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Juez en proceso de investigación lanza serios cuestionamientos en contra del Ministerio Público.

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Santo Domingo, RD.-El magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, juez del noveno juzgado de la instrucción del Distrito Nacional,  reaccionó con serios cuestionamientos al Ministerio Público este jueves por primera vez tras el pedimento de suspensión provisional y a la investigación que abrirá en su contra la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), por presuntas faltas graves en su ejercicio.

A través de una misiva, Rodríguez Consoró expresó que ante la  “avasallante persecución” del Ministerio Público, se vio en la necesidad de salir a “defender su honor”. Dijo que no se opone a ser investigado. No obstante, consideró que está siendo “vil e injustamente atacado” por el órgano de justicia.

En el documento, el juez continuó haciendo férreas críticas al MP, haciendo alusión a que esta institución “pretende ser juez y parte”.

“Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces”, manifestó Rodríguez.

Carta íntegra del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró

“Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres” (Juan 8:32).

Ante la avasallante persecución e innumerables injurias y calumnias del Ministerio Público y de personas con oscuros propósitos, he decidido no guardar silencio y salir a defender mi honor y la libertad decisional e independencia de los jueces dominicanos, porque el honor es patrimonio del Alma, y el Alma sólo le pertenece a Dios.

No me opongo a ser investigado e inclusive cuestionado, pues soy un servidor judicial, y los jueces recibimos nuestro salario de los impuestos del pueblo y ese solo hecho, da el derecho a la sociedad de saber quién administra justicia y si ese servidor es digno del tal función. Sin embargo, estoy siendo vil e injustificadamente atacado por el Ministerio Público, el cual es una parte interesada en el proceso penal, y los jueces que somos los terceros imparciales, estamos en la obligación legal y constitucional de refrenar sus actuaciones arbitrarias, abusivas y atropellantes en contra de todo ciudadano.

Un Ministerio Público, que ante su ya conocida ineficiencia e inoperancia investigativa, persigue y desea bajo la intimidación y el denostamiento moral en los medios de comunicación, secuestrar el poder decisional e independencia de los jueces. No veo este ataque como algo perjudicial únicamente a mi persona, sino, como un ataque feroz a nuestra constitución y a los cimientos de nuestra Carta Magna, ya que, es el propio sistema democrático de la nación quien está siendo gravemente golpeado, es la estabilidad democrática y la seguridad jurídica del país, quienes en este momento están siendo lesionadas a muerte.

El adoctrinamiento de los jueces, sobre la base del miedo y la injuria pública, es tratar de negarle a todos los ciudadanos el derecho a ser juzgados con justicia, atendiendo a las reglas del Debido Proceso de Ley, la tutela Judicial efectiva y todas las garantías mínimas que les son acordadas por la constitución y las leyes.

Tenemos un Ministerio Público que quiere ser juez y parte, pues, la PEPCA, al no resultar beneficiada por una resolución nuestra, sale de los estrados no a preparar la apelación del caso, conforme al doble grado de jurisdicción acordado por la ley, sino, que sale a perseguir al juez que ha juzgado conforme la justicia y los parámetros legalmente establecidos, porque el deseo del Ministerio Público no ha sido satisfecho.

Sin embargo como dijo en una ocasión la actual Procuradora General de la República, la magistrada Mirian German: “los jueces no están para complacer a nadie” y “la teoría de caso del Ministerio Público no es prueba”, expresiones que compartimos con dicha magistrada, quien al igual que yo, fue injuriada y públicamente acusada sin fundamento. Si complacer al Ministerio Público fuere la función de la justicia penal, no necesitaríamos jueces, sino, que el propio Ministerio Público arbitraria sus procesos y él mismo los decidiría, siendo esto al afecto, lo que este órgano persigue poniendo nuestra función y accionar al escarnio público.

Debe llamar la atención del pueblo dominicano está perniciosa intención del Ministerio Público, porque en un país donde exista un órgano, cual que sea, que se entienda ser un Dios del Olimpo, que se quiera colocar por encima del bien y del mal, existe una línea muy delgada hacia el despotismo, pues, en un país democrático, como nos declara el artículo 4 de nuestra constitución, todos los órganos necesitan su contrapeso, para mantener la salud democrática del Estado.

Al momento que este entramado malicioso, mentiroso y servil, logre amañar la decisión de los jueces a su voluntad, queda la ciudadanía en su conjunto, desprotegida en sus derechos fundamentales, pues, si el juez no puede fallar con independencia conforme lo establece nuestra Carta Magna, el valor justicia no se logra materializar.

El papel del juez es aplicar las leyes con sentido de justicia y la del Ministerio Público, es acusar y presentar pruebas que demuestren su acusación, y cuando decimos pruebas no nos referimos a papeles, sino, a la presentación objetiva de pruebas que logren justificar la fuerza de todo el aparato represivo del Estado en contra de un ciudadano.

Lo que debe comprender la sociedad, es que, a quien persigue el Ministerio Público no es a mí, a quien realmente persigue, es al sistema de justicia y la independencia de los jueces; no es a mi exclusivamente a quien necesitan callar y adoctrinar, sino a todos los jueces del país; no es matar mi moral, sino matar la moral de la justicia. Por ello me han tomado como carne de cañón, para sembrar el terror en los jueces y así inmovilizarles, para que no puedan fallar los casos con independencia. Perseguirme e intentar desmembrar mi integridad, es la respuesta a la ineficiencia claramente exhibida por el Ministerio Público para articular sus casos, ante su falta de pericia para probar sus acusaciones.

Sepa el país, que durante mi ejercicio en estas dignas funciones de juez, he actuado rectamente, apegado a la constitución, la ley, la ética, y la moral, que no tengo nada que temer ni nada que esconder, todo lo contrario, exhibo con mucho orgullo todo lo que tengo y lo que soy, que son el inmenso temor y amor a Dios, mi familia y los principios y valores que me inculcaron mis padres y que me han permitido tener las fuerzas y el valor de poner freno a las extorciones, los abusos y atropellos de un Ministerio Público ineficiente, inoperante, abusivo, marginador, que se alimenta y alimenta el morbo.

Pero, en honor a la popular frase Romana: “Pan y Circo”, a nosotros nos tocó ser circo.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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