Nacionales
Ex-procurador Jean Alain no se cansa de recurrir.
Jean Alain Rodríguez durante el tiempo que guarda prisión preventiva ha intentado en una diversidad de veces lograr su libertad, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido fallidos.Desde julio del pasado año, el exfuncionario está preso en Najayo por su vinculación al caso Medusa, tiempo en el cual ha sometido al menos ocho recursos, entre ellos, la recusación a decenas de fiscales, demanda contra una jueza, una petición para que realicen una auditoría a sus bienes y una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.
Las últimas de las solicitudes que Jean Alain presentó a través de sus abogados, que denunciaron que este caso se trata de una venganza y no de justicia, fue la semana pasada cuando recusó a 29 fiscales, entre ellos entre ellos a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, para que en su lugar sean designadas otras personas.
Unos días antes, el 25 de febrero, se dio a conocer que el imputado solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Pepca, que realicen una “exhaustiva” auditoría a sus bienes con el que quiere que se demuestre lo que ha dicho varias veces: que su patrimonio es lícito.
Al titular de la Pepca, Wilson Camacho, no solo lo recusó, pues previo la petición que le hizo de una auditoría, solicitó a la Cámara de Diputados que lo interpele para que explique el “estado de abandono, deterioro y destrucción” de cárcel La Nueva Victoria, cuya obra se encuentra en un proceso de auditoría.
El 17 de febrero, los abogados del exprocurador demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y perjuicios con el objetivo de que sea condenada al pago de 15 millones de pesos por “negarse” a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación.
Le molesta el nombre medusa
El día 9 del mismo mes, Jean Alain acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde elevó una acción de amparo para que eliminen su nombre con todo lo que tenga que ver con la Operación Medusa. Dicha petición no fue conocida por este tribunal que se declaró incompetente.
Pero la cosa no se queda allí, en diciembre pasado, se querelló disciplinariamente contra la misma jueza Kenya Romero bajo el alegato de que “atropelló y violentó” su derecho de defensa durante la audiencia de medida de coerción.
Para octubre del pasado año, ante la negativa de un tribunal de sacarlo de prisión, el imputado recurrió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso alegando violación de derechos fundamentales.
Y anteriormente, en septiembre, su familia sometió una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en búsqueda de “preservar la vida e integridad física” de su pariente.
Los libros que mandó a periódicos
Al margen de esto, está la apelación para que lo sacaran de prisión y las veces en que, durante la revisión de la medida de coerción, solicitó la variación de la prisión preventiva.
Y también, se dedicó a enviar a los medios de comunicaciones libros donde expone lo realizado durante su gestión para humanizar las cárceles del país.
Junto al documento remitió una carta en la que manifestó que el plan de humanización de las cárceles que implementó durante su gestión debe ser “replicado por todas las gestiones de gobierno”.
Denuncia violación de derechos a Jean Alain
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el exprocurador Jean Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Señaló en su misiva que la organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.