Opinión
Jerarquías y sumisiones inaceptables
Por Narciso Isa Conde
La carga de prepotencias, encumbramientos y adulonerías en el ejercicio del poder político, social, económico y militar de este tipo de regímenes y formaciones sociales, procura siempre generar sumisiones, estimular pleitesías y entronizar autoritarismos.
Es mucho ya decirle “Señor Presidente” a un/a ciudadano/a escogido para sencillamente coordinar la gestión de gobierno y es excesivo llamarle Excelentísimo Señor a esa persona. Mientras llegar a decirle “Insigne, Perínclito, Benemérito” o algo parecido –y lo hacen- raya en lo ridículo y aberrante.
Calificar de “Jefe” o “Jefa” a cualquier persona que ejerza funciones en escala administrativa o social por encima de otras, equivale a matar toda noción de igualdad derechos y respeto de doble vía.
Es sencillamente poner las cosas al revés denominar como “Honorables” a cualquier político que ejerza una elevada función electiva o no electiva, más aun cuando se trata de verdaderos delincuentes de Estado. O darle el título de Eminencia a cualquier mediocre o ignorante en la materia.
Los Generales abundan como Mayores Generales, Generales de Brigadas y de División, Tte. Generales y hasta Generalísimos. Las Generalas escasean como “las muelas de gallinas”.
Los Generales ordenan “leer al revés”, violar la Constitución y las Leyes, torturar y matar; mientras los “Oficiales Subalternos” son obligados a obedecer a los Superiores “so pena” de cancelación y cárcel. Igual receta se emplea en las demás escalas hasta llegar a los pobres “clases” y “rasos”, que pagan todas las “cuabas” y todas las desgracias castrenses habidas y por haber.
La Iglesia Católica tiene todavía “Papas Infalibles”, “Cardenales Eminentes y Reverendísimo”, “Purpurados” y “Obispos Venerables”.
Las mujeres en esa Iglesia no pueden ser nada de eso, ni siquiera Sacerdotisas. Los Curas (siempre en masculino) tienen prohibido unirse normal y abiertamente en pareja de cualquier tipo, por lo que algunos se deciden a hacerlo clandestinamente y, en su defecto, a seducir y abusar sexualmente de personas menores.
Países con democracias liberales formales o con dictaduras políticas, montan “Monarquías” para desempolvar los/as descendientes de las viejas noblezas y nombrarlos “Reyes” y “Reinas”, “Príncipes” y “Princesas”, “Condes” y “Condesas”, “Marqueses” y “Marquesas”, “Infantas”, Lores y cuanta “gilipolladas” se les ocurra. En fin, Aristocracia mezclada con modernidad y postmodernidad capitalista. Neo-nobleza en la bendecida sociedad burguesa.
Palabras como “Patrón” o “Patroncito” deberían ser erradicadas, dado que detrás de ese lenguaje reina encubierta la pérfida y desigual relación entre superioridad y sumisión.
A nadie se le debería decir Don o Doña, aunque ciertamente -además de la connotación de clase o jerarquía social- esto exprese una cierta tradición de respeto por la edad.
Usted puede ser ingeniero, doctor, licenciado… y eso le merece un título en materia de conocimientos y disciplinas. Pero esa calidad académica no le otorga derechos o escalas sociales superiores respecto a lo demás seres humanos y menos aún debería convertirse en su primer nombre a ser incluido en su firma.
A ningún ser humano, por vestirse con saco y corbata (o su “traje” equivalente en el caso de la mujer), se le debería llamar doctor/a, licenciado/a, ingeniero/a o Don/ña y tratársele más bien o menos mal que a los demás.
Nadie por ser abogado, o cualquier otra cosa parecida, debería decidir no “apiarse” un saco y una corbata, aun en medio de estos “calorazos”, como nota de superioridad social.
Los carros “pescuezos largos” no deberían tener “licencia” para violar la ley. Ni los vehículos humildes deberían ser tratados con saña policial.
Al negro/a, mulato/a y jabao/a “mal vestido” generalmente se le considera un ser inferior y se le rechaza y hasta se le prohíbe la entrada en no pocos lugares; mientras el ser humano blanco y “bien vestido” le abren todas las puertas y de inmediato le ponen el título de Don, Doña, Doctor/a, Licenciado/a…
Los/as menores de edad con pinta oscura y ropa desteñida o raída son “palomos” y “palomas” a repeler.
Los blanquitos/as presumidos/as son muchachos/as de “buena familia” o “de sociedad”.
Los/as haitianos/as, o descendientes de ellos/as, no son considerados/as seres humanos, al extremo de negarle documentación y de ser frecuentes ver en grandes medios de comunicación titulares como éstos: “matan dos hombres y una haitiana”, o “vehículo embiste haitiana y grupo mujeres dominicanas”, o “haitiana agrede a mujer dominicana”.
A nadie se le ocurre decirle a un blanco encopetado que se “monte” en la cama de un camión. Las “camionas” son solo para haitianos/as y para los/as pobres de aquí.
El pobre, más si es teñidito, que transita por un barrio rico con una “lap top” o un “bi-bi” en la mano “es porque se la robó” y merece ser apresado.
El que tiene “pinta de rico” se puede robar el país y se le sigue rindiendo pleitesía.
La pareja de un obrero muchas veces es considerada “concubina”, no merece el calificativo de “Dama” y es objeto de mil vejaciones.
La del burgués siempre es tratada como una gran dama, no importa la porquería humana que sea.
La del Presidente de la República, aun no haya estudiado mucho o no tenga méritos resaltables, es designada “PRIMERA DAMA” sin haber participado en política y sin haber sido elegida; situándola por encima de millones de mujeres, incluidas las más meritorias, todas supuestamente iguales ante la ley y la sociedad.
Esto esta fríamente calculado y es permanentemente inducido desde arriba y desde la dictadura mediática funcional a esta sociedad jerarquizada a favor de los que ejercen el poder dentro de un sistema capitalista y un Estado a su servicio, donde los dueños del gran capital lo tienen todo y en grandes volúmenes por el solo hecho de haber despojado al resto de la sociedad de sus bienes, o de haber “heredado” fortunas, o de cogerse para sí el patrimonio público del país, o de apropiarse del excedente del trabajo asalariado convertido en plusvalía primero y ganancia después.
Donde, además, cualquier general o alto funcionario “respetuosamente” se roba lo que pertenece al Estado y a la sociedad; mientras al pueblo trabajador empobrecido se le niega el derecho a la vida, el afecto y a cualquier gesto de solemnidad merecida.
A la mujer se le coloca como propiedad del hombre y del capital.
Al joven como siervo del adulto.
Al niño/a como simple “muchacho/a de mierda”.
A los/as teñidos por el sol de África y desheredados de la propiedad y la fortuna como esclavos “libres” de los nuevos amos del siglo XXI.
Y si es mujer, joven o vieja, pobre, proletaria y haitiana… se la llevó “per secula seculorum” el mismísimo Diablo al servicio del Don, el Señor, el Excelentísimo y su Eminencia Reverendísima.
Y después de todo esto –y para colmo de los colmos- insisten en llamar esta mierda de sistema, disque “democracia”.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.