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Ex-procurador Jean Alain no se cansa de recurrir.
Jean Alain Rodríguez durante el tiempo que guarda prisión preventiva ha intentado en una diversidad de veces lograr su libertad, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido fallidos.Desde julio del pasado año, el exfuncionario está preso en Najayo por su vinculación al caso Medusa, tiempo en el cual ha sometido al menos ocho recursos, entre ellos, la recusación a decenas de fiscales, demanda contra una jueza, una petición para que realicen una auditoría a sus bienes y una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.
Las últimas de las solicitudes que Jean Alain presentó a través de sus abogados, que denunciaron que este caso se trata de una venganza y no de justicia, fue la semana pasada cuando recusó a 29 fiscales, entre ellos entre ellos a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, para que en su lugar sean designadas otras personas.
Unos días antes, el 25 de febrero, se dio a conocer que el imputado solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Pepca, que realicen una “exhaustiva” auditoría a sus bienes con el que quiere que se demuestre lo que ha dicho varias veces: que su patrimonio es lícito.
Al titular de la Pepca, Wilson Camacho, no solo lo recusó, pues previo la petición que le hizo de una auditoría, solicitó a la Cámara de Diputados que lo interpele para que explique el “estado de abandono, deterioro y destrucción” de cárcel La Nueva Victoria, cuya obra se encuentra en un proceso de auditoría.
El 17 de febrero, los abogados del exprocurador demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y perjuicios con el objetivo de que sea condenada al pago de 15 millones de pesos por “negarse” a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación.
Le molesta el nombre medusa
El día 9 del mismo mes, Jean Alain acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde elevó una acción de amparo para que eliminen su nombre con todo lo que tenga que ver con la Operación Medusa. Dicha petición no fue conocida por este tribunal que se declaró incompetente.
Pero la cosa no se queda allí, en diciembre pasado, se querelló disciplinariamente contra la misma jueza Kenya Romero bajo el alegato de que “atropelló y violentó” su derecho de defensa durante la audiencia de medida de coerción.
Para octubre del pasado año, ante la negativa de un tribunal de sacarlo de prisión, el imputado recurrió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso alegando violación de derechos fundamentales.
Y anteriormente, en septiembre, su familia sometió una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en búsqueda de “preservar la vida e integridad física” de su pariente.
Los libros que mandó a periódicos
Al margen de esto, está la apelación para que lo sacaran de prisión y las veces en que, durante la revisión de la medida de coerción, solicitó la variación de la prisión preventiva.
Y también, se dedicó a enviar a los medios de comunicaciones libros donde expone lo realizado durante su gestión para humanizar las cárceles del país.
Junto al documento remitió una carta en la que manifestó que el plan de humanización de las cárceles que implementó durante su gestión debe ser “replicado por todas las gestiones de gobierno”.
Denuncia violación de derechos a Jean Alain
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el exprocurador Jean Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Señaló en su misiva que la organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.