función de la evolución de las condiciones climáticas.

La entidad indicó que estas disposiciones incluyen la evaluación continua de riesgos, así como la potestad para suspender la docencia en áreas donde las condiciones climatológicas lo ameriten.

Asimismo, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

El Ministerio recordó que el COE declara la alerta roja cuando existe un alto nivel de riesgo para la población, ante la inminente ocurrencia de fenómenos adversos o cuando estos ya están impactando de manera significativa, lo que requiere la adopción inmediata de medidas de protección.

El COE establece que la alerta amarilla indica una situación de riesgo moderado que puede escalar, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta y tomar precauciones.

De igual forma, la alerta verde se emite ante la posibilidad de un evento adverso, lo que implica condiciones de vigilancia y seguimiento, sin que represente un peligro inmediato.

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Alerta roja a Puerto Plata y Espaillat y otras 7 provincias están en amarilla y 13 en verde por lluvias

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SANTO DOMINGO.- Fueron colocada en alerta roja por el  Centro de Operaciones de Emergencias (COE) las provincias Puerto Plata y Espaillat, mientras que mantiene siete en amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a los efectos de una vaguada prefrontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste .

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago y San José de Ocoa.

Lluvias provocan inundaciones en La Vega y Azua; más de 350 mil afectados por fallas en acueductos

Mientras que en verde están San Juan, Elías Piña, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Samaná, Santo Domingo, Valverde, Santiago, Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Distrito Nacional y Sánchez Ramírez.

De igual forma, en la costa atlántica exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a viento moderado y olas anormales.

De acuerdo al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) los campos nubosos del sistema frontal al norte del país y los efectos orográficos locales continuarán generando nublados esta noche y en el transcurso de la madrugada del jueves, acompañados de aguaceros intermitentes muy fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, sobre provincias del litoral costero Atlántico, el valle de Cibao, el sureste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Agregó que en la tarde, esta actividad de precipitaciones se extenderá sobre varios puntos del valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza, principalmente hacia las provincias de: María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco, Pedernales, Barahona y El Gran Santo Domingo.

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Desorden en Punta Cana advierte Obispo Jesús Castro.

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Santo Domingo, R.D.-Jesus Castro Marte,  obispo de la diócesis de La Altagracia,  expresó su profunda preocupación por el acelerado desarrollo urbanístico en la zona de Verón-Punta Cana, señalando que muchos proyectos se están ejecutando sin cumplir con la debida planificación establecida en la Ley No. 0368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.

El prelado dejó claro que no se opone al desarrollo, pero enfatizó la necesidad de que las autoridades competentes hagan cumplir estrictamente las normativas vigentes. En ese sentido, exhortó a que los desarrolladores inmobiliarios respeten las disposiciones legales tanto a nivel local como nacional y regional, con el fin de garantizar un crecimiento ordenado y sostenible.

Asimismo, hizo un llamado urgente a proteger la inversión extranjera en el país, advirtiendo sobre la presencia de falsos desarrollistas que incurren en estafas inmobiliarias. Según indicó, estas prácticas afectan a ciudadanos que, con sacrificio, invierten sus ahorros o acceden a préstamos bancarios para adquirir una vivienda.

Castro Marte subrayó que la seguridad jurídica debe prevalecer para garantizar la confianza en el clima de inversión del país. “Mantener altos estándares en este aspecto es clave para preservar la imagen de la nación como una marca país confiable”, concluyó.

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