Nacionales
Jueces justifican la decisión a favor de los presuntos cabecillas de red
Huber Buitrago dice que no se le halló droga, ni dinero y que no sabía por qué lo arrestaron
Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelación.
SANTO DOMINGO. Los jueces que votaron a favor de la libertad bajo fianza de dos presuntos cabecillas de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, que involucra a otras 24 personas, manifestaron que en el expediente no consta que se les haya ocupado droga o dinero en efectivo, de cualquier naturaleza.
Los favorecidos con una garantía económica de RD$3 millones cada uno, impedimento de salida, presentación periódica, y la obligación de residir en la calle 24 de abril del ensanche Isabelita, son los colombianos Huber Oswaldo Buitrago Ruiz (Julio, El Negro y El Burro) y Ángel María Buitrago Vacca (El Rubio y El Mono).
El procurador Especializado Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, anunció que la decisión será recurrida.
Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Pedro Sánchez Rivera y Luis Omar Jiménez manifestaron que «durante la instrucción del proceso no aportó el Ministerio Público las intervenciones telefónicas que dice poseer contra los recurrentes como forma de vincularlos directamente a los hechos que se les endilgan».
La decisión, que contó con el voto disidente del presidente del tribunal, Ramón Horacio González Pérez, establece que los imputados llevan nueve meses en prisión.
En su resolución No.400-SS-2013, expresan que si bien es cierto que el Ministerio Público parte del aparato burocrático estatal de persecución, investigación y sometimiento, puede, como al efecto, solicitar o pretender que permanezca la prisión preventiva, como medida de coerción en contra de los imputados, «no menos cierto que esas medidas implican violación a un derecho fundamental, no pueden permanecer indefinidamente a la espera de que el órgano acusador presente acusación o solicitud de apertura a juicio, en infracción de los plazos ventajosamente vencidos en la ley».
Consideran que esto atenta contra un principio elemental protegido en el bloque de constitucionalidad, los derechos a ser juzgado y el de la libertad.
Sostienen que la gravedad de los hechos investigados o la infracción que se le atribuye a los extranjeros pueda ser reprimida con penas privativas de libertad, «en ningún caso justifica la prisión de los justiciables más allá de los límites razonables previstos en el procedimiento preparatorio».
Plantean que el Fiscal no sólo está en el deber, sino en la obligación de poner término a la investigación que inició dentro del plazo razonable que la ley prescribe. En consecuencia, los magistrados entienden que mantenerla en esa condición, sin definición, rompe con el debido proceso consagrado en la norma.
Advierten que «el debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos sería una utopía o redundancia de la doctrina si los jueces somos incapaces de limitar los abusos de los actores del sistema u otras ramas de los poderes públicos o si, en la función que ejercemos, contrariamos los derechos fundamentales y la dignidad de las personas».
La sentencia, cuya redacción estuvo a cargo del juez Jiménez, dice que permitir que la prisión preventiva se prolongue indefinidamente «es convertir al proceso penal acusatorio en la idolatría del terror, e incentivar a la ciudadanía en la fe del verdugo».
Los fiscales
Los representantes del Ministerio Público, Jéssica Ramírez y Pelagio Alcántara, plantearon que los presupuestos no han variado para poner en libertad a los imputados, quienes entraron al país haciendo uso de identidades y documentos falsos. Dice que en principio Huber Buitrago Ruiz no respondía a ese nombre, pero ahora sí, porque según documentos que se le secuestraron, entró al país bajo la identidad de Santiago Castro Sánchez.
Diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.