Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Nacionales
Juan Pérez Tejada, cabecilla del caso FM, está vinculado a José de la Cruz, parte de la Operación Falcón
Pérez había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal
Santo Domingo, RD.-El cabecilla de la red desmantelada con la operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada, está vinculado con hechos en el que participó el imputado José Alejandro de la Cruz Morales, del caso Falcón.Así lo establece la Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el expediente acusatorio contra los implicados en el caso FM.
Pérez Tejada había sido propietario de un vehículo que estuvo involucrado con actividades en las que participó del presunto grupo criminal que era dirigido por de la Cruz Morales, también conocido como «Omar La Moña», quien guarda prisión preventiva en la provincia de Santiago, de acuerdo con las investigaciones que realizó el Ministerio Público, para verificar el origen de los activos del líder de la supuesta red desarticulada en la operación FM.
Registros periodísticos del 29 de junio del año 2013 indican que la Policía Nacional (PN) dio a conocer la captura de cuatro personas, una de las cuales mató a tiros a dos en el instante en que realizaban una transacción de drogas en la carretera que conduce al Santo Cerro, en La Vega, la noche del 18 de junio, señalan los fiscales.
El informe policial estableció que se trató de Rafael Antonio Sánchez Brito (El Rubio o El Mortal) residente en Jarabacoa, quien disparó contra Maireni González Salvador y Cecilio Eusebio Suero (El Muerto), causándoles heridas en distintas partes, que posteriormente les provocaron la muerte en momentos de la negociación de varios kilos de cocaína.
Las víctimas estaban acompañadas por José Alberto Pujols López, quien, según la nota de prensa de la PN, logró escapar con vida del lugar.
Sus declaraciones sirvieron para ubicar y apresar a los cuatro involucrados en el doble asesinato, reseña el documento acusatorio de la Procuraduría del artículo periodístico publicado en el diario El Nacional.
Pujols López dijo que al lugar llegaron a bordo de una yipeta Chevrolet Tahoe, placa G-213475 y que el hecho se produjo cuando los victimarios abordaban otro vehículo similar, provistos de chalecos antibalas y gorras color negro, portando armas cortas y largas.
De acuerdo al testimonio de Pujols López a las autoridades, los cuatro sujetos actuaron por encargo de de la Cruz Morales y de otra persona a quien sólo identificó por el sobrenombre de Johnny.
De la negociación de los kilos de cocaína eran los principales responsables Maireni, quien sería la vendedora, y de la Cruz Morales, el comprador.
El vehículo donde iban las personas que fallecieron fruto de los impactos de bala era en ese entonces era propiedad del imputado Pérez Tejada.
De acuerdo con el Ministerio Público esto puede confirmarse mediante la sentencia TC/0090/15, relativa al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el imputado Pérez Tejada contra la sentencia 00071/13, del 18 de julio de 2013, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega.
En la revisión “el imputado pretendía que se ordenara a la Procuraduría Fiscal de la Vega, o cualquier otra autoridad que tuviese la guarda del vehículo tipo Jeep, marca Chevrolet, modelo Tahoe del año 2007, color blanco con placa número G213475, su devolución inmediata, dado que había sido secuestrada de manera ilegal, en fecha del 19 de junio de 2013”, establecieron los fiscales.
La solicitud fue rechazada por el tribunal constitucional, sin embargo, los fiscales dicen que “dejo establecido fehacientemente el vínculo de Pérez Tejeda desde el año 2013 con actividades relativas a narcotráfico y el lavado de activos”.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazado para el 9 de mayo por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el juicio de fondo que se le sigue a casi treinta militares y policías acusados en el caso de corrupción Operación Coral que se habría gestado en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en los pasados gobiernos.
El tribunal tomó la decisión por la asistencia de dos acusados sin representación legal, entre estos la sociedad comercial Único Real State e Inversiones, que tiene «como gerente, beneficiaria final y socia mayoritaria a Rossy Maybelline Guzmán Sánchez«, la pastora.
La pastora, acusada de asociación de malhechores, lavado de activos y de testaferro, tiene como abogado un defensor público, quienes tienen prohibido defender empresas. Varias vistas han sido postergadas por esta presentarse sin un togado.
El caso de corrupción está encabezado por los exjefes del Cusep y Cestur, ahora Politur, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y el general Juan Carlos Torres Robiou, respectivamente.
La primera audiencia del juicio de fondo al caso de malversación, que asciende a 4,500 millones de pesos, se fijó para el 26 de octubre y a seis meses todavía el Ministerio Público no ha podido iniciar la lectura del expediente de la acusación.
Declaran en rebeldía
Las juezas Gissell Méndez, presidenta del tribunal, Jisselle Naranjo y Tania Yunes, también declararon este jueves en rebeldía a la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, cuyo representante tampoco estuvo en audiencia a pesar de estar citado.
El representante legal que tenía la entidad religiosa es José Erneso Pérez Morales, poder que le dio el pastor José Cueto, que es su presidente.
Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional le dio un plazo de tres días al encartado Epifanio Peña Lebrón para que escoja un abogado para que lo asista, porque también estuvo sin uno.
La imputada Esmeralda Ortega Polanco anunció al togado Francisco Manzano, como su nuevo representante en el tribunal, a quien se le otorgó tiempo para preparar sus medios de defensa a su clienta.
Las juezas rechazaron una reposición de plazos solicitado por Ortega Polanco.
Santo Domingo, R.D.-Concluyó este miércoles por parte de la Junta Central Electoral (JCE) la entrega a nivel nacional de certificados a los candidatos que resultaron ganadores en las pasadas elecciones, quienes de inmediato fueron proclamados como nuevas autoridades municipales.
Los actos de entrega de certificados a las nuevas autoridades locales se realizaron en las sedes de las distintas juntas electorales en los 158 municipios. Las proclamaciones incluyeron a las autoridadese electas en los 235 distintos distritos municipales del país.
La JCE dijo que con estos actos se cumplió con el mandato de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, y del artículo 47 letra «e» que instruye a expedir certificados de elección e inmediata proclamación de los candidatos electos a cargos municipales.
En las pasadas elecciones municipales de febrero se eligieron 3,849 cargos municipales vinculados a los 157 municipios, el Distrito Nacional y los 235 distritos municipales en una relación de 316 alcaldías e igual cantidad de vicealcaldías; 2,328 regidurías, con sus respectivas suplencias; 470 direcciones y subdirecciones distritales; y 735 vocalías.
La JCE también resaltó que en el pasado proceso electoral para elegir las autoridades municipales, «el escrutinio y divulgación de resultados se alcanzó en un tiempo récord» en la historia de la institución, incluyendo la revisión de los votos nulos y observados.
Lo atribuyó al «debido al desempeño de los equipos de escaneo digitación, impresión y transmisión (EDET) y del equipo humano involucrado, elementos resaltado por los informes de los observadores electorales internacionales».
Santo Domingo, R.D.-Una serie de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, realizar una “exhaustiva investigación” en torno al asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.
Altagracia Paulino, quien habló a nombre de las organizaciones, dijo que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron, razón por lo que pidió una investigación exhaustiva.
Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores, tanto materiales como los intelectuales.
Consideraron que la “ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios”.
Expresaron el temor de que crímenes como este se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.
Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza y la Policía Nacional, por el hecho, arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa además de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.
La instancia fue firmada por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA); el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC); Red Socioambiental Nacional; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD); Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical (FUNDETROP).
También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso.
Igualmente, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos (FEDAUPRO); la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.