Nacionales
Jueces justifican la decisión a favor de los presuntos cabecillas de red
Huber Buitrago dice que no se le halló droga, ni dinero y que no sabía por qué lo arrestaron
Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación.
SANTO DOMINGO. Los jueces que votaron a favor de la libertad bajo fianza de dos presuntos cabecillas de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, que involucra a otras 24 personas, manifestaron que en el expediente no consta que se les haya ocupado droga o dinero en efectivo, de cualquier naturaleza.
Los favorecidos con una garantía económica de RD$3 millones cada uno, impedimento de salida, presentación periódica, y la obligación de residir en la calle 24 de abril del ensanche Isabelita, son los colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz (Julio, El Negro y El Burro) y Ángel María Buitrago Vacca (El Rubio y El Mono).
El procurador Especializado Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, anunció que la decisión será recurrida.
Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Sánchez Rivera y Luis Omar Jiménez manifestaron que «durante la instrucción del proceso no aportó el Ministerio Público las intervenciones telefónicas que dice poseer contra los recurrentes como forma de vincularlos directamente a los hechos que se les endilgan».
La decisión, que contó con el voto disidente del presidente del tribunal, Ramón Horacio González Pérez, establece que los imputados llevan nueve meses en prisión.
En su resolución No.400-SS-2013, expresan que si bien es cierto que el Ministerio Público parte del aparato burocrático estatal de persecución, investigación y sometimiento, puede, como al efecto, solicitar o pretender que permanezca la prisión preventiva, como medida de coerción en contra de los imputados, «no menos cierto que esas medidas implican violación a un derecho fundamental, no pueden permanecer indefinidamente a la espera de que el órgano acusador presente acusación o solicitud de apertura a juicio, en infracción de los plazos ventajosamente vencidos en la ley».
Consideran que esto atenta contra un principio elemental protegido en el bloque de constitucionalidad, los derechos a ser juzgado y el de la libertad.
Sostienen que la gravedad de los hechos investigados o la infracción que se le atribuye a los extranjeros pueda ser reprimida con penas privativas de libertad, «en ningún caso justifica la prisión de los justiciables más allá de los límites razonables previstos en el procedimiento preparatorio».
Plantean que el Fiscal no sólo está en el deber, sino en la obligación de poner término a la investigación que inició dentro del plazo razonable que la ley prescribe. En consecuencia, los magistrados entienden que mantenerla en esa condición, sin definición, rompe con el debido proceso consagrado en la norma.
Advierten que «el debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos sería una utopía o redundancia de la doctrina si los jueces somos incapaces de limitar los abusos de los actores del sistema u otras ramas de los poderes públicos o si, en la función que ejercemos, contrariamos los derechos fundamentales y la dignidad de las personas».
La sentencia, cuya redacción estuvo a cargo del juez Jiménez, dice que permitir que la prisión preventiva se prolongue indefinidamente «es convertir al proceso penal acusatorio en la idolatría del terror, e incentivar a la ciudadanía en la fe del verdugo».
Los fiscales
Los representantes del Ministerio Público, Jéssica Ramírez y Pelagio Alcántara, plantearon que los presupuestos no han variado para poner en libertad a los imputados, quienes entraron al país haciendo uso de identidades y documentos falsos. Dice que en principio Huber Buitrago Ruiz no respondía a ese nombre, pero ahora sí, porque según documentos que se le secuestraron, entró al país bajo la identidad de Santiago Castro Sánchez.
Diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.