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Juez de instrucción especial decide hoy suerte de detenidos en caso de sobornos Odebrecht
SANTO DOMINGO. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, continúa hoy, a partir de las 10:00 a.m., el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht, en un ambiente cargado de críticas a la forma en que se instrumentó el expediente y de presiones de sectores de la sociedad civil que tienen una vigilia para esta tarde frente al tribunal.
Las expectativas de la ciudadanía se centran en la suerte de diez de los 14 sometidos por el Ministerio Público, que guardan prisión desde el pasado lunes 29 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los diez, se encuentra el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, así como varios exfuncionarios y exlegisladores, tanto de oposición como del partido de gobierno.
Sobre el grupo pesa el pedido de prisión preventiva de 18 meses que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo en su pieza acusatoria.
El juez Ortega Polanco deberá sopesar la validez de las acusaciones para decidir si existen elementos para mantener el grupo en prisión o si le concede la libertad como medida.
Varios abogados penalistas consultados por este diario, entienden que los detenidos tienen el arraigo suficiente como para que el juez determine dejarlos en libertad y les imponga presentación periódica. Entienden que, en este caso, el arresto fue excesivo, tomando en cuenta que cada uno de los sometidos se presentó a la Procuraduría cuando fueron requeridos.
Además de Montás, los acusados por el caso son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Ruddy González, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo D’ Oleo, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.
Las visitas a los imputados que guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva registraron ayer una notable baja. Contrario a los primeros días, los pasillos de la sede judicial lucían despejados y en horas de la mañana sólo se presentaron el diputado Elías Serulle y el sindicalista Antonio Marte.
No obstante, las medidas de seguridad se mantienen, tanto en Ciudad Nueva, como en el Centro de los Héroes, por los alrededores del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.
Ayer tarde, extraoficialmente se informó que la audiencia no se conocerá en la Sala Augusta de la SCJ sino en la sexta planta, donde funciona la Cámara Penal. Para la audiencia sólo se permitiría la presencia de los abogados y la prensa.
La medida de coerción a los imputados inició el pasado martes 30 de mayo, pero el juez decidió recesar su conocimiento para el día siguiente debido a que los abogados alegaron desconocer la acusación. Ese día, el juez otorgó un receso mayor hasta hoy, porque los abogados dijeron que no le habían notificado las pruebas.
María Teresa Cabrera
Activista del movimiento Marcha Verde
Considera que la gravedad de los hechos que se están imputando ameritan la imposición de una medida que implique la privación de libertad de los acusados. Entiende que ante los hechos denunciados, se debe dar pie a que se amplíe la investigación y se incluya el tema de las sobrevaluación de las obras y el financiamiento de las campañas políticas.
Julio C. Valentín
Senador
Aseguró ayer que su patrimonio asciende a RD$20.2 millones y no a RD$49.9 millones como afirmara la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción del caso Odebrecht. Su abogado Jorge Luis Polanco, dijo que los activos del legislador son: RD$24,665,458.18, menos a RD$4,392,816.80 de una hipoteca queda en RD$20,272,641.36 y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.