Nacionales
Juez de instrucción especial decide hoy suerte de detenidos en caso de sobornos Odebrecht
SANTO DOMINGO. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, continúa hoy, a partir de las 10:00 a.m., el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht, en un ambiente cargado de críticas a la forma en que se instrumentó el expediente y de presiones de sectores de la sociedad civil que tienen una vigilia para esta tarde frente al tribunal.
Las expectativas de la ciudadanía se centran en la suerte de diez de los 14 sometidos por el Ministerio Público, que guardan prisión desde el pasado lunes 29 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los diez, se encuentra el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, así como varios exfuncionarios y exlegisladores, tanto de oposición como del partido de gobierno.
Sobre el grupo pesa el pedido de prisión preventiva de 18 meses que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo en su pieza acusatoria.
El juez Ortega Polanco deberá sopesar la validez de las acusaciones para decidir si existen elementos para mantener el grupo en prisión o si le concede la libertad como medida.
Varios abogados penalistas consultados por este diario, entienden que los detenidos tienen el arraigo suficiente como para que el juez determine dejarlos en libertad y les imponga presentación periódica. Entienden que, en este caso, el arresto fue excesivo, tomando en cuenta que cada uno de los sometidos se presentó a la Procuraduría cuando fueron requeridos.
Además de Montás, los acusados por el caso son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Ruddy González, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo D’ Oleo, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.
Las visitas a los imputados que guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva registraron ayer una notable baja. Contrario a los primeros días, los pasillos de la sede judicial lucían despejados y en horas de la mañana sólo se presentaron el diputado Elías Serulle y el sindicalista Antonio Marte.
No obstante, las medidas de seguridad se mantienen, tanto en Ciudad Nueva, como en el Centro de los Héroes, por los alrededores del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.
Ayer tarde, extraoficialmente se informó que la audiencia no se conocerá en la Sala Augusta de la SCJ sino en la sexta planta, donde funciona la Cámara Penal. Para la audiencia sólo se permitiría la presencia de los abogados y la prensa.
La medida de coerción a los imputados inició el pasado martes 30 de mayo, pero el juez decidió recesar su conocimiento para el día siguiente debido a que los abogados alegaron desconocer la acusación. Ese día, el juez otorgó un receso mayor hasta hoy, porque los abogados dijeron que no le habían notificado las pruebas.
María Teresa Cabrera
Activista del movimiento Marcha Verde
Considera que la gravedad de los hechos que se están imputando ameritan la imposición de una medida que implique la privación de libertad de los acusados. Entiende que ante los hechos denunciados, se debe dar pie a que se amplíe la investigación y se incluya el tema de las sobrevaluación de las obras y el financiamiento de las campañas políticas.
Julio C. Valentín
Senador
Aseguró ayer que su patrimonio asciende a RD$20.2 millones y no a RD$49.9 millones como afirmara la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción del caso Odebrecht. Su abogado Jorge Luis Polanco, dijo que los activos del legislador son: RD$24,665,458.18, menos a RD$4,392,816.80 de una hipoteca queda en RD$20,272,641.36 y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas.
diariolibre.com
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.