Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.Nacionales
Tras más de 18 meses bajo prisión preventiva Jean Alain durmió en su cama familiar.
Santo Domingo, RD.-Casi un año después de entregar el control del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez era apresado y posteriormente acusado de la comisión de una diversidad de delitos que lo mantenían en prisión preventiva y de la que pudo zafarse hace pocos días para retornar a dormir en la cama familiar.El exprocurador de la República fue apresado hace unos 18 meses luego de llegar a la sede del Ministerio Público «voluntariamente», en búsqueda de respuestas sobre su implicación en la “Operación Medusa”, que está a cargo de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
«Yo estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación; a mí nadie me ha llamado ni me ha convocado; veremos que tienen las autoridades que decir, me preguntarán; y si tienen una orden de arresto, pues que me sometan a la justicia y nos vemos en los tribunales «, fue lo dicho por Rodríguez a su llegada a la institución mientas era acompañado por varias personas, que conforman su equipo legal.
Sin embargo, unas tres horas después uno de sus abogados se Alain Rodríguez, Figueroa Güilamo informaba que el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez ya estaba apresado y bajo la custodia del Ministerio Público.
«Tenía una orden de arresto y la magistrada Yeni Berenice ejecutó la orden de arresto… en el momento en que lo entregamos», manifestó Güilamo a varios medios de comunicación.
El exprocurador salió dentro de un operativo policial camino a la cárcel del Palacio de Justicia donde fue puesto bajo prisión junto a otros implicados del caso medusa.
Jean Alain es señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una supuesta red de corrupción denominada Medusa y se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó esa entidad del Estado entre 2016 y 2020.
Imputaciones, a las cuales se les sumaron acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos y debido a esos señalamientos fue enviado hacía el Penal de Najayo, luego de que el martes 13 de julio la jueza Kenya Romero le dictara 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Tras varios intentos fallidos y agotar diferentes argumentos, la madrugada del miércoles a Rodríguez se le fue variada su medida de coerción por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez, dispusiera el arresto domiciliario en su lugar; sin embargo aclaró que con esto no se desvinculaba al exprocurador del proceso que se lleva en su contra de parte de las autoridades.
“Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos”, fueron las palabras que dijo el exprocurador tras la decisión del juez.
Alrededor de las 11 de la noche del viernes, tras una demora del recinto penitenciario debido a que tuvo que esperar que llegaran los técnicos que le colocarían los brazaletes electrónicos, Rodríguez salió de la cárcel de Najayo hacia su residencia en el sector de Piantini en el Distrito Nacional en donde durmió con su familia por primera vez en más de 18 meses.
Además de arresto domiciliario, al exprocurador se le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico.
Otros implicados
Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En este caso el Ministerio Público presentó una acusación, contra 41 personas físicas y 22 empresas, mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos.
Por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.
También, Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad. El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya.
Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
Alerta
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
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De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.
Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Nacionales
Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
Totalmente arrepentida
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
El conocimiento de la medida de coerción para el 12 de marzo a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la propia defensa debido a que l instancia del Ministerio Público fue entregada hoy y relataron se encontraba incompleta.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
«El aplazamiento fue a requerimiento de nosotros porque la instancia del Ministerio Público nos la entregaron hoy. No tenemos tiempo para preparar los presupuestos y además estaba incompleta, le faltaban páginas«, indicó.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.