Opinión
Judíos y palestinos 70 años después de la resolución de la ONU que aprobó la creación de dos nuevos estados en el Oriente Medio
Por Miguel Guerrero
Esta semana se cumplieron 70 años de la resolución de la ONU que aprobó la creación en Palestina de dos estados, uno hebreo y otro árabe palestino. Los judíos superaron todas las vicisitudes y tienen hoy un país moderno y próspero. Los palestinos luchan todavía para lograrlo.
Muchos creen que Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado entrar en tratos con el grupo fundamentalista predominante en la zona de Gaza debido sólo a la negativa de Hamás a reconocer a Israel como nación. Y que esas objeciones son la única amenaza al control de la Autoridad Nacional Palestina por esa facción que obtuvo en el 2007 el control del gobierno en la franja.
La verdad es que ha sido Al Fatah, el negado a formar parte de un gobierno encabezado por Hamás. Tal decisión ha estado basada en la negativa de este grupo a renunciar a las armas y a su propósito de destruir al estado judío. Las elecciones parlamentarias en las que Hamás alcanzó hacen 14 años el control pusieron de relieve las grandes divisiones internas entre los palestinos. La derrota de Al Fatah el grupo que lideró la Autoridad Palestina (ANP) por décadas, fundado por su líder histórico Yassir Arafat, no estuvo fundamentada en el rechazo a las negociaciones con el país hebreo, sino en la corrupción que erosionó por años la administración palestina.
Es injusto atribuir a un supuesto rechazo del Estado palestino, la amenaza de las naciones europeas y Estados Unidos de suspender la ayuda exterior que han ofrecido por años a la ANP. Con toda y la enorme riqueza árabe proveniente del petróleo, la ANP se ha mantenido gracias a los aportes de la ayuda financiera llegada desde la Unión Europea y Estados Unidos. Es conocido, por ejemplo, que la UE pagaba los salarios de los servidores públicos palestinos en la Franja de Gaza y la margen occidental del Río Jordán, estimados en unos 150,000, y que parte de esos gastos se sufragaban también con las recaudaciones de impuestos que en esas zonas hacían los israelíes en ausencia de una eficiente administración tributaria palestina.
La ayuda de Estados Unidos y Europa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) superó siempre las provenientes de las naciones árabes. Los aportes de la Unión Europea a la administración palestina sobrepasaban, hasta hace unos años, los 500 millones de dólares anuales. Al Fatah admitió que el triunfo de Hamás cambiaría esa realidad. En una entrevista con el diario español El País, el lunes 23 de enero del 2003, el entonces viceprimer ministro y ministro de Información de Al Fatah, Nabil Shaat, dijo que esa organización perderá la hegemonía de que gozó en la vida del pueblo palestino durante los últimos cincuenta años. Según el diario, “en las calles palestinas este dirigente (Shaat) y muchos otros altos funcionarios son culpados de haberse enriquecido desde que regresaron del exilio en Túnez en 1994”.
Shaat expresó su alarma por el triunfo de Hamás, señalando que sólo Al Fatah puede garantizarle al pueblo palestino la continuación del proceso de paz “y lograr un acuerdo definitivo con Israel”. Un acuerdo que en su opinión Hamás no lo podrá conseguir nunca por sus posiciones políticas. “La negociación, no el enfrentamiento, es el camino. Si no apuestan por la negociación no gozarán del apoyo internacional”, dijo. “Al Fatah creó la organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina y el sistema judicial. Y sólo Al Fatah puede conseguir ayuda exterior y reducir el desempleo. Tenemos experiencia, generaciones jóvenes y somos un partido secular”.
En los días siguientes a las elecciones palestinas, los jóvenes milicianos de Al Fatah amenazaron a los líderes de la organización y de la ANP si llegaban a aceptar el ofrecimiento de Hamás de integrar el nuevo gobierno. Debido a su renuencia a negociar con Israel y darle seguimiento a la Hoja de Ruta, que patrocinaban Estados Unidos, Rusia, la Unión Europa y la ONU, las naciones occidentales han condicionado el mantenimiento de la ayuda a la nueva autoridad palestina surgida en el 2003.la obstinada negativa de los grupos radicales palestinos de negociar un tratado de respeto mutuo con Israel es hoy en día la fuente principal de inestabilidad en esa región.
El hecho de que Tel Aviv negociara con la ANP un acuerdo es una prueba contundente de su reconocimiento a la formación de un estado palestino. Pero es obvio que eso sólo podrá sostenerse si los líderes de la Mukata reconocen a su vez el derecho de los judíos a existir como nación. La mayor parte de los países árabes así ya lo reconocen e incluso dos de ellos, Jordania y Egipto, tienen relaciones diplomáticas plenas y formales con el estado hebreo. El dirigente palestino dijo al diario español El País:”Este movimiento se encuentra donde estábamos nosotros hace 35 años”. Y recalcó que “ahora no es posible un acuerdo con Hamás si no abandona la violencia, se suma al proceso de paz y promueve un estado secular. Podemos alcanzar la paz con ellos, pero no integrarnos en una coalición”.
El problema radica en la imposibilidad de los moderados de desmantelar las milicias de Hamás y la Yihad Islámica. Shaat refirió que para lograrlo se requerían de tres factores: “Primero tenemos que reconstruir las fuerzas de seguridad, disponer de más armas y munición y planificar un mejor entrenamiento de la policía y el ejército. Esto llevará tiempo. En segundo lugar, tenemos que desarrollar la economía palestina y reducir el paro, que alcanza el 65%, para que la gente no se sume a Hamás y Yihad Islámica. Con empleos, se unirían menos a la resistencia. Y el tercer factor es que esos grupos no desean sumarse al proceso de paz. Se necesitaría mucho tiempo para que estos tres requisitos se cumplan”.
En las siete décadas transcurridas desde la aprobación en noviembre de 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas de la partición de Palestina tras la salida del mandato británico, iniciado con la caída del imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial, los israelíes han podido vencer la hostilidad de sus vecinos y construido el sueño de la vuelta a Sión, que pudo fin a la dispersión del pueblo judío tras la destrucción del Segundo Templo por los romanos. En todo ese tiempo, los palestinos pudieron hacer lo mismo y hoy fueran también una nación próspera coexistiendo en jun clima de paz y colaboración con sus vecinos. Ojalá no tengan que esperar otros 70 años para alcanzar su sueño.
Por Isaias Ramos
Una carta de un grupo de obispos católicos brasileños al Pueblo de Dios, fechada el 22 de octubre de 2026, nos devuelve una pregunta urgente: ¿cómo debe responder quien tiene autoridad cuando defender sus principios exige incomodar al poder?
Sus firmantes vincularon el discernimiento ciudadano con la democracia, los derechos laborales, los pobres y la Casa Común. Fue una intervención de esos obispos, no de todo el episcopado. Podemos discutir sus valoraciones políticas y reconocer el valor de asumir públicamente un deber mientras todavía existe oportunidad de prevenir.
Nuestra historia ofrece un antecedente. En enero de 1960, los obispos dominicanos reclamaron respeto a la dignidad humana ante la represión trujillista. Su carta pastoral provocó la hostilidad del régimen contra sus firmantes. Guardando las diferencias históricas, aquel episodio recuerda que la autoridad moral se prueba cuando defender principios tiene un costo.
La responsabilidad de advertir no termina donde comienza la afinidad política. Una institución debe aplicar a sus aliados el criterio que exige a sus adversarios. La confianza se debilita cuando una misma conducta recibe condena o indulgencia según quién la cometa.
Ese examen alcanza a nuestro país. ¿Qué han hecho las autoridades, las instituciones públicas y privadas, los medios, las empresas y las organizaciones sociales y religiosas para corregir las prácticas que deterioran nuestra convivencia? ¿Qué han premiado, tolerado o normalizado?
Cuando la cercanía al poder sustituye al mérito y los indicios de irregularidad se ignoran por conveniencia, enseñamos que cumplir las reglas importa menos que conocer a quien puede dispensarnos de ellas. El daño llega también a quien empieza a preguntarse si actuar honestamente todavía tiene sentido.
La madre que espera atención médica, el trabajador que cumple sus obligaciones y el joven que busca su primer empleo necesitan algo más que exhortaciones a sacrificarse. Necesitan atención sin contactos, oportunidades sin deber favores y reglas que no los dejen atrás por cumplirlas. La igualdad debe sentirse en el trato que reciben.
En esas experiencias reconocemos dimensiones de la crisis material, moral y espiritual que denunciamos. Debemos examinar las decisiones y omisiones de quienes han dirigido la nación durante las últimas décadas y los intereses que las han sostenido. Las responsabilidades deben establecerse con hechos, según la autoridad ejercida y la capacidad real de intervenir.
Una denuncia no equivale a una condena: corresponde a la instancia competente evaluarla conforme a la ley. Cuando se comprueba una irregularidad, debe explicarse qué cambiará, quién lo hará y en qué plazo. La información pública debe respetar las reservas legales y los derechos de las personas.
Ese compromiso alcanza a todos los sectores. Las empresas deben corregir incumplimientos; los medios, investigar sin favoritismos y rectificar de forma visible; las organizaciones religiosas y sociales, sostener sus criterios cuando aplicarlos incomoda a personas cercanas.
Como ciudadanos, podemos contrastar promesas con resultados y rechazar el privilegio que nos beneficia. No podemos exigir una fila justa mientras buscamos a alguien que nos permita saltarla. Nadie necesita esperar a ocupar un cargo para comenzar.
Ningún cargo, uniforme, investidura o influencia concede una dispensa moral. Desde nuestras convicciones cristianas, sostenemos que respondemos ante Dios por nuestros actos y omisiones. Ante la sociedad, corresponde rendir cuentas y asumir las consecuencias que establezca la ley. Quienes tienen mayor autoridad deben responder por ella, pero ningún ciudadano queda exento de cumplir sus deberes.
El bicentenario de nuestra independencia debe encontrarnos en una sociedad donde el orden proteja derechos, la justicia alcance a todos y las oportunidades no dependan del apellido, la fortuna o la cercanía al poder.
La nación que queremos legar a nuestros hijos comienza en el trato que recibe hoy quien carece de influencia. Se construye en cada decisión pública, en cada institución que conserva su independencia y en nuestra conducta cotidiana. Ahí deben reconocerse los valores que les pedimos defender.
El 2044 comienza hoy.
Por Oscar López Reyes
(Exposición ante el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa)
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El periodismo contemporáneo humano afronta un lance incisivo con el periodismo algorítmico, por la riña de este último con los códigos deontológicos de la profesión, que enrumba hacia una nueva etapa epistemológica y académica de las ciencias de la comunicación social.
El periodismo humano se esfuerza por la transparencia, la soberanía y el pensamiento crítico, buscando superar la mengua de credibilidad y confianza pública mediática, reducida por los desafueros amparados en la Inteligencia Artificial.
Aunque la IA aporta indiscutibles ventajas técnicas, como la automatización de transcripciones y el análisis de datos multitudinarios, la centralización de los modelos tecnológicos amenaza el pilar democrático de una prensa diversa y conectada con el realismo existencial.
La inteligencia artificial plantea una dualidad y un dilema ético. Concuerda que opere como un puntal técnico y deje el parámetro editorial definitivo y la sensibilidad en manos del periodista humano. Y cambia el periodismo de investigación cuando actúa como un eficaz apoyo funcional para avasallar en el trabajo de campo y el rigor crítico.
Ante el “tsunami” informativo (exceso de noticias rebosantes de ruidos y malicias), urge apelar a la curaduría periodística, separando el trigo de la paja y puntualizando en los ángulos solidarios y comunitarios, sin sesgos algorítmicos. En el arte, la literatura, el derecho y otras disciplinas la curaduría consiste en indagar, filtrar, jerarquizar y cuidar bienes para ser expuestos en público, y en la esfera digital implica testificar y contextualizar volúmenes de datos corpulentos con utilidad adicional y en la veta de la emocionalidad y autenticidades.
Voy a exponer y a clasificar en 7, que denominaré las 7D, los quebrantamientos legales y éticos, y sus formas de contrarrestarlos:
1.- Tergiversación y tejemaneje (deepfakes)
La manipulación y los sesgos informativos se atrincheran en una contienda ética primaria de la era digital, en la cual la IA generativa apalanca como un pedestal primordial, en vista de que está desprovista de entendimiento contextual o moral e inestabiliza el ejercicio periodístico. Textos, audios, videos o imágenes falaces hiperrealistas son diseñados para embaucar a la audiencia o cometer fraudes, como la suplantación de identidades, han interferido en el firmamento global –frecuentemente con eficacia – en decenas de certámenes electorales y suscitado miles de millones en pérdida financieras.
La tergiversación y el tejemaneje informativo por actores políticos o mercenarios digitales -rostros, voces o noticias inventadas- se asientan en tres cimientos: 1) la maquinación malévola de seres humanos, 2) el extractivismo de datos (recolección y monetización ilegal de compañías tecnológicas), y 3) desconfiguración propia de la tecnología.
¿Qué se hace para contenerlos?
Las regulaciones legislativas son la contención, como está siendo demostrado en distintas naciones. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de agosto de 2024, prohíbe la manipulación del comportamiento humano y castiga hasta con 35 millones de euros a las corporaciones que cometan infracciones graves. Y en Estados Unidos, la Ley Take It Down, válida desde el 19 de mayo de 2026, fija sanciones de 53 mil dólares, así como medidas cautelares y compensación al consumidor.
2.- Encubrimiento y exclusión (algoritmo)
Con la meta de jerarquizar en secreto estrategias comerciales o gubernamentales, ciertas plataformas encubren y excluyen o invisibilizan noticias, entidades y personas, a sabiendas de que sus algoritmos destilan maquiavelismos técnicos engorrosos, que fecundan adicciones y dañan la salud mental infantil.
Sin cumplir con el “derecho a la explicación” ni aclaratorias para los receptores, los algoritmos entrenados en el modelo de lenguaje perpetúan y repiten referencias históricas, prejuicios relativos a orígenes de personas, género, edad, raza, estatus socioeconómico y discapacidades que avalan para rechazar contrataciones de servicios o el otorgamiento de créditos, que denota la conculcación de derechos y oportunidades.
Para identificar, bloquear o disminuir mensajes mendaces se acude al “ojo crítico”, poniendo en tela de juicio y evaluando para la detección visual y auditiva, y a las plataformas emergentes, como Fac-Checking, la fuente, el perfil y el contexto.
¿Cómo podar los perjuicios de las corporaciones?
Las recientes leyes aprobadas aseguran su invencibilidad. Fiscales, gobiernos locales y ciudadanos de Estados Unidos están ganando demandas judiciales a las gigantes Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube y Snapchat. Un tribunal de México multó a Meta (a pagar 375 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y ocultar información sobre las deficiencias y peligros de sus plataformas, las cuales facilitaban activamente la explotación sexual infantil.
3.- Infracción a privacidad y espionaje
Los códigos de ética periodística estipulan el respeto a la privacidad, como un derecho humano esencial pero, a contrapelo, la comunicación digital y su faceta avanzada, la inteligencia artificial, propagan a los cuatro vientos, sin filtro, informaciones privadas de ciudadanos de todas las estirpes. La intromisión en asuntos particulares se acoge, salvo que sean de interés colectivo, como denuncias sobre corrupción, calamidades, delitos contra la sociedad o actos de merecida exaltación.
Diariamente, medios digitales postean cuestiones personales alimentadas por la IA sin tomar en cuenta pilares éticos insustituibles, como proteger el anonimato, guardar el secreto profesional, preservar el derecho a la libre expresión, la dignidad y el dolor ajeno para lucrarse.
En contraste, menoscaban la credibilidad mediática y la confianza social, petardos como el morbo, los rumores, la obtención de informaciones mediante hackeos o filtraciones, el espionaje informático y grabaciones ocultas y telefónicas, como el software Pegasus.
¿Cómo afrontar la desprotección?
Las instancias judiciales han de seguir sentando precedentes contra las compañías que implementan algoritmos que lesionan y estropean a los usuarios, y que están conminando a las corporaciones electrónicas y computacionales a establecer controles de edad estrictos y sistemas avanzados de supervisión constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa y acuerdo de 400 millones de dólares a Tik Tok, por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, lo que permitió que menores de 13 años crearan cuentas sin el consentimiento de sus padres. Y, cientos de familias y distritos escolares de Estados Unidos imputaron en los tribunales a Meta, TikTok, YouTube y Snapchat por emplear artefacto como el scroll infinito y las notificaciones constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
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Referencias bibliográficas:
1.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid,
España, España, 2017.
2.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
3.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
4.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
5.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
6.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
7. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
8. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
9. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.
10. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
11. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
12. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El Estatuto de Roma prevé que el Estado podrá informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones. Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que el Estado solicite inhibición de competencia de la CPI de una investigación , el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso..
Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes deberán responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional.
Finalmente, El Fiscal podrá solicitar al Estado que se trate que le comunique sobre las actuaciones y solicitar que dichas informaciones sean mantenidas bajo confidencialidad.