NUEVA YORK.- El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) comenzó la construcción de nuevos carriles para autobuses en la avenida Hillside, en Queens, diseñados para ofrecer un servicio más rápido y esperas más cortas para más de 215,000 pasajeros diarios en 22 rutas.

El comisionado Ydanis Rodríguez explicó que se trata de uno de los proyectos prioritarios para autobuses más largos de la agencia en la historia, con casi ocho millas de carriles para autobuses desde la calle 144 hasta Springfield Boulevard, donde actualmente circulan a velocidades de hasta 4 millas por hora.

“Hillside Avenue es una de las vías de transporte más importantes de Queens, pero actualmente presenta un diseño inconsistente e irregular, con algunos tramos de la calle con carriles de autobús en la acera frecuentemente bloqueados y otros sin ningún carril”, declaró.

CARRILES UNIFORMES

Agregó que “nuestro nuevo diseño incorporará carriles de autobús uniformes y vigilados por cámaras en todo el corredor, a la vez que liberará espacio en la acera para los comercios locales y sus entregas. Esperamos con interés la finalización de este proyecto y mejorar Hillside Avenue para todos”.

Indicó que el proyecto de prioridad de autobuses de Hillside Avenue mejorará el servicio para 194,000 pasajeros diarios de autobús en 17 rutas de la MTA, además de otros 21,000 pasajeros diarios en cinco rutas del condado de Nassau, y mejorará las conexiones con cuatro líneas de metro cercanas, el Ferrocarril de Long Island y el JFK AirTrain.

Informó que los autobuses de Hillside Avenue transportan más pasajeros que PATH, NJ Transit Rail o BART. Por sí solos, los autobuses de Hillside Avenue serían el 18.º sistema de transporte más grande en términos de número de pasajeros en los EE. UU.

La Avenida Hillside cruza varios barrios del este de Queens, incluyendo Briarwood, Jamaica, Hollis y Queens Village. Los nuevos carriles para autobuses beneficiarán a la gran mayoría de los residentes de la zona que se desplazan al trabajo en transporte público, así como a la gran mayoría de las personas que actualmente transitan por la Avenida Hillside.

USUSARIOS 

Alrededor del 60% de los residentes de la zona utilizan el transporte público para ir al trabajo y el 83% de los usuarios de la Avenida Hillside utilizan autobús, a pesar de que a los autobuses se les asigna menos de un tercio del espacio de la calzada.

Actualmente, algunos tramos de la Avenida Hillside cuentan con carriles para autobuses en la acera, que funcionan durante las horas punta. Estos carriles, con poca uniformidad, se encuentran entre los primeros instalados en la ciudad en 1969, y el proyecto de 2025 representa su primera mejora importante en más de 50 años.

El diseño propuesto por el NYC DOT incluirá un carril de estacionamiento a cada lado de la calle, así como un carril de circulación para vehículos, un carril para vehículos que giran a la izquierda y un carril para autobuses en cada dirección. Los nuevos carriles bus desfasados estarán en funcionamiento las 24 horas, los siete días de la semana, y se controlarán mediante el sistema ACE de la MTA, con cámaras instaladas en los autobuses.

EL CARRIL BUS

El carril bus en dirección este se extenderá desde la calle 144 hasta Springfield bulevar. El carril bus en dirección oeste se extenderá desde la calle 143 hasta Springfield bulevar.

El diseño agilizará el servicio de autobuses y, a la vez, añadirá más de 600 plazas de aparcamiento y carga para apoyar a los comercios locales que reciben entregas.

La propuesta es el resultado de casi 300 encuestas peatonales realizadas en varios idiomas, visitas a más de 400 comercios y más de una docena de reuniones con juntas comunitarias, funcionarios electos locales y otras partes interesadas.

jt-am

SAN JUAN, Puerto Rico.- El dominicano Bean Gómez Cepeda fue arrestado y acusado de atacar con su vehículo a agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE HSI) para evitar ser detenido.

“El individuo será procesado con todo el rigor de la ley”, indicó Rebecca González Ramos, agente especial a cargo de ICE HSI en San Juan, en declaraciones escritas.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron el 30 de junio, cuando Gómez Cepeda intentó impedir su arresto embistiendo con su automóvil un vehículo oficial de ICE HSI. La colisión provocó daños y lesiones a los agentes, quienes arrestaron a Gómez Cepeda y a otros cinco ocupantes sin estatus migratorio legal en Estados Unidos.

La fiscal Jeanette Collazo Ortiz y el fiscal César E. Rivera Díaz están a cargo del caso, en el cual se presentaron dos cargos criminales: agresión contra agentes federales con un arma peligrosa, y destrucción de propiedad del gobierno.

El acusado había sido arrestado previamente por la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, en 2023, y procesado para deportación expedita. Tras comparecer el 2 de julio ante el tribunal federal, quedó bajo custodia de los Alguaciles de Estados Unidos, en espera de una vista de fianza pautada para el 11 de julio.

POSIBLES PENAS

El primer cargo conlleva hasta un año de cárcel y 100,000 dólares en multa, mientras que el segundo podría conllevar hasta diez años de prisión y una multa de 250,000 dólares.

Por Nicole Acevedo — NBC News

SAN JUAN.- En Barrio Obrero, un vecindario de mayoría dominicana en Puerto Rico, el efecto de las redadas migratorias ha sido paralizador para muchos en el territorio estadounidense.

Casas y negocios lucen desolados, mientras un camión con altavoces recorre las calles del barrio con un mensaje: “Inmigrantes, ustedes tienen derechos”, según relata Ariadna Godreau, abogada de derechos humanos en la isla.

La organización sin ánimo de lucro que Godreau dirige, Ayuda Legal Puerto Rico, contrató el camión conocido popularmente como tumba coco para concienciar a la gente sobre sus derechos y anunciar el lanzamiento de una línea de atención telefónica, la primera en Puerto Rico que ofrece apoyo legal a los inmigrantes.

Más de 300 familias ya han llamado para hablar con abogados de forma gratuita, con el fin de averiguar sus opciones legales ante el volátil panorama en materia migratoria, indicó Godreau.

Muchos inmigrantes que residen en Puerto Rico temen que los esfuerzos de Gobierno de Donald Trump de realizar deportaciones masivas cambien la forma en que se aplican las leyes en un territorio que durante mucho tiempo ha sido percibido como un santuario para los inmigrantes.

Esa percepción comenzó a cambiar el 27 de enero, la misma semana en la que Trump asumió el cargo. Las autoridades de inmigración hicieron una redada en Barrio Obrero y arrestaron a más de 40 personas. Testigos le dijeron a Telemundo Puerto Rico, que vieron a agentes derribar las puertas de varias casas y negocios. Los detenidos fueron esposados y metidos en camionetas.

En sus 40 años viviendo en Puerto Rico, Ramón Muñoz, un inmigrante dominicano, había visto a las autoridades detener esporádicamente a personas indocumentadas, pero nunca “con la agresividad” de esa redada.

Para complicar las cosas, los detenidos son trasladados al territorio continental de Estados Unidos, a un océano de distancia de sus familias y de los abogados que gestionan sus casos de inmigración.

No hay centros de detención permanentes en la isla que puedan acoger a los detenidos durante períodos prolongados, según Rebecca González-Ramos, agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan.

“Esposada como una criminal”

Aracely Terrero, una de al menos 732 inmigrantes detenidos por las autoridades federales de inmigración en Puerto Rico en lo que va de año, pasó un mes en tres centros de detención diferentes en Estados Unidos antes de ser puesta en libertad la semana pasada después de que un juez de inmigración determinara que nunca debió haber sido detenida.

Un agente de policía de la localidad costera de Cabo Rojo alertó a las autoridades federales de inmigración sobre Terrero después de que el oficial la encontrara vendiendo helados en la playa sin permiso comercial, informó Telemundo Puerto Rico.

Terrero tenía un visado y estaba en proceso de obtener su residencia permanente o green card cuando fue puesta bajo custodia de inmigración, dijeron su abogado, Ángel Robles, y Annette Martínez, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico.

Las políticas de Puerto Rico limitan la coordinación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, añadió Martínez.

Sin embargo, la ACLU en Puerto Rico está viendo más casos en los que se sospecha que la policía local usa perfiles raciales de los inmigrantes dominicanos antes de alertar a las autoridades federales de inmigración, lo que reaviva la preocupación por el resurgimiento de “prácticas policiales discriminatorias” que dieron lugar a reformas policiales la isla hace una década.

El caso de Terrero también puso de relieve lo difícil que es para las familias y los abogados seguir la pista de los detenidos una vez que son enviados a Estados Unidos, añadió Martínez.

“Fue una pesadilla”, aseguró Terrero a Telemundo Puerto Rico tras su liberación. “Fue un viaje muy difícil porque nunca me habían arrestado en mi vida. Nunca me había visto así, con esposas, como una criminal”.

Críticas a la gobernadora

González-Ramos, la agente especial del HSI, dijo en una entrevista con la radio local la semana pasada que su oficina se había estado preparando para intensificar los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración en Puerto Rico desde noviembre. Afirmó que empezaron a “reorganizar” los recursos y a “cambiar las prioridades” tras la victoria de Trump.

Sin embargo, la gran redada del 27 de enero fue una sorpresa para la mayoría de la gente. La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, había tranquilizado a los inmigrantes en una entrevista con Telemundo Puerto Rico esa misma semana diciendo que Trump sólo estaba “centrado en lo que está pasando en México y en Estados Unidos, en esa frontera”.

La gobernadora contribuyó a crear una “falsa sensación de seguridad”, precisó Godreau. “Redadas consecutivas comenzaron entonces en zonas históricamente habitadas por la población dominicana”.

A medida que las autoridades de inmigración intensifican sus esfuerzos en Puerto Rico con redadas en hoteles, obras de construcción y barrios, más de 500 de los inmigrantes detenidos hasta ahora proceden de la República Dominicana.

Los dominicanos constituyen la mayor parte de la población inmigrante de Puerto Rico. Se calcula que en la isla viven más de 100,000 dominicanos. Se cree que alrededor de un tercio son indocumentados. Muchos de ellos son propietarios de negocios o trabajan en los sectores de la hostelería, la construcción y el cuidado de ancianos, dos áreas que sufren escasez de mano de obra, de acuerdo con Godreau y Martínez.

González-Ramos había dicho que su oficina detendría a las personas presentes ilegalmente en Puerto Rico, “específicamente aquellas cuyos antecedentes penales suponen una amenaza para nuestras comunidades y la seguridad nacional”.

Pero sólo el 13% de los 732 inmigrantes detenidos este año tienen antecedentes penales, según datos de HSI en San Juan.

Tras una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Administración de González-Colón, una republicana que apoya a Trump, entregó recientemente los nombres y direcciones de 6,000 personas que obtuvieron licencias de conducir bajo una ley favorable a los inmigrantes de 2013 que permitía obtenerlas a personas sin estatus migratorio.

González-Colón ha dicho que no desafiará las políticas migratorias de Trump para no arriesgarse a perder fondos federales.

“Las actitudes y expresiones de la gobernadora han sido bastante engañosas”, dijo Martínez, añadiendo que las jurisdicciones locales con frecuencia desafían y se oponen a las políticas federales en un esfuerzo por proteger a los residentes locales.