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Jueces del TSE: ¿verdugos de la oposición o víctimas de las luchas políticas?
Desde el 2012, los jueces del TSE han sido acusados de parcialidad para favorecer al PLD y aliados
Los jueces del Tribunal Superior Electoral en una pasada audiencia.
Los jueces del primer Tribunal Superior Electoral (TSE) que se instaló en la República Dominicana han emitido 831 decisiones contenciosas electorales, la gran mayoría, 535, sobre conflictos en los cuatro partidos mayoritarios. Sobre el PLD han emitido 82 sentencias favorables y 97 en contra; el PRM, 105 a favor y 134 en contra; el PRD, 14 a favor y 31 en contra y el PRSC 32 a favor y 40 en contra.
Los números no son más que estadísticas frías, pero por cada una de las decisiones que los jueces emitieron en contra de la oposición política del país le sumó una ola de críticas y calificativos como que tienen “una guillotina en contra de los partidos de opositores” y ahora se han unificado y exigen que ninguno sea reelecto en el cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los magistrados Mariano Rodríguez, presidente, y los titulares, Mabel Féliz Báez, Marino Mendoza, José Manuel Hernández Peguero y John Guiliani Valenzuela han sido acusados de parcialidad política a favor del PLD y de ser los responsables de la división del PRD.
De los cinco magistrados solo Hernández Peguero no inscribió su candidatura para seguir en la corte. Los jueces llevan casi seis años y fueron juramentados el 28 de diciembre del 2011 y el periodo para el que fueron electos venció el 16 de agosto del año pasado.
Las quejas contra los jueces iniciaron desde el 2012, encabezadas por el expresidente Hipólito Mejía y Luis Abinader, que organizaron marchas denunciando la supuesta parcialidad de la corte a favor del sector de Miguel Vargas en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), al punto de que sobre los hombros de los jueces lanzaron la responsabilidad de la división más grande que ha sufrido el partido blanco, el más viejo y grande del país.
Entre las sentencias más sonadas del TSE está la que ratificó la expulsión del expresidente Mejía y Andrés Bautista del PRD. También echaron para atrás la expulsión del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de Amable Aristy Castro y más recientemente dejó sin efecto la suspensión de la presidencia de la organización de Federico (Quique) Antún Batlle igual que de un grupo de más de 20 dirigentes que habían sido separados.
Para las elecciones del 2016, una decisión de la corte obligó al PRSC a inscribir a David Collado como candidato alcalde del Distrito Nacional, en lugar de hacerlo su partido, el PRM, porque los jueces del TSE ratificaron como buena y válida la candidatura de (Fello) Suberví Bonilla como candidato del Partido Moderno en contra del PRM.
Igualmente, el pasado año anuló una decisión del Comité Político del PLD que prohibía a sus miembros ir a los tribunales del país a dirimir los conflictos internos; en el 2014, dejó sin efecto la elección de dos mujeres para el Comité Central del PLD que a pesar de que habían obtenido menos votos que los hombres habían sido elegidas para ese órgano alegando cumplir la cuota del 33%.
Los cuatro jueces que quieren seguir en el cargo volvieron a sentir la hostilidad de la oposición durante las entrevistas a que han sido sometidos los aspirantes al TSE por el Consejo Nacional de la Magistratura, donde la oposición está representada por José Ignacio Paliza y Josefa Castillo.
Los actuales jueces del TSE han actuado de manera tan parcializada a favor del PLD y de sus aliados como plantea la oposición y son víctimas de las luchas internas de los partidos políticos y al mismo tiempo de la batalla entre los partidos por dominar el escenario político.
Los sociólogos Cándido Mercedes, exdirectivo de Participación Ciudadana, y Marcos Villamán, catedrático y director del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, difieren al evaluar la labor de los jueces electorales. Mercedes es tajante al calificar de parcializada en contra de la oposición las decisiones del TSE y para ilustrarlo tomó el caso de Suberví del que dijo fue el TSE el que “eligió un candidato por encima de un partido, el PRM”.
“Si se leen las sentencias bien, estaban sesgados”, subrayó. Sin embargo, reconoce que no es inteligente llevar los conflictos políticos a la justicia. “Un problema político no se puede judicializar porque en la justicia hay uno que gana y uno que pierde, pero en la lucha política no”, dijo.
Villamán contextualiza la labor de los magistrados del TSE en que cuando se imparte justicia las decisiones benefician a unos y perjudican a otros y en que los jueces están en medio de las luchas políticas por lo que en esa batalla en algún momento resultarán afectados.
“Si usted recorre las decisiones que han tomado, se dará cuenta de que han beneficiado y perjudicado indiferentemente a los sectores de partidos diversos, de manera que no creo que sea una intención de favorecer a nadie”, dijo.
Cuestionado de si observa que los jueces del TSE han sido víctima de las luchas políticas que se suscitan en el país, respondió: “Yo creo que sí. Yo creo que participar en este país con las tensiones políticas que se dan los va a colocar a ellos en el medio y alguno de los flechazos los va a afectar”, razonó.
Conflicto competencia entre la JCE y el TSE
Los jueces del TSE también han enfrentado conflictos de competencia con la Junta Central Electoral (JCE) y por ese motivo el Tribunal Constitucional le dio ganancia de causa a la JCE y ahora enfrentan otro conflicto de ese tipo por la decisión del TSE de echar para atrás la decisión del órgano sobre el orden de los partidos en la boleta. La rectificación de actas del Estado Civil es otra de las responsabilidades del TSE, el cual desde que inició su periodo hasta el 18 de mayo de este año ha emitido 29 mil 199 rectificaciones. El primer tribunal electoral del país comenzó a operar en el 2011, por lo que los actuales jueces también tuvieron la responsabilidad de elaborar un reglamento interno para la metodología de trabajo y adecuar su primer local, ubicado en la quinta planta del edificio que aloja al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en el Centro de los Héroes en la capital.
elcaribe.com
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Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.