Latinoamericanas
Jueces brasileños pronuncian impactante condena contra Lula
La sentencia de Lula es apenas la última de una necesaria pero paralizante purga. Sérgio Moro, el juez federal que encabeza la fiscalía en la investigación por corrupción en Brasil, se pronunció con pesar. Hace sólo siete años, Luiz Inácio Lula da Silva era el presidente más popular de Brasil, y quizás del mundo. Esta semana, el Sr. Moro condenó a este hombre, tan carismático que simplemente es conocido como “Lula”, por los cargos de corrupción y lo sentenció a casi 10 años de cárcel, sujeto a apelación.
“La actual condena no le causa a este juez ninguna satisfacción personal”, escribió el Sr. Moro en su decisión. Pero “no importa cuán alto se esté, la ley siempre estará por encima”.
La decisión, aunque incluso la propia defensa de Lula la esperaba, es sorprendente. A Lula se le acreditó proyectar a Brasil hacia el escenario mundial y sacar a millones de personas de la pobreza. Era considerado un fuerte candidato para las elecciones presidenciales del próximo año. Ahora ha sido encontrado culpable de recibir sobornos de la constructora OAS. Sin embargo, a pesar de ser extraordinaria, la condena de Lula es apenas la última en la ‘Operación Lava Jato’, la investigación de la corrupción en Brasil y las investigaciones asociadas.
En los últimos tres años, estas investigaciones han resultado en la condena de decenas de políticos brasileños, todos miembros de la previamente inmune pandilla de los “¿sabes quién soy?”. Los efectos han repercutido en toda América Latina, donde los escándalos de corrupción penden sobre las cabezas de varios ex presidentes, desde Cristina Fernández de Kirchner en Argentina hasta Ricardo Martinelli en Panamá.
De vuelta en Brasil, la furia pública por la corrupción gubernamental y la incompetencia indirectamente condujeron a la destitución el año pasado de la presidenta Dilma Rousseff. Pueden llevar a la destitución de Michel Temer, el actual presidente, quien está siendo investigado por posibles sobornos recibidos de JBS, la compañía empacadora de carne más grande del mundo. Como purga anticorrupción, la brasileña ha sido radical y políticamente imparcial; y su sistema judicial independiente ha sido un ejemplo saludable. Mantiene la perspectiva de un país auténticamente mejor. Pero también ha sido radicalmente desestabilizadora.
La clase política brasileña está casi totalmente desacreditada. Esto se lo merecía; un tercio del gabinete y buena parte del congreso están bajo investigación. Pero esa situación ha puesto en duda quién podría convertirse en el próximo presidente de Brasil en 2018. La inversión empresarial está congelada mientras dura la incertidumbre. Cada negociación de condena produce más denuncias. En parte como resultado, Brasil está saliendo lentamente, en el mejor de los casos, de su peor recesión.
Aun así, el precio de no realizar la purga sería mucho mayor. El lamentable estado de la vecina Venezuela es una lección sobre el costo de la impunidad. Unos pocos miles de millones de dólares probablemente fueron robados, estafados, o malversados en Brasil. En Venezuela, se han perdido hasta US$300 mil millones en los últimos 17 años según estimados de Jorge Giordani, un ex ministro de planificación y confidente de Hugo Chávez.
Muchos en la comunidad de negocios de Brasil podrían querer que se detuvieran las investigaciones. Algunos temen una repetición del movimiento “manos limpias” de Italia, que ha sido objeto de profundo estudio por parte de los jueces brasileños. En ese país, la satisfacción pública por derribar a los corruptos finalmente se extinguió, y la destrucción de la clase política italiana resultó en el surgimiento de Silvio Berlusconi.
Sin embargo, los procesos legales tienen su propio ritmo y lógica interna. No se pueden ajustar igual que un plan de negocios corporativo. Aun así, es posible que la investigación por corrupción en Brasil haya alcanzado su punto máximo. Aunque existen muchos otros casos que resolver, la condena de Lula representa una cima simbólica. Transformar Brasil para siempre requiere un trabajo más profundo, como una reforma de los inmanejables sistemas partidista y electoral del país. Ése es el pozo de donde brota la corrupción. El reto al que se enfrenta el próximo presidente de Brasil es limpiar este pozo y restablecer la confianza en las instituciones políticas.
Por FT View (c) 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved
diariolibre.com
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.