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Ex-procurador Jean Alain no se cansa de recurrir.
Jean Alain Rodríguez durante el tiempo que guarda prisión preventiva ha intentado en una diversidad de veces lograr su libertad, pero hasta ahora sus esfuerzos han sido fallidos.Desde julio del pasado año, el exfuncionario está preso en Najayo por su vinculación al caso Medusa, tiempo en el cual ha sometido al menos ocho recursos, entre ellos, la recusación a decenas de fiscales, demanda contra una jueza, una petición para que realicen una auditoría a sus bienes y una solicitud de medida cautelar ante la CIDH.
Las últimas de las solicitudes que Jean Alain presentó a través de sus abogados, que denunciaron que este caso se trata de una venganza y no de justicia, fue la semana pasada cuando recusó a 29 fiscales, entre ellos entre ellos a Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, para que en su lugar sean designadas otras personas.
Unos días antes, el 25 de febrero, se dio a conocer que el imputado solicitó a la Cámara de Cuentas y a la Pepca, que realicen una “exhaustiva” auditoría a sus bienes con el que quiere que se demuestre lo que ha dicho varias veces: que su patrimonio es lícito.
Al titular de la Pepca, Wilson Camacho, no solo lo recusó, pues previo la petición que le hizo de una auditoría, solicitó a la Cámara de Diputados que lo interpele para que explique el “estado de abandono, deterioro y destrucción” de cárcel La Nueva Victoria, cuya obra se encuentra en un proceso de auditoría.
El 17 de febrero, los abogados del exprocurador demandaron civilmente a la jueza Kenya Romero por daños y perjuicios con el objetivo de que sea condenada al pago de 15 millones de pesos por “negarse” a expedir unas certificaciones sobre las resoluciones que han sido dictadas a solicitud del Ministerio Público relacionadas a la investigación.
Le molesta el nombre medusa
El día 9 del mismo mes, Jean Alain acudió al Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde elevó una acción de amparo para que eliminen su nombre con todo lo que tenga que ver con la Operación Medusa. Dicha petición no fue conocida por este tribunal que se declaró incompetente.
Pero la cosa no se queda allí, en diciembre pasado, se querelló disciplinariamente contra la misma jueza Kenya Romero bajo el alegato de que “atropelló y violentó” su derecho de defensa durante la audiencia de medida de coerción.
Para octubre del pasado año, ante la negativa de un tribunal de sacarlo de prisión, el imputado recurrió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inadmisible el recurso de casación que interpuso alegando violación de derechos fundamentales.
Y anteriormente, en septiembre, su familia sometió una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en búsqueda de “preservar la vida e integridad física” de su pariente.
Los libros que mandó a periódicos
Al margen de esto, está la apelación para que lo sacaran de prisión y las veces en que, durante la revisión de la medida de coerción, solicitó la variación de la prisión preventiva.
Y también, se dedicó a enviar a los medios de comunicaciones libros donde expone lo realizado durante su gestión para humanizar las cárceles del país.
Junto al documento remitió una carta en la que manifestó que el plan de humanización de las cárceles que implementó durante su gestión debe ser “replicado por todas las gestiones de gobierno”.
Denuncia violación de derechos a Jean Alain
El presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez, denunció ante la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que el exprocurador Jean Alain Rodríguez es actualmente víctima de violación de los Derechos Humanos en la República Dominicana. Señaló en su misiva que la organización Mundial de Juristas estudió el procedimiento judicial seguido al exprocurador, observando desproporcionalidad en la medida de privación de libertad en su contra, además de ser innecesaria, considerando su arraigo familiar, personal y profesional en el país, su asistencia voluntaria ante la sede de la Procuraduría General.
Santo Domingo, R.D.-El abogado Wander Diaz, defensor de Pilar Medina y Romanqui Alexander Dotel, dos de los imputados en el caso Gavilán, indicó que no fue debidamente notificado sobre la solicitud del Ministerio Público de un plazo adicional para presentar acusación formal.
El defensor de los acusados de eliminación de expedientes delictivos a cambio de sobornos, explicó que este tipo de solicitudes debe ser informado a las partes con cinco días de anticipación.
«Mis representados no han sido notificados del acta y eso evidentemente que constituye una sorpresa en el proceso, cuando el debido proceso es garantizar una tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, que quiere decir que hay que notificarle a cada una de las partes de manera oportuna el acto que se va estar conociendo en una fecha oportuna«, se quejó Díaz.
Santo Domingo, R.D.-No es verdad que el procurador general de la República fue liberado de una posible condena por el manejo irregular de los recursos de la institución durante el periodo 2016-2020, sostuvo el Ministerio Público.
El Ministerio Público recordó que al ex-procurador Rodríguez Sánchez, principal acusado en el expediente instrumentado a raíz de la Operación Medusa, se le atribuye dirigir un entramado de corrupción administrativa que desfalcó al Estado con más de 6,000 millones de pesos.
“Es penoso que la defensa de Jean Alain Rodríguez trate de confundir a la opinión pública, olvidando que toda la población sabe que lo único que hizo el Consejo Superior del Ministerio Público, que el propio acusado presidía, fue recibir su rendición de cuentas”, sostiene.
En un comunicado de prensa, el Ministerio Público indica que los abogados saben que el Consejo es un órgano de gobierno corresponsable de una determinada administración, “jamás un órgano de investigación o un tribunal que juzgue delitos cometidos por un determinado gerente y por los que el o los responsables tendrían que responder ante los tribunales”.
“Ellos saben que es totalmente natural que, al recibir informes de carácter administrativos, un consejo certifique que recibió esos informes, que es una forma de certificar que el que hizo las ejecutorias tenía facultades legales para encaminar esas gestiones”, indicó.
“Los abogados del acusado podrían ser un poco más creativo, porque solo están erigiendo argumentos que, además de inválidos, solo podrían verse como un intento temprano de ‘auto descargo’ de un funcionario que planificó los actos de corrupción que cometía y que, por su condición de titular y por la forma de ejercer esa titularidad, siempre tuvo conocimiento de las consecuencias legales que esos actos le traerían”, resaltó.
El imputado pretende confundir citando sin su contexto acciones rutinarias del Consejo Superior de su propio período de gestión en el que le correspondió presidir ese órgano
Comunicado del Ministerio Público (24/4/2024) sobre la defensa de Jean Alain Rodríguez
El conocimiento del expediente en la fase preliminar del proceso está a cargo del juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien tiene la responsabilidad de decidir si envía o no a juicio a Rodríguez Sánchez y compartes por desfalcar miles de millones de pesos del dinero de todos los contribuyentes.
Junto al exprocurador Rodríguez Sánchez son procesados Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, y Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo.
Los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
El Ministerio Público presentó acusación en este caso contra 41 personas físicas y 22 empresas.
Santo Domingo, RD. – Joel Santos, ministro de la Presidencia, presidente del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, y el director general de la OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital, Bartolomé Pujals, aclararon que el gobierno ha avanzado en materia de Innovación colocándose en la posición 89 en el Índice Global de Innovación (IGI), el cual está medido en el subíndice de Aportaciones a la Innovación, el cual mide las políticas implementadas por los gobiernos para fomentar la innovación.
Por su parte, se estableció que fruto de los efectos de la pandemia el sector privado no ha podido recuperar su posición pre-pandemia colocándose en la posición 96, como se verifica en el subíndice de resultados de la innovación, el cual mide la actividad del sector privado.
Este comportamiento fue similar en países de la región, en donde el COVID-19 obligó a las empresas a implementar adaptaciones e innovaciones que abarcan esa diferencia con el comparativo del 2020.
El Índice Global de Innovación, GII por sus siglas en inglés, clasifica a las economías mundiales según sus capacidades de innovación, basándose en aproximadamente 80 indicadores que reflejan tanto los insumos como los productos de la innovación. Mide la innovación con base en criterios que incluyen instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, crédito, inversión, vínculos; la creación, absorción y difusión de conocimientos; y resultados creativos.
Este estudio contiene dos subíndices de medición, uno es denominado “input” y es donde se miden los esfuerzos realizados por los gobiernos en materia de innovación, y el otro subíndice es llamado “output”, el cual evalúa los avances de las empresas fuera del gobierno, de un país.
Igualmente, Santos y Pujals establecieron que, en materia de conectividad, el gobierno del presidente Abinader ha provisto de conexión a internet a 3,767 escuelas en el territorio nacional, repartidas en 2,665 en zona urbana y 1,102 en zona rural, con fibra óptica y con una velocidad de 200 Mbps de bajada y 50 Mbps de subida, lo cual impacta a un 1,280,161 estudiantes y a 71,191 docentes.
Además, destacaron que fue durante la gestión de Abinader que se logró el despliegue de la red 5G la cual cuenta hoy con más de un 56% de cobertura en todo el país.
Estas declaraciones se dan a propósito de lo indicado sobre este tema, en el reciente debate vicepresidencial, celebrado el martes 23 de abril, en donde fueron ofrecidas declaraciones erróneas sobre la posición del país en materia de Innovación y sobre conectividad.