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Aspirantes a jueces de la SCJ son magistrados de las cortes de apelación.
Santo Domingo, R.D.-Las miradas del sector juridico se dirigen a las cortes de apelación en pleno desarrollo del proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Al ser el escalón inmediatamente inferior, la Constitución dominicana establece que al menos tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema deben provenir de la carrera judicial, convirtiendo a este grupo de magistrados en la principal cantera de aspirantes.
Una lista de jueces procedentes de las cortes de apelación figura entre los nombres que han sonado o que reúnen el perfil para aspirar a una plaza en la más alta instancia del Poder Judicial.
Pujols Ortiz es presidenta de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que integra además Báez García; Cano Alfau es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
Julio César Cano Alfau es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
Andújar Sànchez es juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Disrtito Nacional; Sánchez Mejía es presiddente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Admnistrativo (TSA), y Medina Tejada, jueza de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
El Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader, abrió el 3 de agosto de 2026 la evaluación de once de los dieciséis jueces de la Suprema Corte, cuyo período constitucional venció el pasado 3 de abril.
El cronograma provisional, aprobado ese mismo mes, se extiende hasta el 23 de octubre y contempla una segunda fase de postulaciones públicas una vez se determinen las vacantes que dejen los magistrados que no se sometan a reevaluación o que no sean ratificados.
Antonio Sánchez Mejía es presiddente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Admnistrativo (TSA).
De los once jueces convocados, cuatro de estos, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina; la secretaria del CNM, Nancy Salcedo; Manuel Herrera Carbuccia, y María Garabito, ya anunciaron que no optarán por un nuevo período, lo que abre al menos cuatro plazas adicionales a nuevos aspirantes.
Los siete magistrados restantes que sí se sometieron a evaluación de desempeño iniciarán sus entrevistas públicas el martes 25 de agosto, tras el cierre del plazo para que la ciudadanía presente objeciones.
Estos jueces de la Suprema Corte, son Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico.
Los perfiles
Doris Josefina Pujols Ortiz
Jueza presidenta de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desde 2017.
Pujols Ortiz es oriunda de Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, y acumula más de tres décadas de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial.
Ingresó en 1989, mientras cursaba Derecho, como oficinista de esa misma corte, y a lo largo de su carrera ha sido jueza de paz, jueza para Asuntos Municipales, jueza de primera instancia, jueza de la Instrucción y coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Daira Cira Medina Tejada, jueza de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Desde su sala ha conocido en apelación algunos de los expedientes de mayor repercusión pública de los últimos años, como los casos Calamar, Medusa, Antipulpo, Gavilán, Cattleya y Los Tres Brazos, y recientemente asumió el conocimiento de la apelación del caso Alexis Medina.
Julio César Cano Alfau
Es, desde 2012, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y ocupa la posición número uno del Escalafón Judicial a nivel nacional.
Fue juez coordinador del Departamento Judicial del Distrito Nacional entre 2020 y 2022, y desde junio de 2016 integra el Comité de Ética del Poder Judicial.
Su trayectoria en la carrera judicial se remonta a 1985, cuando fue juez de paz de la Tercera Circunscripción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros.
Ha sido juez de instrucción en el Distrito Nacional, juez presidente de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia (1991-2001) y juez tercer sustituto y presidente de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación (2011-2012), antes de asumir la presidencia de esa corte.
Teófilo Andújar Sànchez es juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Disrtito Nacional.
Se incorporó oficialmente a la carrera judicial en abril de 2001.
Fuera del Poder Judicial, presidió la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entre 1993 y 1995, y es notario público del Distrito Nacional desde 1989.
Teófilo Andújar
Juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desde enero de 2022.
Andújar acumula una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial que arrancó en diciembre de 1998 como primer suplente de juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.
Ha ocupado sucesivos cargos como juez de instrucción en la provincia Santo Domingo y en Elías Piña, juez presidente de distintas salas de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y juez de los tribunales colegiados de esa jurisdicción.
En diciembre de 2016 fue designado juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cargo que ejerció hasta su ascenso a la corte de apelación en 2022.
Rafael Báez García
Abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Báez García habla inglés, francés e italiano. Es egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura y actualmente juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Tras haber ejercido como juez de paz especial de tránsito, juez de paz ordinario, juez de instrucción, juez liquidador de sala penal, juez de ejecución de la pena de Santo Domingo y juez miembro del Tribunal Superior Administrativo.
Tiene una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, maestría en Administración Penitenciaria por la UASD y maestría en Derecho Constitucional, con mención en Jurisdicción Constitucional, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Castilla La Mancha, España.
Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, con sede en París, y de la Academia Mexicana de Derecho; docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público, y director de la Cátedra Curricular de Derecho Penitenciario de la Escuela Nacional Penitenciaria.
Colabora con el Centro para la Excelencia Penitenciaria y Reducción del Delito de la ONU en el país y es secretario general adjunto de la Comisión Permanente para la Modificación y Actualización de las Reglas Mandela de Naciones Unidas. Es autor de la obra La Ejecución de la Pena.
Antonio Sánchez Mejía
Egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en 1994, institución de la que es docente desde hace 15 años en el área de Derecho Penal: Procesal Penal, Penal General y Penal Especial.
Actualmente se desempeña como presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Su carrera judicial inicia en el año 1997, cuando fue designado abogado ayudante en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en 1999, continúo desempeñando esas funciones de abogado ayudante, pero en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Para enero del 2000 ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura a su primer programa de formación de aspirantes, luego de haber superado el primer concurso público de oposición, en el cual participé junto a 500 aspirantes y solo 14 logramos ingresar.
En octubre del 2002 se grado en esa primera promoción de jueces de paz egresados de la Escuela y, en ese mismo mes y año, lo designaron juez del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Villa Mella.
Ya para agosto del 2003, fue ascendido a juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Un año después, en el 2004, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia seleccionó distintos tribunales para que se encargaran del conocimiento de los procesos bajo la nueva normativa penal.
Fue uno de los jueces seleccionados junto a los magistrados Francisco Ortega y Esther Agelán.
Al año siguiente, en el 2005, lo pusieron en funcionamiento los tribunales colegiados, habilitándose uno por cada departamento judicial. En ese momento fue ascendido a sustituto de presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Para el 2007 paso a presidir el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, posición en la que estuvo por un espacio de cuatro años.
Como reconocimiento a su desempeño y labor jurisdiccional fue ascendido a juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Daira Medina
Daira Cira Medina Tejeda nació el 10 de mayo de 1976 en San José de Ocoa y emigró al Distrito Nacional en 1982.
Es presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Jueces Cristianos (ASODOJUCRI) y miembro de la Selden Society de Inglaterra, siendo la primera dominicana en integrar esa institución.
Forma parte también del Comité de la Orden al Mérito del Poder Judicial Dominicano, del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y de los consejos de posgrado de la UASD y UNAPEC, donde ha sido docente y coordinadora de maestrías.
Con 32 años de vida laboral, 27 de ellos en el Poder Judicial, inició su carrera en 1994 como profesora interina antes de graduarse magna cum laude en Derecho por la UASD en 1999, con el índice más alto de su facultad.
Ingresó al Poder Judicial ese mismo año y, en 2003, entró a la carrera judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde también obtuvo el índice más alto de su promoción.
Ha sido jueza de paz especial de tránsito, jueza de primera instancia y presidenta de la Cuarta Sala del Distrito Nacional, hasta su ascenso en 2018 a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, donde actualmente es jueza de la Tercera Sala.
Tiene maestría en Derecho Penal por la UASD y estudios doctorales en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, además de formación internacional en derechos humanos y derecho constitucional recibida de profesores de universidades como Yale, Pensilvania y la Sorbona de París, entre otras instituciones de Puerto Rico, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia y Brasil. Habla inglés, francés, portugués y alemán.
Ha publicado tres libros en materia procesal penal y derecho constitucional, y es coautora de La Constitución Dominicana Comentada por los Jueces del Poder Judicial.
En 2010 recibió el Premio Nacional a la Juventud en el renglón de liderazgo profesional. Su nombre figuró entre los preseleccionados a la SCJ y al TSE por el CNM en noviembre de 2025.
Nacionales
Senado aprueba reforma que cambia la designación de procuradores adjuntos y adapta el Ministerio Público a la Constitución
La iniciativa modifica la Ley Orgánica 133-11 para adecuar la estructura y los mecanismos de nombramiento de las autoridades del Ministerio Público a los cambios introducidos por la reforma constitucional de 2024.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— El Senado de la República aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto legislativo que introduce modificaciones a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, con el propósito de armonizar su funcionamiento y organización institucional con las disposiciones de la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024.
La iniciativa, presentada por el senador Ramón Rogelio Genao, procura actualizar las normas relacionadas con la designación del procurador general de la República y sus adjuntos, así como incorporar los cambios constitucionales en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la nueva distribución de competencias para seleccionar a los procuradores adjuntos, estableciendo la participación del Consejo Nacional de la Magistratura y del propio procurador general en esos nombramientos.
Procurador general podrá seleccionar parte de sus adjuntos
De acuerdo con el artículo 31 del proyecto aprobado, el procurador general de la República podrá contar con un máximo de 14 procuradores adjuntos.
La mitad de estos funcionarios será designada por el Consejo Nacional de la Magistratura, a propuesta del presidente de la República, y deberá reunir los mismos requisitos constitucionales exigidos para ocupar la Procuraduría General.
Los siete puestos restantes serán seleccionados por el procurador general entre los procuradores generales de Cortes de Apelación que cumplan las condiciones establecidas para ejercer esas funciones.
Esta distribución busca adecuar la estructura del Ministerio Público al esquema institucional surgido de la reforma constitucional de 2024.
Reforma constitucional cambió el mecanismo de designación
Uno de los principales cambios introducidos en la Constitución de 2024 fue la modificación del procedimiento para nombrar al procurador general de la República.
Anteriormente, su designación correspondía directamente al presidente de la República mediante decreto.
Con el nuevo modelo constitucional, el mandatario presenta una propuesta de candidato ante el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo al que corresponde decidir sobre su designación.
Otra modificación importante fue la salida del procurador general de la composición del CNM, órgano del que formaba parte desde la reforma constitucional de 2010.
Su lugar pasó a ser ocupado por el presidente del Tribunal Constitucional, como parte de la reorganización del organismo responsable de determinadas designaciones de altas autoridades del sistema de justicia.
La reforma aprobada por el Senado procura eliminar las contradicciones entre la legislación orgánica vigente y las nuevas disposiciones constitucionales.
Continúa pendiente discusión de regulación de conflictos de intereses
Durante la misma jornada legislativa, los senadores avanzaron en el conocimiento del proyecto de Ley General de Regulación de los Conflictos de Intereses en el Ejercicio de Funciones Públicas.
La propuesta, presentada por el senador Antonio Manuel Taveras, fue leída hasta el artículo 20 y posteriormente quedó sobre la mesa para continuar su discusión en otra sesión.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos orientados a establecer reglas sobre los conflictos de intereses que pueden surgir en el desempeño de responsabilidades públicas.
Verón-Punta Cana avanza hacia su conversión en municipio
En otro punto de la agenda, el Senado aprobó el proyecto de ley que eleva el Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio Higüey, provincia La Altagracia, a la categoría de municipio.
La propuesta fue presentada por el senador Rafael Varón Duluc y busca modificar la categoría político-administrativa de esa demarcación, caracterizada por su importante actividad turística.
También recibió aprobación la iniciativa que establece el 2 de diciembre de cada año como Día de la Mujer Municipalista, procedente de la Cámara de Diputados.
Aprueban solicitudes de obras y servicios comunitarios
El pleno senatorial acogió diversas resoluciones dirigidas a promover proyectos de infraestructura, servicios públicos y desarrollo comunitario en distintas provincias del país.
Entre ellas figura una solicitud al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), presidido por Guido Gómez Mazara, para ampliar los servicios de telefonía e internet en comunidades de El Seibo.
Asimismo, los legisladores aprobaron iniciativas para solicitar la habilitación de una funeraria municipal en Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, y la donación de dos autobuses destinados al transporte de estudiantes universitarios de El Valle y Sabana de la Mar.
En materia de propiedad agraria, se acogió una resolución que solicita avanzar en la titulación de terrenos correspondientes a los proyectos Villela, Yerba Buena, Palmarejo, Los Castellanos, Capote, Los Guayo, Piñita y San Rafael, en Hato Mayor.
Estas últimas propuestas fueron impulsadas por el senador Cristóbal Venerado Castillo.
Salud, deportes y cultura también figuran entre las prioridades
En el ámbito sanitario, los senadores aprobaron una iniciativa presentada por María Mercedes Ortiz Diloné para solicitar la construcción de un centro de hemodiálisis en la provincia Hermanas Mirabal.
También fue acogida una resolución del senador Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes orientada a impulsar la terminación del proyecto denominado Colector 10, localizado en la zona este de Santiago.
En materia deportiva, se aprobaron solicitudes para ampliar y remodelar la cancha bajo techo de Laguna Salada, provincia Valverde, y remozar el Coliseo de Boxeo Pepe Mallén, en San Pedro de Macorís.
Las propuestas fueron presentadas por los senadores Odalis Rafael Rodríguez Rodríguez y Aracelis Villanueva Figueroa, respectivamente.
En el área cultural, el Senado respaldó iniciativas destinadas a reconocer las trayectorias de los artistas Facundo Peña, por sus aportes al merengue típico, y Máximo Antonio del Rosario Almonte, conocido popularmente como Toño Rosario, por su contribución a la música dominicana.
Senado aprueba protocolo internacional sobre ciberdelincuencia
Como parte de sus trabajos, la Cámara Alta también aprobó, en única lectura, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado el 12 de mayo de 2022.
El instrumento internacional, sometido por el Poder Ejecutivo, está relacionado con el fortalecimiento de la cooperación entre Estados y el intercambio de pruebas electrónicas en investigaciones de delitos informáticos.
Legisladores rinden homenajes póstumos
Durante la sesión, los senadores guardaron un minuto de silencio en memoria de varias personas fallecidas.
Entre ellas estuvieron el niño Justin Rafael, hijo de un colaborador del área de informática del Senado; Alejandro Peña, fallecido en un accidente de tránsito; Raúl Martínez, hermano de un colaborador de la Oficina Senatorial de La Vega, y el médico Luis Eduardo Soto, de San José de Ocoa.
Al concluir los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a los legisladores para una nueva sesión el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 de la tarde.
La aprobación en segunda discusión de la modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público constituye un avance en el proceso de adecuación de la legislación dominicana a la reforma constitucional de 2024, aunque la iniciativa deberá completar los trámites legislativos correspondientes antes de convertirse en ley vigente.
EFE
La organización reclama una investigación independiente sobre el fallecimiento ocurrido el 3 de octubre y advierte que el control migratorio debe ejecutarse respetando los derechos humanos y los límites legales del uso de la fuerza.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— La muerte de un joven de presunto origen haitiano durante un operativo de control migratorio realizado en Punta Cana ha motivado un llamado de Amnistía Internacional para que las autoridades dominicanas investiguen las circunstancias del hecho y determinen si existieron actuaciones contrarias a la ley.
La organización defensora de los derechos humanos solicitó este miércoles 7 de octubre una investigación inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva sobre el incidente ocurrido el pasado sábado 3 de octubre, en el que, según informaciones difundidas por medios locales, el joven habría recibido disparos de un agente de la Dirección General de Migración (DGM).
Amnistía Internacional manifestó preocupación por la ausencia de información oficial sobre las circunstancias en que se produjo el fallecimiento y consideró necesario esclarecer lo sucedido, identificar posibles responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.
Reclaman determinar las circunstancias de los disparos
La organización insistió en que las autoridades deben establecer cómo se desarrolló el procedimiento migratorio, las condiciones en que ocurrió el incidente y si la actuación de los agentes se ajustó a las disposiciones legales que regulan el uso de la fuerza.
En ese sentido, recordó que los estándares internacionales de derechos humanos establecen restricciones estrictas al empleo de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Amnistía Internacional sostuvo que la utilización intencional de fuerza letal únicamente puede justificarse cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida.
Asimismo, enfatizó que la condición migratoria de una persona, independientemente de que se encuentre en situación regular o irregular, no constituye una justificación para el uso ilegítimo de la fuerza.
Organización denuncia posibles prácticas discriminatorias
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que durante años distintas organizaciones dominicanas, haitianas e internacionales han documentado denuncias relacionadas con las políticas de control migratorio aplicadas en República Dominicana.
Entre las prácticas denunciadas mencionó la identificación de personas por características raciales, detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y otras actuaciones consideradas discriminatorias.
Piquer planteó que estos antecedentes deben ser tomados en consideración durante las investigaciones, a fin de determinar si la muerte del joven constituye un hecho aislado o guarda relación con posibles patrones de actuación institucional.
La representante de la organización también reclamó que cualquier funcionario cuya responsabilidad en violaciones de derechos humanos resulte demostrada responda ante las instancias correspondientes.
Políticas migratorias bajo cuestionamiento
El pronunciamiento de Amnistía Internacional se produce en medio de la aplicación de las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar los controles migratorios y las deportaciones de ciudadanos extranjeros que permanecen irregularmente en el territorio nacional.
Desde octubre de 2024, el Poder Ejecutivo desarrolla un programa de repatriaciones que estableció como objetivo alcanzar hasta 10,000 deportaciones de haitianos por semana.
Según las estadísticas oficiales citadas, entre enero y julio de 2026 fueron deportados 250,429 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.
Estas medidas se ejecutan en un contexto marcado por la crisis política, institucional, económica y de seguridad que atraviesa Haití, situación que ha incrementado los desafíos migratorios y humanitarios en la isla.
Amnistía Internacional ha cuestionado determinadas prácticas utilizadas durante estos procedimientos y ha solicitado que las políticas migratorias dominicanas se apliquen sin discriminación y con respeto a las garantías fundamentales.
Control migratorio y respeto a los derechos humanos
Aunque los Estados tienen facultades para regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas extranjeras de sus territorios, el ejercicio de esas atribuciones debe ajustarse a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
En República Dominicana, los procedimientos migratorios están regulados por la Ley General de Migración número 285-04 y su normativa complementaria.
Asimismo, la Constitución reconoce la protección del derecho a la vida, la dignidad humana y las garantías del debido proceso.
En ese contexto, las denuncias sobre actuaciones irregulares de agentes estatales requieren investigaciones que permitan establecer los hechos sin prejuzgar la responsabilidad de las personas involucradas.
Esperan pronunciamiento de las autoridades
Hasta el momento de la información difundida, no se habían ofrecido explicaciones oficiales sobre las circunstancias específicas de la muerte del joven durante el operativo realizado en Punta Cana.
La falta de detalles mantiene abiertas interrogantes sobre el desarrollo de la intervención, el empleo de armas de fuego y las actuaciones posteriores al incidente.
Amnistía Internacional reiteró que las autoridades dominicanas deben garantizar una investigación efectiva y adoptar las medidas correspondientes si se comprueba la comisión de alguna violación de derechos humanos.
El caso vuelve a colocar en el debate público la necesidad de compatibilizar la potestad del Estado para controlar sus fronteras y aplicar su política migratoria con la obligación de proteger la vida, la integridad física y los derechos fundamentales de todas las personas bajo su jurisdicción.
Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado fueron distinguidos por la Cámara de Diputados en reconocimiento a sus aportes a la música, el diseño de moda y la proyección artística de la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.— Tres destacadas personalidades del arte dominicano recibieron este miércoles un homenaje de la Cámara de Diputados, que reconoció sus respectivas trayectorias profesionales y contribuciones al fortalecimiento de la identidad cultural del país.
El cantante Erasmo Niní Cáffaro, el diseñador de moda Leonel Lirio y la pianista y arreglista Janina Rosado fueron distinguidos durante una ceremonia celebrada en el Salón de la Asamblea Nacional, donde recibieron pergaminos de reconocimiento aprobados mediante resoluciones legislativas.
La actividad reunió a legisladores, representantes de diversos sectores y personalidades vinculadas al arte, la política y la cultura nacional.
Niní Cáffaro, una trayectoria vinculada a la música dominicana
La distinción concedida a Niní Cáffaro surgió de una iniciativa presentada por Lucía Medina Sánchez, expresidenta de la Cámara de Diputados.
La resolución destaca la trayectoria del intérprete y sus aportes al desarrollo y la difusión de la música dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.
Durante la ceremonia, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para la institución reconocer a una figura cuya carrera artística forma parte del patrimonio musical del país.
El homenaje representa un reconocimiento institucional a los años de dedicación de Cáffaro a la interpretación musical y a su contribución a la cultura dominicana.
Leonel Lirio, reconocido por proyectar la moda nacional
El diseñador Leonel Lirio también recibió una distinción por su trayectoria en la industria de la moda y sus contribuciones al posicionamiento del diseño dominicano.
La resolución fue sometida por la diputada Selinée Méndez, quien resaltó la influencia de Lirio en la promoción de la identidad cultural a través de sus creaciones, así como su participación en iniciativas de formación académica.
Al referirse al homenajeado, Alfredo Pacheco destacó que sus diseños han vestido a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a dar visibilidad al talento creativo de República Dominicana.
El reconocimiento pone de relieve la importancia de la moda como manifestación cultural y como una actividad capaz de proyectar internacionalmente la creatividad dominicana.
Janina Rosado, una vida dedicada al talento musical
La pianista y arreglista Janina Rosado fue distinguida por su destacada participación en el desarrollo de la música nacional y su proyección artística internacional.
La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Juana Castillo, quien valoró la trayectoria profesional de Rosado y sus contribuciones al fortalecimiento del arte dominicano.
Durante el acto, Pacheco recordó su participación como pianista en la agrupación del reconocido cantautor Juan Luis Guerra, experiencia que ha formado parte importante de su recorrido musical.
La distinción reconoce tanto sus capacidades interpretativas como su trabajo en los arreglos musicales y su contribución a la presencia de artistas dominicanos en escenarios internacionales.
Cámara de Diputados destaca importancia de preservar los legados culturales
La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó la labor desarrollada por los legisladores que promueven iniciativas destinadas a valorar las trayectorias de ciudadanos sobresalientes.
Asimismo, resaltó el trabajo de la comisión legislativa para documentar los méritos y contribuciones de las personas propuestas para recibir estas distinciones.
Santos señaló la importancia de dar visibilidad a quienes, desde distintas áreas profesionales, han contribuido al desarrollo de la sociedad dominicana.
Personalidades acompañan a los homenajeados
La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito político, cultural y deportivo.
Entre los asistentes estuvieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la cantante Olga Lara y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional.
También participaron legisladores y otros invitados que acompañaron a los homenajeados durante la entrega de los pergaminos.
Al recibir las distinciones, Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado expresaron su agradecimiento a la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y personas que los han acompañado durante sus respectivas carreras.
Con este acto, la Cámara de Diputados resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio artístico y cultural de República Dominicana.