El Consejo Nacional de la Magistratura acumula más de seis meses desde el vencimiento del período de su actual presidente, Luis Henry Molina, mientras continúa sin definir los seis nuevos integrantes del alto tribunal.

Santo Domingo, República Dominicana.– La renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa pendiente, luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) postergara nuevamente las deliberaciones para escoger a seis magistrados, incluida la persona que asumirá la presidencia del máximo tribunal judicial del país.

La situación se produce cuando han transcurrido más de seis meses desde el vencimiento del período de siete años para el cual fue designado Luis Henry Molina, cuya gestión inició en 2019 y cuyo mandato llegó a su término el pasado 5 de abril.

El organismo constitucional, presidido por el mandatario Luis Abinader, tenía previsto reunirse el miércoles 21 de octubre para completar el proceso de selección. Sin embargo, el encuentro fue suspendido debido a compromisos de la agenda presidencial, sin que hasta el momento de los reportes consultados se anunciara una nueva fecha.

La demora prolonga la incertidumbre sobre la nueva integración del alto tribunal y mantiene pendiente una decisión de especial relevancia para el funcionamiento institucional del sistema judicial dominicano.

Seis vacantes esperan decisión del CNM

Durante las jornadas de evaluación desarrolladas a principios de octubre, el Consejo Nacional de la Magistratura entrevistó a decenas de aspirantes interesados en ocupar las posiciones disponibles en la Suprema Corte.

Concluida esa etapa, corresponde al organismo deliberar sobre los perfiles y seleccionar a los seis nuevos magistrados, tomando en consideración los requisitos constitucionales y legales establecidos para desempeñar esas funciones.

Además de completar las vacantes, el CNM deberá designar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a quienes ocuparán las funciones de primer y segundo sustituto.

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, explicó que, una vez seleccionados y juramentados los nuevos integrantes, corresponderá al pleno de la SCJ determinar su distribución entre las diferentes salas y escoger las respectivas presidencias.

Transparencia y méritos profesionales bajo atención

La escogencia de los nuevos magistrados representa una decisión de particular importancia para la independencia judicial, la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.

Diversos sectores han planteado la necesidad de que el proceso se desarrolle con transparencia y que prevalezcan la capacidad profesional, la trayectoria, la integridad y la independencia de los aspirantes.

El retraso también coloca en discusión la importancia de respetar los cronogramas institucionales y garantizar que la renovación de los órganos judiciales se produzca oportunamente.

Aunque la postergación fue atribuida oficialmente a compromisos presidenciales, la ausencia de una nueva fecha mantiene abierta la expectativa sobre cuándo quedará definida la composición del tribunal.

Henry Molina destaca resultados de su gestión

En medio del proceso de renovación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, presentó un balance de su gestión durante una ceremonia de graduación de profesionales del derecho celebrada el pasado 15 de octubre.

El magistrado destacó avances relacionados con la reducción de la mora judicial, la modernización tecnológica y la ampliación del acceso a los servicios judiciales.

Según las cifras expuestas por Molina, al cierre de 2025 el 87 % de los tribunales dominicanos se encontraba al día en la tramitación de sus procesos.

También afirmó que durante su administración fueron resueltos más de 63,000 recursos de casación y que el tiempo promedio de tramitación de estos expedientes experimentó una reducción significativa.

El presidente saliente sostuvo que los resultados alcanzados evidencian avances en la transformación del sistema judicial, aunque reconoció que todavía existen desafíos pendientes.

Durante su intervención dejó entrever el cierre de su etapa al frente del Poder Judicial y expresó confianza en quienes asumirán la continuidad de los trabajos institucionales.

Renovación judicial sigue siendo una tarea pendiente

La designación de los nuevos integrantes de la Suprema Corte constituye una responsabilidad constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura y representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del país.

Más allá de los nombres que resulten seleccionados, el proceso plantea la necesidad de preservar la independencia de los jueces, asegurar la continuidad administrativa y consolidar una justicia accesible, eficiente y confiable.

Mientras el CNM no concluya las deliberaciones, permanecerá pendiente la definición de una nueva etapa en la dirección del Poder Judicial dominicano.

La expectativa se concentra ahora en el anuncio de la próxima convocatoria, de la cual dependerá que finalmente se complete la renovación de la Suprema Corte de Justicia.

Fuentes: Listín Diario, Diario Libre e informaciones oficiales del Consejo Nacional de la Magistratura, octubre de 2026.

El acusado, quien fue repatriado desde Jamaica, deberá comparecer nuevamente ante la justicia el próximo martes, mientras sus abogados estudian el expediente presentado por el Ministerio Público.

Santiago, República Dominicana.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el martes 27 de octubre el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como “Macho”, señalado por su presunta vinculación con el homicidio de un conductor de un camión recolector de basura, ocurrido en abril de este año.

La decisión fue adoptada por el juez José Rafael De Asís Burgos, quien concedió tiempo a los representantes legales del imputado para examinar las pruebas y demás documentos que integran el expediente acusatorio, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho de defensa.

Metz Cruz es investigado por su supuesta participación en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, de 41 años, quien perdió la vida tras recibir heridas de arma blanca durante un violento incidente registrado en Santiago.

Imputado fue localizado en Jamaica

Según las informaciones divulgadas sobre el caso, el acusado se encontraba detenido en Jamaica, país al que presuntamente se trasladó después de ocurrido el hecho.

Tras ser repatriado a República Dominicana, ingresó por el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, y posteriormente fue conducido a Santiago para ser presentado ante las autoridades judiciales.

En el proceso también figuran otros siete hombres, cuya presunta participación en los acontecimientos es objeto de investigación.

Una persecución que terminó en tragedia

Las investigaciones preliminares establecen que el crimen ocurrió después de que varios hombres que se desplazaban en motocicletas presuntamente intentaran detener el camión recolector conducido por Abreu Quezada.

El incidente habría comenzado en la avenida Circunvalación Sur, próximo al ensanche Bermúdez, donde el conductor continuó su recorrido ante la aparente amenaza que representaba el grupo.

De acuerdo con las versiones conocidas, los motociclistas iniciaron una persecución que se prolongó por varios minutos y culminó con una agresión con arma blanca que provocó la muerte del trabajador.

El hecho generó consternación por las circunstancias violentas en que perdió la vida el conductor mientras desempeñaba sus labores.

Justicia deberá determinar responsabilidades

Con el aplazamiento, se espera que el próximo martes el tribunal examine la solicitud de medida de coerción y los argumentos que presentarán tanto el Ministerio Público como la defensa.

La audiencia permitirá evaluar los presupuestos legales para determinar si corresponde imponer alguna medida cautelar contra el imputado mientras continúan las investigaciones.

La responsabilidad penal de Metz Cruz y de los demás involucrados deberá ser establecida mediante el proceso judicial correspondiente, con respeto a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso.

Fuente: Informaciones publicadas por Listín Diario, 23 de octubre de 2026.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos por la muerte de la menor de siete años.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una condena de 30 años de prisión a Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, tras encontrarlos culpables de la muerte de una niña de siete años, sobrina de la condenada, en un hecho ocurrido en el sector Los Guandules, de la capital dominicana.

La decisión judicial establece la responsabilidad penal de ambos procesados por las infracciones atribuidas durante el juicio, relacionadas con la muerte de la menor y la vulneración de las disposiciones legales destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.

Las magistradas acogieron las pruebas presentadas durante el proceso y dispusieron que los condenados cumplan las penas impuestas en los centros penitenciarios donde permanecen recluidos.

Tribunal establece responsabilidad penal de los acusados

De acuerdo con la decisión, los jueces encontraron a Coronado de la Cruz y Montero Medina culpables de infringir los artículos 295, 304 y 303, numerales 1 y 4, del Código Penal dominicano, así como el artículo 396, literales A y B, de la legislación sobre protección de niños, niñas y adolescentes.

Estas disposiciones constituyeron la base jurídica de la condena pronunciada por el tribunal, luego de examinar los elementos probatorios incorporados al expediente.

El caso involucró a una menor que mantenía un vínculo familiar directo con una de las personas procesadas, circunstancia que ha generado especial atención por la gravedad de los hechos y la obligación de protección que corresponde a los adultos responsables del cuidado de los niños.

Ordenan indemnización de RD$5 millones

Además de las penas privativas de libertad, el tribunal acogió la acción civil presentada durante el proceso y condenó a los responsables al pago de una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos.

La compensación económica fue establecida a favor de la parte civil constituida en el expediente, como consecuencia de los daños reclamados por la muerte de la menor.

Las magistradas también impusieron a los condenados el pago de las costas civiles, con distracción en beneficio de los abogados que representaron a la parte demandante.

En cuanto a Yokeiry Coronado de la Cruz, las costas penales fueron declaradas de oficio, debido a que estuvo representada durante el proceso por una profesional de la Oficina Nacional de Defensa Pública.

Pruebas permanecerán bajo custodia del Ministerio Público

Como parte de las disposiciones contenidas en la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de las pruebas materiales incorporadas al expediente.

Estos elementos permanecerán bajo la custodia del Ministerio Público hasta que la decisión judicial adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme a las reglas procesales correspondientes.

La medida forma parte de las actuaciones destinadas a preservar los elementos materiales relacionados con el caso mientras se agotan las etapas judiciales pertinentes.

Lectura íntegra de la sentencia será el 12 de noviembre

El tribunal fijó para el próximo 12 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la lectura íntegra de la sentencia, oportunidad en la que se conocerán formalmente los fundamentos completos de la decisión.

La lectura permitirá conocer con mayor detalle las valoraciones jurídicas y probatorias que sustentaron la condena de los dos procesados.

La decisión judicial constituye un pronunciamiento de primera instancia sobre un caso de violencia contra una menor de edad, sin perjuicio de los recursos que las partes puedan ejercer conforme a la legislación procesal.

El proceso vuelve a colocar en la atención pública la importancia de la protección integral de la niñez, particularmente frente a situaciones de violencia que pueden producirse dentro del entorno familiar.

La condena también pone de relieve la responsabilidad de las instituciones encargadas de investigar, perseguir y sancionar las vulneraciones graves de los derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con las garantías establecidas en el ordenamiento jurídico dominicano.