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Juez que ordenó prisión domiciliaria a Quirinito dispuso la misma medida a sicaria de hijo de exsenador
La acusada de matar al hijo de un exsenador, quien supuestamente estaba paralítica, tres años después fue arrestada durante un allanamiento antinarcóticos a una finca.
SANTO DOMINGO. Willys de Jesús Núñez Mejía, juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal suspendido por la desaparición de Pedro Castillo Paniagua “Quirinito”, fue el mismo que en 2013 otorgó prisión domiciliaria a la reclusa Priscila Díaz Infante, quien posteriormente violó la condena.
Díaz Infante estaba sentenciada a 30 años de prisión por el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, en septiembre de 2002, por encargo del “fallecido” Rolando Florián Féliz, quien cumplía condena por narcotráfico.
Los informes de prensa recuerdan que el juez Willy de Jesús Núñez Mejía dispuso que la interna siguiera cumpliendo su condena en su residencia del sector El Almirante, del municipio de Santo Domingo Este, a fin de que pudiera ser tratada adecuadamente de sus problemas de salud, ya que según dijo, estaba paralítica en silla de ruedas, y que anualmente le fuera remitido un informe médico con relación a su evolución.
La víctima era hijo del exsenador reformista por Barahona, Víctor Augusto Féliz Matos.
El magistrado Willy de Jesús dijo que tomó la decisión tras acoger una solicitud de cumplimiento especial de la pena, incoada por la reclusa, a través de su abogada Hilaria Fernández, por entender que obligar a la interna a continuar cumpliendo con su condena en la cárcel sería un acto de desconocimiento de los verdaderos lineamientos y principios del juez de la ejecución de la pena.
Posteriormente, en 2016, fue arrestada durante un allanamiento a una finca del sector Los Capacitos, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron ocupadas cerca de 110 plantas que se presumía correspondía a marihuana.
La historia se repite con el caso Quirinito quien en 2010 fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de asesinar al español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), en el 2008.
En 2013 el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Peravia rebajó de 30 a 20 años de reclusión la condena contra el sobrino del excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Aunque inicialmente Quirinito cumplía su condena en la cárcel de Najayo, habría sido transferido a prisión domiciliaria en San Francisco de Macorís, supuestamente por un carcinoma que le habrían detectado.
En la actualidad, las autoridades desconocen su paradero, luego que un médico legista certificara su fallecimiento, mientras cumplía prisión domiciliaria.
A partir de estos hallazgos, la Procuraduría activó su búsqueda y solicitó a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
Suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
Mientras el juez Willy de Jesús, quien habría ordenado la prisión domiciliaria a Qurinito, fueron suspendidos sin disfrute de salarios.
El juez salió del país a realizar un curso, informaron las autoridades, por lo que tampoco asistió el pasado viernes a la Inspectoría del Poder Judicial donde sería interrogado respecto al caso “Quirinito”.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.