Santo Domingo, R.D.-La medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares continuará el 5 de mayo, según lo dispuso la jueza de Instrucción Especial, Isis Muñiz.

La magistrada conocerá a las 2:00 de la tarde la solicitud de medida de coerción presentada contra el fiscal, quien se encuentra recluido en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La jueza dispuso la continuación de la audiencia luego de que el pleno de la cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazara una recusación presentada en su contra por la defensa del imputado.

Cabe destacar que sobre el caso el pleno de la Suprema Corte de Justicia, se declaró su incompetencia para conocer dicha recusación, remitiéndola al pleno de la Corte para que decidiera sobre la misma.

La magistrada Muñiz, quien preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, fue recusada por los abogados del fiscal, quien se encontraba adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

El recurso fue interpuesto por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes alegan que la jueza Muñiz ha comprometido su imparcialidad.

El fiscal Valdez Alcántara es señalado por el Ministerio Público de haber recibido dinero por parte de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Servicio Nacional de Salud (Senasa).

Dada la gravedad de los hechos y la condición de fiscal del imputado, el órgano persecutor ha solicitado un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El Ministerio Público sostiene que existe un alto riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación aprovechando su posición dentro del sistema de justicia.

Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantener prisión preventiva contra los imputados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), argumentando que las defensas no han presentado elementos nuevos que justifiquen su libertad.

Durante el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción, planteó al juez Deiby Timoteo Peguero que señalar que los documentos depositados por los abogados de los encartados carecen de la «novedad y suficiencia» que exige el Código Procesal Penal para variar una medida ya impuesta.

El procurador adjunto explicó que un presupuesto legal no es simplemente cualquier documento nuevo, sino uno que sea proporcionalmente útil para desvirtuar el peligro de fuga.

Camacho calificó como «insuficientes» los argumentos de salud de familiares, recordando que la ley solo contempla variaciones por enfermedades graves o terminales del propio imputado.

Wilson Camacho recordó la gravedad de los hechos vinculados a la investigación, destacando que el dinero sustraído estaba destinado a la salud de los dominicanos más vulnerables.

«Se han robado el dinero de la salud del pueblo. Quince millones de pesos sustraídos no son solo números; se traducen en una persona de la tercera edad o un enfermo terminal que va a un hospital y no encuentra el medicamento que necesita para vivir», acotó Macho.

El Ministerio Público, representado también por la procuradora general de la República, solicitó formalmente al tribunal rechazar todos los pedimentos de las defensas por no presentar presupuestos que hagan variar las condiciones originales.

Mantener la prisión preventiva y demás medidas de coerción impuestas, debido a que persiste el riesgo de afectar el proceso y la gravedad del daño al patrimonio público permanece inalterable.

En el caso figuran como acusados Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes solicitaron al tribunal variar la medida de coerción dictada en su contra.

Santo Domingo, R.D.-Mario José Redondo Llenas, autor del asesinato del adolescente José Rafael Llenas Aybar, saldrá en libertad en cinco días, tras cumplir el próximo 5 de mayo la condena de 30 años de cárcel por el crimen ocurrido en mayo de 1996 en República Dominicana.

José Rafael Llenas Aybar tenía 12 años de edad al momento de ser asesinado el 4 de mayo de 1996, en un caso que conmocionó profundamente y dejó marcada a la sociedad dominicana por su brutalidad. En la historia judicial del país, este caso destaca porque tanto Redondo Llenas como su cómplice, Juan Manuel Moliné Rodríguez, cumplieron íntegramente sus condenas. Moliné Rodríguez salió en libertad el 5 de mayo de 2016.

Según las informaciones, la orden de libertad de Redondo Llenas deberá ser emitida por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal y ejecutada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres. Para la fecha de su salida, Redondo Llenas tendrá 49 años de edad, mientras que tenía 19 años al momento de cometer el crimen. De igual manera, la víctima tendría hoy 42 años de edad.

El 26 de septiembre de 2006, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia dejó como definitiva la condena de 30 años contra Mario José Redondo Llenas y de 20 años contra Juan Manuel Moliné Rodríguez, también implicado en el asesinato. Asimismo, se ordenó el pago de una indemnización de RD$5 millones a cada uno de los padres del menor por los daños causados.

Detalles del crimen que conmocionó y marco a la sociedad dominicana

Al día siguiente, el 4 de mayo, su cuerpo fue encontrado en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. El cadáver presentaba 34 puñaladas en la espalda, estaba atado y envuelto en cinta adhesiva.

El hallazgo fue realizado por una pareja de campesinos en el sector El Cenit, en Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, quienes encontraron el cuerpo parcialmente flotando en el agua.

Durante la investigación, las autoridades encontraron un papel en las manos del menor con un número telefónico, lo que permitió identificar a los responsables. Dicho número pertenecía a Kimberly Caldas, novia de Moliné Rodríguez, lo que condujo a los investigadores hasta los implicados.

Posteriormente, Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez fueron arrestados y confesaron el crimen, siendo sometidos a la justicia.

Según lo relatado por los implicados, Redondo Llenas fue quien propinó las 34 cuchilladas, mientras que Moliné Rodríguez lo sujetaba. Antes de esto, la víctima había sido torturada, permaneciendo varias horas amarrada de pies y manos dentro del baúl de un vehículo.

Salida previa de Juan Manuel Moliné Rodríguez en 2016

El 5 de mayo de 2016, Juan Manuel Moliné Rodríguez salió en libertad tras cumplir su condena de 20 años de prisión. En ese momento tenía 38 años de edad y abandonó el recinto penitenciario de Najayo-Hombres alrededor de las 2:30 de la tarde.

Ese día, sus padres llegaron al recinto al mediodía y entraron en vehículo a las instalaciones. La familia colocó las pertenencias del exconvicto dentro del automóvil, mientras este se despedía del personal de la cárcel. Posteriormente, salieron del recinto y se trasladaron a su residencia.