Opinión
Judíos y palestinos 70 años después de la resolución de la ONU que aprobó la creación de dos nuevos estados en el Oriente Medio
Por Miguel Guerrero
Esta semana se cumplieron 70 años de la resolución de la ONU que aprobó la creación en Palestina de dos estados, uno hebreo y otro árabe palestino. Los judíos superaron todas las vicisitudes y tienen hoy un país moderno y próspero. Los palestinos luchan todavía para lograrlo.
Muchos creen que Estados Unidos y la Unión Europea han rechazado entrar en tratos con el grupo fundamentalista predominante en la zona de Gaza debido sólo a la negativa de Hamás a reconocer a Israel como nación. Y que esas objeciones son la única amenaza al control de la Autoridad Nacional Palestina por esa facción que obtuvo en el 2007 el control del gobierno en la franja.
La verdad es que ha sido Al Fatah, el negado a formar parte de un gobierno encabezado por Hamás. Tal decisión ha estado basada en la negativa de este grupo a renunciar a las armas y a su propósito de destruir al estado judío. Las elecciones parlamentarias en las que Hamás alcanzó hacen 14 años el control pusieron de relieve las grandes divisiones internas entre los palestinos. La derrota de Al Fatah el grupo que lideró la Autoridad Palestina (ANP) por décadas, fundado por su líder histórico Yassir Arafat, no estuvo fundamentada en el rechazo a las negociaciones con el país hebreo, sino en la corrupción que erosionó por años la administración palestina.
Es injusto atribuir a un supuesto rechazo del Estado palestino, la amenaza de las naciones europeas y Estados Unidos de suspender la ayuda exterior que han ofrecido por años a la ANP. Con toda y la enorme riqueza árabe proveniente del petróleo, la ANP se ha mantenido gracias a los aportes de la ayuda financiera llegada desde la Unión Europea y Estados Unidos. Es conocido, por ejemplo, que la UE pagaba los salarios de los servidores públicos palestinos en la Franja de Gaza y la margen occidental del Río Jordán, estimados en unos 150,000, y que parte de esos gastos se sufragaban también con las recaudaciones de impuestos que en esas zonas hacían los israelíes en ausencia de una eficiente administración tributaria palestina.
La ayuda de Estados Unidos y Europa a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) superó siempre las provenientes de las naciones árabes. Los aportes de la Unión Europea a la administración palestina sobrepasaban, hasta hace unos años, los 500 millones de dólares anuales. Al Fatah admitió que el triunfo de Hamás cambiaría esa realidad. En una entrevista con el diario español El País, el lunes 23 de enero del 2003, el entonces viceprimer ministro y ministro de Información de Al Fatah, Nabil Shaat, dijo que esa organización perderá la hegemonía de que gozó en la vida del pueblo palestino durante los últimos cincuenta años. Según el diario, “en las calles palestinas este dirigente (Shaat) y muchos otros altos funcionarios son culpados de haberse enriquecido desde que regresaron del exilio en Túnez en 1994”.
Shaat expresó su alarma por el triunfo de Hamás, señalando que sólo Al Fatah puede garantizarle al pueblo palestino la continuación del proceso de paz “y lograr un acuerdo definitivo con Israel”. Un acuerdo que en su opinión Hamás no lo podrá conseguir nunca por sus posiciones políticas. “La negociación, no el enfrentamiento, es el camino. Si no apuestan por la negociación no gozarán del apoyo internacional”, dijo. “Al Fatah creó la organización para la Liberación de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina y el sistema judicial. Y sólo Al Fatah puede conseguir ayuda exterior y reducir el desempleo. Tenemos experiencia, generaciones jóvenes y somos un partido secular”.
En los días siguientes a las elecciones palestinas, los jóvenes milicianos de Al Fatah amenazaron a los líderes de la organización y de la ANP si llegaban a aceptar el ofrecimiento de Hamás de integrar el nuevo gobierno. Debido a su renuencia a negociar con Israel y darle seguimiento a la Hoja de Ruta, que patrocinaban Estados Unidos, Rusia, la Unión Europa y la ONU, las naciones occidentales han condicionado el mantenimiento de la ayuda a la nueva autoridad palestina surgida en el 2003.la obstinada negativa de los grupos radicales palestinos de negociar un tratado de respeto mutuo con Israel es hoy en día la fuente principal de inestabilidad en esa región.
El hecho de que Tel Aviv negociara con la ANP un acuerdo es una prueba contundente de su reconocimiento a la formación de un estado palestino. Pero es obvio que eso sólo podrá sostenerse si los líderes de la Mukata reconocen a su vez el derecho de los judíos a existir como nación. La mayor parte de los países árabes así ya lo reconocen e incluso dos de ellos, Jordania y Egipto, tienen relaciones diplomáticas plenas y formales con el estado hebreo. El dirigente palestino dijo al diario español El País:”Este movimiento se encuentra donde estábamos nosotros hace 35 años”. Y recalcó que “ahora no es posible un acuerdo con Hamás si no abandona la violencia, se suma al proceso de paz y promueve un estado secular. Podemos alcanzar la paz con ellos, pero no integrarnos en una coalición”.
El problema radica en la imposibilidad de los moderados de desmantelar las milicias de Hamás y la Yihad Islámica. Shaat refirió que para lograrlo se requerían de tres factores: “Primero tenemos que reconstruir las fuerzas de seguridad, disponer de más armas y munición y planificar un mejor entrenamiento de la policía y el ejército. Esto llevará tiempo. En segundo lugar, tenemos que desarrollar la economía palestina y reducir el paro, que alcanza el 65%, para que la gente no se sume a Hamás y Yihad Islámica. Con empleos, se unirían menos a la resistencia. Y el tercer factor es que esos grupos no desean sumarse al proceso de paz. Se necesitaría mucho tiempo para que estos tres requisitos se cumplan”.
En las siete décadas transcurridas desde la aprobación en noviembre de 1947 por la Asamblea General de Naciones Unidas de la partición de Palestina tras la salida del mandato británico, iniciado con la caída del imperio otomano al final de la Primera Guerra Mundial, los israelíes han podido vencer la hostilidad de sus vecinos y construido el sueño de la vuelta a Sión, que pudo fin a la dispersión del pueblo judío tras la destrucción del Segundo Templo por los romanos. En todo ese tiempo, los palestinos pudieron hacer lo mismo y hoy fueran también una nación próspera coexistiendo en jun clima de paz y colaboración con sus vecinos. Ojalá no tengan que esperar otros 70 años para alcanzar su sueño.
Por Narciso Isa Conde
Lula da Silva, presidente de Brasil, se distanció de la izquierda en el G7, afirmando que nunca fue de izquierda. Su liderazgo ha evolucionado hacia un enfoque.
- Lula dijo en el G7 que nunca fue de izquierda, según Reuters.
- El PT surgió del sindicalismo clasista y luchas contra la dictadura militar brasileña.
- La dirección petista optó por administrar el Estado capitalista sin reformas profundas.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio –Lula- da Silva, “se desmarcó de la izquierda” en la reciente reunión del G7 al declarar que “nunca ha sido de izquierda” … y afirmó que “el mundo no es de izquierda, sino el camino del medio”.
Esas palabras fueron pronunciadas por él en un intercambio con la directora del FMI y el premier alemán, captadas y publicadas por la agencia Reuter.
Lo primero no es verdad y lo segundo un disparate. En su origen, Lula y el PT asumieron posiciones de izquierda y lo cierto hoy es que el mundo unipolar bajo el mando de EEUU se ha desplomado no para convertirse en el “camino del medio”, sino para dar paso a un orden multipolar muy diverso, con variadas opciones de derecha, izquierdas y componentes del llamado progresismo y del centro político; incluidas una alta dosis de neofascismo, derivada de la agresiva decadencia de EEUU y el Occidente capitalista.
Lula es uno de los líderes del progresismo más “guabinoso” y ambiguo, y figura relevante de los BRICS, importante bloque estatal del nuevo orden mundial, en el que Lula ejerce funciones de “puente” con el bloque occidental en declive.
Un poco de historia y del presente:
Del sindicalismo combativo al PT institucional
El liderazgo de Lula surgió de las entrañas combativas de la clase obrera brasileña, del sindicalismo clasista y las heroicas luchas contra la feroz dictadura militar que ensangrentó a Brasil en las décadas de los 60 y 70.
Con el aliento de su fuerza carismática se conformó entonces el Partido de los Trabajadores-PT, que después de ser expresión del movimiento obrero y fuerza articulada a un gran abanico de movimientos sociales en lucha (movimientos sin tierra, sin techo, comunitarios, feministas, negritud, cristianos de la liberación…), se transformó en una fuerza sumamente moderada, subordinando importantes factores de su acumulado original de izquierda.
De espacio de confluencia de una gran diversidad de corrientes políticas socialistas, revolucionarias, transformadoras, reformadoras y reformistas, el PT -condicionado por la integración al sistema institucional dominante de una gran parte de sus funcionarios electos y no electos, de sus profesionales políticos e intelectuales- conformó en su interior un enorme aparato burocrático y tecnocrático distanciado de las luchas sociales y de su ideario original.
La dirección del PT fue resignando progresivamente todo propósito destinado a reemplazar, e incluso a reformar profundamente, el poder constituido. Ella, y el propio Lula, optaron por administrar el Estado y las estructuras económicas y sociales capitalistas tal y como estaban conformada, con una dosis de la independencia propia del emergente imperialismo brasileño y junto al sector de los BRICS con más conexiones con el Norte Global en declive.
· EL PACTO CON LA GRAN BURGUESÍA Y CIERTAS DERECHAS.
Pactos de Lula con la élite
Lula pactó de entrada con la gran burguesía paulista.
Pactó con una parte de los partidos del orden para garantizar la gobernabilidad sistémica sin mayores expectativas.
Aceptó de hecho, sin aplicar medidas que pudieran revertirlas, las contrarreformas estructurales de los programas neoliberales anteriores a su gestión; limitándose a contener y contrarrestar una parte de sus efectos más perversos con su programa HAMBRE CERO, reducido luego a un mega-programa asistencialista con espectaculares resultados en lo inmediato, pero con frágiles perspectivas de consolidación y permanencia.
Asumió como política propia la expansión del imperialismo emergente brasileño dentro de una dinámica de competencia y entendimientos parciales con EEUU, y dentro de ese juego ambivalente incurrió en el error histórico de acompañar al PENTÁGONO en la intervención militar a Haití.
En ese contexto, Lula y la alta dirección del su partido se inclinaron por un ejercicio político cada vez más impregnado de métodos propios de las derechas (clientelismo, reparto de cuotas de poder, alianzas al margen de una ética revolucionaria…) y por una mayor dependencia del financiamiento empresarial (estatal y privado)
· LULA, PETROBRAS, ODEBRECHT Y OTRAS.
La poderosa empresa petrolera estatal PETROBRAS –favorecida entonces por los altos precios del petróleo- se convirtió en un pilar de esa política y junto al Banco de Desarrollo Económico y Social-BANDES (fundado por Lula) y las grandes corporaciones transnacionales constructoras (entre ellas ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ y VOA SAO PAULO), constituyeron de hecho una gigantesca maquinaria de fondos clientelares, sobornos, sobrevaluaciones, financiamientos políticos, privilegios y tráfico de influencia que trascendió las fronteras de Brasil.
A ese juego endiablado y peligroso fueron incorporadas además las empresas publicitarias y de marketing político de JOAO SANTANA y su esposa MÓNICA MAURO, con la misión de jugar un papel relevante en la promoción de candidaturas, creación de imagen, financiamientos y asesorías de campaña a nivel nacional e internacional.
Ese fenómeno, a la larga, impactó negativamente el FORO DE SAO PAULO, en cuyo primer encuentro de fundación yo participé y posteriormente fui uno de los testigos-opositores de su progresiva derechización.
Por Oscar López Reyes
Cuba ha sido impactada en su desarrollo humano-social y los cubanos privados de necesidades básicas. Durante seis décadas, Estados Unidos le ha bloqueado 170.677 millones de dólares; no ha acatado 33 resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reclaman terminar con el atajo, en tanto que el gobierno norteamericano mantiene nexos de cooperación con regímenes anti-democráticos y que cometen atrocidades a gran escala, porque le aseguran la permanencia de bases militares y la aplicación de sus estrategias geopolíticas.
Como dice el refrán, la superpotencia norteña penaliza a otro, pero premia lo propio. Su presidente, Donald Trump, plantea la caída cruenta y sangrante de seres humanos en Cuba, con su amenaza de ocupación militar, por su sistema socialista. Paradójicamente, apoya a gobiernos autoritarios y monarquías absolutistas que les favorecen en sus intercambios económicos y su estrategia hegemónica, como Israel, principal democida/genocida del siglo XXI; Arabia Saudita, Catar y Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Guinea Ecuatorial, Ruanda, la República de Chad, Yibuti, en el noreste de África; Sahel y África Occidental, la República “Democrática” del Congo (RDC) y otros.
¿Incoherencia o incongruencia?
En sus ilusiones anti-dialécticas, el mandatario estadounidense no echa la vista a los descalabros estrepitosos que ha cosechado donde quiera que ha metido sus botas, ni comprendido que las rupturas bruscas hacia las transiciones desencadenan colapsos financieros, más divisiones, ilegitimidades, crisis humanitarias, incertidumbres y disgustos comunitarios en los terruños intervenidos a la fuerza.
El asedio, la obstrucción y el cerco petrolífero a Cuba han sido con tanta saña y tan despiadado, por instigación de la diáspora cubana, que en los estertores de la Covid-19 la administración de Trump impidió la compra de reactivos, jeringas y dispositivos para los ensayos clínicos, en el instante en que en la esfera internacional la mayor de las Antillas impulsaba el uso de su medicamento Interferón Alfa-2b.
En la coyuntura más aciaga de la pandemia, sólo el presidente Luis Rodolfo Abinader mandó a la vecina isla más de 12 toneladas de material sanitario y medicamentos, valorados en 550,000 dólares. Gestos de hermandad también han sido exteriorizados por otros jefes de Estado dominicanos: Leonel Fernández restableció nexos diplomáticos con Cuba en 1998 y dos veces (20-24 de agosto de 1998-16-17 de abril de 1999) acogió en el país al comandante supremo de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, quien fue recibido por Joaquín Balaguer y Juan Bosch, líderes que le admiraban y respetaban.
Los afanes por el cambio
Por la ruina económica, en 1978 China asumió un modelo de socialismo de mercado y por el estancamiento económico crónico -incluso a raíz del naufragio de las reformas de Glásnost (apertura y libertad de expresión) y Perestroika (reestructuración económica), en 1991 el presidente Mijaíl Gorbachov dispuso la disolución formal de la Unión Soviética y la liquidación del socialismo. El dinamismo económico-financiero y geoespacial de ambas superpotencias ha sido notorio.
Consciente de que, en los resortes del capitalismo contemporáneo, la deficiencia o incompetencia del socialismo prohijado por la revolución rusa de 1917, conducida por Vladimir Lenin, y la revolución Comunista China de 1949, liderada por Mao Tse-Tung, a partir del 2011 el presidente cubano Raúl Castro Ruz alboreó como el gran reformador de Cuba: propulsó la «Actualización del Modelo Económico».
Esa descentralización de la economía, alineada parcialmente con el libre mercado, abarcó 178 reformas estructurales. Pretendía la apertura de la inversión extranjera, el trabajo por cuenta propia (Cuentapropismo), la compraventa de viviendas y vehículos, la exportación e importación sin tantos intermediarios oficiales, la reestructuración del mercado cambiario y una reducción de la burocracia y los subsidios estatales.
Por Isaías Ramos
En agosto de 2025 lo advertimos: el nuevo Código Penal podía abrir la puerta a una ley mordaza. Hoy el país comienza a verlo con mayor claridad.
La discusión no es si República Dominicana necesita un Código Penal moderno. Claro que lo necesita. La discusión es otra: ninguna ley penal puede convertirse en instrumento de miedo contra ciudadanos, periodistas ni contra quienes fiscalizan el poder.
Una ley debe perseguir delincuentes, no intimidar al pueblo. Debe proteger a la sociedad, no sembrar autocensura. Debe castigar el crimen, no convertir la protesta, la denuncia o la crítica en actos sospechosos frente al poder.
Por eso lo decimos sin ambigüedad: Código Penal sí. Mordaza no. Justicia sí. Abuso de poder no. Autoridad sí. Intimidación no.
El Frente Cívico y Social advirtió desde agosto de 2025 que la Ley 74-25 podía convertirse en una amenaza directa al Estado de Derecho si sus disposiciones eran usadas para criminalizar la protesta pacífica, intimidar la denuncia ciudadana o blindar a los sectores de poder frente a la fiscalización pública. Esa advertencia fue recogida por distintos medios nacionales, incluyendo señalamientos sobre el artículo 384 y sobre el riesgo de perseguir a ciudadanos, activistas y periodistas bajo figuras penales ambiguas.
La Constitución no es un adorno: es el límite del poder. Toda ley, incluso un Código Penal, debe someterse a la Constitución, no colocarse por encima de ella. Cuando una norma puede ser interpretada para callar al que protesta, perseguir al que denuncia o asustar al que fiscaliza, la democracia comienza a retroceder.
Protestar no es insurrección. Denunciar no es difamar. Fiscalizar el poder no es delito: es deber ciudadano.
La propia Constitución reconoce la supremacía constitucional, el carácter social y democrático del Estado, la libertad de expresión, el deber ciudadano de denunciar faltas de funcionarios públicos y la lucha contra la corrupción como mandato esencial de la vida pública. Esos principios no pueden quedar reducidos a papel mojado por una ley penal mal redactada o abusivamente interpretada.
No le tememos a la ley. Le tememos al abuso del poder usando la ley. Esa es la diferencia fundamental. Quien defiende la libertad no defiende el caos. Quien rechaza una mordaza no rechaza la justicia. Quien exige límites al poder no está defendiendo delincuentes; está defendiendo la República.
Una democracia sana necesita leyes firmes, jueces independientes, fiscales responsables y ciudadanos libres. Pero cuando el poder pretende convertir toda crítica en amenaza, toda protesta en insurrección, toda denuncia en difamación y toda fiscalización en conspiración, entonces la ley deja de ser escudo del pueblo y empieza a convertirse en garrote del poder.
Esa es la frontera que no podemos cruzar.
República Dominicana necesita seguridad, pero no censura. Necesita autoridad, pero no intimidación. Necesita justicia, pero no miedo. Un Estado verdaderamente democrático no se fortalece callando ciudadanos; se fortalece garantizando que el pueblo pueda hablar, denunciar, exigir, protestar y fiscalizar sin temor a ser aplastado por el aparato penal.
La historia enseña que las libertades rara vez desaparecen de golpe. Muchas veces se debilitan poco a poco: primero con palabras ambiguas, luego con interpretaciones peligrosas, después con expedientes ejemplarizantes, y finalmente con una ciudadanía que prefiere callar antes que arriesgarse.
Cuando el miedo sustituye a la participación, la democracia conserva su fachada, pero pierde su alma.
Por eso esta discusión no es solo jurídica. Es moral, política y nacional. Lo que está en juego no es un artículo aislado. Lo que está en juego es si República Dominicana será una República de ciudadanos libres o una sociedad de personas intimidadas, donde denunciar corrupción, criticar abusos o defender derechos pueda convertirse en una aventura peligrosa.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos una posición clara: la ley debe cumplirse, pero también debe tener límites constitucionales. Una ley que persigue delincuentes es necesaria. Una ley que intimida ciudadanos es inaceptable. Una ley que fortalece la justicia merece respaldo. Una ley que puede convertirse en mordaza merece resistencia democrática.
Defender el patrimonio público no es conspirar. Cuestionar al poder no es delinquir. Criticar una ley no es atacar al país. Al contrario: cuando se hace por la patria, fiscalizar el poder es una forma superior de responsabilidad ciudadana.
A los congresistas de la República y al Presidente les recordamos con solemnidad: ustedes juraron ante Dios y ante el pueblo cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ninguna partidocracia y ningún interés de poder está por encima de esa Carta Magna. Cada ley, cada reforma y cada acto de gobierno debe respetar el Estado Social y Democrático de Derecho.
Cuando el poder gobierna de espaldas a la Constitución, no solo viola una norma: traiciona el mandato que juró cumplir.
República Dominicana no necesita miedo. Necesita verdad. No necesita ciudadanos arrodillados. Necesita ciudadanos conscientes. No necesita leyes para oprimir al pueblo. Necesita instituciones capaces de protegerlo.
Ya basta.
La ley debe proteger al pueblo, no oprimirlo.
Código Penal sí. Mordaza no.