Nacionales
Juez de instrucción especial decide hoy suerte de detenidos en caso de sobornos Odebrecht
SANTO DOMINGO. El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, continúa hoy, a partir de las 10:00 a.m., el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la empresa Odebrecht, en un ambiente cargado de críticas a la forma en que se instrumentó el expediente y de presiones de sectores de la sociedad civil que tienen una vigilia para esta tarde frente al tribunal.
Las expectativas de la ciudadanía se centran en la suerte de diez de los 14 sometidos por el Ministerio Público, que guardan prisión desde el pasado lunes 29 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Entre los diez, se encuentra el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás, así como varios exfuncionarios y exlegisladores, tanto de oposición como del partido de gobierno.
Sobre el grupo pesa el pedido de prisión preventiva de 18 meses que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, hizo en su pieza acusatoria.
El juez Ortega Polanco deberá sopesar la validez de las acusaciones para decidir si existen elementos para mantener el grupo en prisión o si le concede la libertad como medida.
Varios abogados penalistas consultados por este diario, entienden que los detenidos tienen el arraigo suficiente como para que el juez determine dejarlos en libertad y les imponga presentación periódica. Entienden que, en este caso, el arresto fue excesivo, tomando en cuenta que cada uno de los sometidos se presentó a la Procuraduría cuando fueron requeridos.
Además de Montás, los acusados por el caso son los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, el diputado Alfredo Pacheco, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón, Andrés Bautista, Ruddy González, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, César Sánchez, Máximo D’ Oleo, Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos.
Las visitas a los imputados que guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva registraron ayer una notable baja. Contrario a los primeros días, los pasillos de la sede judicial lucían despejados y en horas de la mañana sólo se presentaron el diputado Elías Serulle y el sindicalista Antonio Marte.
No obstante, las medidas de seguridad se mantienen, tanto en Ciudad Nueva, como en el Centro de los Héroes, por los alrededores del edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República.
Ayer tarde, extraoficialmente se informó que la audiencia no se conocerá en la Sala Augusta de la SCJ sino en la sexta planta, donde funciona la Cámara Penal. Para la audiencia sólo se permitiría la presencia de los abogados y la prensa.
La medida de coerción a los imputados inició el pasado martes 30 de mayo, pero el juez decidió recesar su conocimiento para el día siguiente debido a que los abogados alegaron desconocer la acusación. Ese día, el juez otorgó un receso mayor hasta hoy, porque los abogados dijeron que no le habían notificado las pruebas.
María Teresa Cabrera
Activista del movimiento Marcha Verde
Considera que la gravedad de los hechos que se están imputando ameritan la imposición de una medida que implique la privación de libertad de los acusados. Entiende que ante los hechos denunciados, se debe dar pie a que se amplíe la investigación y se incluya el tema de las sobrevaluación de las obras y el financiamiento de las campañas políticas.
Julio C. Valentín
Senador
Aseguró ayer que su patrimonio asciende a RD$20.2 millones y no a RD$49.9 millones como afirmara la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción del caso Odebrecht. Su abogado Jorge Luis Polanco, dijo que los activos del legislador son: RD$24,665,458.18, menos a RD$4,392,816.80 de una hipoteca queda en RD$20,272,641.36 y es proporcional con los salarios percibidos por sus funciones legislativas.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.