Opinión
Jerarquías y sumisiones inaceptables
Por Narciso Isa Conde
La carga de prepotencias, encumbramientos y adulonerías en el ejercicio del poder político, social, económico y militar de este tipo de regímenes y formaciones sociales, procura siempre generar sumisiones, estimular pleitesías y entronizar autoritarismos.
Es mucho ya decirle “Señor Presidente” a un/a ciudadano/a escogido para sencillamente coordinar la gestión de gobierno y es excesivo llamarle Excelentísimo Señor a esa persona. Mientras llegar a decirle “Insigne, Perínclito, Benemérito” o algo parecido –y lo hacen- raya en lo ridículo y aberrante.
Calificar de “Jefe” o “Jefa” a cualquier persona que ejerza funciones en escala administrativa o social por encima de otras, equivale a matar toda noción de igualdad derechos y respeto de doble vía.
Es sencillamente poner las cosas al revés denominar como “Honorables” a cualquier político que ejerza una elevada función electiva o no electiva, más aun cuando se trata de verdaderos delincuentes de Estado. O darle el título de Eminencia a cualquier mediocre o ignorante en la materia.
Los Generales abundan como Mayores Generales, Generales de Brigadas y de División, Tte. Generales y hasta Generalísimos. Las Generalas escasean como “las muelas de gallinas”.
Los Generales ordenan “leer al revés”, violar la Constitución y las Leyes, torturar y matar; mientras los “Oficiales Subalternos” son obligados a obedecer a los Superiores “so pena” de cancelación y cárcel. Igual receta se emplea en las demás escalas hasta llegar a los pobres “clases” y “rasos”, que pagan todas las “cuabas” y todas las desgracias castrenses habidas y por haber.
La Iglesia Católica tiene todavía “Papas Infalibles”, “Cardenales Eminentes y Reverendísimo”, “Purpurados” y “Obispos Venerables”.
Las mujeres en esa Iglesia no pueden ser nada de eso, ni siquiera Sacerdotisas. Los Curas (siempre en masculino) tienen prohibido unirse normal y abiertamente en pareja de cualquier tipo, por lo que algunos se deciden a hacerlo clandestinamente y, en su defecto, a seducir y abusar sexualmente de personas menores.
Países con democracias liberales formales o con dictaduras políticas, montan “Monarquías” para desempolvar los/as descendientes de las viejas noblezas y nombrarlos “Reyes” y “Reinas”, “Príncipes” y “Princesas”, “Condes” y “Condesas”, “Marqueses” y “Marquesas”, “Infantas”, Lores y cuanta “gilipolladas” se les ocurra. En fin, Aristocracia mezclada con modernidad y postmodernidad capitalista. Neo-nobleza en la bendecida sociedad burguesa.
Palabras como “Patrón” o “Patroncito” deberían ser erradicadas, dado que detrás de ese lenguaje reina encubierta la pérfida y desigual relación entre superioridad y sumisión.
A nadie se le debería decir Don o Doña, aunque ciertamente -además de la connotación de clase o jerarquía social- esto exprese una cierta tradición de respeto por la edad.
Usted puede ser ingeniero, doctor, licenciado… y eso le merece un título en materia de conocimientos y disciplinas. Pero esa calidad académica no le otorga derechos o escalas sociales superiores respecto a lo demás seres humanos y menos aún debería convertirse en su primer nombre a ser incluido en su firma.
A ningún ser humano, por vestirse con saco y corbata (o su “traje” equivalente en el caso de la mujer), se le debería llamar doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o Don/ña y tratársele más bien o menos mal que a los demás.
Nadie por ser abogado, o cualquier otra cosa parecida, debería decidir no “apiarse” un saco y una corbata, aun en medio de estos “calorazos”, como nota de superioridad social.
Los carros “pescuezos largos” no deberían tener “licencia” para violar la ley. Ni los vehículos humildes deberían ser tratados con saña policial.
Al negro/a, mulato/a y jabao/a “mal vestido” generalmente se le considera un ser inferior y se le rechaza y hasta se le prohíbe la entrada en no pocos lugares; mientras el ser humano blanco y “bien vestido” le abren todas las puertas y de inmediato le ponen el título de Don, Doña, Doctor/a, Licenciado/a…
Los/as menores de edad con pinta oscura y ropa desteñida o raída son “palomos” y “palomas” a repeler.
Los blanquitos/as presumidos/as son muchachos/as de “buena familia” o “de sociedad”.
Los/as haitianos/as, o descendientes de ellos/as, no son considerados/as seres humanos, al extremo de negarle documentación y de ser frecuentes ver en grandes medios de comunicación titulares como éstos: “matan dos hombres y una haitiana”, o “vehículo embiste haitiana y grupo mujeres dominicanas”, o “haitiana agrede a mujer dominicana”.
A nadie se le ocurre decirle a un blanco encopetado que se “monte” en la cama de un camión. Las “camionas” son solo para haitianos/as y para los/as pobres de aquí.
El pobre, más si es teñidito, que transita por un barrio rico con una “lap top” o un “bi-bi” en la mano “es porque se la robó” y merece ser apresado.
El que tiene “pinta de rico” se puede robar el país y se le sigue rindiendo pleitesía.
La pareja de un obrero muchas veces es considerada “concubina”, no merece el calificativo de “Dama” y es objeto de mil vejaciones.
La del burgués siempre es tratada como una gran dama, no importa la porquería humana que sea.
La del Presidente de la República, aun no haya estudiado mucho o no tenga méritos resaltables, es designada “PRIMERA DAMA” sin haber participado en política y sin haber sido elegida; situándola por encima de millones de mujeres, incluidas las más meritorias, todas supuestamente iguales ante la ley y la sociedad.
Esto esta fríamente calculado y es permanentemente inducido desde arriba y desde la dictadura mediática funcional a esta sociedad jerarquizada a favor de los que ejercen el poder dentro de un sistema capitalista y un Estado a su servicio, donde los dueños del gran capital lo tienen todo y en grandes volúmenes por el solo hecho de haber despojado al resto de la sociedad de sus bienes, o de haber “heredado” fortunas, o de cogerse para sí el patrimonio público del país, o de apropiarse del excedente del trabajo asalariado convertido en plusvalía primero y ganancia después.
Donde, además, cualquier general o alto funcionario “respetuosamente” se roba lo que pertenece al Estado y a la sociedad; mientras al pueblo trabajador empobrecido se le niega el derecho a la vida, el afecto y a cualquier gesto de solemnidad merecida.
A la mujer se le coloca como propiedad del hombre y del capital.
Al joven como siervo del adulto.
Al niño/a como simple “muchacho/a de mierda”.
A los/as teñidos por el sol de África y desheredados de la propiedad y la fortuna como esclavos “libres” de los nuevos amos del siglo XXI.
Y si es mujer, joven o vieja, pobre, proletaria y haitiana… se la llevó “per secula seculorum” el mismísimo Diablo al servicio del Don, el Señor, el Excelentísimo y su Eminencia Reverendísima.
Y después de todo esto –y para colmo de los colmos- insisten en llamar esta mierda de sistema, disque “democracia”.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!