Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Nacionales
Juan Pérez Tejada, cabecilla del caso FM, está vinculado a José de la Cruz, parte de la Operación Falcón
Pérez había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal
Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Así lo establece la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el expediente acusatorio contra los implicados en el caso FM.
Pérez Tejada había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal que era dirigido por de la Cruz Morales, también conocido como «Omar La Moña», quien guarda prisión preventiva en la provincia de Santiago, de acuerdo con las investigaciones que realizó el Ministerio Público, para verificar el origen de los activos del líder de la supuesta red desarticulada en la operación FM.
Registros periodísticos del 29 de junio del año 2013 indican que la Policía Nacional (PN) dio a conocer la captura de cuatro personas, una de las cuales mató a tiros a dos en el instante en que realizaban una transacción de drogas en la carretera que conduce al Santo Cerro, en La Vega, la noche del 18 de junio, señalan los fiscales.
El informe policial estableció que se trató de Rafael Antonio Sánchez Brito (El Rubio o El Mortal) residente en Jarabacoa, quien disparó contra Maireni González Salvador y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), causándoles heridas en distintas partes, que posteriormente les provocaron la muerte en momentos de la negociación de varios kilos de cocaína.
Las víctimas estaban acompañadas por José Alberto Pujols López, quien, según la nota de prensa de la PN, logró escapar con vida del lugar.
Sus declaraciones sirvieron para ubicar y apresar a los cuatro involucrados en el doble asesinato, reseña el documento acusatorio de la Procuraduría del artículo periodístico publicado en el diario El Nacional.
Pujols López dijo que al lugar llegaron a bordo de una yipeta Chevrolet Tahoe, placa G-213475 y que el hecho se produjo cuando los victimarios abordaban otro vehículo similar, provistos de chalecos antibalas y gorras color negro, portando armas cortas y largas.
De acuerdo al testimonio de Pujols López a las autoridades, los cuatro sujetos actuaron por encargo de de la Cruz Morales y de otra persona a quien sólo identificó por el sobrenombre de Johnny.
De la negociación de los kilos de cocaína eran los principales responsables Maireni, quien sería la vendedora, y de la Cruz Morales, el comprador.
El vehículo donde iban las personas que fallecieron fruto de los impactos de bala era en ese entonces era propiedad del imputado Pérez Tejada.
De acuerdo con el Ministerio Público esto puede confirmarse mediante la sentencia TC/0090/15, relativa al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el imputado Pérez Tejada contra la sentencia 00071/13, del 18 de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
En la revisión “el imputado pretendía que se ordenara a la Procuraduría Fiscal de la Vega, o cualquier otra autoridad que tuviese la guarda del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, modelo Tahoe del año 2007, color blanco con placa número G213475, su devolución inmediata, dado que había sido secuestrada de manera ilegal, en fecha del 19 de junio de 2013”, establecieron los fiscales.
La solicitud fue rechazada por el tribunal constitucional, sin embargo, los fiscales dicen que “dejo establecido fehacientemente el vínculo de Pérez Tejeda desde el año 2013 con actividades relativas a narcotráfico y el lavado de activos”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.