Comunidad en el exterior
Juez bloquea intento de Trump poner fin a TPS para haitianos
Por Agencias
NUEVA YORK.- Un juez federal de Nueva York impidió que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump pusiera fin al estatus legal temporal para más de 500.000 haitianos que ya están en la nación.
El juez del tribunal de distrito Brian M. Cogan en Nueva York dictaminó que adelantar la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), por al menos cinco meses para los haitianos, algunos de los cuales han vivido en Estados Unidos por más de una década, es ilegal.
El gobierno del expresidente Joe Biden había extendido el TPS para las personas procedentes de Haití hasta al menos el 3 de febrero de 2026, debido a la violencia de las pandillas, la agitación política, un gran terremoto en 2021 y varios otros factores, según documentos judiciales.
POSIBLE DEPORTACION
Pero la semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que iba a poner fin a esas protecciones legales tan pronto como el dos de septiembre, preparando a los haitianos para una posible deportación.
El departamento dijo que las condiciones en el país habían mejorado y que los haitianos ya no cumplían con las condiciones para las protecciones legales temporales.
El fallo se produce mientras Trump trabaja para poner fin a las protecciones y programas para inmigrantes como parte de sus promesas de deportaciones masivas.
VIOLA ESTATUTO TPS
La opinión de 23 páginas del juez establece que la medida del Departamento de Seguridad Nacional de terminar las protecciones legales antes de tiempo viola el estatuto del TPS que requiere una cierta cantidad de aviso antes de reconsiderar una designación.
«Cuando el gobierno confiere un beneficio por un período de tiempo fijo, un beneficiario puede esperar razonablemente recibir ese beneficio al menos hasta el final de ese periodo fijo», según el fallo.
El juez también hizo referencia al hecho de que los demandantes han comenzado trabajos, se han inscrito en escuelas y han comenzado a recibir tratamiento médico con la expectativa de que la designación de TPS del país se extendería hasta el final del año.
Manny Pastreich, presidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 32BJ, que presentó la demanda, describió el fallo como un «paso importante», pero dijo que la lucha no ha terminado.
«Seguiremos luchando para asegurarnos de que esta decisión se mantenga», dijo Pastreich en un comunicado. «Seguiremos luchando por los derechos de nuestros miembros y de todos los inmigrantes contra el gobierno de Trump, en las calles, en el lugar de trabajo y también en los tribunales. Y cuando luchamos, ganamos».
ARGUMENTO DEL GOBIERNO
El DHS no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios. Pero el gobierno había argumentado que el TPS es un programa temporal y, por lo tanto, «la terminación de la designación de TPS de un país es una posibilidad que los beneficiarios siempre deben esperar».
El estatus de TPS de Haití se activó inicialmente en 2010 después del catastrófico terremoto y ha sido extendido múltiples veces, según la demanda.
La violencia de las pandillas ha desplazado a 1,3 millones de personas en todo Haití mientras el gobierno local y la comunidad internacional luchan con la crisis, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones. Ha habido un aumento del 24% en personas desplazadas desde diciembre, y hombres armados han expulsado al 11% de los casi 12 millones de habitantes de Haití de sus hogares, de acuerdo con el informe.
En mayo, la Corte Suprema federal permitió al gobierno de Trump retirar el TPS a 350.000 venezolanos, exponiéndolos potencialmente a la deportación. La orden suspendió un fallo de un juez federal de San Francisco que mantenía las protecciones legales vigentes.
La decisión del juez de Nueva York también se produce a raíz de que el gobierno de Trump revocara las protecciones legales para miles de haitianos que llegaron legalmente a Estados Unidos a través de un programa de libertad condicional humanitaria.
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NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
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New York.- El congresista Adriano Espaillat anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias.
Ello incluye la financiación de proyectos comunitarios para que las entidades estatales y locales reciban fondos federales directos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias. También incluye financiamiento para solicitudes programáticas y de lenguaje para programas, agencias e iniciativas federales específicas.
El Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar fondos del Congreso a sus distritos para atender las necesidades de la comunidad. Este financiamiento es fundamental para apoyar las funciones administrativas y operativas de los grupos elegibles en el distrito.
Las entidades elegibles que pueden solicitar fondos incluyen entidades gubernamentales estatales o locales, así como ciertas organizaciones sin fines de lucro elegibles. No son elegibles los grupos y entidades con fines de lucro. Los proyectos elegibles se desglosan por cada proyecto de ley de gastos.
Las solicitudes generales de asignación programática y de lenguaje permiten que los miembros del Congreso aboguen por programas federales que son importantes para sus distritos.
“Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes. Además, las solicitudes generales de asignaciones presupuestarias me ayudan a comprender las necesidades de financiación federal de mis constituyentes”, dijo Espaillat, quien es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, encargado de financiar agencias y programas federal.
Agregó que «cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad”.
Para más información, llame a la oficina del congresista Espaillat, al 202-225-4365.
NUEVA JERSEY.- Un joven de origen dominicano murió tras ser presuntamente golpeado por su compañero de celda en una prisión estatal de Newark, en New Jersey, un caso que ahora enfrenta cargos de asesinato y posibles acciones legales contra las autoridades penitenciarias por supuesta negligencia.
El recluso Abdul J. Bryant, de 29 años, fue acusado de asesinato por la muerte de Melvin Rivas Inoa, quien falleció tras sufrir múltiples golpes mientras ambos compartían celda en la prisión estatal del norte de Newark, según documentos judiciales.
De acuerdo al medio NJ.com, una autopsia reveló que Inoa sufrió un traumatismo contundente severo en la cara, la cabeza y el cuello.
La celda donde se encontraban los dos hombres no fue abierta por los funcionarios penitenciarios entre el 20 de enero y el momento en que Inoa fue encontrado muerto alrededor de las 7:05 de la mañana del 22 de enero, de acuerdo con la declaración jurada de causa probable.
Testimonios de otros reclusos
Otro recluso declaró a los investigadores que Bryant afirmó haber golpeado a Inoa y luego haberlo «lavado», según la denuncia. El recluso afirmó haber oído golpes y patadas provenientes de la celda cercana y luego haber escuchado el inodoro y el lavabo correr durante toda la noche y hasta el día siguiente.
Inoa fue visto con vida por última vez alrededor de las 7:00 de la noche del 20 de enero. Ni a él ni a Bryant se les había permitido salir de su celda desde el día anterior, según la denuncia.
Incluso en las unidades de alojamiento más restrictivas de las prisiones estatales, a los reclusos no se les permite permanecer en sus celdas durante más de 20 horas al día, según una ley de 2019 firmada por el entonces gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.
La abogada Brooke Barnett, quien representa a la familia de la víctima, afirmó que los oficiales penitenciarios violaron esa regla y luego ignoraron los gritos de auxilio del joven.
«He hablado con otros testigos, y todos saldrán a la luz, pero (Inoa) rogaba por su vida», dijo Barnett. «Durante dos días, gritando y golpeando, los demás reclusos golpeaban las puertas de las celdas, pidiendo a los agentes que lo ayudaran, que lo sacaran de allí, y simplemente no hicieron nada.»
«Ya sea que quieras decir que eso es asesinato o conspiración para cometer asesinato, como mínimo es mala conducta oficial.»
Según Barnett, Inoa y Bryant estaban alojados en una unidad de segregación administrativa de la prisión y compartían celda desde hacía no más de dos semanas.
La abogada indicó que la familia del joven planea presentar una demanda por muerte por negligencia contra el Departamento de Correcciones del estado.
Inoa, residente del Bronx, en New York City, estaba en prisión tras ser condenado por robar una gasolinera Delta en Bergenfield en febrero de 2023. Barnett señaló que no recibió una explicación del Departamento de Correcciones sobre por qué el recluso estaba en una unidad de segregación.
Bryant, por su parte, se encontraba recluido en una prisión estatal desde el 4 de noviembre de 2024 tras una condena por posesión de armas y drogas en el condado de Somerset. Su liberación estaba prevista para el 17 de febrero de 2027 antes de que se presentara el cargo de asesinato.
Actualmente permanece detenido en la Prisión Estatal de Nueva Jersey, según registros del sistema penitenciario