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Aspirantes a jueces de la SCJ son magistrados de las cortes de apelación.
Santo Domingo, R.D.-Las miradas del sector juridico se dirigen a las cortes de apelación en pleno desarrollo del proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), encabezado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Al ser el escalón inmediatamente inferior, la Constitución dominicana establece que al menos tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema deben provenir de la carrera judicial, convirtiendo a este grupo de magistrados en la principal cantera de aspirantes.
Una lista de jueces procedentes de las cortes de apelación figura entre los nombres que han sonado o que reúnen el perfil para aspirar a una plaza en la más alta instancia del Poder Judicial.
Pujols Ortiz es presidenta de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, tribunal que integra además Báez García; Cano Alfau es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
Julio César Cano Alfau es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción.
Andújar Sànchez es juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Disrtito Nacional; Sánchez Mejía es presiddente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Admnistrativo (TSA), y Medina Tejada, jueza de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
El Consejo de la Magistratura, presidido por el presidente Luis Abinader, abrió el 3 de agosto de 2026 la evaluación de once de los dieciséis jueces de la Suprema Corte, cuyo período constitucional venció el pasado 3 de abril.
El cronograma provisional, aprobado ese mismo mes, se extiende hasta el 23 de octubre y contempla una segunda fase de postulaciones públicas una vez se determinen las vacantes que dejen los magistrados que no se sometan a reevaluación o que no sean ratificados.
Antonio Sánchez Mejía es presiddente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Admnistrativo (TSA).
De los once jueces convocados, cuatro de estos, el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina; la secretaria del CNM, Nancy Salcedo; Manuel Herrera Carbuccia, y María Garabito, ya anunciaron que no optarán por un nuevo período, lo que abre al menos cuatro plazas adicionales a nuevos aspirantes.
Los siete magistrados restantes que sí se sometieron a evaluación de desempeño iniciarán sus entrevistas públicas el martes 25 de agosto, tras el cierre del plazo para que la ciudadanía presente objeciones.
Estos jueces de la Suprema Corte, son Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Justiniano Montero Montero y Rafael Vásquez Goico.
Los perfiles
Doris Josefina Pujols Ortiz
Jueza presidenta de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desde 2017.
Pujols Ortiz es oriunda de Sabana Larga, provincia San José de Ocoa, y acumula más de tres décadas de servicio ininterrumpido en el Poder Judicial.
Ingresó en 1989, mientras cursaba Derecho, como oficinista de esa misma corte, y a lo largo de su carrera ha sido jueza de paz, jueza para Asuntos Municipales, jueza de primera instancia, jueza de la Instrucción y coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Daira Cira Medina Tejada, jueza de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo.
Desde su sala ha conocido en apelación algunos de los expedientes de mayor repercusión pública de los últimos años, como los casos Calamar, Medusa, Antipulpo, Gavilán, Cattleya y Los Tres Brazos, y recientemente asumió el conocimiento de la apelación del caso Alexis Medina.
Julio César Cano Alfau
Es, desde 2012, juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y ocupa la posición número uno del Escalafón Judicial a nivel nacional.
Fue juez coordinador del Departamento Judicial del Distrito Nacional entre 2020 y 2022, y desde junio de 2016 integra el Comité de Ética del Poder Judicial.
Su trayectoria en la carrera judicial se remonta a 1985, cuando fue juez de paz de la Tercera Circunscripción del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros.
Ha sido juez de instrucción en el Distrito Nacional, juez presidente de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia (1991-2001) y juez tercer sustituto y presidente de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación (2011-2012), antes de asumir la presidencia de esa corte.
Teófilo Andújar Sànchez es juez de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Disrtito Nacional.
Se incorporó oficialmente a la carrera judicial en abril de 2001.
Fuera del Poder Judicial, presidió la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entre 1993 y 1995, y es notario público del Distrito Nacional desde 1989.
Teófilo Andújar
Juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desde enero de 2022.
Andújar acumula una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial que arrancó en diciembre de 1998 como primer suplente de juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.
Ha ocupado sucesivos cargos como juez de instrucción en la provincia Santo Domingo y en Elías Piña, juez presidente de distintas salas de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y juez de los tribunales colegiados de esa jurisdicción.
En diciembre de 2016 fue designado juez presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cargo que ejerció hasta su ascenso a la corte de apelación en 2022.
Rafael Báez García
Abogado egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Báez García habla inglés, francés e italiano. Es egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura y actualmente juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Tras haber ejercido como juez de paz especial de tránsito, juez de paz ordinario, juez de instrucción, juez liquidador de sala penal, juez de ejecución de la pena de Santo Domingo y juez miembro del Tribunal Superior Administrativo.
Tiene una especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, maestría en Administración Penitenciaria por la UASD y maestría en Derecho Constitucional, con mención en Jurisdicción Constitucional, por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Castilla La Mancha, España.
Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal, con sede en París, y de la Academia Mexicana de Derecho; docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la Escuela Nacional del Ministerio Público, y director de la Cátedra Curricular de Derecho Penitenciario de la Escuela Nacional Penitenciaria.
Colabora con el Centro para la Excelencia Penitenciaria y Reducción del Delito de la ONU en el país y es secretario general adjunto de la Comisión Permanente para la Modificación y Actualización de las Reglas Mandela de Naciones Unidas. Es autor de la obra La Ejecución de la Pena.
Antonio Sánchez Mejía
Egresado de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en 1994, institución de la que es docente desde hace 15 años en el área de Derecho Penal: Procesal Penal, Penal General y Penal Especial.
Actualmente se desempeña como presidente de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Su carrera judicial inicia en el año 1997, cuando fue designado abogado ayudante en la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posteriormente, en 1999, continúo desempeñando esas funciones de abogado ayudante, pero en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.
Para enero del 2000 ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura a su primer programa de formación de aspirantes, luego de haber superado el primer concurso público de oposición, en el cual participé junto a 500 aspirantes y solo 14 logramos ingresar.
En octubre del 2002 se grado en esa primera promoción de jueces de paz egresados de la Escuela y, en ese mismo mes y año, lo designaron juez del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales de Villa Mella.
Ya para agosto del 2003, fue ascendido a juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Un año después, en el 2004, como consecuencia de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia seleccionó distintos tribunales para que se encargaran del conocimiento de los procesos bajo la nueva normativa penal.
Fue uno de los jueces seleccionados junto a los magistrados Francisco Ortega y Esther Agelán.
Al año siguiente, en el 2005, lo pusieron en funcionamiento los tribunales colegiados, habilitándose uno por cada departamento judicial. En ese momento fue ascendido a sustituto de presidente del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Para el 2007 paso a presidir el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, posición en la que estuvo por un espacio de cuatro años.
Como reconocimiento a su desempeño y labor jurisdiccional fue ascendido a juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Daira Medina
Daira Cira Medina Tejeda nació el 10 de mayo de 1976 en San José de Ocoa y emigró al Distrito Nacional en 1982.
Es presidenta fundadora de la Asociación Dominicana de Jueces Cristianos (ASODOJUCRI) y miembro de la Selden Society de Inglaterra, siendo la primera dominicana en integrar esa institución.
Forma parte también del Comité de la Orden al Mérito del Poder Judicial Dominicano, del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y de los consejos de posgrado de la UASD y UNAPEC, donde ha sido docente y coordinadora de maestrías.
Con 32 años de vida laboral, 27 de ellos en el Poder Judicial, inició su carrera en 1994 como profesora interina antes de graduarse magna cum laude en Derecho por la UASD en 1999, con el índice más alto de su facultad.
Ingresó al Poder Judicial ese mismo año y, en 2003, entró a la carrera judicial a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde también obtuvo el índice más alto de su promoción.
Ha sido jueza de paz especial de tránsito, jueza de primera instancia y presidenta de la Cuarta Sala del Distrito Nacional, hasta su ascenso en 2018 a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, donde actualmente es jueza de la Tercera Sala.
Tiene maestría en Derecho Penal por la UASD y estudios doctorales en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la Universidad del País Vasco, además de formación internacional en derechos humanos y derecho constitucional recibida de profesores de universidades como Yale, Pensilvania y la Sorbona de París, entre otras instituciones de Puerto Rico, Chile, Colombia, Costa Rica, Francia y Brasil. Habla inglés, francés, portugués y alemán.
Ha publicado tres libros en materia procesal penal y derecho constitucional, y es coautora de La Constitución Dominicana Comentada por los Jueces del Poder Judicial.
En 2010 recibió el Premio Nacional a la Juventud en el renglón de liderazgo profesional. Su nombre figuró entre los preseleccionados a la SCJ y al TSE por el CNM en noviembre de 2025.
Nacionales
Cámara de Diputados juramenta a Minerva Frías Ogando como sustituta de su padre Jorge Frías
La nueva legisladora del PRM representará a Santo Domingo Este y asumió el compromiso de continuar el legado político y social de su fallecido padre.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Cámara de Diputados escogió y juramentó este miércoles a Minerva Klaudel Frías Ogando como nueva integrante del Congreso Nacional, en sustitución de su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, quien representaba al Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio Santo Domingo Este.
La designación se produjo luego de que la dirección del partido oficialista remitiera formalmente la terna de candidatos para cubrir la vacante legislativa, conforme al procedimiento establecido en la Constitución dominicana.
La propuesta presentada por el PRM estuvo integrada por Minerva Klaudel Frías Ogando, Alexander Santana y Eladio Rodríguez Ramírez, cuyos nombres fueron sometidos a la consideración del pleno de la Cámara Baja.
La comunicación fue remitida por el vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, y el secretario general de esa organización, Juan Garrigó Mejía.
Respaldo político a la nueva legisladora
Durante el proceso de escogencia, el vocero de los diputados del PRM, Amado Díaz, explicó que la organización política había colocado a Frías Ogando en el primer lugar de la terna con la intención de favorecer su elección para continuar la representación legislativa que ejercía su padre.
La propuesta también contó con el respaldo de representantes de partidos opositores, entre ellos David Báez y Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, así como Idenia Doñez, vocera del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, destacó la trayectoria política del fallecido Jorge Frías, a quien recordó como un compañero de numerosas jornadas de lucha y un amigo cercano dentro de las filas del PRM.
Minerva Frías promete honrar el legado de su padre
Luego de recibir el respaldo del pleno, Minerva Klaudel Frías Ogando prestó juramento y recibió el distintivo que la acredita oficialmente como diputada de la República Dominicana.
En sus primeras palabras como congresista, expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader, a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno y a su familia por la confianza depositada en ella para asumir esta nueva responsabilidad.
La legisladora manifestó que su llegada al Congreso representa mucho más que ocupar una posición política, pues implica dar continuidad al compromiso de servicio que caracterizó la trayectoria de su padre.
Asimismo, aseguró que trabajará en favor de las comunidades de Santo Domingo Este, manteniendo una relación cercana con las bases de su organización política y con los ciudadanos de la demarcación que representa.
Designación pone fin a varias semanas de espera
La escogencia de Frías Ogando se produjo después de varias semanas durante las cuales permaneció vacante la curul del fallecido congresista.
En ese período, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, había solicitado públicamente a la dirección del PRM agilizar la presentación de la terna correspondiente, ante la necesidad de completar la representación legislativa.
Con la juramentación de Minerva Klaudel Frías Ogando, la Cámara Baja cubre la vacante dejada por Jorge Frías, mientras la nueva diputada inicia una etapa de responsabilidad pública marcada por el compromiso de preservar el legado político de su progenitor.
La nueva congresista tendrá ahora el desafío de construir su propia trayectoria legislativa, responder a las necesidades de Santo Domingo Este y demostrar, mediante iniciativas y resultados, su compromiso con la ciudadanía.
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Caso Jet Set: hermanos Espaillat buscan revertir acusación por homicidio voluntario ante Corte de Apelación
La defensa de Antonio y Maribel Espaillat sostiene que el cambio de calificación jurídica basado en el dolo eventual vulnera el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho de defensa
Por Carlos Baret
SANTO DOMINGO, RD. – Los abogados de Antonio y Maribel Espaillat López presentaron un recurso de apelación contra la decisión judicial que modificó la calificación penal del proceso relacionado con el desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de 2025.
La acción judicial procura dejar sin efecto la Resolución núm. 042-2026-TRES-00048, emitida el 15 de octubre de 2026 por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se sustituyó la calificación de homicidio y golpes y heridas involuntarios por la de homicidio y golpes y heridas voluntarios, sustentada en la figura del dolo eventual.
Los representantes legales de los imputados alegan que la modificación constituye una interpretación extensiva de la legislación penal que podría comprometer garantías constitucionales esenciales.
Defensa cuestiona aplicación del dolo eventual
Uno de los principales argumentos del recurso se fundamenta en el principio de legalidad penal, conforme al cual las conductas sancionables y sus consecuencias deben estar previamente establecidas por disposiciones legales claras y precisas.
La defensa sostiene que el tribunal recurrió a una construcción doctrinal para atribuir a determinadas disposiciones del Código Penal un alcance que, según su interpretación, no fue expresamente previsto por el legislador.
Los abogados argumentan que la legislación penal debe interpretarse restrictivamente cuando su aplicación pueda perjudicar al imputado, por lo que cuestionan que se utilice la figura del dolo eventual para transformar una imputación originalmente sustentada en hechos involuntarios.
Como parte de sus planteamientos, hicieron referencia a disposiciones del nuevo Código Penal que regulan situaciones de muertes ocasionadas por negligencia y posibles incumplimientos de obligaciones de seguridad en establecimientos comerciales.
No obstante, la aplicabilidad de cualquier disposición penal posterior a los hechos deberá examinarse conforme a las reglas constitucionales sobre irretroactividad y aplicación retroactiva de la norma más favorable.
Alegan vulneración de garantías procesales
El recurso también cuestiona el procedimiento seguido por el tribunal para modificar la calificación jurídica.
Según los recurrentes, la decisión se produjo antes de concluir la presentación de las pruebas de la acusación y de que la defensa iniciara su actividad probatoria.
En ese contexto, alegan que el tribunal realizó valoraciones anticipadas sobre la responsabilidad penal de los procesados, lo que, a su juicio, podría comprometer la presunción de inocencia y la imparcialidad judicial.
Asimismo, los abogados denuncian supuestas irregularidades en la aplicación de los artículos 327 y 328 del Código Procesal Penal, relacionados con las advertencias sobre posibles modificaciones de la calificación jurídica y las circunstancias que pueden surgir durante el juicio.
Sostienen que la solicitud de variar la imputación ya había sido discutida durante la etapa preliminar y que no se presentaron hechos nuevos que justificaran el procedimiento utilizado.
Cuestionan restricciones al derecho de defensa
Otro aspecto señalado en la apelación se relaciona con el desarrollo del debate judicial.
La defensa afirma que las partes acusadoras pudieron realizar intervenciones adicionales, mientras que a los representantes de los imputados no se les habría permitido ejercer la correspondiente contrarréplica.
También alegan que los hermanos Espaillat no tuvieron oportunidad de pronunciarse personalmente sobre la solicitud de modificación de la calificación penal.
De acuerdo con el recurso, estas circunstancias habrían afectado el principio de contradicción, la igualdad procesal y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Se trata de alegaciones formuladas por los abogados recurrentes, cuya procedencia deberá ser examinada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Solicitan anulación de la resolución
Mediante el recurso, los abogados pidieron a la Corte de Apelación revocar y declarar nula la decisión que introdujo la calificación de homicidio voluntario.
Igualmente, solicitaron que el proceso continúe bajo la imputación original de homicidio y golpes y heridas involuntarios, conforme al auto de apertura a juicio.
La defensa también pretende que el conocimiento del expediente sea asignado a un tribunal unipersonal distinto del que emitió la resolución impugnada.
Como fundamento de la admisibilidad de la apelación, invocó precedentes de la Suprema Corte de Justicia que, según sus argumentos, permiten recurrir excepcionalmente determinadas decisiones judiciales distintas de las sentencias definitivas.
Corresponderá a la Corte de Apelación establecer si el recurso reúne los requisitos legales para ser conocido y, de resultar admisible, pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados.
Un proceso de trascendencia jurídica
La controversia introduce un debate relevante sobre los límites de la interpretación judicial del derecho penal y las condiciones necesarias para atribuir responsabilidad por dolo eventual.
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la diferencia entre una conducta negligente, aun cuando exista conocimiento de determinados riesgos, y una actuación en la que pueda demostrarse aceptación del resultado dañoso.
La existencia de esa diferencia resulta fundamental para determinar la calificación aplicable, sin que la sola gravedad de las consecuencias permita establecer automáticamente una conducta dolosa.
El proceso continúa generando atención nacional debido a la magnitud de la tragedia y a sus repercusiones para las víctimas, sus familiares y la responsabilidad penal vinculada con la seguridad de los establecimientos abiertos al público.
Mientras se conoce la apelación, permanece abierta una cuestión jurídica esencial: hasta dónde puede llegar la interpretación de los tribunales al modificar una acusación penal sin vulnerar las garantías constitucionales de los procesados.
La decisión que adopte la Corte de Apelación podría tener importantes repercusiones en el desarrollo del caso Jet Set y en el debate jurídico dominicano sobre la aplicación del dolo eventual.
Fuente: Recurso de apelación presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat López, según informaciones publicadas el 27 de octubre de 2026.
La institución llama a las empresas a facilitar la movilidad de sus empleados y evitar desplazamientos peligrosos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.
Por Rosa Hernández
SANTO DOMINGO, RD. – El Ministerio de Trabajo exhortó este martes a los empleadores de las provincias bajo alerta amarilla a adoptar medidas de flexibilidad laboral ante las intensas precipitaciones provocadas por una vaguada que afecta distintas zonas de República Dominicana.
La institución solicitó a las empresas ofrecer facilidades a sus trabajadores, especialmente a quienes residen en comunidades vulnerables, próximas a ríos, arroyos y cañadas, así como a aquellos que necesitan desplazarse por carreteras y calles afectadas por inundaciones.
Mediante un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, el organismo destacó que la protección de la vida y la integridad física de los empleados debe prevalecer frente a cualquier circunstancia que represente peligro durante sus traslados.
Provincias bajo alerta meteorológica
De acuerdo con las informaciones divulgadas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), entre las demarcaciones bajo alerta amarilla figuran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua, San Juan, Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales.
Mientras tanto, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y San Pedro de Macorís permanecen bajo alerta verde.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas de mayor vulnerabilidad.
Lluvias podrían continuar hasta el viernes
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las precipitaciones podrían prolongarse hasta el próximo viernes, cuando se espera una disminución gradual de su intensidad.
La funcionaria explicó que en determinadas localidades del suroeste los acumulados de lluvia ya han superado los 200 milímetros contemplados en pronósticos anteriores, situación que incrementa la preocupación por las condiciones del suelo y el riesgo de inundaciones.
Llamado a la prevención
El Ministerio de Trabajo recomendó a empleadores y trabajadores mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE y del Indomet, así como evitar desplazamientos innecesarios por vías inundadas o consideradas peligrosas.
La institución insistió en que las empresas deben actuar con prudencia y sensibilidad frente a las dificultades que enfrentan los trabajadores para trasladarse de manera segura.
Las autoridades reiteraron que la prevención y la colaboración entre empleadores y empleados resultan fundamentales para reducir los riesgos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.
Fuente: Ministerio de Trabajo, COE e Indomet, según informaciones divulgadas este 27 de octubre de 2026.