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PC le solicitó a Jean Alain perjudicar a personas durante su gestión, según lo denunció el ex-procurador.
Santo Domingo, R.D.-El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, atacó nueva vez el octavo informe de Participación Ciudadana relacionado al retraso del caso de corrupción que lo vincula, señalando a esa organización de haberle propuesto, durante su gestión, hacerles daño a personas.
Al acusar al movimiento no partidista de buscar congraciarse con el Ministerio Público y los poderes políticos para beneficio propio, dijo que durante su gestión como procurador general los miembros de esa entidad hicieron lo mismo.
«Yo tuve que lidiar con Participación Ciudadana, y Pancho Álvarez iba a mi despacho, iban a mi despacho como lo hacen ahora, iban de forma clara y precisa, a preguntar ¿cómo te ayudó, qué quieres que diga?, sin importar si era cierto o no. Por suerte, durante ese periodo nunca le pedí nada incorrecto», afirmó.
- El exprocurador general, imputado de encabezar una red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, sostuvo que incluso se le «pedía que le hiciera daños a personas» o que se les citara, sin importar si estas eran inocentes.
Pancho Álvarez: Haría bien en presentar pruebasEl actual coordinador general de Participación Ciudadana (PC), Francisco (Pancho) Álvarez Valdez, respondió a la acusación que le hace a ese movimiento no partidista y a él mismo el exprocurador general, recomendándole a este que presente las pruebas de sus imputaciones y así le «haría bien» al paísSostuvo que, como abogado, en una de dos ocasiones acudió donde Rodríguez para tratarle un caso que manejaba como profesional del derecho, pero que «por suerte» lo acompañó un «prestigioso colega».
«En otra ocasión lo visité para tratarle el caso de Odebrecht y solicitarle que enviara fiscales a Brasil para interrogar a los ejecutivos de esa empresa relacionados con República Dominicana».
Cuando fue por el caso Odebrecht, investigaciones que se realizó en las gestión de Jean Alain, dijo que también en esa oportunidad no lo visitó solo. «Estaban conmigo algunos compañeros de PC. No nos complació».
Jean Alain insistió este jueves que la acusación de corrupción en su contra se hizo preparada «con odio» y «con rencor», así como por interés político.
Defendió los incidentes que su equipo de abogados planifican presentar en el juicio de fondo porque, según asevera, lo que busca es defender su inocencia amparado en las garantías que le ofrece la Constitución y las leyes.
Los juristas reiteraron que el proceso de persecución contra su cliente se inició en agosto del 2020, inmediatamente después de tomar posesión en su primer gobierno el presidente Luis Abinader y se le sustituyó como exprocurador general a Jean Alain por Miriam Germán Brito. Por esa razón sostienen que el caso va a cumplir los seis años.
Santo Domingo, R.D.-Nueva vez, el Gobierno dominicano ha anunciado que busca implementar el cobro de impuestos a plataformas digitales de proveedores extranjeros, como Netflix, Spotify, Airbnb, entre otros.
A pesar de que esta medida ha sido comunicada en otras tres ocasiones, en ninguna logró ser implementada.
En su nuevo intento, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) adelantó el martes que avanza en una propuesta para implementar el cobro de un 18% de Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a plataformas digitales.
El funcionario explicó que la DGII ya trabaja en la creación de un mecanismo que permita recaudar el impuesto sobre los servicios digitales consumidos en el país, asegurando que se encuentra en comunicación con todas las plataformas.
El funcionario aseguró que las plataformas digitales han mostrado disposición ante la iniciativa, al asegurar que “sí, muy positivas, sí, todas, Airbnb, Netflix, todas están en eso, Facebook. Ellos no pretenden darle mucha larga a eso”.
Hace un año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 30-25, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial No. 11186 el 25 de enero de 2025, que establecía la aplicación del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los servicios digitales consumidos en el país.
El decreto contemplaba gravar plataformas de streaming de música y video, servicios de publicidad y redes , plataformas de intermediación y servicios de almacenamiento en la nube y software.
Es decir, empresas como Netflix, Spotify, Disney+, Google Adss, Facebook Ads, Uber, Airbnb, videojuegos, entre otros tendrían que pagar impuestos. No obstante, tras hacerse público el decreto, el entonces vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que el mismo sería derogado y, por tanto, no entraría en vigencia.
En 2024, luego de la reelección del presidente Luis Abinader, fue anunciada una reforma fiscal, la cual contemplaba un Impuesto al Valor Agregado (IVA) a plataformas digitales.
No obstante, debido a la falta de apoyo de varios sectores y críticas de la sociedad, el proyecto de reforma fiscal fue retirado, y con ella los planes de cobrar impuesto a estos proveedores extranjeros.
En febrero del año 2022, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) refirió que el Código Tributario Dominicano establece que los servicios digitales no están exentos del ITBIS, lo que implicaba su sujeción a este impuesto.
Pese a los intentos gubernamentales en actualizar el régimen fiscal frente a las plataformas digitales, la falta de consenso y los cuestionamientos sobre su implementación han llevado a abandonar estas medidas en distintas ocasiones.
Santo Domingo, R.D.-Este jueves 21 de mayo del 2026 el Poder Judicial informó que continuará operando en todo el país como parte de las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios, pese al paro convocado por jueces, juezas y servidores judiciales.
La institución explicó que los trámites y servicios judiciales seguirán funcionando con normalidad en las distintas jurisdicciones y dependencias judiciales del país. Además, la plataforma digital justicia.gob.do permanecerá disponible las 24 horas para garantizar el acceso continuo a los servicios judiciales.
El paro de jueces y servidores judiciales fue convocado en reclamo de mejores condiciones de trabajo, reivindicaciones salariales justas y otras demandas relacionadas con el fortalecimiento del sistema judicial dominicano.
Asimismo, el Consejo del Poder Judicial y los órganos de dirección administrativa adoptaron medidas para asegurar el funcionamiento institucional y la continuidad de los servicios judiciales en todo el territorio nacional.
El Consejo reiteró que la manifestación pacífica constituye un derecho fundamental y reafirmó la importancia del diálogo como vía para fortalecer las instituciones. También recordó que miles de ciudadanos acuden diariamente al sistema judicial en busca de respuestas y soluciones, por lo que preservar el acceso a la justicia forma parte de su compromiso permanente con la ciudadanía.
El Consejo del Poder Judicial puso en marcha medidas concretas para fortalecer el talento humano y la infraestructura del sistema judicial, incluyendo la indexación salarial, la mejora de los espacios de trabajo, la movilidad en la carrera judicial y la agilización de suplencias y vacantes.
Estas acciones, respaldadas por el Ministerio de Hacienda y Economía y contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, reflejan el compromiso institucional de avanzar en soluciones sostenibles mientras se garantiza la continuidad del servicio judicial en todo el país.
El Poder Judicial reafirmó su compromiso con las iniciativas orientadas al fortalecimiento y mejora continua del sistema de justicia dominicano.
Además, impulsa nuevas medidas en materia de infraestructura, talento humano y mejoras salariales tras la reciente reunión del Consejo del Poder Judicial.
El Ministerio de Hacienda y Economía habilitará recursos presupuestarios para respaldar la indexación salarial, la modernización de las infraestructuras judiciales y la reducción de la mora judicial, iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034 impulsado por el Consejo del Poder Judicial.
De igual forma, el Consejo ejecutará iniciativas enfocadas en el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial, con el objetivo de avanzar hacia una justicia más ágil, accesible y transparente.
Los recursos presupuestarios serán habilitados de manera gradual en los presupuestos de 2026 y 2027, con el propósito de sostener los objetivos estratégicos del plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso a la justicia, la modernización de la infraestructura judicial, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.
Santo Domingo, R.D.-Dos préstamos depositados por el Gobierno fueron aprobados por la Camara de Diputados, cuyos legisladores del PRM no tuvierion reparos en dar sus votos para que continúe el endeudamiento del pais.
Los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados se unieron para favorecer en menos de una hora y media la suscripción de esos contratos que tienen un monto total de USD$600 millones, superando el rechazo de las bancadas políticas opositoras.
Una de estas sería realizada con la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el objetivo de permitir la utilización de USD$ 200 millones en “la acción climática”.
El Ministerio de Hacienda y Economía, entidad que estaría encargada de ejecutar los recursos, le permitirá al Poder Ejecutivo tener “resiliencia frente a los impactos del cambio climático”.
“El préstamo tiene como propósito brindar liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario”, dicta el documento legislativo.
Mientras que el segundo empréstito fue acordado por el Poder Ejecutivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso en la Zona de Punta Cana-Bávaro.
Según establece la pieza, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) dispondría de estos fondos para “contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero” en esas demarcaciones.
De manera específica, “incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención”.