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Jueces del TSE: ¿verdugos de la oposición o víctimas de las luchas políticas?
Desde el 2012, los jueces del TSE han sido acusados de parcialidad para favorecer al PLD y aliados
Los jueces del Tribunal Superior Electoral en una pasada audiencia.
Los jueces del primer Tribunal Superior Electoral (TSE) que se instaló en la República Dominicana han emitido 831 decisiones contenciosas electorales, la gran mayoría, 535, sobre conflictos en los cuatro partidos mayoritarios. Sobre el PLD han emitido 82 sentencias favorables y 97 en contra; el PRM, 105 a favor y 134 en contra; el PRD, 14 a favor y 31 en contra y el PRSC 32 a favor y 40 en contra.
Los números no son más que estadísticas frías, pero por cada una de las decisiones que los jueces emitieron en contra de la oposición política del país le sumó una ola de críticas y calificativos como que tienen “una guillotina en contra de los partidos de opositores” y ahora se han unificado y exigen que ninguno sea reelecto en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los magistrados Mariano Rodríguez, presidente, y los titulares, Mabel Féliz Báez, Marino Mendoza, José Manuel Hernández Peguero y John Guiliani Valenzuela han sido acusados de parcialidad política a favor del PLD y de ser los responsables de la división del PRD.
De los cinco magistrados solo Hernández Peguero no inscribió su candidatura para seguir en la corte. Los jueces llevan casi seis años y fueron juramentados el 28 de diciembre del 2011 y el periodo para el que fueron electos venció el 16 de agosto del año pasado.
Las quejas contra los jueces iniciaron desde el 2012, encabezadas por el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, que organizaron marchas denunciando la supuesta parcialidad de la corte a favor del sector de Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al punto de que sobre los hombros de los jueces lanzaron la responsabilidad de la división más grande que ha sufrido el partido blanco, el más viejo y grande del país.
Entre las sentencias más sonadas del TSE está la que ratificó la expulsión del expresidente Mejía y Andrés Bautista del PRD. También echaron para atrás la expulsión del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Amable Aristy Castro y más recientemente dejó sin efecto la suspensión de la presidencia de la organización de Federico (Quique) Antún Batlle igual que de un grupo de más de 20 dirigentes que habían sido separados.
Para las elecciones del 2016, una decisión de la corte obligó al PRSC a inscribir a David Collado como candidato alcalde del Distrito Nacional, en lugar de hacerlo su partido, el PRM, porque los jueces del TSE ratificaron como buena y válida la candidatura de (Fello) Suberví Bonilla como candidato del Partido Moderno en contra del PRM.
Igualmente, el pasado año anuló una decisión del Comité Político del PLD que prohibía a sus miembros ir a los tribunales del país a dirimir los conflictos internos; en el 2014, dejó sin efecto la elección de dos mujeres para el Comité Central del PLD que a pesar de que habían obtenido menos votos que los hombres habían sido elegidas para ese órgano alegando cumplir la cuota del 33%.
Los cuatro jueces que quieren seguir en el cargo volvieron a sentir la hostilidad de la oposición durante las entrevistas a que han sido sometidos los aspirantes al TSE por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde la oposición está representada por José Ignacio Paliza y Josefa Castillo.
Los actuales jueces del TSE han actuado de manera tan parcializada a favor del PLD y de sus aliados como plantea la oposición y son víctimas de las luchas internas de los partidos políticos y al mismo tiempo de la batalla entre los partidos por dominar el escenario político.
Los sociólogos Cándido Mercedes, exdirectivo de Participación Ciudadana, y Marcos Villamán, catedrático y director del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, difieren al evaluar la labor de los jueces electorales. Mercedes es tajante al calificar de parcializada en contra de la oposición las decisiones del TSE y para ilustrarlo tomó el caso de Suberví del que dijo fue el TSE el que “eligió un candidato por encima de un partido, el PRM”.
“Si se leen las sentencias bien, estaban sesgados”, subrayó. Sin embargo, reconoce que no es inteligente llevar los conflictos políticos a la justicia. “Un problema político no se puede judicializar porque en la justicia hay uno que gana y uno que pierde, pero en la lucha política no”, dijo.
Villamán contextualiza la labor de los magistrados del TSE en que cuando se imparte justicia las decisiones benefician a unos y perjudican a otros y en que los jueces están en medio de las luchas políticas por lo que en esa batalla en algún momento resultarán afectados.
“Si usted recorre las decisiones que han tomado, se dará cuenta de que han beneficiado y perjudicado indiferentemente a los sectores de partidos diversos, de manera que no creo que sea una intención de favorecer a nadie”, dijo.
Cuestionado de si observa que los jueces del TSE han sido víctima de las luchas políticas que se suscitan en el país, respondió: “Yo creo que sí. Yo creo que participar en este país con las tensiones políticas que se dan los va a colocar a ellos en el medio y alguno de los flechazos los va a afectar”, razonó.
Conflicto competencia entre la JCE y el TSE
Los jueces del TSE también han enfrentado conflictos de competencia con la Junta Central Electoral (JCE) y por ese motivo el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a la JCE y ahora enfrentan otro conflicto de ese tipo por la decisión del TSE de echar para atrás la decisión del órgano sobre el orden de los partidos en la boleta. La rectificación de actas del Estado Civil es otra de las responsabilidades del TSE, el cual desde que inició su periodo hasta el 18 de mayo de este año ha emitido 29 mil 199 rectificaciones. El primer tribunal electoral del país comenzó a operar en el 2011, por lo que los actuales jueces también tuvieron la responsabilidad de elaborar un reglamento interno para la metodología de trabajo y adecuar su primer local, ubicado en la quinta planta del edificio que aloja al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el Centro de los Héroes en la capital.
elcaribe.com
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon ocho paquetes, presumiblemente de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG), los cuales pretendían ser enviados a Madrid, España.
Según el organismo antinarcóticos, el envío fue realizado por una mujer con supuesta dirección en la autopista de San Isidro, municipio Santo Domingo Este, y figuraba como destinatario un individuo con domicilio en la calle Monte Perdido, en Madrid.
La DNCD sostuvo que, en conjunto con el Ministerio Público, se han ampliado las investigaciones relacionadas con este frustrado envío de sustancias prohibidas para identificar, arrestar y poner a disposición de la justicia a los implicados en el caso.
Las labores de inspección contaron con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Señaló que las unidades operativas verificaban las cargas en uno de los depósitos de la terminal cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias narcóticas en el interior de varias cajas de cartón que, según la declaración, contenían mercancías hacia España.
paquetes forrados en fundas plásticas con lo que se presunta son sustancias narcóticas
Agregó que, por instrucciones del fiscal actuante, se inició el proceso de apertura, localizando en tres de las cajas un total de ocho paquetes forrados en fundas plásticas, con un peso preliminar superior a los cinco kilogramos.
Los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, recibió recientemente en su despacho la visita de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos. Con este encuentro son varias las reuniones que la Procuraduría General de la República (PGR) ha hecho, al menos públicas, con miembros del cuerpo diplomático estadounidense en el país.
Estos eventos marcan el 2025 como un año de fortalecimiento de la seguridad hemisférica, con República Dominicana y Estados Unidos como aliados. Al menos así se repite en los discursos de cada visita: “un esfuerzo conjunto entre nuestros dos países contra el narcotráfico y el narcoterrorismo”, entre otros delitos.
El más reciente de los encuentros se anunció el pasado 21 de diciembre, pero ya el 14 de noviembre la Procuraduría General de la República (PGR) había publicado en su sala de prensa en línea la visita de una misión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), encabezada por el principal administrador adjunto de ese organismo, Daniel Salter.
En esa ocasión, Salter reconoció al país como un modelo de cooperación y reafirmó el compromiso de Estados Unidos de mantener esos lazos, con el fin de desmantelar redes de narcotráfico y tramitar ante los tribunales a los responsables de articularlas.
La mayoría de estos encuentros fueron para conversar sobre colaboraciones en materia de seguridad entre ambos países y la posibilidad de otorgar a las autoridades dominicanas capacitaciones especiales y el acceso a equipamiento de última generación para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.
Esas capacitaciones son, por otro lado, los encuentros que predominan entre autoridades estadounidenses y la institución que controla y dirige el sistema de inteligencia nacional antidrogas. Asimismo, destacan las operaciones de interdicción conjunta en la lucha contra el narcotráfico.
El 11 de noviembre la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inició el diplomado “Análisis Estratégico para el Control del Narcomenudeo y sus Manifestaciones Asociadas” para 22 agentes, bajo el auspicio y coordinación de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América.
Además, según registros periodísticos, el 31 de agosto el presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, se reunió con el Administrador para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, durante la celebración de la 39ª Conferencia Internacional de Control de Drogas (IDEC XXXIX). Allí, ambos acordaron seguir ampliando el intercambio de información y las operaciones de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en la región del Caribe.
Incluso, a mediados de agosto, el titular del organismo antinarcóticos participó como orador invitado en la graduación del Centro de Entrenamiento de la DEA en Quantico, Virginia.
Otras visitas
Con anuncios, reuniones estratégicas y acuerdos, otros encuentros relevantes que se suman al recuento son la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el pasado 26 de noviembre, así como también la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, en febrero de este año.
Asimismo, el pasado 24 de noviembre, una delegación bipartidista de ocho legisladores estadounidenses realizó una visita de dos días a la República Dominicana. La agenda incluyó reuniones con altos funcionarios del Gobierno dominicano para discutir temas de seguridad regional, esfuerzos para combatir el narcotráfico y oportunidades económicas para ambas naciones.
Previamente, el 23 de agosto, una delegación de alto nivel del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC por sus siglas en inglés) una visita oficial de cuatro días al país.
La visita incluyó encuentros con el canciller Roberto Álvarez; el ministro de Industria y Comercio, Víctor “Ito” Bisonó; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.
Mientras que el 7 de agosto se recibió la visita del entonces comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Alvin Holsey. El fin del encuentro estuvo en fortalecer los lazos de cooperación en materia de defensa y seguridad con altos funcionarios del país.
Santo Domingo, R.D.-Como una «Navidad deprimida” describen los miembros del grupo Haineros Época Dorada estas fiestas decembrinas tras la pérdida fatal de más de una decena de sus compañeros en la tragedia del pasado 8 de abril tras derrumbarse el techo de la discoteca Jet Set.
“Ha sido fuerte estar sin ellos. La Casa Dorada siente su ausencia en cada momento, en cada espacio, ya que no hemos tenido ese ánimo ni de poner árbol de Navidad”, expresó Gertrudis García.
García indicó que seguir hacia delante y continuar su legado es la misión del grupo.
“Queremos continuar con el legado que ellos nos dejaron. Su misión era esta: que el grupo estuviera siempre unido, con su ritmo de divertirse, de compartir recuerdos, anécdotas, vivir… Vivir siempre”, agregó García.
Catalina de la Rosa informó que este domingo celebrarán el cuarto encuentro de los Haineros Dorados, en medio de una eucaristía celebrada en la parroquia San Agustín en honor a los “haineros caídos” en la tragedia.
Víctima
Con andador y llevando una férula en el brazo derecho, Claribel Castro acudió a la misa, una de las sobrevivientes, y quien perdió en el fatídico a su hija, Clarisleny Peguero Castro.
“Yo perdí todo ahí. Mi bebé, mi única hija hembra, o sea, que se me quedó todo ahí. Mi tesoro perdido”, expresó Castro.
Claribel Castro, una de las victimas de la tragedia del Jet Set.
Entre los familiares, amigos y conocidos de las víctimas, estuvo en la ceremonia religiosa Ana Beatriz Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en la madrugada del ocho de abril.
“Extraño que todas las Navidades papi me llamaba por la mañana y me preguntaba que cómo estaba, me deseaba feliz Navidad y no poder tener eso esta Navidad fue extraño”, expresó.
Ana Beatriz Pérez, hija del cantante Rubby Pérez.Víctor Ramírez/LD
Ana Beatriz expresó que el canto y la sonrisa de su padre son algunas de las cosas que más extraña de él, además de que ha recibido el apoyo emocional de sus seres queridos en medio del luto.
La misa fue auspiciada por el sacerdote José Luis Lugo Dipré en la parroquia San Agustín, ubicada en el municipio de Haina (provincia San Cristóbal).