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Juez que ordenó prisión domiciliaria a Quirinito dispuso la misma medida a sicaria de hijo de exsenador
La acusada de matar al hijo de un exsenador, quien supuestamente estaba paralítica, tres años después fue arrestada durante un allanamiento antinarcóticos a una finca.
SANTO DOMINGO. Willys de Jesús Núñez Mejía, juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal suspendido por la desaparición de Pedro Castillo Paniagua “Quirinito”, fue el mismo que en 2013 otorgó prisión domiciliaria a la reclusa Priscila Díaz Infante, quien posteriormente violó la condena.
Díaz Infante estaba sentenciada a 30 años de prisión por el secuestro y posterior asesinato de Víctor Augusto Féliz Matos, en septiembre de 2002, por encargo del “fallecido” Rolando Florián Féliz, quien cumplía condena por narcotráfico.
Los informes de prensa recuerdan que el juez Willy de Jesús Núñez Mejía dispuso que la interna siguiera cumpliendo su condena en su residencia del sector El Almirante, del municipio de Santo Domingo Este, a fin de que pudiera ser tratada adecuadamente de sus problemas de salud, ya que según dijo, estaba paralítica en silla de ruedas, y que anualmente le fuera remitido un informe médico con relación a su evolución.
La víctima era hijo del exsenador reformista por Barahona, Víctor Augusto Féliz Matos.
El magistrado Willy de Jesús dijo que tomó la decisión tras acoger una solicitud de cumplimiento especial de la pena, incoada por la reclusa, a través de su abogada Hilaria Fernández, por entender que obligar a la interna a continuar cumpliendo con su condena en la cárcel sería un acto de desconocimiento de los verdaderos lineamientos y principios del juez de la ejecución de la pena.
Posteriormente, en 2016, fue arrestada durante un allanamiento a una finca del sector Los Capacitos, municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, donde fueron ocupadas cerca de 110 plantas que se presumía correspondía a marihuana.
La historia se repite con el caso Quirinito quien en 2010 fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de asesinar al español Adolfo Justo Cervantes Arellano (Waikiki), en el 2008.
En 2013 el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Peravia rebajó de 30 a 20 años de reclusión la condena contra el sobrino del excapitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.
Aunque inicialmente Quirinito cumplía su condena en la cárcel de Najayo, habría sido transferido a prisión domiciliaria en San Francisco de Macorís, supuestamente por un carcinoma que le habrían detectado.
En la actualidad, las autoridades desconocen su paradero, luego que un médico legista certificara su fallecimiento, mientras cumplía prisión domiciliaria.
A partir de estos hallazgos, la Procuraduría activó su búsqueda y solicitó a los organismos de inteligencia del país, así como a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), una orden de captura nacional e internacional, respectivamente, contra Castillo Paniagua.
Suspendió al médico legista Orlando Herrera Robles, quien el pasado 5 de julio emitió el certificado ficticio en base al cual se expidió el acta de defunción No. 00239, Folio 0039, con fecha de registro del 6 de julio del presente año, que declara la defunción del hoy prófugo por la causa de fallo cardíaco debido a infarto agudo al miocardio por carcinoma epidermoide en la base de la lengua, resaltando que “con esta medida no se descarta que el galeno actuante sea procesado judicialmente al concluir la investigación”.
Mientras el juez Willy de Jesús, quien habría ordenado la prisión domiciliaria a Qurinito, fueron suspendidos sin disfrute de salarios.
El juez salió del país a realizar un curso, informaron las autoridades, por lo que tampoco asistió el pasado viernes a la Inspectoría del Poder Judicial donde sería interrogado respecto al caso “Quirinito”.
diariolibre.com
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Cientos de agentes y socorristas trabajan sin descanso para salvar vidas, mientras la gente celebra en familia
Santo Domingo.– Mientras miles de dominicanos se trasladan para compartir las festividades con sus seres queridos, cientos de hombres y mujeres de distintas instituciones del Estado permanecen apostados en carreteras, autopistas y puntos estratégicos del país, con una sola misión: proteger vidas. Durante un recorrido desde Santo Domingo hasta Bayaguana, fue notable la presencia de agentes de tránsito, miembros de la Defensa Civil, militares y personal de emergencia, quienes, lejos del calor de sus hogares, cumplen turnos extendidos para garantizar la seguridad vial y la asistencia ciudadana.
De acuerdo con el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) inspeccionó 209 intersecciones semaforizadas y optimizó los tiempos de tráfico en 30 cruces, además de corregir 79 averías en el sistema, asegurando una circulación más fluida en zonas de alta movilidad como el Gran Santo Domingo, Punta Cana y San Cristóbal. Asimismo, se emitieron 23,900 permisos especiales para el transporte de combustible y alimentos perecederos, garantizando el abastecimiento durante el asueto.
En tanto, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) intensificó su labor preventiva con 8,297 fiscalizaciones por violaciones a la Ley 63-17, además de ofrecer 10,085 asistencias viales a conductores y peatones. Paralelamente, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas realizó más de 500 asistencias, incluyendo rescates, atención médica, remolques y apoyo mecánico en carreteras y autopistas.
Balance de incidentes y atención médica durante el asueto
El sector salud también se mantiene activo. El Servicio Nacional de Salud reportó más de 600 atenciones en hospitales públicos, mientras que la DAEH, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana brindaron decenas de asistencias médicas y de emergencia, además de instalar hospitales de campaña y señalizaciones preventivas en puntos críticos.
Estas acciones cobran mayor relevancia ante el panorama registrado en las últimas 24 horas, donde se produjeron 63 accidentes de tránsito, con seis personas fallecidas y decenas de afectados, en su mayoría por incidentes relacionados con motocicletas y consumo de alcohol.
Mientras muchos disfrutan de la Navidad o el feriado en casa, en playas o montañas, estos servidores públicos permanecen en las calles, atentos a cualquier eventualidad. Su labor silenciosa, muchas veces invisible, se convierte en un escudo que permite que otros regresen sanos y salvos a sus hogares. Son ellos quienes, incluso en días festivos, eligen el deber por encima del descanso para salvar vidas.
Desde el miércoles 24 de diciembre la mayoría de los tribunales de República Dominicana suspendieron sus labores por la época navideña, informó el Poder Judicial.
Sin embargo, las Oficinas de Atención Permanente de todo el país mantendrán sus puertas abiertas para conocer los casos de personas detenidas y que deben ser presentadas ante el juez antes de las 48 horas.
En ese sentido, los diferentes tribunales, a excepción de las Oficinas de Atención Permanente, estarán cerrados el miércoles 24, Día de Nochebuena; el jueves 25, Día de Navidad, y el viernes 26.
El lunes 29 se retoman las labores, las cuales continuarán el día 30 de manera normal en todos los tribunales, sin excepción, pero cerrarán nuevamente el 31, de Fin de Año; el jueves 1 de enero, Día de Año Nuevo, y el 2 de enero.
En esos días, la únicamente la Oficina de Atención Permanente laborará de manera normal.
Santo Domingo, R.D.- Miguel Valerio, representante legal del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, calificó como «correcta» la resolución emitida por el Comité de Ética del Poder Judicial, que reprimió al juez Rigoberto Sena, por sus «reflexiones» al imponer media de coerción en contra de los implicados en el sonado caso.
El jurista dijo que el proceso que llegó a cabo el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, estuvo inicialmente viciado por factores externos que intentaron comprometer la imparcialidad del tribunal.
Valerio fue enfático al señalar que, durante el conocimiento de la medida de coerción, se sintió una influencia desproporcionada de la opinión pública sobre el proceso legal.
«Como había mencionado el día de la audiencia, la presión entró por la puerta y la justicia salió por la ventana«, afirmó Valerio, sugiriendo que el clamor popular no debe dictar las decisiones de los jueces.
El abogado defensor arremetió contra los argumentos utilizados en las vistas anteriores, donde, según su criterio, se emitieron juicios de valor que se alejaron de la objetividad jurídica.
Valerio sostuvo que en las audiencias previas se habló de su cliente como si fuera «prácticamente una persona culpable», ignorando la presunción de inocencia.
Criticó el uso de pasajes bíblicos y calificativos como «avaricia» para sustentar la acusación.
«Aun siendo yo cristiano, es una forma muy errada de impartir justicia«, subrayó.
El jurista insistió en que la labor de los tribunales no es «darle gracias al pueblo», sino aplicar la ley con justicia y equidad.
Tras conocerse la resolución del Poder Judicial, la defensa de Hazim manifestó su total apoyo al fallo, considerando que finalmente se logró blindarse ante las presiones y respetar los derechos fundamentales del imputado.
Destacó que la referida resolución del Comité de Ética restablece el equilibrio procesal que, a su juicio, se había perdido bajo el peso de la presión mediática.