Opinión
Jueces Sin Legitimidad.
Por José Cabral
La carencia de autoridad para imponer el orden y la disciplina, ya sea en una familia, un tribunal civil y comercial o en cualquier conglomerado social, constituye un grave peligro para la convivencia pacífica y los afectados por ese fenómeno crean sus propios mecanismos de defensa, como es hacer justicia con sus propias manos.
Y una sociedad que su normativa jurídica no es respetada por sus ciudadanos termina sumida en el caos y en la impunidad, donde los crímenes, los fraudes y todas las acciones ilegales se vuelven normales y se convierten en el pan de cada día.
Pasa exactamente lo que ocurre en la selva, donde el animal más feroz y fuerte termina con el control de un amplio territorio y es el que más tiene garantizada la subsistencia, porque de lo que se trata es de que el más fuerte doblega al más débil.
La vida en la selva no está regida por un estado de derecho, donde prevalece la razón y la verdad, sino por la fortaleza física y por las garras de los animales que allí conviven.
Precisamente eso mismo ocurre donde los estamentos que tienen la responsabilidad de impartir justicia carecen de legitimidad y en consecuencia de la autoridad para imponer sanciones a los que transgreden la ley.
Se vuelve un escenario regido por la violencia, controlado por el más fuerte, por el que más recursos de defensa violenta tenga, entonces ya no se puede hablar de civilización, sino de una sociedad primitiva, de la era de piedra.
Esa forma de vida es la que hoy caracteriza a la República Dominicana, porque la administración de justicia está en poder de la politiquería, de aquellos que se conducen sobre la base del tráfico de influencia y que sólo buscan apropiarse del botín del Estado para acumular fortunas y privilegios, lo que va en detrimento de los más débiles, de los que no tienen voz, de las grandes mayorías nacionales.
La impunidad, expresión natural de una sociedad salvaje, donde no hay ley, se convierte en el elemento más peligroso para la preservación de su integridad física y moral.
Por eso en la República Dominicana hoy la impunidad, que es lo mismo que decir la falta de legitimidad, la denegación de justicia o la debilidad del orden jurídico hasta por la forma como se escogen los jueces de los tribunales de la República, sobre la base de la manipulación y el abuso de poder, se vuelve un territorio invivible, dominado por la violencia, la delincuencia y la sin razón.
Ahí estriba la decisión de la gente de hacer justicia con sus propias manos, del sálvese quien pueda, porque no hay una confiabilidad en la administración e impartición de justicia que sea un verdadero mecanismo de resarcir a las víctimas y a la sociedad.
Esa falta de legitimidad de los estamentos que se suponen deben velar para el respeto a las leyes sustantiva y abjetivas de la Nación, generan un nivel de impunidad terrorífico, porque cualquiera mata sin temor a una sanción severa del sistema judicial.
En la medida que esas autoridades irresponsables reciben el apoyo del ciudadano a través del voto, en esa misma proporción aumenta la debilidad de la normativa legal para imponer sanciones y castigos a los que no logran adaptarse a una sociedad civilizada e institucional.
Lo ocurrido en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es una expresión contundente de esta afirmación, en virtud de que el Tribunal Superior Electoral ha usado su poder para legalizar la ilegalidad y para favorecer intereses políticos partidistas que no deben jamás ser la forma de proceder de una autoridad, en esta caso ilegitima, embestida de tanto poder para llevar la tranquilidad a todo un conglomerado social.
De igual modo, cuando un juez de un tribunal, no importa que sea civil o penal, da una sentencia equivocada e injusta promueve impunidad y en consecuencia impone el primitivo principio de hacer justicia con sus propias manos, conducta que promueve y justifica los linchamientos con la utilizacion de instrumentos, principalamente artesanales, como bates, colines y cuchillos, propios de una sociedad incivilizada y primitiva.
La impunidad, la violencia, la delincuencia, ya sea ratera o de cuello blanco, sólo podrá ser extirpada de la sociedad dominicana cuando los ciudadanos entiendan que deben tener las autoridades que promuevan el respeto a la ley, la igualdad de oportunidades y el bien común.
Esto será posible cuando tengamos autoridades que anteponga la institucionalidad por encina de los intereses personales, particulares e individuales.
No hay otra salida.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.